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Quien llega con deudas públicas suele tener una carpeta de cartas sin abrir: un requerimiento de la Agencia Tributaria por el IVA o el IRPF de hace tres ejercicios, una reclamación de la Tesorería por las cuotas de autónomos de un negocio que cerró y, a veces, una diligencia de embargo sobre la cuenta. La pregunta que traes es siempre la misma: si puedes cancelar deudas con Hacienda y con la Seguridad Social o si eso es lo único que no se perdona.
La respuesta tiene dos mitades. En la segunda oportunidad deudas con Hacienda sí hay cancelación de deuda pública con la reforma concursal, pero con límite y con condiciones. Y no toda deuda con una administración cuenta como «deuda con Hacienda» a estos efectos. Por eso empezamos por la documentación y por el cálculo, no por una promesa. Tampoco adelantamos un resultado: depende de tus certificados y de cómo resuelva el juez.
El punto de partida legal es la insolvencia. Hay insolvencia actual cuando no puedes cumplir regularmente tus obligaciones exigibles, e inminente cuando prevés que en los tres meses siguientes no podrás hacerlo (art. 2 TRLC). Si cada mes pagas con un préstamo nuevo el anterior, o si el sueldo ya no llega para los intereses, estás en esa situación de insolvencia.
Nuestro despacho está en el Paseo de la Castellana. Llevamos la exoneración de deudas de personas físicas, particulares y autónomos, ante las secciones de lo mercantil del Tribunal de Instancia de Madrid. Si quieres entender primero la norma, tienes una guía sobre lo que se puede cancelar; aquí te contamos lo que hacemos nosotros con tu caso.
Esta página cuelga del área de segunda oportunidad en Madrid, donde explicamos el procedimiento completo para todo tipo de deudas.

No todas las deudas con una administración se tratan igual. Estas son las que más vemos y cómo las miramos al empezar.
IRPF, IVA, retenciones e impuestos de sociedades de la que eras administrador. Pedimos el certificado de deudas, separamos principal, recargos e intereses y comprobamos si alguna liquidación está prescrita o recurrida antes de meterla en el cálculo.
Cuotas del RETA impagadas, con sus recargos. La Tesorería las reclama por la vía de apremio y puede embargar cuentas o devoluciones. En la solicitud de exoneración entran como crédito de la Seguridad Social, con su propio límite.
Un apremio suma recargos sobre la deuda que no se pagó a tiempo. Antes de calcular, hay que saber qué parte es cuota o impuesto y qué parte son recargos, porque el desglose cambia lo que queda por pagar.
Si la sociedad dejó deudas con Hacienda y se te derivó la responsabilidad, estudiamos primero si la derivación es firme o recurrible, porque un acuerdo firme de los últimos diez años puede impedir la exoneración.
IBI, impuesto de vehículos, plusvalía municipal o tributos autonómicos. Los gestionan la Agencia Tributaria Madrid del Ayuntamiento o la Comunidad, no la AEAT, y quedan fuera del tramo exonerable. Lo comprobamos en cada certificado.
Las multas de tráfico y las sanciones se reclaman como deuda pública. Las sanciones administrativas muy graves no se exoneran, y las demás tampoco entran en el tramo de la AEAT o la Seguridad Social.
¿Tienes un apremio de Hacienda o una reclamación de deuda de la Seguridad Social y no sabes qué parte puedes cancelar?
La regla está en el artículo 489.1.5.º del texto refundido de la Ley Concursal. En general, las deudas por créditos de Derecho público no se exoneran. La excepción son las que gestiona la Agencia Estatal de Administración Tributaria, que sí pueden exonerarse hasta 10.000 euros por deudor, y las de la Seguridad Social, por el mismo importe y en las mismas condiciones.
El cálculo va por tramos. Los primeros 5.000 euros se exoneran íntegros. Desde esa cifra, la exoneración alcanza el 50 % de la deuda hasta el máximo. Para llegar a los 10.000 euros exonerados hacen falta 15.000 euros de deuda con ese organismo. Lo que exceda sigue siendo exigible y el organismo mantiene sus acciones sobre ello (art. 490).
