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Una discusión en un control, una identificación que se tuerce a la salida del Metro, un forcejeo cuando la Policía Municipal disuelve un botellón, una manifestación que termina con detenidos. En todos esos supuestos acaba igual: un agente redacta un atestado, tú figuras como autor y el fiscal suele dar mucho crédito a lo que dice el agente. Ahí empieza nuestro trabajo como abogados penalistas en Madrid.
Lo primero es separar lo que pasó de lo que se escribió. Pedimos las grabaciones de cámaras, el parte de lesiones, el audio de la central, las declaraciones de otros testigos y todo lo que contradiga o matice la versión policial.
Después fijamos con precisión qué delito se te atribuye, porque entre un atentado, una resistencia grave y una simple falta de respeto hay diferencias enormes de pena y de antecedentes.
Si estás detenido o te citan a declarar como persona investigada, no contestes sin abogado. Nuestro equipo de abogados penalistas en Madrid te asiste desde la comisaría, repasa contigo qué dirás y qué no, y te acompaña al juzgado de guardia. Si el plazo corre, pide cita y revisamos tu atestado esta misma semana.

El Código Penal no habla de un único delito. Cada conducta tiene su artículo, su pena y su forma de defenderla. Estos son los supuestos que más veces tratamos.
El delito de atentado a la autoridad consiste en agredir a un agente, o resistirle con violencia o intimidación graves, cuando actúa en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellas. Si la víctima es un agente o un funcionario, la pena es de prisión de 6 meses a 3 años; si es autoridad, de 1 a 4 años y multa de 3 a 6 meses (art. 550.2 CP).
También protege al funcionario que no lleva uniforme: inspectores, empleados de una oficina o personal de la Administración. Se exige que actúe en sus funciones y que haya agresión o violencia o intimidación graves. Quien solo discute o se queja en una ventanilla no comete atentado, aunque el empleado se sienta ofendido.
Es el escalón inferior. No hay agresión ni violencia o intimidación graves, pero sí una negativa abierta y grave a cumplir lo que ordena la autoridad o un agente. La pena es prisión de 3 meses a 1 año o multa de 6 a 18 meses (art. 556.1 CP). La resistencia pasiva, sin violencia, suele encajar aquí o en la sanción administrativa.
Insultar o faltar al respeto a una autoridad en el ejercicio de sus funciones se castiga con multa de 1 a 3 meses (art. 556.2 CP). Si el destinatario es un agente de policía y no una autoridad en sentido técnico, la conducta suele ir por la vía de la infracción administrativa leve de la LOPSC.
La pena sube de grado si usaste un arma u objeto peligroso, si la violencia podía causar lesiones graves, si acometiste con un vehículo de motor o si hubo un motín en un centro penitenciario (art. 551 CP).
El artículo 550 incluye en todo caso a docentes y sanitarios en el ejercicio de sus funciones. El 554.3 protege a bomberos, personal de socorro y vigilantes de seguridad privada identificados que cooperan con la Policía. Así, un altercado en urgencias o en un colegio puede acabar en un procedimiento por atentado.
¿Te han detenido o te han citado por un atestado de la Policía en Madrid?
La defensa casi siempre se juega aquí. La resistencia tiene un valor residual frente al atentado: si no hay agresión ni violencia o intimidación grave, el hecho baja de tipo. Y la desobediencia o la resistencia que no sea grave ni delito pasa a la LOPSC, donde no hay prisión ni antecedentes penales, sino una multa administrativa.
Esa frontera depende de detalles que el atestado suele resumir en una frase: si el agente cumplía una orden legítima y concreta, si te la comunicó de forma clara, qué hiciste exactamente y cuánta fuerza usaste. Negarte a identificarte o dar un nombre falso se sanciona como infracción grave (art. 36.6 LOPSC).
La LOPSC distingue también la obstrucción que impide a un empleado público ejercer sus funciones, si no es delito (art. 36.4), y las faltas de respeto a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que son infracción leve (art. 37.4). Cuando el fiscal acusa por delito, pedimos subsidiariamente que los hechos se califiquen como infracción administrativa o como delito menos grave. Esa petición puede cambiar el resultado del caso.
Hay dos puertas de entrada: te detienen en el momento, o meses después te llega una citación como investigado. En ambas conviene actuar antes de declarar.
Durante la detención tienes derecho a un abogado, a guardar silencio y a no declarar contra ti mismo, y la ley limita el tiempo que puedes estar retenido antes de pasar a disposición judicial. Te recomendamos esperar a tu abogado y declarar solo cuando sepamos qué hay contra ti. Una declaración apresurada puede reconocer justo el elemento que el delito necesita.
