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Casi todos los asuntos de derecho administrativo empiezan igual: llega una notificación electrónica o una carta certificada y, a partir de ese día, corre un plazo. Puede ser una propuesta de sanción para tu restaurante, la denegación de una licencia de obras, una multa por entrar en la zona de bajas emisiones o la respuesta que nunca llega a una solicitud. Un abogado de derecho administrativo en Barcelona revisa el expediente, te explica qué ha decidido la Administración y por qué, y prepara la respuesta dentro de plazo para defender tus intereses.
En Cataluña se suma una capa de normativa propia. La Generalitat tiene competencias en urbanismo, actividades, medio ambiente o comercio, y su régimen de procedimiento completa la ley estatal. Al mismo tiempo, el Ajuntament de Barcelona y el Área Metropolitana regulan con ordenanzas cuestiones que afectan a diario a vecinos y negocios de la ciudad. Distinguir qué norma se aplica en cada ámbito es la base de un buen recurso.
R. Sánchez Abogados tiene sede en la Rambla de Catalunya, en el Eixample, dentro de una firma con más de 40 abogados. Nuestro equipo de derecho administrativo en Barcelona da asesoramiento y defensa a personas, empresas y entidades en su relación con las administraciones: procedimientos administrativos, reclamaciones y litigios. Llevamos el asunto en vía administrativa y, cuando no se resuelve ahí, ante los juzgados de lo contencioso-administrativo y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. También llevamos expedientes de ayuntamientos del resto de la provincia de Barcelona, del Baix Llobregat al Vallès. Para cuestiones de otras áreas tienes al resto de abogados en Barcelona del despacho.

Estos son los asuntos que más atendemos en la sede de Barcelona. En todos empezamos por el estudio del expediente.
Cada cliente llega con una necesidad distinta, pero el enfoque es el mismo: entender el proceso, fijar el objetivo real y elegir la estrategia antes de presentar el primer escrito. Ofrecemos un servicio jurídico completo en esta rama del derecho, con un abogado o una abogada del equipo como interlocutor de principio a fin. Somos un bufete con todas las áreas de la abogacía, así que el derecho administrativo se coordina con el resto, y seguimos de cerca la actualidad normativa de Cataluña.
Comunicaciones previas, licencias ambientales, cambios de titularidad y requerimientos del Ajuntament para bares, comercios, oficinas y naves.
Para autónomos y emprendedores que abren un negocio, la planificación de la licencia y el control de cada requerimiento evitan semanas de retraso en el desarrollo del proyecto.
Planeamiento, disciplina urbanística, órdenes de restauración de la legalidad, expropiaciones y reparcelaciones conforme a la ley de urbanismo catalana.
Tramitación, respuesta a requerimientos técnicos e impugnación de denegaciones, paralizaciones y precintos de obras de construcción y reforma.
Si hay una inspección municipal o una intervención en la obra, actuamos desde el primer acta.
Te defendemos en expedientes sancionadores del Ajuntament, la Generalitat o el Área Metropolitana que pueden acabar en multas o en el cierre de la actividad, incluidas las multas de la ZBE Rondes de Barcelona. Hacemos valer la presunción de inocencia. Para las multas de circulación y los puntos del carné, consulta la página de multas de tráfico en Barcelona.
Demandas contra resoluciones firmes en vía administrativa, con solicitud de medidas cautelares cuando la ejecución del acto te perjudica. La demanda la prepara nuestro abogado de recurso contencioso-administrativo en Barcelona.
Recurso de reposición y de alzada, y el escrito de alegaciones que suele preceder a la resolución. Muchas controversias con el criterio de la Administración encuentran solución aquí, sin juicio.
También llevamos la defensa de los derechos de funcionarios y trabajadores del empleo público frente a la Generalitat, el Ajuntament y otros órganos, en plazas, concursos y retribuciones.
Reclamaciones por daños del funcionamiento de los servicios públicos: caídas en la vía pública, obras municipales, asistencia en centros sanitarios públicos o actuaciones policiales.
Si tu reclamación a la Administración no recibe respuesta en seis meses, puede entenderse desestimada y abrir la vía judicial (artículo 91.3 de la Ley 39/2015).
Recursos contra pliegos, exclusiones y adjudicaciones ante el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, y gestión de conflictos en la ejecución de contratos públicos.
Preparamos con la empresa la presentación de la oferta y revisamos los trámites de la licitación para evitar errores que lleven a la exclusión.
