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Lo esencial
Un abogado procesal es el que dirige un conflicto una vez que ya no hay acuerdo posible o que el acuerdo solo se logra con un juicio en el horizonte. No se limita a redactar un escrito: elige la vía, calcula la cuantía, decide qué prueba conviene y cuándo, y entra a negociar con la otra parte cuando eso protege tu posición. Si buscas un abogado de litigios en Madrid porque te han demandado, porque un contrato se ha roto o porque una deuda no se paga, ese es el trabajo.
Como bufete de abogados, llevamos a cabo la tramitación de asuntos que se resuelven en la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Madrid y, cuando hay recurso, en la Audiencia Provincial de Madrid. Un profesional que va a prestar asesoramiento sobre un litigio debe conocer el caso entero. Estudiamos tus documentos y te decimos qué riesgo asumes antes de que firmes nada, con una visión del conjunto del sistema judicial y de cada órgano que intervendrá.
Esta página trata del pleito, un área de práctica distinta de la consulta general. Si lo que necesitas es un abogado civil para orientarte sobre contratos, familia o herencias en general, tienes el área de abogados civiles en Madrid. Aquí hablamos de lo que pasa desde que existe un conflicto con fecha de demanda. Si hay plazo en marcha, pide cita y revisamos tu documentación esta misma semana.

Antes de redactar nada, hacemos un análisis de fondo: qué te corresponde según el contrato y la ley, qué pruebas tienes y qué consecuencias tendría perder. Con esa información sabes si el objetivo realista es cobrar, defenderte o cerrar un acuerdo. El asesoramiento legal no termina con la demanda: el equipo que lleva tu litigación te mantiene informado de cada resolución y de cada necesidad que surge en el procedimiento judicial.
Nuestra asesoría procesal se apoya en la confianza y en una comunicación clara: sin jerga, con la estrategia procesal explicada y con tu representación ante el juzgado a cargo del despacho de abogados. La defensa de tus intereses se concreta en un plan por escrito para cada fase, que revisamos contigo cuando cambia el escenario. Esa gestión continua evita sorpresas y te permite decidir con información completa, con el interés del cliente como único criterio y con un grado de detalle que la organización del despacho hace posible.
¿Te han demandado o tienes que demandar y no sabes por dónde empezar?
Un litigio civil es cualquier disputa entre particulares o empresas que se resuelve ante un juez civil. Estos son los casos civiles que más llegan a un abogado litigante.
Una obra que no se termina, una compraventa que no se cumple, un servicio mal prestado. Se pide el cumplimiento o la resolución y la indemnización. Lo desarrollamos en incumplimiento de contrato en Madrid.
Facturas, préstamos entre particulares, rentas atrasadas. Si hay documento que acredite la deuda, a veces el cauce adecuado es el monitorio, y si el deudor se opone, el pleito sigue por juicio verbal u ordinario según la cuantía.
Cuando alguien te causa un daño por culpa o negligencia y no hay acuerdo sobre la indemnización. Tienes el detalle, con las obligaciones de cada parte, en responsabilidad civil en Madrid.
Un consumidor o una empresa con una aseguradora que rechaza un siniestro o ofrece una cantidad insuficiente. Llegado el caso, la póliza se discute en juicio. Mira reclamaciones a aseguradoras en Madrid.
Un propietario frente a otro, copropietarios que no se entienden, linderos, servidumbres, reparto de una herencia con bienes en común. Son pleitos largos donde la prueba documental pesa mucho.
Impagos entre empresas, incumplimiento de pactos o discrepancias entre socios que acaban en demanda. Un autónomo o un empresario cuyo negocio depende de cobrar una factura, un proveedor del sector de la construcción que reclama una operación impagada o un acreedor con una cláusula penal incumplida llevan el mismo camino: los litigios mercantiles también pasan por el procedimiento civil.
El tipo de juicio no se elige por capricho. Depende de la materia y de la cuantía, y el error de cuantía puede llevar a que el juzgado ordene corregir la demanda o a que quedes sin recurso.
El juicio ordinario se sigue cuando la cuantía supera los 15.000 euros o no se puede determinar (art. 249.2 LEC). El juicio verbal es el cauce para las reclamaciones de hasta 15.000 euros y para varias materias que la ley asigna por su naturaleza, sin mirar la cuantía (arts. 250.1 y 250.2 LEC). La cuantía hay que expresarla de forma justificada en la demanda (art. 253 LEC), y el modo de calcularla es un punto técnico donde conviene tener a alguien que lo revise.
