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Lo esencial
Un expediente disciplinario no es una queja interna ni una conversación con tu jefe de servicio. Es un procedimiento sancionador con instructor, plazos, prueba y una resolución que puede acabar en apercibimiento, en traslado forzoso, en suspensión de funciones o en la separación del servicio. Lo que digas o firmes en las primeras semanas pesa en todo lo que viene después, también en un posible juicio.
Como abogado de expediente disciplinario de funcionario en Madrid, empezamos por lo que suele pasarse por alto: quién ha ordenado la incoación, si los hechos están descritos con precisión, si alguna falta ya ha prescrito y si el procedimiento respeta la separación entre quien instruye y quien sanciona, que la ley exige (art. 98.2 TREBEP). Con ese análisis del caso decidimos contigo la estrategia jurídica: negar los hechos, discutir su calificación, pedir prueba o centrar el esfuerzo en que la sanción sea proporcionada. Cada cliente tiene una carrera profesional y una estabilidad que proteger, y cada decisión del proceso tiene una consecuencia: por eso te damos una respuesta clara antes de cada paso y no cuando el problema ya no tiene solución.
Defendemos a funcionarios de carrera e interinos de la Administración General del Estado con destino en Madrid, de la Comunidad de Madrid y de los ayuntamientos de la región, y también a personal estatutario de los servicios de salud y a docentes. Si eres personal laboral con contrato indefinido o temporal, tu régimen disciplinario se rige además por el convenio y la legislación laboral (art. 93.4 TREBEP), y te lo decimos desde el principio: si el expediente termina en despido disciplinario, la vía para reclamar es otra, y el personal laboral fijo tiene derecho a la readmisión cuando el despido por falta muy grave se declara improcedente (art. 96.2 TREBEP). Lo mismo vale para quien trabaja en una empresa pública con contrato laboral. Para ver el resto del servicio, entra en nuestros abogados de derecho administrativo en Madrid.

Son las que el propio Estatuto enumera: abandono del servicio, notorio incumplimiento de las funciones esenciales, desobediencia abierta a una orden que no sea manifiestamente ilegal, uso indebido de información a la que accedes por tu cargo, incumplimiento de las incompatibilidades, acoso laboral o discriminación (art. 95.2 TREBEP). Son las únicas que permiten la separación del servicio.
El Estatuto deja a las leyes de función pública su lista, atendiendo al grado en que se vulnera la legalidad, al daño causado y al descrédito de la Administración (art. 95.3 TREBEP). En el Estado siguen aplicándose las del RD 33/1986: abuso de autoridad, grave desconsideración con compañeros o superiores, daños graves en el material, faltas de rendimiento, entre otras.
Retrasos injustificados, un día de ausencia sin justificar, incorrección con el público o descuido en el trabajo. Se sancionan por un procedimiento sumario, sin expediente completo pero siempre con audiencia al interesado (art. 98.1 TREBEP). Que sea leve no significa que no cuente: queda anotada y puede pesar en la reincidencia.
La suspensión firme puede durar hasta seis años (art. 96.1.c TREBEP). Durante ese tiempo no trabajas ni cobras, y si supera el periodo de suspensión provisional puede costarte el puesto. Discutimos su duración con los criterios de graduación: intencionalidad, daño al interés público, reincidencia y grado de participación (art. 96.3).
El traslado forzoso, con o sin cambio de localidad, y el demérito, que penaliza la carrera, la promoción y la movilidad, parecen sanciones menores, pero condicionan años de vida profesional (art. 96.1.d y e TREBEP). Revisamos si la conducta descrita encaja de verdad en la falta que justifica esas sanciones y si el cumplimiento de la sanción, una vez firme, puede causar un perjuicio desproporcionado a tu actividad profesional.
Es la sanción más grave: pierdes la condición de funcionario de carrera o, si eres interino, se revoca tu nombramiento (art. 96.1.a TREBEP). En la Administración del Estado la acuerda el Consejo de Ministros, que antes oye a la Comisión Superior de Personal (art. 47 RD 33/1986). Aquí la defensa tiene que estar preparada para el juzgado desde el primer escrito.
¿Te han notificado la incoación de un expediente disciplinario o un pliego de cargos?
