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Casi nadie llega a este problema por un delito. Llega por una deuda, y el ámbito penal de la Seguridad Social empieza donde acaba la discusión administrativa: unas cuotas que se retrasaron en la crisis de tesorería de la empresa, una reclamación de la Tesorería General de la Seguridad Social, un acta de la Inspección de Trabajo y, meses después, una citación del juzgado que habla de un posible delito contra la Seguridad Social. En ese punto la deuda sigue ahí, pero ya hay también un proceso penal en marcha.
Un abogado de delitos contra la Seguridad Social en Madrid tiene que mirar los dos frentes a la vez, con conocimiento de derecho penal y del régimen de cotización. Por un lado, la liquidación: qué periodos se han sumado, qué conceptos cuentan y si de verdad se supera el umbral que separa la infracción administrativa del delito. Por otro, la estrategia penal: si hay margen para regularizar, qué decir en la declaración como investigado y a quién se atribuye cada decisión.
En nuestro bufete partimos del análisis del procedimiento abierto, sea inspector, administrativo o judicial, y de la posibilidad real de regularizar. Trabajamos con la confianza de quien nos enseña el expediente sin filtros. Atendemos al empresario o administrador con deuda de cuotas, al trabajador o pensionista al que se investiga por una prestación, al asesor o gestor que aparece como partícipe y a la empresa denunciada como persona jurídica. Si el caso toca también a Hacienda, porque el fraude fiscal y el de cuotas suelen ir juntos, lo coordinamos con nuestra defensa por delito fiscal, y siempre dentro del equipo de abogados penalistas en Madrid del despacho.

El Título XIV del Código Penal agrupa varias conductas con reglas parecidas.
– Eludir el pago de cuotas y conceptos de recaudación conjunta, por acción u omisión – Obtener devoluciones indebidas o disfrutar deducciones indebidas – Cuantía superior a 50.000 euros, sumando cuatro años naturales – Presentar los documentos de cotización no excluye el delito si se acredita por otros hechos
– Cuantía superior a 120.000 euros – Defraudación dentro de una organización o grupo criminal – Personas o sociedades interpuestas, instrumentos fiduciarios o paraísos fiscales que ocultan al obligado o la cuantía
– Obtener o prolongar prestaciones del Sistema de la Seguridad Social mediante simulación, tergiversación u ocultación de hechos que había deber de comunicar – Bajas, desempleo, pensiones o ayudas cobradas sin derecho – También castiga a quien facilita a otro obtenerlas
– La persona jurídica puede responder cuando el delito se comete en su beneficio – Multa proporcional a lo defraudado y pérdida de ayudas y beneficios – Posible prohibición de contratar con las Administraciones Públicas
– Dar ocupación a una pluralidad de trabajadores sin comunicar su alta ni obtener la autorización de trabajo – Solo cuando el número de afectados alcanza los porcentajes que fija el artículo – También castiga imponer condiciones ilegales con engaño o abuso de situación de necesidad – Es un delito contra los derechos de los trabajadores, no de cuotas, y se mide por el número de trabajadores
¿Te ha llegado una actuación de la Inspección o una querella por cuotas o prestaciones en Madrid?
Cuando se investiga a una persona y no a una empresa, casi siempre hay una prestación detrás. El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) o el servicio público de empleo detectan una incoherencia, abren un procedimiento de reintegro y, si aprecian engaño, trasladan la información al Ministerio Fiscal. La respuesta penal depende de un solo punto: si hubo ocultación consciente o un error de quien no sabía que debía avisar.
Cobrar una pensión por incapacidad laboral permanente, una gran incapacidad o una invalidez mientras se trabaja de forma incompatible es el supuesto más habitual. Se examina el diagnóstico, la enfermedad o el accidente que originó la pensión, la modificación posterior de tu situación, el tipo de actividad y lo que se comunicó al INSS, con la relación laboral a la vista. No es lo mismo trabajar sin avisar que desarrollar una actividad que la propia resolución permitía.