Si la fase inicial es un juzgado de guardia, nuestra asistencia al detenido y asistencia penal urgente en Madrid cubre la comisaría y la comparecencia ante el juez. Si hay lesiones del agente o tuyas, se aporta el parte médico desde el primer momento, porque es prueba que se pierde con los días.
Muchos atentados y resistencias se tramitan por el procedimiento rápido. La ley lo permite para delitos con pena de hasta 5 años cuando se han incoado por atestado con detenido o citado ante el juzgado de guardia y los hechos son flagrantes o la instrucción es sencilla (art. 795 LECrim). Por eso es habitual que el calendario sea corto.
En ese contexto aparece pronto la oferta de conformidad: reconocer los hechos a cambio de una pena menor. Es una decisión que se toma con el atestado y el vídeo delante, no con prisa.
En unos casos conviene aceptarla, porque la prueba es sólida o porque evita una pena de prisión que se suspende. En otros, conviene ir a juicio, porque el único testimonio es el del agente y hay contradicciones.
Para el detalle del procedimiento, mira nuestra página de juicio rápido en Madrid. Si el atentado va unido a lesiones del agente, lo trabajamos junto con la defensa en lesiones y amenazas en Madrid.
Cuanto antes nos lo cuentes, más margen tendremos
Un delito contra la autoridad sigue el proceso penal como cualquier otro, y cada fase pide una respuesta distinta. En la instrucción, la Fiscalía y el juez reúnen la prueba: ahí pedimos diligencias, cuestionamos el atestado y buscamos el sobreseimiento. Si el procedimiento penal sigue adelante, la acusación formula su calificación y el tribunal practica la prueba en el juicio oral.
Tras la sentencia quedan la apelación ante la Audiencia Provincial y, en algunos casos, la casación ante el Tribunal Supremo. Valoramos con cada persona investigada o acusada si el recurso tiene recorrido.
En la pena pesan las circunstancias personales, la gravedad de los hechos, la relación previa con el agente y los daños causados, por ejemplo a un vehículo policial. Si hay condena firme, seguimos en la ejecución y, cuando toca, en el derecho penitenciario.
Somos un despacho de abogados penalistas con sede en el Paseo de la Castellana 121. Cada caso lo lleva un letrado colegiado que te explica la estrategia de defensa, la información de que disponemos y las posibilidades reales. Preparamos el juicio contigo, minuto a minuto: qué te preguntarán, cómo responder y qué documentos mostrar. Es un servicio a medida para cada cliente, con tu confianza como punto de partida.
Repasamos quién estaba a cargo de la actuación policial, qué cargos se te atribuyen, a qué hora ocurrieron los hechos, cuánto duró la intervención y qué medios de prueba existen.
Con eso medimos las consecuencias de cada calificación para tus intereses y fijamos el fin que buscamos: archivo, absolución o una pena menor. La preparación incluye la redacción de los escritos, la solicitud de diligencias y el asesoramiento sobre la posibilidad de una solución pactada.
Revisamos también la responsabilidad civil por lesiones o daños, el pago de la multa o de la indemnización, el límite de la pena y los requisitos de la suspensión. Informamos a tu familia si tú lo pides y partimos del principio de presunción de inocencia. La revisión de cada resolución y la representación procesal con procurador forman parte del trabajo.
Estas son las referencias que más condicionan la estrategia:
6 meses a 3 años
prisión por atentado contra agentes o funcionarios; 1 a 4 años y multa de 3 a 6 meses si es contra autoridad
Art. 550.2 CP
3 meses a 1 año
prisión, o multa de 6 a 18 meses, por resistencia o desobediencia grave
Art. 556.1 CP
1 a 3 meses
de multa por falta de respeto a la autoridad en el ejercicio de sus funciones
Art. 556.2 CP
601 a 30.000 euros
multa de las infracciones graves de la LOPSC, donde cae la desobediencia que no es delito; las leves van de 100 a 600 euros
Arts. 36.6 y 39.1 LOPSC
5 años
pena máxima de los delitos que pueden ir por juicio rápido
Art. 795 LECrim
Así ordenamos el trabajo desde la primera llamada.
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Nos cuentas qué pasó y nos enseñas la citación, el atestado o el auto que tengas. Si estás detenido, entramos nosotros en comisaría.
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Leemos qué delito se te imputa, qué agentes declaran y qué prueba objetiva existe: cámaras, partes médicos, audios, testigos.
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Preparamos contigo qué decir ante la Policía o el juez, y qué callar. Nada de improvisar.
