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Lo esencial
La mayoría de las causas por estafa que llegan a los juzgados de Madrid nacen de operaciones normales que salieron mal. Por ejemplo, un inversor que aportó capital a un proyecto que nunca arrancó. Un comprador que pagó las arras de un piso y el vendedor no firmó la escritura. Un constructor que cobró por adelantado una reforma y dejó la obra a medias. Un proveedor que facturó un servicio que nunca prestó. Un socio que convenció a otro para entrar en una sociedad con unas cuentas maquilladas. Quien ha perdido el dinero siente que le han engañado; quien lo recibió suele pensar que solo tiene una deuda. Cada cliente que llega con una denuncia de estafa trae un problema distinto, y por eso empezamos por la cronología, no por la ley.
Ahí está la cuestión que decide el resultado del caso: si el engaño existía antes de que el dinero cambiara de manos o si el incumplimiento vino después. Como abogados penalistas, nuestro trabajo consiste en reconstruir esa secuencia con documentos, correos y extractos del banco o de la entidad que movió el dinero, porque un delito de estafa exige probar la intención de no cumplir desde el principio.
Nuestro despacho de abogados lleva la defensa del investigado y la acusación particular del perjudicado, con un equipo de abogados penalistas en Madrid especializados en derecho penal económico que trabaja a diario en Plaza de Castilla. Como abogado defensor en estafa, entramos desde el primer momento: antes de que declares, con la denuncia leída y la prueba ordenada. Si lo que ocurrió es que alguien recibió tu dinero de forma legítima y luego se lo quedó, la figura suele ser otra, y la tratamos en la página de apropiación indebida en Madrid.

El artículo 248 del Código Penal, que protege el patrimonio, describe el delito de estafa con cinco piezas. Si falta una, no hay delito, y buena parte de nuestras defensas se construyen sobre esa ausencia:
¿Te investigan por estafa en Madrid o un negocio ha terminado en engaño?
La pena de prisión o de multa depende del importe, de la relación entre las partes y de cómo se cometió el engaño. Estas son las cifras que fija la ley: Lo explicamos con más detalle en nuestras guías sobre la estafa leve, la estafa agravada, la condena por estafa y cuándo prescribe la estafa.
400 euros
o menos defraudados: delito leve con multa de 1 a 3 meses, que prescribe al año; con tres condenas previas de la misma naturaleza (una leve), prisión del tipo básico
Arts. 248 y 131 CP
6 meses a 3 años
de prisión en el tipo básico; el juez mide la pena por el importe, el quebranto causado, la relación entre las partes y el resto de circunstancias
Art. 248 CP
1 a 6 años
de prisión y multa de 6 a 12 meses en las estafas agravadas: más de 50.000 euros, vivienda, abuso de firma, estafa procesal o abuso de relaciones personales
Art. 250.1 CP
5 o 10 años
de prescripción: 5 en el tipo básico y 10 en las estafas agravadas, por superar su pena máxima los 5 años
Art. 131 CP
En muchas causas la acusación pide alguna de estas agravantes. Según la gravedad de los hechos, discutirlas puede reducir la pena o cambiar el tribunal:
Cuando el valor de la defraudación supera los 50.000 euros o afecta a un elevado número de personas. Si además supera los 250.000 euros, la pena sube a 4 a 8 años y multa de 12 a 24 meses.
La jurisprudencia la reserva, en general, a la vivienda que cubre una necesidad de residencia. La compra de una segunda residencia o de un local no suele activar esta agravante.
Se aplica cuando el defraudador aprovecha una confianza especial previa con la víctima, más allá de la que existe en cualquier negocio: un familiar, un amigo de años, el asesor de toda la vida.
Castiga a quien manipula pruebas o comete otro fraude en un procedimiento judicial para que el juez dicte una resolución que perjudica económicamente a la otra parte. Aparece en pleitos civiles y mercantiles con documentos falsos o testigos preparados. Si el documento es público, oficial o mercantil, la falsedad documental (art. 392 CP) se suma a la estafa como medio para cometerla (art. 77 CP).
Es el terreno donde más trabaja nuestro despacho de abogados penalistas en Madrid. La estafa de empresa o de socio casi nunca es un caso de manual; casi siempre hay contratos firmados y dinero que se movió con voluntad de ambas partes.
Un socio denuncia al otro por haberle hecho entrar con información falsa. Comparamos lo que se dijo antes de entrar con lo que figuraba en las cuentas y en los pactos, y valoramos la investigación interna y las vías civil y mercantil paralelas.
El inversor querella al promotor porque el proyecto no salió. La defensa penal pasa por demostrar que había intención real de ejecutarlo; la acusación, por acreditar que las promesas eran falsas desde el origen.
Arras, señales y anticipos de obra o de servicios. La solución depende de si hubo maniobra de engaño o un incumplimiento posterior, y de la comunicación entre las partes antes y después del pago.
Dónde está la frontera entre el incumplimiento y el delito lo explicamos en la guía sobre la estafa inmobiliaria.
Cuanto antes nos lo cuentes, más margen tendremos
Casi todas se tramitan por el procedimiento abreviado, con investigación judicial previa y control legal de cada diligencia. En Madrid el recorrido habitual es este:
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Se presenta en una comisaría de la Policía Nacional o en el juzgado de guardia de Plaza de Castilla. En operaciones con mucha documentación, la querella con abogado y procurador permite personarse como acusación desde el primer día.
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La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid cita al investigado, pide la información bancaria, requiere contratos y, si hace falta, encarga un informe pericial sobre el destino del dinero.
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El juez puede exigir fianza o embargar bienes para asegurar la indemnización si hay condena. Si el investigado se deshace de su patrimonio para no pagar, aparece otro delito: el alzamiento de bienes.
