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Un ex empleado que se llevó la base de datos de clientes al cambiar de empresa. Una persona que entró en el correo o en el Instagram de su expareja con una contraseña que conocía. Un administrador de sistemas al que acusan de borrar archivos antes de irse. Un joven citado por la Policía Nacional porque desde su conexión se hicieron publicaciones ofensivas.
Así empiezan muchos de los delitos informáticos que llegan a los juzgados de Madrid, y casi nunca se parecen a la imagen de cibercrimen organizado que ataca desde el extranjero. La ciberdelincuencia que vemos a diario nace en un conflicto laboral, en la pareja o entre conocidos.
En estos casos la acusación se apoya casi siempre en rastros técnicos: direcciones IP, registros de acceso, volcados de teléfonos, capturas de pantalla. Parecen objetivos, pero en un entorno digital una IP identifica una conexión, no a la persona que estaba delante del teclado. Una captura puede estar recortada o sacada de contexto.
Por eso, como abogados de delitos informáticos, lo primero que hacemos es revisar cómo se obtuvo cada prueba y qué demuestra de verdad. El artículo 197 del Código Penal o el 264 no se aplican solos: antes hay que probar quién hizo qué.
Nuestro enfoque es leer el atestado entero antes de decidir nada. Nuestros letrados te dan una respuesta clara en la primera consulta sobre el tipo de delito que te atribuyen y la vía de defensa más sólida, con el apoyo de peritos informáticos cuando el problema es técnico.
Formamos parte del equipo del despacho penalista en Madrid, que actúa ante juzgados de toda España, y llevamos los dos lados: la defensa de quien está investigado y la acusación particular de quien ha sufrido un ataque contra su intimidad, su honor o sus sistemas. Si el asunto tiene un componente de engaño económico, lo coordinamos con el equipo de estafa.

Bajo la etiqueta de ciberdelitos caben conductas muy distintas, con penas y requisitos propios. Saber en qué tipo penal encaja tu caso es el primer paso de la estrategia, porque de eso dependen las consecuencias. Si el contacto por internet es con un menor de 16 años y con fines sexuales, el asunto pasa a ser de delitos sexuales (art. 183 CP) y se trata con otras reglas.
– El acceso ilícito a sistemas o cuentas: entrar vulnerando sus medidas de seguridad, sin estar autorizado (art. 197 bis) – Leer o copiar correos, mensajes o archivos personales de otra persona (art. 197.1) – Acceder o modificar datos personales reservados en ficheros o bases de datos (art. 197.2) – Producir, adquirir o facilitar programas de hacking, contraseñas o códigos de acceso para cometer estos delitos (art. 197 ter)
– Contactar de forma insistente y reiterada por mensajes o redes sociales (art. 172 ter) – Hacer uso indebido de sus datos para contratar servicios o hacer que otros le contacten – Abrir perfiles falsos con la imagen de otra persona (art. 172 ter.5) – Enviar amenazas o coacciones por mensajes, que son delitos distintos – Hacerse pasar por otra persona y ejercer sus derechos es usurpación del estado civil, con prisión de 6 meses a 3 años (art. 401)
– Borrar, alterar o hacer inaccesibles datos o programas ajenos de forma grave, por ejemplo con un malware (art. 264) – Interrumpir o bloquear un sistema informático ajeno: un sabotaje que se agrava si perjudica la actividad de una empresa (art. 264 bis) – Penas agravadas si se afectan muchos sistemas, servicios públicos esenciales o una infraestructura crítica (art. 264.2) – Cifrar los datos de una empresa con ransomware y pedir un pago puede sumar un delito de
– Manipulaciones informáticas que logran una transferencia no consentida de activos (art. 249.1 a) – Uso fraudulento de tarjetas de crédito o débito, o de sus datos (art. 249.1 b) – Defendemos, por ejemplo, a quien aparece como titular de la cuenta que recibió el dinero de una campaña de phishing sin haber participado en el engaño
– Apoderarse de datos, documentos o soportes informáticos para descubrir un secreto de empresa: prisión de 2 a 4 años (art. 278) – Difundir un secreto de empresa teniendo obligación de reserva, como un ex empleado (art. 279) – Copiar o explotar contenidos y programas protegidos con ánimo de beneficio puede ser delito contra la propiedad intelectual (art. 270)
– Poseer para uso propio o acceder a sabiendas por internet: prisión de 3 meses a 1 año o multa de 6 meses a 2 años (art. 189.5) – La distribución, la oferta o la facilitación del material: prisión de 1 a 5 años (art. 189.1 b) – Defendemos centrándonos en la legalidad del registro, en quién usó el dispositivo y en si hubo conocimiento
¿Te investigan por un delito informático en Madrid?
Cuando la policía rastrea los movimientos bancarios de un fraude online, llega primero a quien figura en la cuenta, la tarjeta o la conexión, aunque no sea quien lo organizó. Aquí solo trabajamos la defensa del investigado.