El procedimiento lo abre siempre la propia Administración, por iniciativa del órgano, por orden superior, por moción razonada de los subordinados o por denuncia (art. 27 RD 33/1986). Antes de abrirlo, la Administración puede hacer una información reservada (art. 28): unas diligencias previas en las que a veces te piden declarar. No estás obligado a improvisar: puedes pedir tiempo, acudir con abogado y saber en calidad de qué te llaman.
Con la incoación se nombra instructor y, si hace falta, secretario, y se te notifica (arts. 30 y 31). Si alguno tiene interés en el asunto o enemistad contigo, se le puede recusar desde que conoces su nombre (art. 32). En ese mismo acuerdo pueden adoptarse medidas provisionales, como la suspensión provisional de funciones, que tiene límites claros: no más de seis meses y con derecho a las retribuciones básicas mientras dure (art. 98.3 TREBEP).
En el plazo de un mes desde la incoación, el instructor formula el pliego de cargos con los hechos numerados, la falta que cree cometida y la sanción posible (art. 35 RD 33/1986). Tienes diez días para contestarlo y pedir las pruebas de tu defensa (art. 36). Después vienen la prueba, la vista del expediente con otros diez días de alegaciones (art. 41) y la propuesta de resolución, que también puedes contestar en diez días (art. 43). La resolución no puede basarse en hechos distintos de los del pliego y la propuesta (art. 45.2). Si no estás de acuerdo con la propuesta, ese desacuerdo hay que razonarlo por escrito: es la última posibilidad de convencer al órgano que resuelve antes de que se dicte la resolución administrativa.
Si la instrucción encuentra indicios fundados de delito, el expediente se suspende y se da cuenta al Ministerio Fiscal (art. 94.3 TREBEP). Los hechos que una sentencia firme declare probados vinculan después a la Administración. Por eso, cuando hay una denuncia por cohecho, malversación o prevaricación detrás, coordinamos la defensa administrativa con nuestros abogados de delitos de corrupción en Madrid: lo que declares en un procedimiento se puede usar en el otro.
Si te preguntas si necesitas asesoramiento o si basta con contestar tú, piensa en el riesgo real: una sanción firme supone una pérdida de derechos que después cuesta años recuperar, y a veces una pérdida económica inmediata. Quien recibe un pliego de cargos suele sentir que la Administración pública ya ha decidido. No es así: el procedimiento administrativo existe precisamente para que puedas defender tus derechos frente a ella, y nuestro objetivo es que cada punto de tu versión llegue al instructor con pruebas.
Prestamos asesoramiento a personal de todo el sector público: funcionarios de la Administración del Estado, de la Comunidad de Madrid y de ayuntamientos, personal sanitario de hospitales públicos, docentes, empleados de entidades y empresas del sector público y empleado público temporal. La necesidad de cada persona es distinta, y el trato también: individualizado, con un abogado que conoce tu expediente y que te explica de forma clara y comprensible qué es aplicable a tu caso y qué no.
Te damos orientación desde la primera comunicación de la Administración, revisamos la redacción de cada escrito antes de tu firma y te avisamos de cualquier modificación de los plazos. Si necesitas ayuda de abogado en una declaración, vamos contigo. Cuando el expediente nace de una situación de abuso o de un trato que consideras injusto o irregular, lo analizamos para que quede documentado desde el principio.
Nuestros abogados asesoran tanto a funcionarios como a personal laboral de las administraciones públicas, y también a particulares que tienen un problema legal con su empleo público. Analizar el caso con calma da seguridad y tranquilidad: sabes qué obligación tienes en cada fase, qué valor tiene cada prueba y qué riesgo corres. La confianza se gana con información, no con promesas sobre el resultado.
Cuanto antes nos lo cuentes, más margen tendremos
No todos los empleados públicos tienen el mismo reglamento. El Cuerpo Nacional de Policía tiene su propia Ley Orgánica 4/2010, la Guardia Civil la Ley Orgánica 12/2007 y el personal estatutario de los servicios de salud, el Estatuto Marco de la Ley 55/2003. Los funcionarios de la Comunidad de Madrid se rigen además por su Ley 1/1986 de la Función Pública, y los de los ayuntamientos por el Estatuto y la normativa de régimen local. Lo primero que hacemos es identificar qué norma te aplica, porque cambian las faltas, los plazos y el órgano que sanciona. Si eres policía, el expediente puede venir derivado de una actuación en servicio; si eres sanitario, de una queja de un familiar de un paciente; si trabajas en un ayuntamiento, de una licencia urbanística o de una actividad municipal. En cada rama del derecho público el camino es distinto, y por eso la especialidad del abogado en función pública importa.
