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Una multa que no te corresponde, una licencia que no llega, una sanción que puede cerrar tu local o una resolución que te deniega algo a lo que tienes derecho. En todos esos casos, del otro lado hay una administración pública con sus plazos, su procedimiento y sus propios servicios jurídicos. Lo que necesitas es un abogado de derecho administrativo en Madrid que lea el expediente, te diga si hay margen y actúe antes de que venza el plazo.
En Madrid esto tiene una particularidad: aquí conviven el Ayuntamiento, la Comunidad de Madrid y la Administración General del Estado, con los ministerios y buena parte de los organismos públicos. Saber quién ha dictado el acto, qué recurso cabe y ante qué órgano se presenta es el primer paso, y el que más errores provoca cuando alguien lo intenta por su cuenta. En la práctica, la defensa frente a la Administración se juega muchas veces en esas primeras semanas.
En R. Sánchez Abogados el área de derecho administrativo forma parte de un despacho de abogados con más de 40 profesionales y seis sedes en España. Nuestro equipo trabaja la vía administrativa (alegaciones, recurso de reposición, recurso de alzada) y, si hace falta, llevamos el asunto a los tribunales con un recurso contencioso-administrativo. Desde nuestras oficinas del Paseo de la Castellana damos asesoramiento a particulares, comunidades de propietarios, autónomos y empresas, y a cada cliente le explicamos la estrategia antes de presentar nada. Si tu problema toca otras materias, en la misma firma tienes a los abogados en Madrid del resto de áreas.

Estos son los servicios que más nos piden. Si el tuyo no aparece, cuéntanoslo y te decimos si podemos ayudarte.
Damos asesoramiento jurídico en todas las ramas del derecho público, del contencioso administrativo a la gestión de licencias para tu negocio o tu vivienda, con un letrado del área como interlocutor y una comunicación directa durante todo el tiempo que dure el asunto.
Alegaciones, recurso de reposición y recurso de alzada contra resoluciones del Ayuntamiento, la Comunidad de Madrid o los ministerios. Es la fase en la que muchas cuestiones se resuelven sin juicio si el escrito está bien planteado.
Cuando la vía administrativa se agota, impugnamos actos y disposiciones ante los juzgados de lo contencioso-administrativo o el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y pedimos medidas cautelares si urge.
Defensa en procedimientos sancionadores de tráfico, seguridad ciudadana, ruido, consumo, sanidad o actividades. Revisamos la notificación, la prueba, la caducidad y los defectos de forma o de fondo del expediente.
Solicitud, requerimientos, denegaciones y órdenes de paralización de obras mayores y menores ante el Ayuntamiento de Madrid.
Apertura de locales, cambios de titularidad, precintos y expedientes de cierre por falta de licencia o por incumplir las condiciones.
Expedientes de restablecimiento de la legalidad urbanística, órdenes de demolición, planeamiento y expropiaciones.
Preparamos la reclamación de indemnización por daños causados por el funcionamiento de los servicios públicos: caídas en la vía pública, asistencia en la sanidad pública, obras municipales o actuaciones de la policía.
Es la reclamación a la Administración más frecuente: la presentamos ante el ayuntamiento, la Comunidad de Madrid o el ministerio responsable del servicio, con la valoración del daño desde el primer escrito.
Asesoramos a empresas en la preparación de ofertas y el análisis de pliegos, presentamos el recurso especial contra exclusiones y adjudicaciones y llevamos los conflictos antes y después de la formalización del contrato, conforme a la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.
Defendemos a propietarios en expedientes de expropiación: actas, hoja de aprecio y discusión del justiprecio ante el Jurado Territorial de Expropiación, cuando expropian la Comunidad de Madrid o un ayuntamiento, y después ante los tribunales.
Procedimiento especial, de carácter preferente, ante los tribunales cuando una actuación administrativa vulnera un derecho fundamental, como la igualdad o la tutela judicial efectiva.
Si la vía judicial no repara la vulneración, queda el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, con requisitos estrictos que revisamos antes de plantearlo.
Recursos en oposiciones y procesos selectivos, reconocimiento de derechos de funcionarios y personal laboral de las administraciones, y defensa en expedientes disciplinarios.
También reclamamos derechos de empleo público: trienios, carrera profesional, comisiones de servicio o la modificación de un puesto de trabajo.
Pedimos acceso al expediente administrativo, lo analizamos y te explicamos qué dice, qué falta y qué opciones reales tienes antes de recurrir, también en subvenciones y ayudas públicas.
Es el estudio previo que permite medir el riesgo y las posibilidades reales del caso, y decidir con conocimiento si merece la pena seguir.