Es el caso del llamado mulero: alguien presta su cuenta del banco y reenvía fondos sin conocer su origen. Según lo que supiera, se le acusa de estafa informática o de blanqueo, incluso por imprudencia grave (art. 301.3 CP: prisión de 6 meses a 2 años y multa). La defensa gira en torno a lo que sabía: los movimientos, los mensajes con quien le pidió el favor y su beneficio.
Las compras con una tarjeta de crédito o débito ajena, o con sus datos, se castigan como estafa (art. 249.1 b). Hay que probar que fuiste tú quien hizo la operación y que sabías que era fraudulenta. Una compra desde tu dirección IP o tu dispositivo no lo demuestra por sí sola.
El art. 249.1 a) no habla de engañar a una persona, sino de una manipulación informática con ánimo de lucro que consiga una transferencia no consentida. La defensa revisa si hubo esa manipulación, quién tenía acceso a los sistemas, qué muestran los logs y si falta el ánimo de lucro.
El lado de la persona perjudicada lo llevamos en tres frentes, siempre desde la acusación particular, para proteger tus derechos y reclamar la reparación del daño.
La difusión de imágenes o grabaciones que se obtuvieron con tu consentimiento, sin tu permiso, es delito: prisión de 3 meses a 1 año o multa de 6 a 12 meses (art. 197.7 CP). Quien solo las reenvía se enfrenta a multa de 1 a 3 meses. La pena sube a su mitad superior si lo hace una pareja o expareja.
La creación de perfiles falsos con tu imagen para acosarte o humillarte se castiga con prisión de 3 meses a 1 año o multa de 6 a 12 meses (art. 172 ter.5). Exigir dinero bajo amenaza de difundir fotos o hechos privados, la llamada sextorsión, lleva prisión de 2 a 4 años si se consigue y de 4 meses a 2 años si no (art. 171.2).
Las expresiones que dañan tu reputación o tu negocio solo se persiguen por querella (art. 215 CP), tras un acto de conciliación si es contra un particular (art. 804 LECrim), y prescriben al año (art. 131). En el mismo proceso se reclama la indemnización por responsabilidad civil.
La pena concreta depende del daño causado y de si hubo difusión. Estas son las cifras del Código Penal.
6 meses a 2 años
de prisión por acceder sin autorización a un sistema informático vulnerando sus medidas de seguridad
Art. 197 bis.1 CP
1 a 4 años
de prisión y multa de 12 a 24 meses por apoderarse de mensajes o datos reservados; de 2 a 5 años si se difunden o se ceden a terceros
Art. 197.1 a 197.3 CP
6 meses a 3 años
de prisión por dañar, borrar o hacer inaccesibles datos o programas ajenos con un resultado grave
Art. 264.1 CP
5 años
es el plazo general de prescripción de estos delitos, contado desde que se cometieron
Art. 131 CP
Cuanto antes nos lo cuentes, más margen tendremos
Estas causas avanzan despacio porque dependen de informes técnicos y de datos que hay que pedir a operadoras y plataformas. El recorrido habitual:
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La persona afectada denuncia en comisaría ante la Policía Nacional o en el juzgado de guardia de Plaza de Castilla. Los agentes analizan la información aportada, practican las primeras diligencias y preparan el atestado.
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Si solo hay una dirección IP, la policía necesita que el juez de instrucción requiera a la operadora los datos del titular de la conexión (art. 588 ter k LECrim).
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La intervención de las comunicaciones telemáticas también exige autorización judicial (art. 588 ter a LECrim). Incautar un móvil o un ordenador no autoriza por sí solo a mirar su contenido. El juez debe justificar ese acceso y fijar cómo se hace la copia y cómo se preserva la integridad de los datos (arts. 588 sexies a y c LECrim).
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La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid te cita a declarar, siempre con abogado. Tras la revisión del atestado y del informe técnico decidimos si declaras y qué documentación aportas, y seguimos el desarrollo del procedimiento penal hasta su final.
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Las partes pueden aportar su propio perito, un técnico forense que analiza los mismos datos que la policía. Con el resultado, la fiscalía y la acusación formulan acusación o el juez archiva.
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Lo celebra la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Madrid si la pena que señala la ley no supera los 5 años (art. 14.3 LECrim), o la Audiencia Provincial de Madrid en los casos más graves. Antes puede haber una negociación de conformidad con la fiscalía, que a veces es una solución razonable, y contra la sentencia cabe recurso de apelación.
Lo que se discute en un delito informático suele ser técnico, pero la decisión la toma un juez. Nuestro trabajo en este despacho de abogados de Madrid es traducir una cosa a la otra y estudiar la viabilidad de cada línea de defensa antes de que declares.
Comprobamos si hubo autorización judicial para acceder al teléfono, al ordenador o a la nube, y si la policía se ajustó a lo que el juez permitió. Una prueba obtenida vulnerando derechos fundamentales no puede usarse contra ti.
La prueba digital es volátil y pierde valor si no se preserva bien desde el principio. Revisamos quién tuvo el dispositivo, cuándo se hizo la copia forense y si se calculó el hash que permite verificar que los datos no han cambiado. Si hay huecos, lo planteamos en el procedimiento.