Compatibilizar el desempleo con un trabajo no comunicado, mantener una prestación por discapacidad sin reunir ya los requisitos o declarar mal la situación familiar en una solicitud también acaba en denuncia. En la jubilación pesa la edad y la cotización reconocida. En todos los casos, lo que decide es qué sabías, qué firmaste y qué te explicaron en cada trámite. El medio usado, un certificado, una declaración o un silencio, pesa al graduar la pena, y tener reconocido un derecho a la prestación no convierte en delito el hecho de cobrarla.
Un aviso de la Inspección no equivale a delito. La impugnación de un alta médica o discutir el grado de incapacidad permanente es un conflicto de Seguridad Social, no un asunto penal. Lo penal empieza solo si se prueba simulación o tergiversación para conseguir el cobro, y esa comisión debe acreditarse más allá del simple cobro.
Las cifras de abajo son las del Código Penal vigente. Lo que se impone al final depende de la cuantía acreditada, de las circunstancias y de lo que hagas antes de juicio.
50.000 euros
umbral del delito de cuotas, calculado sobre el total defraudado durante cuatro años naturales
Art. 307.1 y 307.2 CP
1 a 5 años
de prisión y multa del tanto al séxtuplo de la cuantía, más pérdida de ayudas y beneficios de 3 a 6 años
Art. 307.1 CP
2 a 6 años
de prisión y multa del doble al séxtuplo si se superan 120.000 euros, hay organización o se usan testaferros
Art. 307 bis CP
2 meses
desde la citación judicial como investigado para pagar la deuda, reconocer los hechos y pedir la pena inferior en uno o dos grados
Art. 307.5 CP
6 meses a 3 años
de prisión en el fraude de prestaciones; de 2 a 6 años si lo cobrado supera los 50.000 euros
Art. 307 ter CP
5 o 10 años
de prescripción: 5 en el tipo básico y 10 cuando la pena máxima pasa de 5 años
Art. 131 CP
Cada caso tiene su ritmo, pero el recorrido habitual en Madrid, con sus trámites y plazos, es este. Quien se entera tarde pierde la oportunidad de regularizar. Los pasos:
Mientras dura la causa, el cobro no se detiene, y la autoridad judicial puede adoptar medidas cautelares sobre cuentas o bienes. El proceso penal no paraliza la liquidación y el cobro administrativo, salvo que el juez lo acuerde previa prestación de garantía, y la deuda definitiva se ajusta a lo que decida el proceso penal (art. 307.4 CP). Si se vacían cuentas o se venden bienes para no pagar, puede sumarse un alzamiento de bienes.
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La Inspección de Trabajo y Seguridad Social requiere documentación, cruza nóminas, altas y cotizaciones y levanta acta de liquidación con la deuda que atribuye a la empresa.
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La comunicación formal de las actuaciones inspectoras es el hito que cierra la regularización con efectos penales. Hasta ese día, pagar todo lo debido te protege de verdad.
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El Ministerio Fiscal o el Letrado de la Seguridad Social presentan el escrito ante la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid.
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El juez te cita como investigado, pide la documentación de cotización y suele encargar un informe pericial. Podemos aportar un perito propio; la entrega de documentos conviene hacerla con criterio.
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Lo enjuicia la Sección de lo Penal o la Audiencia Provincial, según la pena que pida la acusación. La sentencia admite recurso. En los supuestos que prevé la ley cabe casación ante el Tribunal Supremo, y el resultado de cada instancia arrastra también la responsabilidad civil.
Cuanto antes nos lo cuentes, más margen tendremos
Hacemos un análisis del expediente y rehacemos la cuenta desde cero. Separamos cuotas de intereses, recargos y conceptos que no cuentan, comprobamos qué periodos entran en los cuatro años naturales y qué trabajadores estaban de alta de verdad, apoyándonos en el informe de vida laboral y en los modelos de cotización. Una cifra mal sumada puede dejar el caso por debajo de 50.000 euros y convertir un delito en un asunto administrativo, con su propia sanción. Medimos así la viabilidad de cada línea de defensa antes de decidir nada. También tiene importancia el motivo por el que se dejó de cotizar: no es lo mismo una crisis de tesorería que un sistema pensado para no pagar, y esa realidad es la que tiene que conocer el juez.
