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Cuando una sociedad retrasa el pago a Hacienda, a la Seguridad Social o a los proveedores, casi todos los administradores esperan a que entre el cobro grande, piden otra póliza o ponen dinero propio. A veces la situación económica se endereza. Cuando no, el problema pasa a ser del administrador, porque el texto refundido de la Ley Concursal (TRLC, Real Decreto Legislativo 1/2020, reformado por la Ley 16/2022) le impone un plazo y le pide cuentas si lo deja pasar.
El derecho concursal ofrece varias salidas, y un abogado concursal en Madrid sirve, antes que nada, para poner fecha a esa decisión. Con la información contable delante, hacemos el análisis de la situación de insolvencia de la empresa y te decimos qué opciones tienes: negociar con los acreedores bajo la protección del juzgado, homologar un plan de reestructuración o solicitar el concurso de acreedores.
Cada solución tiene plazos y consecuencias distintas para ti como administrador. Conviene conocerlas antes de firmar nada y antes de pactar con un solo acreedor, porque ese acuerdo a escondidas es lo primero que mira el juez.
Los abogados de concurso de acreedores en Madrid del equipo se ocupan del diagnóstico, de la preparación de la comunicación al juzgado o de la solicitud del concurso, y de tu defensa si se abre la sección de calificación. Trabajamos con el empresario, su administrador y su economista, para que tanto la estrategia financiera como la jurídica vayan juntas. Como despacho de abogados concursal en Madrid, damos a cada cliente asesoría con la normativa concursal en la mano, orientación clara, confianza y la reserva del secreto profesional.
Este servicio de derecho concursal y derecho mercantil forma parte del trabajo de nuestros abogados mercantilistas en Madrid. Si el origen del problema es un conflicto entre socios o una junta bloqueada, lo vemos junto con el equipo de derecho societario en Madrid. Si quien tiene las deudas es una persona física, sea autónomo o empresario sin sociedad, su vía es la Ley de Segunda Oportunidad, con su propia exoneración del pasivo insatisfecho, que se tramita de otra forma.

En una crisis empresarial la ley distingue tres grados de dificultad y a cada uno le asigna un tipo de instrumento distinto. Situar bien a la empresa es el punto de partida, porque de ello depende qué alternativa puedes usar.
¿Tu empresa ya no llega a fin de mes y no sabes si toca concurso o preconcurso?
Estas cifras marcan el calendario de pagos y decisiones de una sociedad en crisis. La primera cuenta desde el conocimiento de la insolvencia, no desde la primera demanda.
2 meses
para solicitar el concurso desde que conociste o debiste conocer la insolvencia actual; se presume que la conocías si hay impagos generalizados o embargos
fuente: arts. 5 y 2.4 TRLC
3 meses
de protección tras comunicar la apertura de negociaciones: los acreedores no pueden iniciar ejecuciones sobre bienes necesarios para la actividad y se suspenden las que estén en marcha
fuente: arts. 600 y 601 TRLC
3 meses más
de prórroga posible, a petición del deudor o de acreedores con más del 50 % del pasivo afectado por el plan
fuente: art. 607 TRLC
1 mes
para pedir el concurso cuando acaba la protección sin plan de reestructuración, si la insolvencia es actual
fuente: art. 611 TRLC
El procedimiento judicial depende de la vía elegida; en el proceso concursal habitual de las empresas que nos consultan, el recorrido es este.
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Revisamos balance, activos y su valor, deudas con Hacienda y Seguridad Social, pólizas, avales personales y ejecuciones en curso para fijar en qué estado de insolvencia está la sociedad y qué necesidades de tesorería tiene.
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Si hay margen, el órgano de administración comunica al juzgado por vía electrónica la apertura de negociaciones, con la relación de acreedores e importes y, si interesa, la solicitud de un profesional independiente que dirija las negociaciones (arts. 585 y 586 TRLC). Puede pedirse que sea reservada.
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Negociamos por clases un plan que puede cambiar plazos, quitas, garantías o incluso la venta de una unidad productiva (art. 614 TRLC). Cada clase lo aprueba con más de dos tercios de su pasivo, o tres cuartos si hay garantía real (art. 629 TRLC), y pedimos su homologación.
4
Si no hay plan viable, preparamos la presentación de la solicitud ante la Sección de lo Mercantil, con procurador y firma de abogado, acreditando la insolvencia (art. 6 TRLC) y con memoria, inventario, acreedores y cuentas de los tres últimos ejercicios (arts. 7 y 8 TRLC).
5
Se abre la fase común. El juez nombra al administrador concursal, la figura que supervisa o sustituye tus decisiones, fija si tus facultades quedan intervenidas o suspendidas y llama a los acreedores a comunicar sus créditos.
