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Lo esencial
Un vídeo privado que acaba en el grupo de WhatsApp de la oficina. Una cuenta anónima que publica cada semana acusaciones contra el dueño de un restaurante del Eixample. Un perfil falso en Instagram con las fotos de una profesora. Una expareja que no deja de escribir desde números nuevos. Son conflictos personales que se trasladan a internet y que, cuando llegan a la Ciutat de la Justícia, se juzgan con los mismos artículos del Código Penal que cualquier otro delito, pero con una prueba muy distinta. Poco tienen que ver con la imagen del cibercrimen organizado: en casi todos los casos de ciberdelincuencia que vemos hay una relación previa entre las partes, en un entorno personal o profesional.
Ante un ciberdelito, nuestro trabajo tiene dos caras y un mismo objetivo: que el resultado dependa de lo que la prueba demuestra de verdad. Si eres el acusado, estudiamos el expediente: si lo que se te atribuye es delito, si la prueba demuestra que fuiste tú y si se obtuvo respetando tus derechos.
Si eres la persona perjudicada en tu intimidad o tu honor, ordenamos la prueba antes de que desaparezca, elegimos la acción legal adecuada (denuncia o querella) y pedimos al juez que actúe rápido sobre el contenido publicado.
Este servicio forma parte de nuestro despacho penalista en Barcelona, en la Rambla de Catalunya.
Si te investigan por phishing, por operar con tarjetas ajenas o porque una transferencia no consentida pasó por tu cuenta, la acusación suele ser de estafa informática (art. 249 CP), y también llevamos tu defensa. Cuando el acoso viene de la pareja o expareja y hay otros hechos de por medio, lo llevamos junto con el equipo de violencia de género, porque cambian el juzgado y las penas.

Cada conducta tiene su artículo, sus requisitos y su forma de denunciarse. Las más habituales:
¿Tienes un problema penal por algo publicado o hecho en internet en Barcelona?
Cuando lo que está en juego es dinero, datos de una empresa o el funcionamiento de un servidor, el Código Penal usa otros artículos:
Conseguir una transferencia no consentida manipulando un sistema o sus datos, o hacer operaciones con tarjetas de crédito u otros instrumentos de pago ajenos o con sus datos, es un delito de estafa informática, con pena de prisión de 6 meses a 3 años (art. 249.1 CP). La misma pena tiene quien fabrica, posee o facilita a terceros programas diseñados para cometerla (art. 249.2).
Entrar sin autorización en un sistema informático saltándose sus medidas de seguridad, por ejemplo aprovechando una vulnerabilidad, se castiga con prisión de 6 meses a 2 años (art. 197 bis). También es delito producir, adquirir o pasar a terceros programas o software de hackeo, contraseñas, credenciales o códigos de acceso con intención de cometer estos delitos (art. 197 ter).
Borrar, dañar o hacer inaccesibles de forma grave datos o programas ajenos, como hace un ransomware, se castiga con prisión de 6 meses a 3 años (art. 264). Bloquear el servidor o el sistema de una empresa, el llamado sabotaje informático, tiene la misma pena, en su mitad superior si perjudica de forma relevante su actividad (art. 264 bis).
Exigir dinero bajo la amenaza de difundir fotos, conversaciones o hechos de la vida privada de alguien que puedan afectar a su fama o a su interés es chantaje: prisión de 2 a 4 años si se cobra algo y de 4 meses a 2 años si no (art. 171.2 CP). Lo llevamos con la defensa en extorsión y chantaje.
Contactar a través de internet o de otra tecnología con un menor de 16 años y proponerle un encuentro con fines sexuales, con actos de acercamiento, se castiga con prisión de 1 a 3 años o multa, y con la mitad superior si hay coacción, intimidación o engaño (art. 183 CP). La pornografía infantil (art. 189) se trata más abajo; ambas las llevamos con el área de delitos sexuales.
Apoderarse de información confidencial o de soportes informáticos de una empresa para descubrir un secreto empresarial se castiga con prisión de 2 a 4 años y multa de 12 a 24 meses (art. 278). Quien tiene obligación de reserva y lo revela, como un ex empleado, responde por el art. 279. Copiar con ánimo de lucro programas o contenidos protegidos puede ser delito contra la propiedad intelectual (art. 270).
Si te investigan por un fraude online, la policía suele llegar primero a quien figura como titular de la cuenta en una entidad bancaria, de la tarjeta o de la línea de la operación. Aquí solo defendemos al investigado.
Prestar la cuenta para recibir y reenviar fondos de un fraude puede acusarse como cooperación en la estafa informática o como blanqueo, incluso por imprudencia grave (art. 301.3 CP). Todo gira en torno al conocimiento: qué te dijeron, qué movimientos hiciste y si cobraste una comisión. Reunimos los mensajes y los extractos desde el primer día.
El phishing obtiene claves haciéndose pasar por un banco; en el spoofing se falsea el remitente, el teléfono o la web. Si te investigan por usar esas claves o servir de intermediario, la acusación debe probar tu participación y tu dolo. Una conexión desde tu IP no basta.
El art. 249.1 a) castiga la manipulación informática que logra una transferencia no consentida, sin exigir engañar a una persona como la estafa del art. 248. El art. 249.1 b) castiga las compras con tarjeta de crédito ajena o con sus datos. Discutimos la autoría y el ánimo de lucro.
