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Has recurrido, has esperado y la respuesta ha sido un «desestimado» o, peor, ningún escrito. Es el momento en el que mucha gente da el asunto por perdido. No lo está: el contencioso-administrativo es la fase en la que un juez, que no depende de la Administración pública que firmó la resolución, comprueba si el conflicto se resolvió conforme a la ley. Antes de empezar te damos una visión clara y toda la información: qué posibilidades reales hay, qué riesgo de costas asumes y cuánto puede tardar, para que tomes la decisión con confianza y con tranquilidad. A veces la solución no pasa por el juzgado, y si el recurso no tiene recorrido te lo decimos con honestidad antes de que inviertas tiempo en un pleito.
Como abogado contencioso administrativo en Madrid, nuestro trabajo con cada cliente empieza antes de escribir nada: fijamos qué se recurre y contra quién, contamos el último día del plazo, pedimos el expediente y valoramos si compensa litigar, con conocimiento de la tramitación y de los medios de prueba disponibles. Ofrecemos el servicio completo: presentamos el escrito de interposición ante el juzgado o el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, redactamos la demanda y te defendemos en la vista, si la hay. Cuando hay una sanción en ejecución, actuamos con rapidez para pedir la medida cautelar antes de que te embarguen o te cierren el local. La comunicación del asunto pasa por un mismo equipo de abogados en derecho contencioso-administrativo, con asesoramiento jurídico claro desde la primera llamada hasta la sentencia. Si buscas abogado para un asunto con la Administración, empezamos por defender tus intereses con el plazo en la mano.
Esta página trata el recurso judicial; la fase anterior, los recursos de reposición y alzada ante la propia Administración, tiene su página aparte. Lo lleva el departamento de derecho administrativo del despacho de abogados, una de las especialidades de nuestro bufete, para particulares, funcionarios, autónomos, empresas y fundaciones frente al Ayuntamiento, la Comunidad de Madrid y la Administración del Estado, es decir, en todo el ámbito del sector público. Las materias más habituales son urbanismo y construcción, licencias, personal y oposiciones, expedientes sancionadores e infracciones, incluidas las multas de tráfico, contratos públicos y concesiones, medio ambiente, responsabilidad patrimonial y asuntos fiscales o mercantiles que terminan en sanción. Si el mismo hecho tiene una vertiente de derecho penal, de derecho laboral o de derecho civil, lo coordinamos con el área que corresponda: para el ciudadano es un solo asunto, aunque toque varias áreas del derecho.

Una sanción administrativa, la denegación de una licencia o de un permiso, una liquidación fiscal, la exclusión de un proceso selectivo de empleo público o de una licitación. Cuenta la fecha de notificación, no la de firma. La impugnación se dirige contra la resolución final o contra un trámite que impide seguir el procedimiento o te deja indefenso (art. 25). En extranjería, lo vemos en el recurso contra la denegación de residencia en Madrid.
Si venció el plazo para resolver y nadie te contestó, puedes recurrir el acto presunto. La ley fija seis meses desde que se produce el silencio según la norma de cada procedimiento (art. 46.1), pero la STC 52/2014 y la jurisprudencia posterior no dan por caducado el recurso contra la desestimación presunta mientras la Administración no resuelva. Aun así, esperar sin fecha es una apuesta: fijamos el día del silencio, que da seguridad jurídica a todo lo demás, y presentamos cuanto antes.
Si una norma, un convenio o un acto firme le obligan a darte una prestación concreta, como un pago o una ayuda ya reconocida, primero la reclamas por escrito. Si en tres meses no cumple, puedes acudir al juez (art. 29.1).
Actuaciones materiales sin acto que las cubra, como ocupar tu finca, disponer de tus bienes o ejecutar una orden que nunca te notificaron. Puedes requerir antes a la Administración para que cese, y tiene diez días para responder (arts. 25.2 y 30).
Las disposiciones generales se recurren directamente, y la normativa municipal se discute en el mismo orden judicial. Si un acto concreto se apoya en una norma ilegal, puedes impugnar el acto alegando que la norma no es conforme a Derecho (art. 26).