Una cuenta, una IP o un dispositivo compartido no prueban quién actuó. Hacemos el análisis de quién más tenía acceso, desde dónde se conectó cada uno, qué dicen los logs del servidor y del correo electrónico y si los horarios cuadran con lo investigado. En daños informáticos, usar datos personales de otra persona para entrar en el sistema o ganarse la confianza de un tercero agrava la pena (art. 264.3).
La sociedad puede responder penalmente por accesos ilícitos y daños informáticos de sus directivos o empleados (arts. 197 quinquies y 264 quater). Revisamos el modelo de prevención, la normativa de ciberseguridad y protección de datos, el nivel de permisos de cada empleado y cómo proteger a la sociedad y a sus administradores. Si eres responsable de ciberseguridad y la brecha te señala, reconstruimos tus funciones y quién autorizó cada acceso.
Con esto podemos darte una primera valoración en la primera consulta. Si falta algo, empezamos con lo que tengas.
Limpiar el móvil o el ordenador tras una denuncia puede interpretarse en tu contra y elimina datos que quizá te defiendan.
Si eres el investigado, la ley no te obliga a facilitar las claves de tus dispositivos (art. 588 sexies c.5 LECrim) ni a declarar contra ti mismo. Antes de desbloquear nada ante la policía, habla con tu abogado.
Contestar, publicar indirectas o escribir desde otra cuenta puede sumar hechos nuevos a la causa, incluido un posible ciberacoso. Mientras dure el procedimiento, lo mejor es no contactar.
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Opiniones de clientes
No hay un único delito informático en el Código Penal. Se llama así a los delitos que se cometen contra sistemas y datos, como el acceso ilícito o los daños informáticos, y a los que usan la tecnología como medio, como el ciberacoso, la revelación de secretos o la estafa informática.
Sí. Apoderarse de los mensajes o correos de otra persona sin su consentimiento es un delito de descubrimiento de secretos, con prisión de 1 a 4 años y multa (art. 197.1 CP). Conocer la contraseña no equivale a tener permiso para usarla.
Prisión de 3 meses a 2 años o multa de 6 a 24 meses (art. 172 ter CP). Si la víctima es la pareja o expareja, la pena es de 1 a 2 años de prisión o trabajos en beneficio de la comunidad. Para que haya delito, el acoso tiene que ser insistente y reiterado y alterar la vida diaria de la víctima.
Como regla general, no. Aunque lo incauten en un registro, el acceso al contenido necesita una resolución judicial que lo justifique (art. 588 sexies a LECrim). Hay excepciones muy limitadas por urgencia, que el juez tiene que revisar después. Antes de entregar el móvil en comisaría, consulta con un letrado.
Puede servir, pero si la otra parte impugna su autenticidad, quien la aporta tiene que demostrar que es real, normalmente con un informe pericial del teléfono. Por eso conviene conservar el dispositivo original, que es la fuente de la captura, y los mensajes completos.
Guarda las pruebas sin manipularlas y consulta con un abogado antes de denunciar. En estos delitos hace falta denuncia de la persona agraviada, salvo que la víctima sea menor o persona con discapacidad necesitada de especial protección o que se afecte a una pluralidad de personas (art. 201 CP). El perdón del ofendido extingue la acción penal.
En cuanto recibas una citación, te incauten un dispositivo o veas que alguien ha entrado en tus cuentas. Los abogados para delitos informáticos conviene tenerlos desde el primer momento, antes de declarar. Así hay tiempo de conservar la prueba y valorar cada posibilidad. Si dudas de que lo ocurrido sea delito, el primer contacto sirve para aclararlo, elegir el tipo de defensa y evitar más perjuicio.
La estafa del art. 248 CP exige un engaño bastante que produzca error en otra persona. La informática del art. 249.1 se basa en una manipulación informática que consigue una transferencia no consentida, o en el uso fraudulento de tarjetas y otros medios de pago. Ambas tienen prisión de 6 meses a 3 años.
No declares sin abogado ni muevas el dinero que haya pasado por tu cuenta. Lo primero es saber qué papel te atribuyen: autor, cooperador o simple titular de una cuenta. Después reunimos lo que acredita que no sabías de dónde venía: mensajes, movimientos y quién te lo pidió.
Se le busca también como abogado informático o abogado cibernético, pero su trabajo es penal: conoce la prueba técnica, controla que se obtuvo con garantías, propone peritos informáticos forenses cuando hace falta y defiende o acusa en juicio. Es una especialidad del derecho penal en la que gran parte del trabajo consiste en separar lo que los datos demuestran de lo que la acusación deduce de ellos.
Sí. Si un directivo o un empleado comete un acceso ilícito o un daño informático en beneficio de la empresa, la sociedad puede ser condenada a multa y a otras penas (arts. 31 bis, 197 quinquies y 264 quater CP). Un programa de cumplimiento eficaz puede eximirla o atenuar su responsabilidad.