Regularizar es reconocer y pagar toda la deuda antes de que se notifique la inspección o, si no la hay, antes de la querella o de actuaciones que den conocimiento formal de diligencias. Si todavía estás a tiempo, preparamos el pago y su justificación. Si ya no, valoramos el pago dentro de los dos meses desde la citación como investigado para bajar la pena, antes de que el juez pueda dictar sentencia.
La responsabilidad civil incluye la deuda que la Administración no pudo liquidar por prescripción, con intereses de demora. Planteamos soluciones de pago acordes con la capacidad económica real, incluida la indemnización a la Seguridad Social, algo que además pesa después en la suspensión de la pena de prisión (art. 308 bis CP).
Te damos asistencia letrada desde la primera citación y, si hay detención o comparecencia en comisaría, antes de declarar. Preparamos tu declaración como investigado, con la presunción de inocencia que reconoce la Constitución, el estudio previo del acceso al expediente, discutimos el dolo y la autoría, impugnamos la prueba pericial cuando se sostiene mal y defendemos tu posición en la vista. Si eres administrador, separamos tus decisiones de las de otros cargos, de los socios o de quien llevaba la gestión diaria. Si hace falta, un profesional independiente actúa como perito. Si el caso admite un acuerdo de conformidad con la acusación, valoramos si compensa frente al riesgo del juicio, y cuidamos el patrimonio afectado y la documentación que se entrega. Si la sociedad estaba en crisis, lo vemos junto al derecho mercantil de la empresa. Contar con abogado desde el principio permite poner a disposición del juzgado la documentación ordenada y ofrecer una defensa coherente en cada ocasión en que declares.
Es derecho penal económico en estado puro: la prevención de riesgos penales. Cuando la investigada es la sociedad, vemos si había controles internos sobre altas, bajas y cotizaciones, quién los supervisaba y qué se puede acreditar. Ese orden de responsabilidades marca el nivel de riesgo y la protección de la empresa y de sus directivos. Después dejamos un compliance básico para evitar que se repita, con una orientación clara a quien lleva las altas y los pagos. El enfoque es preventivo: revisamos las normas internas, la formación de quien gestiona las nóminas y las condiciones de trabajo que podrían llevar al artículo 311, con un asesoramiento que cruza la legislación de la Seguridad Social y el Código Penal.
Llega con un acta de la Inspección o una querella del Letrado de la Seguridad Social y pregunta si hay delito, cuánto se juega y si puede pagar a tiempo. Ordenamos la deuda por años naturales y vemos qué cabe discutir. Si hay también una demanda por despido o un convenio colectivo en juego, lo coordinamos con un abogado laboralista del despacho, porque el derecho laboral influye en cómo se calculan las cotizaciones.
Cobró una baja, el desempleo o una pensión y se le acusa de haber ocultado un hecho que debía comunicar, como un trabajo o un cambio de situación. Pesa mucho el dolo, que tiene que probar la acusación, y devolver lo cobrado con sus intereses antes de la notificación o de la querella exime de pena (art. 307 ter.3 CP).
A veces la acusación alcanza al gestor que presentó los documentos. Estudiamos qué sabía, qué le pidió el cliente y qué constaba en los papeles, porque su defensa puede ir por otro camino que la de la empresa.
Cuando responde la persona jurídica, con su representación legal en el proceso, la defensa pasa por probar qué controles tenía y quién actuaba en su nombre y qué uso se hizo de sociedades vinculadas.
Cuanto más completa sea la información, más sólida será la primera valoración.
Con esto podemos darte una primera valoración de riesgo penal:
Un pago parcial no regulariza. La ley exige reconocimiento y pago completos de la deuda, y solo antes del hito que marca el artículo 307.3. Un pago a medias puede servir como atenuante, pero no te saca del proceso.
Lo que se firma en una diligencia de la Inspección acaba en el expediente que lee el juez, y una falsedad documental detectada en nóminas o contratos puede sumarse a la causa, salvo que la deuda se regularice a tiempo. Conviene repasar cada respuesta con visión penal, no solo laboral.