6
La sociedad llega a un convenio o pasa a la fase de liquidación, y en la sección de calificación una resolución judicial decide si el concurso es fortuito o culpable.
Es una figura distinta de ti y de nosotros, y en el marco del concurso conviene conocer su ámbito de actuación antes del auto de declaración.
Lo nombra el auto de declaración (art. 28 TRLC). Como regla general, recae en quien figura en el Registro público concursal y le toca por turno; en los concursos más complejos, el juez designa a la persona habilitada que mejor encaje (art. 62 TRLC).
El auto fija si tus facultades quedan intervenidas o suspendidas (art. 28.1.2.º TRLC). Además, solo la administración concursal puede ejercitar las acciones de responsabilidad de la sociedad contra sus administradores, de derecho o de hecho (art. 132 TRLC).
Tú y quienes administraron en los dos años anteriores debéis comparecer, colaborar e informar cuando se os pida (art. 135 TRLC). Preparamos contigo esa información, con eficacia y atención al detalle, para que coincida con la contabilidad.
Cuanto antes nos lo cuentes, más margen tendremos
Junto al plazo de la Ley Concursal corre otro, el de la Ley de Sociedades de Capital.
La sociedad debe disolverse si las pérdidas dejan el patrimonio neto por debajo de la mitad del capital, salvo que se aumente o reduzca el capital en la medida suficiente y siempre que no proceda el concurso (art. 363.1.e LSC).
Los administradores deben convocar la junta en dos meses desde la causa de disolución (art. 365.1 LSC); si no lo hacen, responden solidariamente de las deudas posteriores, que se presumen las reclamadas en juicio (art. 367.1 y 2 LSC). No hace falta convocarla si ya pidieron el concurso o comunicaron las negociaciones (art. 365.3 LSC).
No hay esa responsabilidad si, en los dos meses siguientes a la causa de disolución, comunicaste las negociaciones al juzgado o solicitaste el concurso (art. 367.3 LSC). La fecha en que las pérdidas llegaron a la mitad del capital marca el plazo.
Para cada cliente la estrategia cambia según el nivel de deuda, la capacidad de generar caja y los activos que le quedan.
Nuestro asesoramiento legal empieza por reconstruir cuándo empezó el impago generalizado. Esa fecha decide si pediste el concurso a tiempo y es lo primero que preguntará el administrador concursal en la calificación.
Comparamos los efectos de cada vía en la gestión diaria y en la continuidad de la empresa. En el preconcurso conservas tus facultades de administración y disposición (art. 594 TRLC). En el concurso voluntario sigues administrando con intervención; en el necesario, pedido por un acreedor, lo normal es la suspensión (art. 106 TRLC).
La elaboración de la memoria, el inventario, la lista de acreedores, las cuentas de los tres últimos ejercicios y la plantilla, con los requisitos de los arts. 7 y 8 TRLC. Una inexactitud grave en ellos convierte el concurso en culpable (art. 443 TRLC).
Si el administrador concursal propone la calificación culpable, contestamos, aportamos prueba y discutimos tu grado de responsabilidad y el alcance de cualquier condena, con la asistencia de abogado y procurador desde el primer escrito.
Si un acreedor solicita el concurso, el juzgado te emplaza y, si no te opones en plazo, se declara como en un allanamiento (art. 19 TRLC). Solo cabe oponerse por falta de legitimación, por falta del hecho revelador de la insolvencia o por solvencia, que debes probar tú (art. 20 TRLC). Con oposición, la vista se cita en diez días y, si faltas, se declara el concurso (arts. 21 y 22.2 TRLC).
El objetivo de un plan de viabilidad es la recuperación de la empresa y del empleo, así que antes de proponerlo miramos si la actividad genera caja sin la deuda antigua y qué escenario admiten los acreedores. Si no la genera, el plan solo retrasa el problema y lo honesto es preparar un concurso ordenado. Desde la Ley 16/2022 los planes de reestructuración ocupan el espacio de los antiguos acuerdos de refinanciación.
La declaración de concurso no interrumpe la actividad (art. 111 TRLC). La empresa sigue vendiendo y pagando nóminas, pero las operaciones patrimoniales pasan por el administrador concursal durante toda la vida del concurso.
Desde el auto no pueden iniciarse ejecuciones singulares ni apremios administrativos, tributarios incluidos, contra la masa, y las que estaban en trámite quedan en suspenso (arts. 142 y 143 TRLC).
Antes de pagar a los acreedores concursales se reserva de la masa activa lo necesario para los créditos contra la masa (art. 429 TRLC). Después, el pago sigue un orden: privilegiados, ordinarios y subordinados.