Un ejemplo con números redondos para que lo veas. Con 9.000 euros de deuda con la AEAT se exoneran 5.000 más la mitad de los 4.000 restantes, es decir, 7.000, y quedan 2.000. Con 30.000 euros de deuda con la Tesorería se exonera el máximo de 10.000 y quedan 20.000. Son ejemplos de cálculo, no casos reales; en el tuyo lo hacemos con tus certificados.
El importe exonerado se aplica en orden inverso a la prelación legal y, dentro de cada clase, por antigüedad. Esto importa porque decide qué parte concreta de la deuda desaparece y qué parte queda viva. Y hay una regla más: el crédito público solo es exonerable en la primera exoneración. En las siguientes no se cancela importe alguno (art. 489.3).
Quedan fuera los tributos autonómicos y municipales cuya recaudación lleva otra administración y no la AEAT, y las multas: las penales y las sanciones administrativas muy graves (art. 489.1.6.º). Tampoco se exoneran los alimentos ni la responsabilidad civil derivada de delito. Cada caso se confirma con el certificado, sin dar nada por hecho.
Y hay supuestos que cierran la puerta a la exoneración entera. Si en los diez años anteriores fuiste condenado por un delito contra la Hacienda Pública o la Seguridad Social con pena máxima de tres años o más, o sancionado por una infracción tributaria muy grave, o hay un acuerdo firme de derivación de responsabilidad, no puedes pedirla, salvo que hayas pagado íntegramente (art. 487.1). Si te encuentras cerca de ese límite, consúltanos antes de presentar nada; el delito fiscal lo estudian nuestros penalistas.
Casi nadie debe solo a Hacienda. Junto a la deuda pública suelen aparecer préstamos con un banco, microcréditos, tarjetas, financiación de un coche, deudas con proveedores y, a veces, un aval a tu nombre. Todo eso entra en el mismo procedimiento: la exoneración del pasivo insatisfecho, conocida como EPI y, antes, como BEPI, alcanza en general a la deuda privada, y la pública solo en el tramo que hemos explicado.
Antes de pedirla revisamos si alguna deuda bancaria se puede reducir por usura o por cláusulas abusivas; una tarjeta revolving con intereses desorbitados cambia la cuenta final. También miramos tu patrimonio: la vivienda, el coche, los ahorros y cualquier inmueble, porque de eso depende que convenga el plan de pagos o la liquidación.
El mecanismo nació con la Ley 25/2015 y la Ley 16/2022 lo reformó para transponer la Directiva (UE) 2019/1023. La parte que más importa para ti es práctica: cuando se concede, los acreedores deben comunicarla a los sistemas de información crediticia, como los ficheros de morosos tipo ASNEF a los que informaron del impago (art. 492 ter).
El perfil más habitual es el del autónomo que cerró su negocio con cuotas de RETA sin pagar y trimestres de IVA pendientes. A esa deuda pública se suman préstamos personales, tarjetas y, a veces, un aval a nombre propio. Es lo que llamamos deudas de la Seguridad Social de autónomos más la deuda tributaria del negocio: dos créditos públicos con dos topes distintos.
Si no tienes bienes que cubran ni los gastos del procedimiento, hay una vía de concurso sin masa, con solicitud de exoneración en los diez días siguientes a los plazos que fija la ley (art. 501). Si sigues trabajando, la exoneración con plan de pagos te permite mantener la actividad y pagar según lo que ingresas. Si cerraste, puede ser más corta la vía con liquidación de la masa activa. En ambos casos, el plan tiene que contar con el pago de la deuda no exonerable durante su vigencia, porque la Seguridad Social y Hacienda mantienen sus acciones sobre lo que no se cancela (arts. 490 y 499 ter).
Cuando la deuda tributaria viene de una sociedad que administrabas, la ley prevé que Hacienda pueda declarar responsables subsidiarios a los administradores en ciertos supuestos, por ejemplo cuando la sociedad cesó sus actividades con deudas pendientes (art. 43.1 LGT). Es una de las derivaciones más frecuentes en Madrid y la primera que revisamos en la inspección y los recursos frente a Hacienda.