Nuestro despacho de abogados lleva además otras materias de derecho administrativo, como la contratación pública, las licitaciones y el urbanismo y la edificación en Madrid, pero aquí nos centramos en tu relación de empleo. El expediente disciplinario es solo una de las formas en que un empleado público entra en conflicto con la Administración como empleadora. Muchas veces llega a la vez que otro problema laboral, y conviene que el mismo equipo de derecho público vea todo el ámbito de tu relación con la Administración.
Un funcionario interino nombrado para una plaza vacante no debería seguir en ella más de tres años (art. 10.1.a TREBEP). Cuando la temporalidad se encadena durante años, el personal temporal puede reclamar. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre el abuso de temporalidad ha cambiado mucho este terreno, y estudiamos tu situación concreta antes de prometer nada.
La Ley 20/2021, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, abrió procesos de estabilización por concurso de méritos y concurso-oposición. Si te han excluido, te han valorado mal la antigüedad o has perdido la plaza, revisamos la convocatoria y la puntuación con el mismo rigor que un expediente.
Un opositor puede recurrir la lista de admitidos, la calificación de un ejercicio o la resolución de un concurso de traslados. Son actos administrativos con plazos cortos, y el criterio de igualdad, mérito y capacidad es la base de la impugnación.
El cese de un interino, la falta de pago de trienios o complementos, o un perjuicio causado por el funcionamiento de la Administración pueden dar lugar a una reclamación administrativa y, si no se atiende, a un procedimiento contencioso-administrativo. También vemos casos de cese o de cambio de puesto derivado de una incapacidad, y la compensación que corresponde. Cuando hay un daño evaluable, valoramos también la responsabilidad patrimonial y la indemnización.
10 días
para contestar el pliego de cargos y proponer prueba en la Administración del Estado
art. 36 RD 33/1986
1 mes
para la práctica de las pruebas admitidas
art. 37 RD 33/1986
6 meses
límite de la suspensión provisional, salvo paralización imputable al funcionario
art. 98.3 TREBEP
6 años
duración máxima de la suspensión firme de funciones
art. 96.1.c TREBEP
3 años, 2 años y 6 meses
prescripción de las faltas muy graves, graves y leves
art. 97 TREBEP
1 mes / 2 meses
recurso de alzada o de reposición contra la sanción / recurso contencioso-administrativo
arts. 122 y 124 Ley 39/2015 y art. 46 Ley 29/1998
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Pedimos copia del expediente (tienes derecho a ella, art. 41 RD 33/1986), comprobamos la cronología, las notificaciones y la prescripción.
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Decidimos contigo qué hechos se niegan, cuáles se explican y qué calificación se discute, siempre por escrito y antes de cada trámite.
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Redactamos la contestación al pliego, proponemos testigos, documentos e informes, y estamos en cada declaración ante el instructor.
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Si llega la sanción, preparamos la alzada o la reposición dentro del mes y pedimos que no se ejecute mientras se resuelve, cuando cabe.
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Si la Administración mantiene la sanción, la llevamos al juzgado o al tribunal que corresponda con la misma línea de defensa.
Prescripción de la falta, órgano incompetente, hechos imprecisos, instructor recusable, plazos vencidos o una actuación administrativa incorrecta: lo comprobamos antes de entrar en el fondo, porque a veces el expediente cae por ahí.
La contestación al pliego es el escrito que más pesa. La armamos con documentos, cuadrantes, correos, testigos y tu versión ordenada, y pedimos las diligencias que la Administración no ha hecho.
Una sanción adecuada y equitativa a lo probado es un derecho fundamental del procedimiento sancionador. Muchos expedientes no discuten si pasó algo, sino si eso es falta muy grave o grave. Defendemos la calificación más leve y una sanción proporcionada a lo probado, con los criterios del art. 96.3 TREBEP.
Preparamos el recurso contencioso-administrativo, pedimos la medida cautelar de suspensión cuando la ejecución haría perder su finalidad al recurso (art. 130 Ley 29/1998) y te representamos en todo el procedimiento con nuestros abogados de contencioso-administrativo en Madrid.