Deber cuotas no es delito, y una sanción administrativa tampoco. Hace falta superar el umbral y que haya defraudación, es decir, ocultación o engaño. Muchos expedientes por impago puro se quedan en el terreno administrativo si se demuestra que el impago fue por falta de liquidez y no por ocultación. Si lo que tienes es una deuda sin delito, mira la vía de deudas con Hacienda y la Seguridad Social. Tampoco es un delito fiscal: las cuotas no son un impuesto ni la acreedora es la Hacienda Pública, aunque la vía judicial y la jurisdicción penal sean las mismas. Si aparece un delito relacionado, como una falsedad en los documentos, la regularización a tiempo también lo cubre (art. 307.3 CP).
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Opiniones de clientes
Cuando la cuantía eludida supera 50.000 euros, calculada sobre el total defraudado durante cuatro años naturales. Por debajo de esa cifra es una infracción administrativa. Por encima de 120.000 euros se aplica el tipo agravado del artículo 307 bis.
Prisión de 1 a 5 años y multa del tanto al séxtuplo de la cuantía, más la pérdida de subvenciones y beneficios de la Seguridad Social durante 3 a 6 años. En el tipo agravado, prisión de 2 a 6 años y multa del doble al séxtuplo.
A los 5 años en el tipo básico y a los 10 cuando la pena máxima supera los 5 años, como en el artículo 307 bis y en el 307 ter.2. Es un plazo penal, distinto del que tiene la Administración para liquidar la deuda.
Sí, si pagas todo antes de que te notifiquen el inicio de las actuaciones inspectoras o, si no las hubo, antes de la querella o denuncia del Fiscal o del Letrado de la Seguridad Social. Después de ese momento ya no excluye el delito, aunque puede rebajar la pena.
Tienes dos meses desde la citación judicial para pagar la deuda y reconocer los hechos ante el juez. Con eso el tribunal puede imponer la pena inferior en uno o dos grados. Es una decisión que se toma con la liquidación revisada, no a ciegas.
No. La Seguridad Social puede seguir con la liquidación y el cobro, salvo que el juez acuerde suspenderlos previa prestación de garantía. Si no puedes prestarla, excepcionalmente cabe una dispensa cuando la ejecución causaría daños irreparables.
Obtener o prolongar prestaciones de la Seguridad Social, como una baja, el desempleo o una pensión, engañando o callando hechos que había obligación de comunicar. Se castiga con prisión de 6 meses a 3 años, o con multa si no reviste especial gravedad.
Es posible en los casos graves, pero hay salidas. Si devuelves lo cobrado con el interés legal del dinero aumentado en dos puntos antes de la notificación de la actuación o de la querella, quedas exento de responsabilidad criminal (art. 307 ter.3 CP).
Pueden responder los dos, y un tercero que participó, como un gestor, también. El administrador, como persona física, y la sociedad como persona jurídica si el delito se cometió en su beneficio y faltaban controles eficaces. Las penas de la empresa son multa, pérdida de ayudas y, en su caso, prohibición de contratar con las Administraciones.
Puede serlo si ocultas el trabajo de forma consciente y se produce un perjuicio a la Administración. Si lo cobrado es poco y el caso no es grave, la ley prevé solo multa; además, devolver lo percibido con el interés legal antes de la notificación de la actuación o de la querella te exime de pena.
La sanción la impone la Inspección en un procedimiento administrativo y se recurre en vía administrativa o judicial social o contencioso-administrativa. El delito exige superar el umbral, engaño u ocultación y lo juzga un tribunal penal, con antecedentes si hay condena.
No. El delito fiscal protege a Hacienda y tiene un umbral de 120.000 euros por tributo y periodo. El delito contra la Seguridad Social protege cuotas y prestaciones, con umbral de 50.000 euros en cuatro años. Un mismo caso puede tocar los dos.
Sí, si se cumplen los requisitos generales y has abonado la deuda con la Seguridad Social o te comprometes a pagarla según tu capacidad económica. Si no cumples teniendo capacidad de pago, la suspensión se revoca (art. 308 bis CP).
Dar ocupación a una pluralidad de trabajadores sin comunicar su alta es el delito del artículo 311 y se mide por porcentajes de la plantilla, no por una cuantía de cuotas. Si además te ha llegado un acta de la Inspección, revisamos la denuncia ante la Inspección de Trabajo y el riesgo penal juntos.