En asuntos complejos, como la tramitación de una licencia con varios informes sectoriales, te decimos qué aspectos del expediente son el objetivo prioritario y en qué campo conviene centrar la defensa de los derechos de tu empresa.
¿Necesitas un abogado de derecho administrativo en Madrid?
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El órgano que dicta el acto determina el recurso y el tribunal. En Madrid actuamos ante:
En materia urbanística la norma autonómica de referencia es la Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid, reformada varias veces (en 2020, por ejemplo, para extender la declaración responsable a muchas obras), junto con el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997 y las ordenanzas municipales.
Muchas empresas no tienen un departamento jurídico propio para su relación con la Administración. Les ofrecemos asesoramiento legal continuado como bufete externo: un equipo de abogados que conoce el marco de su actividad y responde a sus dudas antes de que se conviertan en un expediente.
Obtención, modificación y prórroga de concesiones y autorizaciones de uso del dominio público, como terrazas, quioscos, aprovechamientos de agua o instalaciones en suelo municipal. Revisamos las bases, la regulación y el régimen de cada concesión y defendemos al concesionario si la Administración la revoca.
Acompañamos a la empresa en una inspección y en lo que viene después, en sectores como la energía, el transporte, el medio ambiente, el sector de los seguros o la sanidad. Cada sector regulado tiene su propia organización administrativa y su propio régimen sancionador.
Trabajamos tanto con personas jurídicas privadas como con entidades sin ánimo de lucro, y cuando el asunto toca normativa europea o la competencia de varias administraciones, coordinamos la respuesta en todos los niveles.
Recursos frente a actos administrativos que afectan a un proyecto empresarial en el territorio de la Comunidad de Madrid: denegaciones, requisitos nuevos, revocaciones de ayudas públicas o la determinación de cuantías a reintegrar. Buscamos la solución que permita seguir con la actividad, con la acción judicial como último paso.
Toda resolución debe indicar si pone fin a la vía administrativa, qué recurso cabe, ante qué órgano y en qué plazo. Si falta esa información, la notificación puede ser defectuosa. Guarda el sobre o el justificante de la notificación electrónica: la fecha marca el inicio del plazo.
La Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común, regula los dos recursos ordinarios. El recurso de alzada se presenta contra actos que no ponen fin a la vía administrativa, ante el órgano superior, en el plazo de un mes. El recurso de reposición es potestativo, se dirige contra actos que sí agotan la vía administrativa y también tiene un plazo de un mes. En un procedimiento sancionador, antes de la resolución, suele haber un trámite de alegaciones: es el mejor momento para aportar pruebas.
Si la Administración no resuelve en plazo, la ley da un efecto al silencio. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado la regla general es el silencio positivo, con muchas excepciones; en los recursos, el silencio suele ser desestimatorio, lo que te permite seguir a la siguiente fase. Hay que comprobarlo en cada caso.
Agotada la vía administrativa, la Ley 29/1998, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, da dos meses para interponer el recurso contra un acto expreso (artículo 46). Se puede pedir la suspensión cautelar del acto mientras se tramita el juicio.
Preparamos el escrito de interposición, pedimos el expediente y llevamos la representación en el juicio. Si la sentencia es desfavorable, valoramos el recurso de apelación o el recurso de casación ante el Tribunal Supremo, y si es favorable seguimos su ejecución hasta que la Administración la cumpla.
La Ley 40/2015 obliga a la Administración a indemnizar las lesiones causadas por el funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos que no tengas el deber jurídico de soportar, salvo fuerza mayor. El daño tiene que ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado (artículo 32). El plazo para reclamar es de un año desde el hecho o desde que se estabilizan las secuelas (artículo 67 de la Ley 39/2015). Conviene reunir cuanto antes informes médicos, fotos, testigos y atestados.
Buena parte de lo que nos llega a la sede de Madrid son expedientes sancionadores: una propuesta de sanción del Ayuntamiento por ruido o por la terraza, una multa de la Comunidad de Madrid en consumo o sanidad, una sanción de seguridad ciudadana. En ese ámbito el procedimiento tiene reglas propias que protegen tus intereses, y cada decisión que tomes tiene consecuencias: pagar, alegar o recurrir.
El acuerdo de iniciación tiene que decirte qué hechos se te imputan, qué infracción podrían ser, qué sanción te puede corresponder y el plazo para alegar (artículo 64.2 de la Ley 39/2015). Si no presentas alegaciones y el acuerdo es preciso, puede convertirse directamente en la propuesta de resolución. Por eso conviene contestar siempre, con prueba.