Cuanto antes nos lo cuentes, más margen tendremos
Antes de presentar la solicitud analizamos tu caso con un estudio de viabilidad. Si tienes deudas con Hacienda, con la Seguridad Social y con entidades financieras a la vez, la primera decisión es qué vía te conviene, y depende de tus ingresos, de tu capacidad de pago real y de los bienes que tengas. El análisis cubre también los riesgos: qué pasa con la vivienda, con el coche o con el negocio, y con los avalistas, porque la exoneración no les alcanza (art. 492 TRLC).
La solución no es la misma para quien trabaja por cuenta ajena que para un empresario o un profesional autónomo. Si tienes una empresa o un contrato de alquiler de local en marcha, el plan de pagos puede incluir la continuidad de la actividad (art. 496 TRLC). Si la actividad ya cerró, el tratamiento suele ser la liquidación de lo poco que quede. En los dos casos la estrategia se decide con números y no por principio.
La fase judicial termina con una resolución judicial, normalmente un auto, que concede la exoneración: provisional en el plan de pagos y definitiva cuando se cumple, o directa tras la liquidación. Desde ese momento recuperas el control de tu dinero y de tu vida económica respecto de lo exonerado. Al revés, una condena en sentencia firme por un delito contra la Hacienda Pública en los diez años anteriores cierra el acceso, como ya hemos visto (art. 487.1.1.º).
Hay tres aspectos que deciden la cantidad total que queda viva: el tope de 10.000 euros por organismo, las exclusiones del artículo 489 y la clasificación de los créditos, porque el importe exonerado se aplica en orden inverso a su prelación. No obstante, cada expediente de apremio tiene su propio origen y su propia fecha, y por eso la fuente del cálculo es siempre el certificado, no la memoria de quien debe. La normativa es la misma desde el cambio de la Ley 16/2022, y la Ley de Segunda Oportunidad permite pedirlo una sola vez para el crédito público.
El servicio incluye el asesoramiento previo, la solicitud, la defensa si un acreedor se opone y el control del plan de pagos mientras dura. A cada cliente le explicamos el expediente de principio a fin. Si cumples los requisitos, te lo decimos; si no los cumples, también, y te explicamos qué problema hay que resolver antes y qué otra actuación cabe. Saber cuánto debes de verdad da tranquilidad, y ese es el primer resultado que te damos.
5.000 euros
primeros euros de deuda con la AEAT, y de deuda con la Seguridad Social, que se exoneran de forma íntegra
Art. 489.1.5.º TRLC
10.000 euros
máximo exonerable por deudor con la AEAT, y otro tanto con la Seguridad Social, con el 50 % desde los 5.000
Art. 489.1.5.º TRLC
Primera exoneración
único caso en que se exonera crédito público; después no se cancela importe alguno
Arts. 488.3 y 489.3 TRLC
10 años
mirada atrás para condenas por delitos contra la Hacienda Pública, sanciones muy graves y derivaciones firmes
Art. 487.1 TRLC
3 o 5 años
duración del plan de pagos; cinco si no se liquida la vivienda habitual
Art. 497 TRLC
2 y 5 años
espera para volver a pedir tras plan de pagos o tras liquidación
Art. 488.1 y 488.2 TRLC
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Pedimos a la Agencia Tributaria y a la Tesorería el detalle de cada deuda, con principal, recargos e intereses, y miramos si alguna ha prescrito (cuatro años, art. 66 LGT, según las interrupciones que haya habido).
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Aplicamos el 489.1.5.º a cada organismo por separado y te damos la cifra de lo que se cancelaría y de lo que quedaría vivo.
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Comprobamos condenas, sanciones y derivaciones de los últimos diez años y el resto de causas del artículo 487, antes de gastar tiempo en la solicitud.
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Elegimos entre plan de pagos y liquidación, y presentamos la solicitud con procurador y los últimos tres años de IRPF.
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Seguimos la oposición de los acreedores, si la hay, y el cumplimiento del plan, hasta la exoneración definitiva.
Los solicitamos nosotros y los leemos línea a línea. Sacamos de ahí qué liquidaciones son firmes, cuáles están recurridas y qué parte son recargos, que es la base de todo el cálculo.
