suspensión de la pena

Suspensión de la pena: requisitos y cómo evitar entrar en prisión

La suspensión de la pena es la decisión judicial de no ejecutar una condena de prisión mientras cumples unas condiciones durante un plazo. Si superas ese plazo sin delinquir de nuevo, la pena se da por remitida y no entras en prisión. No es un trámite automático, sino una decisión judicial con prueba y audiencia de las partes. Lo habitual es poder pedirla cuando la condena no supera los dos años, es tu primer delito y has pagado o te comprometes a pagar la responsabilidad civil. También existen vías excepcionales para penas de hasta cinco años por adicción a las drogas o sin límite de pena por una enfermedad muy grave.

Esta guía recorre las cuatro modalidades que prevé el Código Penal (CP), las condiciones que puede imponer el juez, cuánto dura la suspensión y qué la hace caer. Es para quien ya tiene una sentencia, para quien afronta un juicio con una posible condena y para sus familias.

Qué es la suspensión de la ejecución de la pena

Es una institución del derecho penal que regula la ley: el Código Penal le dedica los artículos 80 a 87 tras la reforma de 2015. El acceso depende de requisitos objetivos y de una función preventiva: evitar que cometas nuevos delitos. La legislación aplicable es el Código Penal, y el procedimiento de ejecución lo regula la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La decide la jurisdicción penal en el ejercicio de su función de ejecutar lo juzgado, con carácter motivado y atendiendo al principio de proporcionalidad.

El juez o tribunal puede dejar en suspenso la ejecución de las penas privativas de libertad no superiores a dos años, mediante resolución motivada, cuando sea razonable esperar que cumplirla no hace falta para evitar que cometas nuevos delitos (art. 80.1 CP). La resolución es motivada y se apoya en la prueba que aportes. La decisión mira circunstancias del delito, tus circunstancias personales, tus antecedentes, tu conducta posterior al hecho (en particular el esfuerzo por reparar el daño), tu situación familiar y social y los efectos esperables de la propia suspensión.

La suspensión de la pena de prisión es una modalidad de cumplimiento, no una absolución. Desde la reforma de la Ley Orgánica 1/2015, en vigor desde el 1 de julio de 2015, es el cauce principal para evitar el ingreso en prisión. El artículo 88, que antes regulaba la sustitución de penas, figura hoy como suprimido en el texto consolidado. Suspender no es borrar la condena. La sentencia existe, consta en tus antecedentes y la pena sigue pendiente mientras dura el plazo. Pero si se cumplen las condiciones, el juez acuerda la remisión y ya no se ejecuta (art. 87).

Suspensión ordinaria: condiciones del artículo 80.2

Es la vía principal en el derecho penal español, y exige las tres condiciones a la vez, que se acreditan ante el órgano que decide:

  1. Que hayas delinquido por primera vez. No cuentan las condenas anteriores por delitos imprudentes o por delitos leves (salvo multirreincidencia de leves), ni los antecedentes cancelados o cancelables conforme al artículo 136, ni los de delitos que por su naturaleza no ayuden a valorar el riesgo de reincidir.
  2. Que la pena, o la suma de las impuestas, no pase de dos años. No se incluye en ese cómputo la derivada del impago de una multa.
  3. Que hayas satisfecho las responsabilidades civiles y el decomiso acordado en sentencia. Se entiende cumplido si asumes el compromiso de pagarlas conforme a tu capacidad económica y es razonable esperar que lo cumplas en un plazo prudencial. El juez puede pedir garantías según el alcance de la responsabilidad y el impacto social del delito.

En delitos que solo se persiguen a instancia del ofendido, la autoridad judicial oye antes a la víctima o a quien la represente (art. 80.6).

Suspensión excepcional: sin primer delito o con varias penas

Aunque no cumplas la primera ni la segunda condición, el artículo 80.3 permite suspender de forma excepcional las penas de prisión que individualmente no excedan de dos años, siempre que no seas un reo habitual. El juez valora tus circunstancias personales, la naturaleza del hecho, tu conducta y, en particular, tu esfuerzo por reparar el daño.

Aquí las condiciones son más duras. La suspensión se condiciona siempre a la reparación efectiva del daño o la indemnización conforme a tus posibilidades, o al cumplimiento del acuerdo de mediación. Además, el juez impone siempre una multa o trabajos en beneficio de la comunidad con una extensión mínima equivalente a un quinto de la pena impuesta.

Suspensión por enfermedad muy grave

El artículo 80.4 permite suspender cualquier pena, sin sujeción a requisito alguno, si el penado sufre una enfermedad muy grave con padecimientos incurables. La única excepción es que al cometer el delito ya tuviera otra pena suspendida por el mismo motivo. Se suele acreditar con informes médicos, y no depende de la duración de la condena.