Mientras no se demuestre lo contrario, se presume que no hay responsabilidad administrativa (artículo 53.2 de la Ley 39/2015). Es la Administración quien tiene que probar los hechos. Revisamos el acta, el boletín de denuncia o el informe técnico y pedimos las pruebas que falten.
Si la sanción es solo económica, reconocer la responsabilidad o pagar antes de la resolución da derecho a reducciones de al menos un 20 % cada una, acumulables (artículo 85 de la Ley 39/2015). A cambio, renuncias a recurrir en vía administrativa. Antes de pagar, valoramos contigo si la sanción se sostiene.
Si la Administración no resuelve y notifica en el plazo máximo, el expediente sancionador caduca (artículo 25.1.b de la Ley 39/2015); cuando la norma no fija plazo, son tres meses. Además, si la ley sectorial no dice otra cosa, las infracciones muy graves prescriben a los tres años, las graves a los dos y las leves a los seis meses (artículo 30 de la Ley 40/2015).
Cuanto antes nos lo cuentes, más margen tendremos
Los abogados de derecho administrativo no se dedican todos a lo mismo: unos llevan urbanismo, otros contratación pública o función pública. Antes de contratar, fíjate en esto:
Opiniones de clientes
Defiende a particulares y empresas en su relación con las administraciones públicas: recurre multas y sanciones, tramita y defiende licencias, reclama indemnizaciones por daños de los servicios públicos, asesora en contratación pública y lleva los recursos contencioso-administrativos ante los tribunales, aplicando la legislación de procedimiento y la normativa de cada sector.
No es obligatorio en la vía administrativa, pero sí recomendable: lo que no alegues ahora puede ser difícil de introducir después, y un error de plazo o de órgano puede cerrar el caso. En el recurso contencioso-administrativo ante un juzgado o tribunal, la regla general es que sí necesitas abogado.
El acto se vuelve firme y, en principio, ya no se puede discutir. Solo quedan vías excepcionales, como la revisión de actos nulos de pleno derecho o el recurso extraordinario de revisión, con supuestos muy tasados.
Sí, como cualquier sanción. Se revisan la señalización, la identificación del vehículo, la clasificación ambiental, la notificación y si existía alguna autorización o excepción aplicable.
Depende del juzgado o de la sala, del tipo de procedimiento y de si hay prueba. Puede ir de varios meses a más de un año. Al estudiar tu caso te daremos una previsión realista.
Sí, si el daño se debe al mal estado de la vía pública u otro fallo del servicio. Tienes un año para reclamar y conviene documentar el lugar, las lesiones y los testigos desde el primer día.
Sí. Recurrimos actos de ministerios y organismos estatales, tanto en vía administrativa como ante los Juzgados Centrales, la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo cuando corresponde.
Después de revisar el expediente y antes de empezar. Te lo damos por escrito y depende de la fase en la que esté el asunto y de su complejidad, por eso no damos cifras sin conocer el caso.
Depende de la ley que la regula. Si no fija plazos, las infracciones muy graves prescriben a los tres años, las graves a los dos y las leves a los seis meses; las sanciones ya impuestas, a los tres años, dos años y un año (artículo 30 de la Ley 40/2015).
Pasados seis meses desde que se inició el procedimiento de responsabilidad patrimonial sin resolución, puedes entenderla desestimada (artículo 91.3 de la Ley 39/2015) y acudir a los tribunales de lo contencioso-administrativo.
Es un procedimiento más rápido, con una vista oral, que los juzgados de lo contencioso-administrativo de Madrid usan, entre otros, en asuntos de personal, de extranjería y en los que no superan los 30.000 euros, como muchas sanciones (artículo 78 de la Ley 29/1998).
Sí, y es recomendable. La ley reconoce el derecho a actuar asistido de asesor (artículo 53.1.g de la Ley 39/2015). Contar con un equipo desde el principio te ayuda a defender tus derechos cuando todavía se pueden aportar pruebas, y a llevar a cabo la defensa con un trato personalizado.
Con una reclamación de responsabilidad que explique la lesión, la relación con el servicio público, la valoración económica si es posible y la fecha del daño, con las pruebas (artículo 67.2 de la Ley 39/2015). La necesidad de documentar bien el daño es la clave del caso.
Una asesoría o una gestoría tramita; el abogado defiende. Nos ocupamos de la interposición de recursos, de las reclamaciones de responsabilidad patrimonial y del juicio, con una defensa integral que va de la primera alegación a la sentencia, y te mantenemos al día de la actualidad de tu expediente.