La diferencia práctica es grande. El ordinario tiene demanda, contestación, audiencia previa y juicio. El verbal es más corto, con vista única, y la contestación se presenta en menos tiempo. Por eso, quien recibe una demanda en juicio verbal tiene menos margen para reaccionar.
Estas son las etapas del procedimiento ordinario. En el verbal se comprimen en una sola vista.
Se presenta con los hechos, los fundamentos de derecho, la petición concreta y la cuantía. Con ella van los documentos que sostienen lo que pides y, salvo excepciones, el justificante del intento de negociación previo.
El demandado tiene 20 días en el ordinario y 10 en el verbal. Es el momento de oponerse, alegar excepciones procesales y, si procede, reconvenir. Si no se contesta, se declara la rebeldía.
En el ordinario, el tribunal convoca a las partes para intentar un acuerdo, resolver cuestiones procesales, fijar los hechos controvertidos y admitir las pruebas. Se celebra dentro de los 20 días siguientes a la convocatoria (art. 414.1 LEC).
Se practican los medios admitidos: documentos, interrogatorio de las partes, testigos y peritos. Después las partes resumen sus conclusiones ante el juez.
La sentencia del juicio verbal se dicta en los 10 días siguientes a la vista (art. 447.1 LEC).
Contra la sentencia cabe apelación ante la Audiencia Provincial y, en los casos que la ley permite, recurso de casación. Cuando es firme y la otra parte no cumple, se ejecuta.
Cuanto antes nos lo cuentes, más margen tendremos
Lo primero que comprobamos es si el contrato incluye una cláusula de arbitraje. En ese caso el conflicto no va al juzgado, sino a un árbitro que dicta un laudo, y demandar en la jurisdicción civil sería un error de procedimiento. Si el deudor está en situación de insolvencia, el acreedor debe vigilar el procedimiento concursal y comunicar su crédito a tiempo; la reclamación individual cambia de ámbito.
Otros asuntos tienen su propia jurisdicción: un despido o la reclamación de un trabajador pertenece al derecho laboral, el derecho procesal penal corresponde al orden penal, y una discrepancia fiscal con la Administración sigue la vía administrativa. Esta página trata el proceso civil. Si tu problema nace de una sucesión, de un negocio familiar o de un conflicto entre socios, lo encuadramos primero y te decimos qué órgano debe resolverlo.
La primera cita sirve para responder a una pregunta: ¿compensa litigar? Revisamos el requisito de procedibilidad, la norma aplicable, la prueba disponible y la solvencia de la otra parte. No te damos una respuesta de manual: el efecto de una sentencia favorable es nulo si el deudor no tiene patrimonio, y el de una desfavorable puede ser pagar las costas. Con ese análisis, la solicitud al juzgado se plantea con un enfoque realista.
Un ejemplo habitual: una sociedad limitada, tras un proyecto de obra, reclama el pago de una factura y la otra parte alega defectos. En la actualidad, el tribunal pide que la demanda venga muy ordenada. Hay que decidir si se demanda por incumplimiento, si se acompaña un informe pericial y si se pide una medida cautelar sobre una cuenta. Esa decisión tiene consecuencias sobre el calendario y sobre la relación con el cliente, y la tomamos contigo. La actuación del letrado en la vista, por buena que sea, no suple una prueba que no se aportó a tiempo, y el resultado del pleito siempre depende de lo que el juez entienda probado.
Desde el 3 de abril de 2025, en los procesos declarativos civiles hay que intentar un medio adecuado de solución de controversias antes de demandar. La demanda debe llevar el documento que lo acredita, o una declaración responsable si no sabes dónde vive el demandado (art. 264.4.º LEC). Si falta, el tribunal no la admite (art. 403.2 LEC). La ley excluye algunas materias, como los derechos fundamentales, la tutela sumaria de la posesión o las medidas del artículo 158 del Código Civil, y no se exige para la demanda ejecutiva ni para las medidas cautelares previas (art. 5 LO 1/2025). Explicamos cómo se hace en mediación y MASC en Madrid.
Si temes que el demandado oculte bienes o que el derecho pierda valor mientras dura el pleito, se pueden pedir medidas cautelares: un embargo preventivo, la anotación de una demanda en el registro o la prohibición de disponer de un bien. Se solicitan con la demanda o antes de ella, y hay que justificar la apariencia de buen derecho y el riesgo de que la sentencia llegue tarde.