Suspensión por adicción a las drogas

Es la vía para penas de hasta cinco años, aunque no seas primario ni la pena quede en dos años, cuando el delito se cometió a causa de la dependencia de alcohol, drogas tóxicas, estupefacientes u otras sustancias del artículo 20.2 (art. 80.5). Para pedirla hace falta:

  • Un certificado de un centro o servicio público o privado, acreditado u homologado, que diga que estás deshabituado o en tratamiento en el momento de decidir.
  • Que cumplas el tratamiento hasta el final, porque la suspensión se condiciona a no abandonarlo. Las recaídas no se consideran abandono si no evidencian un abandono definitivo.

El plazo de suspensión en este caso es de tres a cinco años (art. 81, segundo párrafo), y para la remisión definitiva hay que acreditar la deshabituación o la continuidad del tratamiento. Si no, el juez ordena la ejecución, salvo que estime necesario continuar el tratamiento, en cuyo caso puede prorrogar el plazo hasta dos años más (art. 87.2).

Cuánto dura la suspensión y desde cuándo corre

Para penas de prisión de hasta dos años, el plazo fijado por el juez va de dos a cinco años. Para las penas leves, de tres meses a un año (art. 81). El juez lo decide teniendo en cuenta los mismos criterios que para conceder la suspensión.

El órgano sentenciador resuelve en la sentencia siempre que sea posible. Si no, lo hace tras la firmeza, con la mayor urgencia y con audiencia de las partes (art. 82.1). El plazo corre desde la fecha de la resolución, o desde la firmeza si la suspensión se acordó en sentencia (la declaración de firmeza es la que abre el cómputo), y no cuenta el tiempo en que estés en rebeldía (art. 82.2).

Condiciones y medidas que puede imponer el juez

Para evitar nuevos delitos, el juez puede condicionar la suspensión a prohibiciones y deberes (art. 83.1), sin que puedan ser excesivos ni desproporcionados, porque la ley lo impide expresamente. Con la imposición de cada deber el juez busca prevenir el riesgo concreto de reiteración, y no se trata de una referencia genérica a la buena conducta:

  • Prohibición de aproximarse a la víctima, a sus familiares o a lugares que frecuenten, y de comunicarse con ellos.
  • Prohibición de contacto con personas o grupos determinados que puedan incitarte a delinquir.
  • Residir en un lugar determinado o no residir ni acudir a otro.
  • Comparecer con la periodicidad que se fije ante el juez, la policía o el servicio que se determine.
  • Participar en programas formativos, laborales, culturales, de educación vial, de igualdad o de resolución pacífica de conflictos, entre otros.
  • Participar en programas de deshabituación del alcohol, las drogas u otros comportamientos adictivos.
  • No conducir vehículos sin un dispositivo de bloqueo por alcohol, cuando la condena sea por un delito contra la seguridad vial.

Si el delito es de violencia sobre la mujer por pareja o expareja, o contra la libertad sexual, el matrimonio forzado, la mutilación genital femenina o la trata, se imponen siempre tres de ellas: la prohibición de aproximación, la de residir o acudir a ciertos lugares y los programas formativos (art. 83.2).

Aparte, el artículo 84 añade prestaciones: cumplir el acuerdo alcanzado por mediación, pagar una multa o realizar trabajos en beneficio de la comunidad. Tienen un límite cuantitativo: la multa no puede superar dos cuotas por cada día de prisión sobre un máximo de dos tercios de la duración de la pena, y los trabajos, un día por cada día de prisión sobre ese mismo límite.

El control de los programas formativos, de deshabituación y de seguridad vial queda a cargo de los servicios de gestión de penas y medidas alternativas de la Administración penitenciaria. Estos informan al órgano de ejecución al menos cada trimestre en los programas formativos y de seguridad vial, y cada semestre en los de deshabituación (art. 83.4). Mientras dura el plazo, el órgano judicial puede modificar, levantar o sustituir por otras menos gravosas estas condiciones si cambian tus circunstancias (art. 85).

Suspensión y libertad condicional: qué las relaciona

Son dos cosas distintas dentro del mismo sistema. La suspensión se pide para no ingresar en prisión; la libertad condicional del artículo 90 es la suspensión del resto de la pena de quien ya está cumpliéndola y clasificado en tercer grado. Con todo, la regulación de la libertad condicional remite a las normas de la suspensión: se aplican los artículos 83, 86 y 87 (art. 90.5). Por eso las condiciones, la revocación y la remisión funcionan de forma muy parecida en ambos casos.