Si un servicio público, como un centro sanitario o una acera en mal estado, te ha causado un daño o un accidente, primero presentas una reclamación ante la Administración; si deniega o no contesta, el contencioso es la vía para cobrar la indemnización. En una expropiación, la valoración que fija el jurado de expropiación también se discute ante el juez.
¿Te han desestimado el recurso y los dos meses corren desde el día que recibiste la notificación?
Pasado el último día, el acto queda firme y el juez ni siquiera entra en el fondo.
2 meses
desde el día siguiente a la notificación de la resolución expresa para presentar el escrito de interposición
fuente: art. 46.1 Ley 29/1998
6 meses
marca la ley para recurrir el silencio desde que se produce el acto presunto, aunque la jurisprudencia no los aplica con rigidez a la desestimación presunta de un recurso previo
fuente: art. 46.1 Ley 29/1998 y STC 52/2014
1 año
desde el hecho dañoso o, si hay lesiones, desde la curación o la fijación de las secuelas, para reclamar a la Administración antes de ir al juez
fuente: art. 67 Ley 39/2015
20 días
para formular la demanda desde que te entregan el expediente administrativo, en el procedimiento ordinario
fuente: art. 52.1 Ley 29/1998
Del estudio del acto a la sentencia, y a su ejecución si la Administración no cumple.
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La gestión empieza por leer la resolución y su pie de recurso: comprobamos el contenido, quién la firmó, si ya agota la vía administrativa, qué órgano es competente y cuál es el último día del plazo. Con ese análisis fijamos la estrategia de defensa y el enfoque del recurso. Si falta algo, te lo decimos desde la primera llamada, con una opinión franca sobre las posibilidades.
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El proceso se abre con un escrito corto que cita el acto que impugnas (art. 45.1). Si la ejecución te causaría un perjuicio difícil de reparar, pedimos a la vez la suspensión o la medida que haga falta, incluso sin oír antes a la Administración cuando hay especial urgencia (artículo 135).
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El juzgado reclama el expediente a la Administración, que debe remitirlo en un plazo breve (art. 48). Con él a la vista redactamos la demanda: hechos, fundamentos jurídicos y lo que pedimos, que además de anular el acto puede ser el reconocimiento de tu derecho y una indemnización (art. 31.2).
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Proponemos la prueba que haga falta: documental, pericial o testigos. En el procedimiento abreviado hay vista oral; en el ordinario, la vista o las conclusiones escritas, según se pida. Después estudiamos el recurso contra la sentencia y, si la Administración no la cumple, pedimos su ejecución.
No todo es recurrible en cualquier momento. Un acto de trámite normalmente no lo es, y si falta un recurso administrativo obligatorio, como la alzada, el juez declarará el recurso inadmisible. Por eso empezamos revisando todo el procedimiento administrativo y el tipo de acto, con rigor y sin dar nada por supuesto.
Según quién firmó el acto, la materia y el territorio, lo ve un juzgado de lo contencioso-administrativo de Madrid, el Tribunal Superior de Justicia o la Audiencia Nacional, que conoce en general de los actos de ministros y secretarios de Estado (art. 11) y de algunos organismos públicos. Equivocarse retrasa el asunto, y una impugnación mal dirigida puede acabar inadmitida.
Los asuntos de personal, de extranjería y los de hasta 30.000 euros que lleva un juzgado se tramitan por el procedimiento abreviado, con demanda y vista (artículo 78). El resto, por el ordinario, con escrito de interposición, expediente y demanda en plazos separados. La elección del procedimiento cambia los plazos y el momento de la prueba, y un expediente complejo suele ir por el ordinario.
A la hora de decidir si compensa el litigio pesan la calidad y la solidez del argumento, lo que te juegas, el posible resultado y el riesgo real de costas. El juez puede imponerlas solo en parte o hasta una cifra máxima (artículo 139.4), pero conviene saberlo antes de presentar nada, con el apoyo de un perito si la prueba lo pide y el nivel de detalle que exige un asunto que acaba en manos de un juez.
