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Una sanción de la Generalitat por incumplir una norma de consumo, la denegación de una licencia por el Ajuntament, una solicitud de extranjería rechazada por la Delegación del Gobierno. Cuando el recurso administrativo ya se ha agotado y la respuesta sigue siendo negativa, la última palabra puede tenerla un juez que no pertenece a la Administración que decidió. Es la revisión judicial de la actuación administrativa, y para llegar a ella con garantías hay que preparar bien el recurso, con seguridad jurídica: en este ámbito, una cuestión de plazo o de competencia puede decidir el resultado antes de que el juez entre en el fondo. Te decimos con honestidad qué posibilidades tienes antes de empezar, con una visión realista, y te ofrecemos la solución que encaje: a veces es el recurso y a veces no.
Como abogado contencioso administrativo en Barcelona, partimos de una pregunta antes que de un escrito: quién firmó el acto, porque de ahí salen el recurso previo, el órgano judicial y el plazo. Después reunimos el expediente, valoramos contigo, con conocimiento del expediente, la solidez del recurso y presentamos la demanda ante el juzgado o ante la Sala de lo Contencioso del TSJ de Cataluña. Nuestro equipo de abogados se ocupa de los trámites y mantiene una comunicación constante contigo, para que tengas confianza en cada decisión desde el primer momento.
Trabajamos con resoluciones y documentos en catalán y en castellano, y puedes litigar en la lengua oficial que prefieras. Lo lleva el equipo de derecho administrativo del despacho de abogados, que atiende frente a la Generalitat, el Ajuntament y el Estado a particulares, empleados públicos, trabajadores de entidades públicas, autónomos y empresas en asuntos de función pública, pensiones, subvenciones, contratación, tributos, como el impuesto que grava una herencia, y sanciones. Si los hechos pudieran ser delito, lo coordinamos con el equipo de derecho penal; si hay un conflicto de derecho laboral o de derecho mercantil de fondo, con el área correspondiente. Aquí tratamos la impugnación en vía judicial, que llevamos a cabo con protección de tus derechos y plazos al día; el recurso previo ante la propia Administración tiene su página de recursos administrativos.

Sanciones, procedimientos sancionadores, la modificación o el reintegro de una subvención, ayudas, oposiciones o autorizaciones de un departamento, y otras relaciones con el sector público. Según quién firme, la resolución agota la vía o exige alzada ante el superior; el procedimiento lo regula también la Ley catalana 26/2010.
Licencias para abrir un negocio, concesiones, reservas de espacio en la vía pública, multas de ordenanza, multas de tráfico, tributos locales de naturaleza fiscal, ocupación de la vía pública y reclamaciones por un accidente en una acera o en la calzada. La normativa municipal se puede impugnar directamente, y un acto concreto se puede recurrir alegando que la ordenanza que lo respalda es ilegal (art. 26).
El AMB tiene competencias de transporte, medio ambiente y taxi, entre otras. Es un organismo público y sus resoluciones también se recurren ante este orden judicial, una vez agotada la vía previa.
Extranjería (permisos de residencia, reagrupación de la familia, nacionalidad), sanciones de la Delegación del Gobierno, responsabilidad patrimonial del Estado y deuda tributaria con la Administración estatal. Algunos actos de ministros y secretarios de Estado se llevan a la Audiencia Nacional, no a Barcelona, porque tiene competencia a nivel nacional. Si eres un ciudadano extranjero con una solicitud de nacionalidad española denegada, comprobamos antes qué órgano toca.
Si pediste información pública y te la negaron, la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública (GAIP) resuelve la reclamación, y sus resoluciones se pueden llevar ante el juez (Ley 19/2014).
Cuando ejercen potestades públicas o gestionan un servicio público, como un centro educativo o sanitario público, por ejemplo en un proceso selectivo de plazas o un expediente disciplinario, sus actos también son recurribles ante el contencioso-administrativo.
¿La Generalitat o el Ajuntament te han notificado una resolución y quieres saber cuántos días te quedan para ir al juez?
Los plazos judiciales son cortos y no se reabren: pasado el último día, el acto queda firme.
2 meses
es lo que tienes, a contar desde el día siguiente a la notificación, cuando la Administración ha resuelto de forma expresa
fuente: artículo 46.1 de la Ley 29/1998
6 meses
es el margen que fija la ley si la Administración calla, desde que se produce el silencio, aunque la jurisprudencia no lo aplica con rigidez a la desestimación presunta de un recurso previo
fuente: artículo 46.1 de la Ley 29/1998 y STC 52/2014
3 meses
de silencio tras tu reclamación son los que deben pasar para recurrir la inactividad de la Administración
fuente: artículo 29.1 de la Ley 29/1998
20 días
tiene la Administración para contestar a la demanda, desde que se le da traslado
fuente: artículo 54.1 de la Ley 29/1998
Cuatro etapas, con asistencia y el calendario controlado en cada una.
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La gestión empieza por identificar al autor del acto (la firma indica el órgano), la actuación concreta que impugnas y su función dentro del procedimiento; después comprobamos con rigor si agota la vía administrativa. Con el expediente delante fijamos la estrategia, el enfoque y el marco del recurso. Si falta un recurso obligatorio, lo presentamos primero; si es voluntario, valoramos si compensa saltarlo.