Procedimiento preferente cuando la actuación administrativa vulnera un derecho fundamental, y análisis completo del expediente antes de decidir si recurrir.
Incluye las ayudas y subvenciones públicas, las concesiones sobre el dominio público y cualquier causa en la que el ejercicio de un derecho dependa de una decisión administrativa.
¿Necesitas un abogado de derecho administrativo en Barcelona?
En Barcelona el asunto rara vez depende de una sola norma. Estas son las normas y organismos de referencia con los que trabajamos:
Los ciudadanos pueden relacionarse con la Generalitat y el Ajuntament en catalán o en castellano; la lengua que elijas no afecta a tus derechos en el procedimiento.
Anota la fecha en la que se practicó la notificación, en papel o en la sede electrónica. Si no accedes a una notificación electrónica en diez días naturales, se entiende rechazada y el procedimiento sigue. La resolución debe indicar qué recurso cabe, ante quién y en qué plazo.
Tienes derecho a acceder al expediente y a obtener copia de los documentos. Ahí están las actas, los informes técnicos y las pruebas en los que se apoya la Administración, y a menudo también sus puntos débiles. En urbanismo o actividades puede convenir el informe de un perito técnico que rebata el de la Administración.
En un procedimiento sancionador, el acuerdo de iniciación te indica el plazo para alegar (artículo 64.2 de la Ley 39/2015); si no alegas, ese acuerdo puede valer como propuesta de resolución. Contra la resolución caben el recurso de alzada o el de reposición, con un plazo de un mes en ambos casos, según el acto ponga o no fin a la vía administrativa. Si el procedimiento sancionador no se resuelve en el plazo máximo, puede haber caducado.
Contra un acto expreso que agota la vía administrativa, el recurso contencioso-administrativo se presenta en dos meses (artículo 46 de la Ley 29/1998). Si la ejecución inmediata te causaría un perjuicio difícil de reparar, como el cierre de un negocio, se puede pedir la suspensión cautelar. En esa fase es el juez quien controla la legalidad de la actuación administrativa.
La reclamación de responsabilidad patrimonial se presenta en el plazo de un año desde el hecho o desde la curación o estabilización de las secuelas. Debes acreditar el daño (personal, material o económico), su valoración y la relación con el funcionamiento del servicio público. Reúne desde el principio la documentación: informes médicos, fotos, facturas y datos de testigos. Si el daño viene de un accidente con un vehículo, también te pueden ayudar nuestros abogados de accidentes de tráfico en Barcelona.
Una caída en la vía pública por una baldosa suelta es el caso más habitual para reclamar indemnización al Ajuntament. Si el daño lo causa una empresa concesionaria o contratista, también puede entrar en juego su seguro de responsabilidad civil.
Cuando la vía administrativa no da resultado, el recurso contencioso-administrativo es la forma de que un juez revise lo que ha decidido el Ajuntament, la Generalitat o el Estado. Antes de presentarlo valoramos contigo tres cosas: qué tribunal es competente, qué procedimiento toca y qué riesgo de costas asumes.
Los actos del Ajuntament de Barcelona y del resto de entes locales van, por regla general, a la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia (los antiguos juzgados de lo contencioso-administrativo). También las sanciones de la Generalitat de hasta 60.000 euros. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña conoce del resto de actos de la Generalitat y del planeamiento urbanístico (artículos 8 y 10 de la Ley 29/1998).
Los asuntos de hasta 30.000 euros, los de personal y los de extranjería se tramitan por el procedimiento abreviado, con demanda y vista oral (artículo 78). El ordinario, por escrito, es más largo y permite más prueba documental y pericial.
Pedimos la medida cautelar cuando ejecutar el acto haría perder su finalidad al recurso, por ejemplo el cierre de un local o una demolición (artículo 130). El juez pondera también el interés general y el de terceros.
En primera instancia paga las costas quien ve rechazadas todas sus pretensiones, salvo que el caso presente serias dudas de hecho o de derecho (artículo 139). Por eso te damos una valoración honesta de las opciones antes de demandar.
Cuanto antes nos lo cuentes, más margen tendremos
En la primera reunión, presencial en la Rambla de Catalunya u online, nuestro equipo de abogados revisa contigo la documentación. Cuanto más completa llegue, antes tendrás una visión clara del caso y la tranquilidad de saber qué se puede hacer y en qué plazo.
Trae la notificación o el justificante de acceso a la sede electrónica, con la fecha y la hora. Si ya has pedido el acceso al expediente, también la copia. Con ese conocimiento del expediente detectamos los aspectos débiles de la actuación de la Administración.