Cuándo se revoca y qué pasa con lo que ya has cumplido

El órgano judicial revoca la suspensión y ordena ejecutar la pena en estos casos (art. 86.1):

  1. Si eres condenado por un delito cometido durante la suspensión y eso muestra que la expectativa de no reincidir ya no se sostiene.
  2. Si incumples de forma grave o reiterada las prohibiciones y deberes del artículo 83, o te sustraes al control del servicio de gestión de penas y medidas alternativas.
  3. Si incumples de forma grave o reiterada las condiciones del artículo 84.
  4. Si das información inexacta sobre bienes decomisados o sobre tu patrimonio, o no cumples el compromiso de pago de las responsabilidades civiles, salvo que carezcas de capacidad económica para ello.

El impago de la responsabilidad civil solo justifica la revocación si podías pagar. Si el incumplimiento no es grave ni reiterado, el juez puede en su lugar imponerte nuevas condiciones o prorrogar el plazo, hasta la mitad como máximo del inicialmente fijado (art. 86.2). La regla general es que resuelva después de oír al fiscal y a las demás partes; excepcionalmente puede revocar y ordenar el ingreso inmediato en prisión cuando resulte imprescindible para evitar la reiteración delictiva o la fuga, o para asegurar la protección de la víctima (art. 86.4).

La revocación tiene consecuencias económicas y de cumplimiento. Si se revoca, los gastos de reparación del daño no se restituyen, pero el juez abona a la pena los pagos de multa y los trabajos ya realizados (art. 86.3).

Cómo plantear la suspensión desde la defensa

En el interés de la defensa, conviene preparar la suspensión desde el inicio del proceso, no después de la sentencia, porque la relación entre el esfuerzo de reparación y la decisión final es directa. La defensa decide qué acreditar mientras el asunto está abierto: certificado de tratamiento, justificantes de pago o de reparación, un plan realista de pagos si la responsabilidad civil es elevada y la ausencia de antecedentes relevantes. Cuando se negocia una conformidad, el tramo de pena que se acepta puede marcar la diferencia entre poder pedir la suspensión o no.

Si la sentencia no se pronunció sobre la suspensión, el procedimiento de ejecución tiene plazos cortos. Al incoar la ejecutoria, el juez da traslado a la defensa para que en diez días indique en un mismo escrito qué modalidad de suspensión solicita, y ese escrito debe acompañarse de los informes y la documentación en que se funda (art. 988 bis LECrim). Esta actuación se hace por escrito y por medios de prueba documentales. Después, el Ministerio Fiscal, las acusaciones y las víctimas afectadas tienen otros diez días para alegar, y el juez resuelve mediante auto en cinco. También puede sustituir ese trámite por una vista en diez días. Con ese calendario, conviene tener reunida antes de la sentencia la documentación de arraigo, de actividad laboral, de tratamiento o de pago. Si se tramita en Madrid, un abogado penitenciario del despacho puede preparar la solicitud; en Barcelona, el equipo penitenciario de Barcelona hace lo mismo con la ejecución de condenas.

Preguntas frecuentes

¿Qué dice el artículo 80.3 del Código Penal?

Permite suspender de forma excepcional penas de hasta dos años aunque no seas primario o la suma de penas supere ese límite, siempre que no seas reo habitual. Se condiciona a reparar el daño y a una multa o trabajos en beneficio de la comunidad de al menos un quinto de la pena.

¿Se puede suspender una pena de más de dos años?

Sí, en dos casos: hasta cinco años si el delito se cometió por adicción y estás en tratamiento o deshabituado (art. 80.5), y cualquier pena si tienes una enfermedad muy grave con padecimientos incurables (art. 80.4).

¿Hace falta pagar la responsabilidad civil antes de la suspensión?

No necesariamente. El requisito se cumple si te comprometes a pagar conforme a tu capacidad económica y es razonable esperar que lo cumplirás. Si después no pagas pudiendo hacerlo, la suspensión puede revocarse (art. 86.1.d).

¿Qué antecedentes tengo si me suspenden la pena?

La condena consta en el registro y cuenta como antecedente hasta su cancelación. Cuando llega la remisión definitiva, el plazo de cancelación se cuenta hacia atrás, desde el día siguiente a aquel en que la pena habría quedado cumplida de no haberse suspendido (art. 136.2). Los plazos van de seis meses a diez años según la pena (art. 136.1).

Si te enfrentas a una posible condena o ya tienes una sentencia con pena de prisión, en R. Sánchez Abogados estudiamos si la suspensión es viable y qué hay que acreditar para pedirla. Puedes hablar con un abogado penalista en Madrid o en Barcelona, con atención en toda España. Los artículos 80 a 87 están en el >Código Penal consolidado.

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