El convenio es el acuerdo con los acreedores dentro del concurso. La propuesta tiene que incluir quitas, esperas o ambas, y la espera no puede superar diez años (art. 317 TRLC).
Un contrato con obligaciones recíprocas puede resolverse sin incumplimiento si conviene al concurso (art. 165 TRLC). Los despidos y suspensiones colectivas por causas económicas siguen las reglas especiales de la Ley Concursal y, en lo no previsto, la legislación laboral (art. 169 TRLC).
El deudor puede pedir la liquidación en cualquier momento y el juez abre la fase en diez días (art. 406 TRLC). La resolución que abre esa fase declara la disolución de la sociedad y cesa a sus administradores (art. 413.2 TRLC).
En una primera reunión con una abogada o un abogado del área, con esto resolvemos las cuestiones iniciales de tu caso y te decimos qué vía tienes:
Saldar a un proveedor amigo o devolver un préstamo a un socio cuando ya no se puede pagar a todos puede rescindirse: lo son los actos perjudiciales para la masa de los dos años anteriores a la solicitud (art. 226 TRLC). Además pesa en la calificación y los créditos de personas especialmente relacionadas quedan subordinados (art. 281 TRLC).
No formular las cuentas, no auditarlas si era obligatorio o no depositarlas en alguno de los tres últimos ejercicios hace presumir el concurso culpable (art. 444.3 TRLC).
La calificación alcanza a quien fue administrador de derecho o de hecho en los dos años anteriores a la declaración de concurso (art. 442 TRLC). Irse tarde no borra lo que ocurrió mientras estabas en el cargo.
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Opiniones de clientes
Es el abogado que trabaja en derecho concursal. Los abogados concursales en Madrid actúan ante la Sección de lo Mercantil: asesoran a la empresa antes de la insolvencia, preparan el preconcurso o la solicitud de concurso y defienden al concursado y a sus administradores. En el procedimiento el concursado actúa siempre con procurador y abogado (art. 510 TRLC).
Es el nombre habitual de la comunicación de apertura de negociaciones con los acreedores. Desde la Ley 16/2022 cabe en probabilidad de insolvencia, en insolvencia inminente y también en la actual si no se admitió antes un concurso necesario. Mientras dura, no se admiten las solicitudes de concurso necesario (art. 610 TRLC).
Tres meses desde la comunicación, prorrogables por otros tres como máximo. Si al terminar no hay plan y la insolvencia es actual, hay que pedir el concurso en el mes siguiente; tampoco cabe otra comunicación en el año siguiente (art. 609 TRLC).
La sociedad, con su patrimonio y por el orden que marca la clasificación de los créditos. El administrador solo responde con el suyo si el concurso se califica culpable y el juez le condena a cubrir el déficit o a indemnizar.
Se presume que el concurso es culpable. Si el juez lo confirma, el administrador afectado puede ser inhabilitado entre dos y quince años, perder sus créditos contra la sociedad y, si hay liquidación, ser condenado a pagar total o parcialmente lo que falte para cubrir las deudas.
Sí, el procedimiento especial para microempresas: menos de diez trabajadores de media el año anterior y facturación inferior a 700.000 euros o pasivo inferior a 350.000 euros (art. 685 TRLC). Usa formularios normalizados y también exige abogado y procurador.
En la Sección de lo Mercantil del Tribunal de Instancia de Madrid, con jurisdicción en toda la provincia, también para sociedades de Alcalá de Henares o Alcorcón. Manda el centro de intereses principales, que se presume en el domicilio social; trasladarlo en los seis meses previos no cambia el juzgado (art. 45 TRLC).
Es voluntario si la primera solicitud la presentó el propio deudor y necesario en los demás casos (art. 29 TRLC). Pueden pedirlo los acreedores y, en una sociedad, los socios personalmente responsables de sus deudas (art. 3 TRLC). Pedirlo tú a tiempo te da la iniciativa.
La disolución por pérdidas solo opera si no procede el concurso (art. 363.1.e LSC). Si la sociedad ya no puede pagar con regularidad sus deudas exigibles, la vía es el concurso y corre el plazo de dos meses del artículo 5 TRLC.
Sí en la práctica. La quiebra ya no existe como procedimiento: lo que mucha gente sigue llamando así es el concurso que regula el texto refundido de la Ley Concursal, con sus vías de preconcurso, convenio y liquidación.
Depende del tipo. En el voluntario lo normal es que sigas administrando con intervención y en el necesario, que tus facultades queden suspendidas (art. 106 TRLC). La actividad no se detiene (art. 111 TRLC) y el auto se notifica a la representación legal de los trabajadores (art. 28.4 TRLC).