Te entregamos una hoja con el cálculo del artículo 489.1.5.º por organismo, con el orden en que se aplica el importe exonerado. Así sabes cuánto seguirás debiendo antes de decidir.
Para el resto de la deuda con Hacienda, estudiamos el aplazamiento o fraccionamiento, que la ley permite en periodo voluntario y ejecutivo si tu situación económica te impide pagar de forma transitoria. Ojo: la propia ley excluye algunas deudas, como las del retenedor (art. 65 LGT).
Si la AEAT, la Tesorería u otro acreedor se opone o pide la revocación, respondemos en el incidente concursal. La oposición solo puede basarse en que falta alguno de los requisitos de la ley (art. 502.2).
Pagar de golpe una deuda pública antes de presentar la solicitud puede ser desperdiciar un tramo que se habría exonerado. El cálculo va antes que el pago.
La exoneración alcanza como máximo 10.000 euros por organismo. Lo que sobra hay que pagarlo, y los embargos sobre ello pueden seguir si no se incluye en un plan.
Un acuerdo de derivación de responsabilidad que gana firmeza bloquea la exoneración durante diez años, salvo pago íntegro. Si recibes la notificación, recurre dentro de plazo y consúltanos.
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Opiniones de clientes
Sí, en parte. Se exoneran hasta 10.000 euros por deudor de la deuda cuya gestión recaudatoria corresponde a la Agencia Tributaria: los 5.000 primeros íntegros y, desde ahí, el 50 %. Lo que exceda de ese máximo hay que pagarlo (art. 489.1.5.º).
También se exoneran, por el mismo importe y en las mismas condiciones, con un cálculo aparte del de Hacienda. Si eres autónomo, esto incluye las cuotas del RETA impagadas con sus recargos. Lo que supere el máximo sigue siendo exigible.
No por el tramo de la AEAT. Los créditos de Derecho público no se exoneran, salvo los que gestiona la AEAT y la Seguridad Social. Los tributos municipales y autonómicos quedan fuera, y lo confirmamos con tu certificado (art. 489.1.5.º).
Las multas penales y las sanciones administrativas muy graves están excluidas expresamente. El resto de multas administrativas son deuda pública ajena al tramo de la AEAT o la Seguridad Social, por lo que no se cancelan por esa vía.
La exoneración sí puede repetirse con plazos: dos años tras un plan de pagos y cinco tras una liquidación (art. 488). Pero el crédito público solo se exonera en la primera vez; después no se cancela importe alguno (art. 489.3).
Desde la declaración de concurso no se pueden iniciar nuevas ejecuciones contra tus bienes. Sobre los embargos ya trabados decide el juez del concurso. Lo que no se exonera, como el exceso de la deuda pública, sigue siendo reclamable cuando termina el procedimiento.
Depende de la gravedad. Una sanción por infracción tributaria muy grave en los últimos diez años lo impide, salvo pago íntegro. Si las infracciones son graves, impide la exoneración cuando el importe sancionado excede del 50 % de lo exonerable con la AEAT (art. 487.1.2.º).
Una condena firme por delitos contra la Hacienda Pública o la Seguridad Social, con pena máxima de tres años o más, impide pedirla durante diez años, salvo que la responsabilidad criminal esté extinguida y las responsabilidades pecuniarias pagadas (art. 487.1.1.º).
Sí, con un plan de pagos. La deuda con garantía real no se exonera hasta el valor de la garantía, y la duración del plan pasa a ser de cinco años si no se liquida la vivienda habitual (arts. 489.1.8.º y 497).
El plan de pagos dura tres o cinco años desde su aprobación judicial. La vía con liquidación termina al concluir el concurso. El tiempo previo depende de la carga del juzgado y de la documentación, y no podemos fijarlo.
La exoneración de deudas gananciales no se extiende a tu cónyuge mientras él o ella no obtenga la suya y no se haya liquidado el régimen (art. 491). Lo coordinamos con el concurso de acreedores si hay sociedad detrás.
Mejora, pero no de forma automática: la resolución que concede la exoneración ordena a los acreedores comunicarla a los sistemas de información crediticia, como ASNEF, a los que informaron del impago, y tú puedes pedir testimonio de la resolución para exigir la actualización (art. 492 ter).