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Si el juez ve indicios, las acusaciones presentan su escrito y la defensa el suyo. Si el hecho es civil, se archiva.
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El tipo básico lo juzga la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Madrid. Las estafas agravadas, con penas de hasta 6 años o más, van a la Audiencia Provincial de Madrid (art. 14.3 LECrim: cuenta la pena que señala la ley, no la que se pide). La sentencia admite recurso de apelación.
Definimos la estrategia de defensa penal y preparamos contigo la declaración, empezando por la actuación en la fase de instrucción. El objetivo y el enfoque cambian según lo que muestren los papeles. Revisamos si hubo engaño previo o solo un incumplimiento, si la víctima conocía el riesgo de la operación y si el importe justifica la agravante que se pide. Cuando el hecho es civil, pedimos el sobreseimiento; si la causa sigue, trabajamos para la absolución o, al menos, para una pena menor. Si hubo detención, vemos desde la comisaría qué se te imputa y con qué conocimiento de los hechos lo hacen. Hacemos un análisis de los cargos uno a uno y resolvemos tus dudas en cada paso del procedimiento penal.
Si crees que la denuncia es inventada, lee qué hacer ante una denuncia falsa.
Ordenamos la prueba del engaño previo, incluida la propiedad de los bienes o fondos afectados: lo que te dijeron, lo que firmaste, a dónde fueron tus fondos. Redactamos la querella, asumimos tu representación como acusación particular para defender tus intereses y pedimos embargos para que haya patrimonio con el que cobrar.
Desde 2010 una persona jurídica puede responder por estafa con multas del doble al cuádruple de lo defraudado, o del triple al quíntuple en los casos más graves (art. 251 bis CP). Revisamos el programa de cumplimiento, la posición de la sociedad y la responsabilidad de la administración, es decir, quién decidió cada operación. Si, en el ámbito de la empresa, la acusación habla de cuentas anuales falseadas para captar inversores o socios, puede añadirse uno de los delitos societarios en Madrid, como el del artículo 290.
El artículo 249 castiga las transferencias no consentidas de cualquier activo patrimonial a través de una manipulación informática y el uso fraudulento de tarjetas o de sus datos. Si te atribuyen una operación así, analizamos la trazabilidad técnica, quién accedió a las cuentas y si tu papel fue consciente, por ejemplo si prestaste tu cuenta y recibiste dinero de un phishing o de una suplantación de identidad por internet sin saberlo. Más sobre estos ciberdelitos en delitos informáticos en Madrid.
Con esto, y una cronología de los hechos con fechas, podemos darte un primer asesoramiento realista:
Declarar sin haber visto la denuncia y sin asistencia letrada deja frases improvisadas que luego se leen en juicio.
Si te acaban de citar, empieza por saber qué hacer si te han denunciado por estafa.
Si el incumplimiento es posterior a la firma, el juzgado archivará. Y mientras la causa penal sigue abierta, la reclamación civil queda en espera, así que el cobro se retrasa.
Reparar el daño antes del juicio oral es una atenuante (art. 21.5 CP), pero solo si queda acreditado. Cualquier pago debe hacerse por escrito y comunicarse al juzgado.
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Opiniones de clientes
Que hubo un engaño anterior al acto de disposición, que ese engaño provocó el error y que la víctima pagó o firmó por él. También el ánimo de lucro y el perjuicio. Si la intención de no cumplir no se puede fijar antes de la entrega del dinero, la condena es difícil.
El dolo antecedente. En la estafa, quien contrata ya sabe que no va a cumplir y usa el contrato como instrumento del engaño; el Supremo lo llama negocio jurídico criminalizado. En el incumplimiento civil, la intención de cumplir existía y algo falló después.
Depende de la pena: 5 años en el tipo básico, 10 en las estafas agravadas y 1 año si lo defraudado no supera los 400 euros. El plazo corre desde que se cometió el delito.
Prisión de 1 a 6 años y multa de 6 a 12 meses. Si pasa de 250.000 euros, o se combina con otras agravantes, de 4 a 8 años y multa de 12 a 24 meses.
Sí, pero leve. Se castiga con multa de 1 a 3 meses en lugar de la prisión de seis meses a tres años del tipo básico, lo juzga la propia Sección de Instrucción y prescribe al año. Desde la LO 1/2026, en vigor el 10 de abril de 2026, quien acumule tres condenas firmes por delitos de la misma naturaleza, una de ellas leve, recibe la pena de prisión del tipo básico.
No siempre. Con penas de hasta 2 años y sin antecedentes, el juez puede suspender la ejecución, normalmente con la condición de pagar la responsabilidad civil. Reparar el daño antes del juicio mejora mucho esa posibilidad.
En cualquier comisaría de la Policía Nacional o en el juzgado de guardia de Plaza de Castilla. En casos complejos, con varios implicados o mucha documentación, conviene una querella.
Sí. La acción civil se ejercita junto con la penal: la indemnización se pide en la misma causa y el juez puede embargar bienes del investigado durante la instrucción. Recuperarla depende de que exista patrimonio.
Entre cónyuges no separados, padres, hijos y hermanos rige la excusa absolutoria del artículo 268: no hay pena, solo obligación civil de devolver, salvo que haya violencia, intimidación o abuso de la vulnerabilidad de la víctima.
En cuanto te citen como investigado, o antes si sabes que hay una denuncia. Declarar sin conocer la causa es el error más caro; con abogado defensor se revisa qué se te atribuye y se decide si conviene declarar.
No contestes por mensajes ni pagues para cerrar el asunto sin asesoramiento. Reúne los pactos, las cuentas y la comunicación de la entrada en la sociedad y consúltanos antes de la citación.