Solicitudes, alegaciones, recursos y comunicaciones previas, con su registro de entrada. Un error en un trámite anterior puede condicionar la estrategia, y conviene saberlo desde el principio.
Si el asunto afecta a un negocio, la licencia y los datos de la actividad; si afecta a tu vivienda o a un alquiler, el contrato y la referencia catastral. En temas con impacto fiscal, como una sanción ligada a un impuesto municipal o la plusvalía, coordinamos la defensa con el área fiscal del despacho.
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Opiniones de clientes
Todo lo que enfrenta a un ciudadano o a una empresa con una administración: sanciones, licencias, urbanismo, contratos públicos, indemnizaciones, subvenciones y función pública, tanto en vía administrativa como ante los tribunales.
La Ley 39/2015 y la Ley 40/2015, que son básicas para todas las administraciones, completadas por la Ley 26/2010 de Cataluña. En cada caso hay que ver además la normativa sectorial y las ordenanzas municipales.
Sí. Revisamos si el vehículo estaba bien identificado, si tenía la etiqueta ambiental o una autorización que le eximiera, si la zona estaba correctamente señalizada y si la notificación llegó en forma y en plazo.
No. El Síndic puede investigar y hacer recomendaciones, pero no anula actos ni interrumpe los plazos. Si quieres impugnar una resolución, tienes que presentar el recurso que corresponda a tiempo.
Depende del procedimiento. La regla general en las solicitudes es el silencio positivo, pero hay muchas excepciones, sobre todo en urbanismo y medio ambiente, donde no se pueden adquirir por silencio facultades contrarias a la normativa. Hay que analizar tu caso concreto.
Por regla general, sí. En los juzgados de lo contencioso-administrativo y en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña es necesario estar asistido por abogado, salvo excepciones muy concretas.
Sí. Atendemos a negocios con licencias o expedientes abiertos y a comunidades de propietarios con problemas urbanísticos o reclamaciones frente al Ajuntament.
Depende del procedimiento. Algunas materias, como muchas sanciones, se tramitan por el procedimiento abreviado, con una vista oral, y otras por el ordinario, más largo y por escrito. La carga de trabajo de cada juzgado de Barcelona también influye, así que te daremos una previsión al ver tu caso.
Comprueba que el profesional se dedica al derecho administrativo, que está colegiado en el Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB) o en otro colegio, que ha llevado asuntos como el tuyo y que en la primera consulta te explica con claridad la situación, sin prometerte un resultado. El trato directo con quien lleva el expediente también da confianza.
Primero revisamos el expediente. Después te damos un presupuesto por escrito, antes de empezar, que depende de la fase del asunto y de su complejidad.
No en vía administrativa. Las reducciones por reconocer la responsabilidad o por pagar antes de la resolución (de al menos un 20 % cada una) exigen renunciar a cualquier recurso administrativo contra la sanción (artículo 85.3 de la Ley 39/2015). Por eso revisamos el expediente antes de que pagues.
Cuando la Administración no resuelve y notifica dentro del plazo máximo, que es el que fije su norma o, si no fija ninguno, tres meses desde el acuerdo de iniciación (artículos 21.3 y 25.1.b de la Ley 39/2015). La caducidad obliga a archivar el expediente.
Sí. Gran parte de la tramitación con la Administración es electrónica, así que podemos llevar tu asunto a distancia con la misma dedicación, y nos reunimos por videollamada cuando lo necesites. Si hay vista oral, acudimos al juzgado que corresponda.
Depende de la materia y de la cuantía. El abreviado, con vista, se usa para asuntos de hasta 30.000 euros, personal y extranjería; el ordinario, para el resto. Elegir bien el procedimiento contencioso-administrativo y preparar la prueba es parte de nuestra labor antes de demandar.
Ofrecemos asesoramiento jurídico en materia administrativa con rigor y cercanía: un asesor que resuelve tus dudas, la preparación de cada escrito y la representación ante la Administración y los tribunales. Si hay margen de negociación, lo exploramos antes del juicio; si no, llevamos a cabo la defensa jurídica hasta la sentencia.
Puedes, pero lo que alegues ahora marca el nivel de la defensa posterior. Nuestra prioridad es la defensa de los intereses del cliente desde el primer escrito, con un acompañamiento personalizado y disponibilidad para resolver las dudas que surjan. El asesoramiento legal temprano gana eficacia y calidad en todo el proceso.