En un pleito civil gana, en general, quien prueba mejor lo que afirma. Por eso la preparación empieza antes de la demanda.
Contratos, facturas, correos, mensajes, burofaxes, escrituras o el contenido de una conversación impresa y fechada. Hay que aportarlos con la demanda o con la contestación; los que no entran a tiempo pueden quedar fuera.
Cuando el asunto exige conocimiento técnico en un campo concreto: tasar una obra, calcular un lucro cesante, valorar un daño o analizar unas cuentas. Se aporta el informe del perito con la demanda o la contestación, y el perito puede ser llamado a explicarlo en el juicio.
Los testigos declaran sobre hechos que conocen. Tras la obtención de sus nombres y datos, preparamos con ellos la actividad probatoria. El interrogatorio de las partes obliga a cada una a contestar lo que se le pregunta. Preparamos con cada cliente el guion de lo que va a decir, sin ponerle palabras en la boca.
Muchos clientes preguntan primero cuánto riesgo asumen. En el pleito civil, las costas se imponen en general a quien pierde todas sus pretensiones, salvo que el caso presente serias dudas de hecho o de derecho (art. 394.1 LEC). Quien rechaza sin causa un intento de acuerdo obligatorio puede perder esa protección. Antes de demandar o de contestar, valoramos contigo ese riesgo.
La apelación la resuelve la Audiencia Provincial de Madrid. El plazo es de 20 días desde la notificación (art. 458.1 LEC) y no cabe en los juicios verbales de cuantía igual o inferior a 3.000 euros (art. 455.1 LEC). La casación llega al Tribunal Supremo contra las sentencias de segunda instancia de las audiencias, en los supuestos que la ley fija (art. 477 LEC). Es un recurso extraordinario: su uso exige motivos concretos y no se vuelve a juzgar todo. Tiene importancia por la doctrina que fija, no como segunda oportunidad.
Una sentencia favorable no te da el dinero por sí sola. Hay que pedir la ejecución. La ley espera 20 días desde la firmeza o la notificación antes de despachar ejecución (art. 548 LEC), y la acción ejecutiva basada en sentencia caduca a los 5 años de su firmeza (art. 518 LEC). Tienen también fuerza ejecutiva otros títulos, como los acuerdos de mediación elevados a escritura pública o las escrituras públicas (art. 517 LEC).
En la práctica, la recuperación de la deuda pasa por investigar el patrimonio del deudor y embargar cuentas, el salario o inmuebles. Si la parte condenada hace el pago a tiempo, el trámite se cierra pronto. La firma de un calendario de pagos puede sustituir al embargo, y lo hacemos constar en el proceso judicial. Si no, la ejecución puede ser larga, y por eso importa no dejar pasar el plazo.
15.000 euros
frontera entre juicio verbal y juicio ordinario por razón de cuantía
fuente: arts. 249.2 y 250.2 LEC
20 días
para contestar la demanda en el juicio ordinario
fuente: art. 404.1 LEC
10 días
para contestar por escrito en el juicio verbal
fuente: art. 438.1 LEC
20 días
para apelar desde la notificación de la sentencia
fuente: art. 458.1 LEC
20 días
de espera tras la firmeza antes de despachar ejecución
fuente: art. 548 LEC
5 años
caducidad de la acción ejecutiva de sentencia
fuente: art. 518 LEC
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Leemos tus documentos, calculamos la cuantía y comprobamos si el derecho ha prescrito o caduca pronto.
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Dejamos acreditado el intento de acuerdo, que además a veces cierra el asunto sin juicio.
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Redactamos el escrito con la prueba ya identificada y pedimos las medidas cautelares si hacen falta.
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Preparamos contigo la declaración, coordinamos al perito y a los testigos y defendemos tu posición ante el juez.
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Valoramos con tiempo la apelación y, si la sentencia es firme, empezamos la ejecución.
Litigar no excluye negociar. La audiencia previa es un momento natural para proponer un acuerdo, porque el juez ya tiene el conflicto delimitado; también lo es la víspera de la vista, cuando cada parte conoce la prueba de la otra. Un acuerdo firmado y homologado por el tribunal pone fin al pleito y se puede ejecutar. Lo planteamos cuando el riesgo de perder, las costas y el tiempo pesan más que la diferencia entre lo que pides y lo que te ofrecen, no por debilidad.