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Pedimos que el delito baje de tipo, o que se archive, si los hechos no llegan a atentado ni a resistencia grave.
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Valoramos con datos la conformidad y, si no conviene, defendemos en la vista; si hay condena, estudiamos el recurso y la suspensión de la pena.
Un atestado no es una sentencia. Pedimos imágenes de cámaras municipales o de comercios, el registro de llamadas a la central, la identidad de los agentes presentes y la declaración de testigos ajenos a los hechos. Cuando hay contradicciones entre agentes, las ponemos en evidencia en el interrogatorio.
Muchas veces el atentado que se te atribuye es, como mucho, una resistencia o una desobediencia. Argumentamos que no hubo violencia ni intimidación graves, que la orden no era legítima o que el agente no actuaba en el ejercicio de sus funciones. Eso cambia la pena y, a veces, la vía.
Si el expediente es de la LOPSC, presentamos alegaciones, proponemos prueba y recurrimos la multa. Una infracción grave tiene una multa alta, así que no conviene pagarla sin revisar si hubo conducta infractora.
Si hay condena, valoramos la suspensión de la pena y, cuando se cumple, la cancelación de antecedentes penales en Madrid, para que el historial no te cierre puertas de trabajo.
Es el error más habitual. Quien quiere explicarse en la comisaría suele reconocer detalles que luego se usan como prueba de la violencia o de la negativa grave. Primero abogado, luego declaración.
Una frase de más convierte una infracción administrativa en una falta de respeto o en una resistencia. Si crees que el agente se excede, anota cuanto puedas y deja la discusión para el juzgado.
Las cámaras de comercios y locales conservan sus grabaciones poco tiempo y los testigos se pierden. Si crees que una imagen te favorece, pide cuanto antes que alguien la conserve y dínoslo en la primera cita.
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Opiniones de clientes
Depende de quién sea la víctima. Contra un agente o funcionario, prisión de 6 meses a 3 años; contra una autoridad, prisión de 1 a 4 años y multa de 3 a 6 meses; contra miembros del Gobierno, parlamentos, jueces o fiscales, de 1 a 6 años y multa de 6 a 12 meses (art. 550 del Código Penal). Si hay armas o un vehículo, la pena sube de grado.
El atentado exige agresión, o violencia o intimidación graves. La resistencia o desobediencia grave del 556.1 no llega a eso: es una negativa abierta y grave a obedecer. La primera lleva prisión de 6 meses o más; la segunda, de 3 meses a 1 año o multa.
Depende. Si solo hay una falta de respeto a un agente, suele ser infracción leve de la LOPSC con multa de 100 a 600 euros (art. 37.4). Puede ser delito cuando se dirige a una autoridad en sentido técnico (art. 556.2 CP) o va acompañado de actos que alcanzan el nivel de resistencia grave.
Es no cumplir una orden legítima, concreta y expresa de una autoridad o agente. Si la negativa es grave, es delito; si no, es infracción administrativa. Que el agente te exija algo no convierte cualquier negativa en delito: debe ser una orden legal y clara.
Sí, si el agente entiende que la desobediencia es grave o hay flagrancia. La detención no implica condena. Pide abogado, guarda silencio hasta hablar con él y no firmes nada sin leerlo.
Sí, si es agresión o violencia o intimidación graves contra un funcionario en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellas. Si solo hubo palabras o desacuerdo, no hay atentado.
Lo dicho como persona investigada puede usarse después, así que cuéntanos qué dijiste y lo valoramos. En la Comunidad de Madrid el atestado recoge tu versión y la de los agentes, y cada frase cuenta. El reconocimiento de los hechos se puede matizar con prueba posterior y, en ocasiones, con una nueva declaración ante el juez.
Sí. Si hay lesiones al agente, daños en su vehículo o amenazas, el fiscal puede acusar por varios delitos a la vez. Cada uno tiene su pena y su fuente de prueba, y analizamos por separado cada imputación: a veces la prueba de una no sirve para la otra.
No es automático. Cuando la pena es corta y no hay antecedentes, cabe pedir su suspensión. Pero en casos con violencia real o agravantes la prisión es un riesgo serio. Lo valoramos con tu atestado delante.
Tienes que acudir con abogado. Revisaremos el atestado, la prueba y la oferta de conformidad antes de la vista. No acudir sin justificación te perjudica.
Lleva el parte médico, pide imágenes y denuncia las lesiones. La contradicción entre su atestado y tus lesiones puede cambiar el caso. Nunca respondas a la fuerza.
Sí. Cuando eres víctima de un atentado como docente o sanitario, nos personamos como acusación particular en Madrid y pedimos la pena y la indemnización que correspondan.