Cuanto antes nos lo cuentes, más margen tendremos
Para estudiar tu recurso reúne lo siguiente:
Los dos meses se cuentan de fecha a fecha desde el día siguiente a la notificación, no desde la firma, y agosto no corre para presentar el recurso (art. 128.2). Si la notificación llegó a tu sede electrónica, hay que comprobar cuándo se puso a tu disposición. Esa es la clave, porque si cuentas de otra manera el recurso llega tarde y el acto queda firme.
Si la Administración calla, esperar una carta que no llega es una forma de apostar con el plazo: la ley habla de seis meses desde el silencio y, aunque la jurisprudencia no suele dar por caducado el recurso contra una desestimación presunta, cada mes que pasa debilita la prueba. Lo mejor es fijar la fecha y actuar.
Si quieres cobrar una cantidad, que te reconozcan un puesto o que te concedan una licencia, la demanda debe pedirlo expresamente (art. 31.2). Una cosa es que desaparezca la sanción y otra que te den lo que pedías: con una simple anulación, la Administración puede volver a empezar el expediente.
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Opiniones de clientes
Dos meses desde el día siguiente a la notificación, si la resolución es expresa (art. 46.1 de la Ley 29/1998). Contra el silencio, la ley prevé seis meses, aunque la jurisprudencia es más flexible con la desestimación presunta (STC 52/2014); no es una razón para esperar. Si antes presentaste un recurso de reposición, el plazo judicial cuenta desde que se resuelve o se entiende desestimado.
Depende del acto. Si no pone fin a la vía administrativa, hay que presentar antes un recurso de alzada; si ya la agota, la reposición es voluntaria y puedes ir directamente al juez (artículos 121 y 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre).
Estudia el acto, cuenta el plazo, redacta el escrito de interposición y la demanda, pide medidas cautelares y te defiende en la vista. Por regla general la dirección de abogado es necesaria. Ante un juzgado, el procurador es opcional, porque puedes dar tu representación al propio abogado; ante el Tribunal Superior de Justicia o la Audiencia Nacional hace falta procurador (art. 23). Los funcionarios pueden defenderse por sí mismos en algunas cuestiones de personal.
No automáticamente. Hay que pedir medidas cautelares, y el juez valora si la ejecución haría perder la finalidad del recurso y si perjudicaría gravemente el interés general o el de un tercero (art. 130). Si la urgencia es extrema, puede acordarse sin oír antes a la Administración (art. 135).
En el abreviado se presenta directamente la demanda, la Administración manda el expediente y hay vista. El ordinario se divide en escrito de interposición, expediente, demanda y contestación. Qué toca depende de la materia y de la cuantía (art. 78).
Que los plazos son improrrogables: vencidos, se pierde el trámite. Y que agosto no cuenta para presentar el recurso (art. 128.2), salvo en el procedimiento para la protección de los derechos fundamentales. Por eso contamos cada plazo con la fecha exacta de notificación.
En la actualidad, y tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025, los antiguos juzgados pasan a ser secciones de los tribunales de instancia. El cambio de nombre te afecta poco: el recurso se presenta ante el órgano competente y nosotros comprobamos cuál es antes de presentar nada.
Depende del órgano y de la cuantía. Las de los juzgados admiten apelación en segundo grado, salvo, entre otros casos, los de cuantía que no exceda de 30.000 euros (art. 81), y las del Tribunal Superior de Justicia, casación ante el Tribunal Supremo si hay interés casacional objetivo (arts. 86 y 88). Si la Administración no la cumple, se pide su ejecución forzosa (arts. 103 y siguientes).
Sí. En primera o única instancia paga quien ve rechazadas todas sus pretensiones, salvo que el caso presente serias dudas de hecho o de derecho. El juez puede limitar su importe a una cifra máxima (art. 139). Por eso valoramos el riesgo antes de presentar la demanda, y también si cabe un acuerdo (art. 77).