Se plantea como un trámite informal, pero lo que digas entra en el expediente. Mejor ir con los hechos ordenados y, si puedes, acompañado.
Diez días pasan rápido. Si no pides prueba en la contestación, después es difícil que el instructor la practique, y si deniega la que pides, debe motivarlo (art. 37.2 RD 33/1986).
Asumir los hechos puede cerrar el expediente, pero también fija la calificación, la sanción y su anotación en el registro de personal. Antes, calculamos qué te juegas.
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Opiniones de clientes
Es el procedimiento que abre la Administración para comprobar si un empleado público ha cometido una falta y, en su caso, sancionarla. Tiene una fase de instrucción, con pliego de cargos y prueba, y una resolución que dicta un órgano distinto del instructor (art. 98.2 TREBEP).
Depende de la norma que te aplique. En el Estado, el pliego debe formularse en un mes desde la incoación y la prueba dispone de otro mes. Si el expediente se paraliza más de seis meses por causa que no te es imputable, el plazo de prescripción vuelve a correr (art. 20.2 RD 33/1986).
A los tres años las muy graves, a los dos las graves y a los seis meses las leves, contados desde que se cometieron o desde que cesaron si son continuadas (art. 97 TREBEP). Es lo primero que comprobamos.
Pueden acordar la suspensión provisional de funciones, pero sigues cobrando las retribuciones básicas y, en su caso, las prestaciones por hijo a cargo, y no puede durar más de seis meses salvo que la paralización sea culpa tuya (art. 98.3 TREBEP). Si al final no hay sanción, te deben la diferencia.
No es obligatorio en vía administrativa, pero sí muy recomendable desde el pliego de cargos: una defensa legal técnica y rigurosa, con conocimiento de la regulación de función pública, sirve para proteger tus derechos y tu estabilidad laboral. La mayoría de los errores que vemos se cometen antes de pedir apoyo. Para recurrir ante un órgano judicial unipersonal, la ley exige ir asistido por abogado (art. 23 Ley 29/1998).
Es el documento en el que el instructor concreta los hechos que te imputa, en párrafos numerados, la falta que cree cometida y la sanción posible (art. 35 RD 33/1986). La resolución final no puede salirse de esos hechos.
Sí. Si no agota la vía administrativa, con recurso de alzada en un mes; si la agota, con reposición potestativa en un mes o directamente con recurso contencioso-administrativo en dos meses (arts. 122 y 124 Ley 39/2015 y art. 46 Ley 29/1998). Tienes más opciones en nuestra página de recursos administrativos en Madrid.
Depende de quién firme la sanción. Las de un ayuntamiento, de la Comunidad de Madrid o de la Administración periférica del Estado suelen ir a los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, salvo que afecten al nacimiento o la extinción de la relación de servicio de un funcionario de carrera (art. 8 Ley 29/1998). Las de un ministro van a los Juzgados Centrales (art. 9) y la separación acordada por el Consejo de Ministros, al Tribunal Supremo (art. 12). Lo comprobamos con tu resolución en la mano.
La resolución sancionadora es ejecutiva cuando ya no cabe recurso ordinario en vía administrativa (art. 90.3 Ley 39/2015). Mientras recurres en alzada o reposición no se ejecuta; en el juzgado hay que pedir la medida cautelar de suspensión.
El expediente se suspende cuando hay indicios fundados de delito y la Administración queda vinculada por los hechos probados en sentencia firme (art. 94.3 TREBEP). Conviene llevar las dos defensas coordinadas.
Las sanciones se anotan en el registro de personal y pueden cancelarse; las canceladas no cuentan para la reincidencia (art. 51 RD 33/1986). Te decimos cuándo puedes pedirlo.
Por cualquier conducta que la ley de función pública que te aplica tipifique como falta: desde un retraso injustificado hasta el abandono del servicio o una situación de incompatibilidad. Sin falta tipificada no hay sanción posible (principio de legalidad y tipicidad, art. 94.2.a TREBEP).
Por teléfono, por WhatsApp o con el formulario de esta página; estamos disponibles para una cita previa con un trato atento y personalizado, sin la distancia de una asesoría genérica. Envíanos el acuerdo de incoación o el pliego de cargos y te decimos qué plazo te queda y qué haríamos primero.