2
Presentamos el escrito que abre el procedimiento, con los documentos de representación y el acto recurrido (art. 45). Si hay riesgo de ejecución inmediata, pedimos la medida cautelar a la vez.
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El expediente muestra qué se tuvo en cuenta y, si es complejo, estudiamos la motivación de la resolución, cada trámite y los documentos que el Ajuntament o la Generalitat tenían en su poder. La demanda recoge los hechos, los fundamentos jurídicos y lo que pedimos, que puede incluir una indemnización.
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Proponemos la prueba pericial o documental que haga falta, con el apoyo y la colaboración del perito que corresponda. Si hay vista, nuestra intervención en ella es clave; si no, presentamos conclusiones. Con la sentencia en la mano y un objetivo claro estudiamos si cabe apelación o casación o si hay que pedir su ejecución.
En el momento de recibir la notificación, lo primero es ver si el órgano agota la vía. No todos los órganos del Ajuntament o de la Generalitat la agotan. Si el acto no la agota, hay que pasar antes por alzada; si ya la agota, la reposición es voluntaria (arts. 121 y 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre).
Las partes pueden usar el catalán o el castellano ante los tribunales de Cataluña (art. 231 LOPJ). De esta manera lo tenemos en cuenta al preparar documentos, peritos y testigos.
Anular el acto no siempre basta, y esa diferencia tiene su importancia a la hora de plantear la estrategia: cuenta el perjuicio real que te causa y la cantidad que reclamas. Cuando buscas cobrar, volver a un puesto o conseguir una licencia, la demanda debe pedirlo expresamente, con la indemnización si procede (art. 31.2).
En urbanismo o en valoraciones hace falta un perito; en una sanción pesa la prueba de los hechos; en una oposición, las bases y las actas. Cada tipo de asunto pide una prueba distinta, y de su calidad depende buena parte del resultado.
Cuanto antes nos lo cuentes, más margen tendremos
Para estudiar tu recurso necesitamos lo siguiente:
Cada paso tiene su plazo y su relación con el anterior. Si presentaste reposición o alzada, el plazo judicial empieza a contar cuando se resuelve o cuando vence el tiempo sin respuesta; si no presentaste ninguno y el acto ya agotaba la vía, los dos meses ya estaban corriendo.
Agosto no corre para el recurso (art. 128.2): hay quien suma dos meses de calendario sin descontarlo, o quien cree que tiene todo septiembre y pierde la oportunidad de recurrir. Hay que calcular el último día con la fecha exacta de notificación.
Si no solicitas expresamente la indemnización o el reconocimiento de tu derecho, el juez se limita a lo que pides. Revisamos que la demanda recoja todo lo que quieres obtener y responda a tus necesidades: es la manera de defender tus derechos hasta el final.
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Opiniones de clientes
Depende de quién dictó el acto y de la materia. Los actos locales y muchos autonómicos los ve un juzgado de lo contencioso-administrativo; los de mayor alcance, la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. En la actualidad, tras la Ley Orgánica 1/2025, los antiguos juzgados son secciones de los tribunales de instancia. Lo comprobamos antes de presentar nada.
Sí. Las partes, sus abogados, los testigos y los peritos pueden usar la lengua oficial que prefieran ante los tribunales de Cataluña (art. 231 LOPJ). Presentar en catalán o en castellano no cambia los plazos.
Si lo que pediste fue un recurso o una solicitud, la ley prevé seis meses para recurrir el silencio (art. 46.1), aunque la jurisprudencia es más flexible con la desestimación presunta (STC 52/2014); no es una razón para esperar. Si es una prestación concreta que la Administración te debe, se reclama por escrito y, pasados tres meses, cabe el recurso por inactividad (art. 29.1).
Por regla general sí, la dirección de abogado es necesaria. Ante un juzgado, el procurador es opcional, porque puedes dar tu representación al propio abogado; ante el TSJ de Cataluña hace falta procurador (art. 23). Los funcionarios pueden defenderse por sí mismos en algunas cuestiones de personal. Nuestra labor incluye estudiar el acto, contar el plazo, redactar el escrito y la demanda y defenderte en la vista.
Se puede pedir al juez como medida cautelar. Valorará si ejecutarla haría perder la finalidad del recurso y si perjudicaría a un tercero o al interés general, y puede exigir una caución para responder de posibles daños (arts. 130 y 133).
Sí. Las disposiciones generales se recurren en dos meses desde su publicación (art. 46.1), y además puedes impugnar un acto que se apoye en una ordenanza ilegal aunque ya haya pasado ese plazo para la ordenanza (art. 26).
Sí. Por ejemplo, tras un accidente por el mal estado de una vía pública. Primero se presenta la reclamación a la propia Administración, en el plazo de un año desde el daño o desde la curación (art. 67 Ley 39/2015). Si deniega o no contesta, se acude al contencioso-administrativo, porque la responsabilidad patrimonial de una Administración se rige por el derecho administrativo y no por el derecho civil.
Sí. Una notificación de contenido obligatorio, como las que llegan a la sede electrónica o a través de otras plataformas, se entiende rechazada a los diez días naturales de ponerse a tu disposición sin que accedas a ella, y el procedimiento sigue su curso (art. 43.2 Ley 39/2015).
Sí. Las resoluciones de un tribunal de oposición caben en alzada (art. 121.1) y, agotada la vía, en el contencioso-administrativo. Los asuntos de personal se tramitan por el procedimiento abreviado (art. 78).