Una demanda mal planteada es difícil de arreglar después, y la inversión de tiempo y dinero en un pleito pide un buen planteamiento inicial. Fijamos la base de la reclamación: qué se pide, con qué cuantía y con qué hechos, para que el juez pueda dártelo. Es nuestra especialidad dentro del derecho procesal civil.
Si te han demandado, el reloj corre desde la notificación. Una persona o una empresa demandada necesita asistencia letrada cuanto antes para decidir si se opone, alega una excepción procesal o reconviene.
Elegimos al perito, con la investigación de bienes y las herramientas de análisis documental que haga falta, ordenamos los documentos y organizamos a los testigos. Cada abogada y cada abogado del equipo conoce la función que cumple en la vista y la base probatoria con la que entramos.
Sabrás en qué fase real está el pleito, qué capacidad de pago tiene la otra parte, qué posibilidad hay de recurrir y qué aspecto del caso pesa más. Defendemos tus intereses a un nivel de detalle que te permita decidir tú.
Quien no contesta en plazo queda en rebeldía y pierde la oportunidad de oponerse y proponer prueba. Si te llega una cédula, no la guardes: llámanos.
En la mayoría de los declarativos, el tribunal no admite la demanda sin ese documento y se pierde tiempo.
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El bufete tiene su sede en el Paseo de la Castellana y atiende pleitos de cualquier municipio de la Comunidad de Madrid, también de quien vive fuera de España y necesita litigar aquí. Ofrecemos un servicio jurídico con asesoramiento integral, sin importar la zona o la provincia desde la que llegues, y acceso directo al abogado que lleva tu caso, con la tranquilidad de saber en qué fase está cada trámite. Si el asunto pertenece a otra rama de la abogacía, como el derecho de familia, el derecho mercantil o el derecho concursal, te orientamos hacia el asesor del despacho que corresponda, sea cual sea tu país de residencia.
Opiniones de clientes
Dirige el pleito: elige el procedimiento, redacta la demanda o la contestación, propone y practica la prueba, defiende en la vista y recurre o ejecuta la sentencia. Trabaja de la mano de un procurador, que presenta los escritos y recibe las notificaciones.
El abogado civil asesora sobre contratos, propiedad, familia o herencias. El procesal lleva el conflicto ante el juez. En muchos asuntos lo hace el mismo abogado, y en nuestro despacho se coordinan.
Demanda, contestación, audiencia previa, prueba y juicio, sentencia y recursos, y ejecución. En el juicio verbal, la audiencia previa y el juicio se concentran en una vista.
Hasta 15.000 euros va por verbal; si supera esa cifra o no se puede cuantificar, por ordinario. Algunas materias van por verbal por su naturaleza (arts. 249.2 y 250 LEC).
Depende del juzgado, de la complejidad y de la prueba. No hay un plazo fijo que podamos prometer. Sí te decimos desde el principio qué fases quedan y cuáles dependen del calendario del tribunal.
Se te declara en rebeldía y el procedimiento sigue sin ti. Puede dictarse sentencia con lo que aporte el demandante. El plazo es de 20 días en el ordinario y 10 en el verbal.
Sí, en la mayoría de procesos civiles y mercantiles; sin él, la demanda no se admite. Quedan fuera materias como los derechos fundamentales o la tutela sumaria de la posesión (art. 5 LO 1/2025).
Por regla general, quien pierde todas sus pretensiones las paga, salvo que el caso presente serias dudas (art. 394.1 LEC). Revisamos ese riesgo antes de que decidas.
Sí. La apelación se presenta en 20 días y la resuelve la Audiencia Provincial. No cabe contra sentencias de juicio verbal por cuantía igual o inferior a 3.000 euros (arts. 455.1 y 458.1 LEC).
Es el procedimiento para cobrar o hacer cumplir lo que dice una sentencia firme. Se despacha pasados 20 días de la firmeza y la acción caduca a los 5 años (arts. 548 y 518 LEC).
Sí, en cualquier momento. La audiencia previa y la víspera de la vista son los puntos más habituales. Si hay acuerdo, se firma y se puede homologar para ejecutarlo.
Podemos revisar el estado del procedimiento y darte una segunda opinión. Si cambias de abogado, hay que cuidar los plazos para que no se pierda ninguno.