Son causas delicadas, con prueba casi siempre digital. Solo trabajamos la defensa del investigado, con la discreción que exigen.
Poseer este material para uso propio o acceder a sabiendas por internet se castiga con prisión de 3 meses a 1 año o multa de 6 meses a 2 años (art. 189.5 CP). La defensa se centra en el conocimiento: quién usó el dispositivo y cuándo se descargó cada archivo.
Producir, vender, distribuir, exhibir o facilitar el material, o poseerlo para esos fines, tiene prisión de 1 a 5 años (art. 189.1 b). Con agravantes, como un material de notoria importancia o el uso de menores de dieciséis años, la pena es de 5 a 9 años (art. 189.2).
Revisamos que el juez autorizara el acceso al contenido de los dispositivos (art. 588 sexies a LECrim), que la copia se hiciera con garantías y que el análisis forense identifique quién manejó cada archivo.
Cuanto antes nos lo cuentes, más margen tendremos
Cifras del Código Penal. Ojo al plazo de un año, el que más casos deja fuera.
3 meses a 2 años
de prisión, o multa de 6 a 24 meses, por acosar a alguien de forma insistente y reiterada por cualquier medio de comunicación
Art. 172 ter.1 CP
3 meses a 1 año
de prisión, o multa de 6 a 12 meses, por difundir imágenes íntimas sin autorización; multa de 1 a 3 meses para quien las reenvía
Art. 197.7 CP
6 meses a 2 años
de prisión, o multa de 12 a 24 meses, por una calumnia propagada con publicidad
Art. 206 CP
1 año
para presentar querella por injurias o calumnias antes de que el delito prescriba
Art. 131 CP
El camino depende del delito. El acoso y la difusión de imágenes necesitan denuncia de la persona agraviada, mientras que las injurias y calumnias entre particulares exigen querella. En ambos casos los pasos suelen ser estos:
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Antes de denunciar, guardamos enlaces, capturas completas con fecha y los mensajes originales en el propio dispositivo. Si hace falta, se encarga un informe pericial o se levanta acta ante notario.
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La denuncia se presenta ante los Mossos d’Esquadra o en el servicio de guardia del Tribunal de Instancia, en la Ciutat de la Justícia, sede de los juzgados. Para una querella por injurias o calumnias entre particulares, primero hay que intentar un acto de conciliación (art. 804 LECrim).
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La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Barcelona dirige la investigación y controla la actuación de la policía. Si el asunto es complejo, la fiscalía o la policía pueden exigir a operadoras y plataformas que conserven los datos hasta 90 días, prorrogables hasta 180, conforme al art. 588 octies LECrim, hasta que el juez decida si ordena identificar al titular de la cuenta.
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El juez puede ordenar la retirada provisional del contenido o su bloqueo cuando radique fuera del territorio nacional (art. 13 LECrim) y prohibir al investigado comunicarse con la víctima (art. 544 bis LECrim).
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Se celebra ante la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Barcelona, o ante la Audiencia Provincial de Barcelona si la pena que señala la ley supera los 5 años (art. 14.3 LECrim). En la sentencia que pone fin al procedimiento, el tribunal fija también la responsabilidad civil. Contra ella cabe recurso de apelación.
El asesoramiento legal y la estrategia de defensa dependen de tu posición en el proceso: si te acusan o si eres tú quien denuncia. En toda defensa por delito informático empezamos por el expediente.
Con cada cliente empezamos por el análisis jurídico: si los hechos encajan en el tipo penal. Revisamos si las expresiones están amparadas por la libertad de expresión o de información, si hubo reiteración real, qué circunstancias rodean los mensajes y si los que aporta la otra parte están completos. La crítica dura no siempre es delito.
Actuamos primero sobre el contenido: pedimos su retirada, la conservación de los datos de quien lo subió y, si hace falta, medidas de protección como la prohibición de comunicarse contigo. Después asumimos tu representación como acusación particular y reclamamos la indemnización por el daño moral, con una evaluación del perjuicio.
Un perfil falso con tu imagen para acosarte o humillarte es delito (art. 172 ter.5). Si además se hacen pasar por ti para ejercer tus derechos, puede haber usurpación del estado civil (art. 401). Te ayudamos a documentarlo y a presentar la denuncia con las autoridades competentes.
Pedimos el volcado con garantías y el análisis de informática forense del dispositivo y, si se discute su autenticidad, un perito informático independiente, que nos presta ayuda y apoyo en juicio. Controlamos la cadena de custodia desde que el dispositivo sale de tus manos. Que la policía se lleve tu móvil en un registro no le permite acceder a su contenido sin autorización judicial motivada (art. 588 sexies a LECrim).
Tráenos a la primera consulta lo que tengas, sin editar, y decidimos las primeras acciones. Si algo se ha borrado ya, cuéntanoslo igualmente.
Nuestros consejos para no empeorar el caso, de más a menos urgente:
Las injurias y calumnias prescriben al año. Además, las plataformas no guardan los datos de conexión para siempre. Esperar a ver si se calma suele salir caro: conviene actuar desde el primer momento.
Una captura sin remitente ni fecha, o reenviada por un tercero, pierde fuerza en cuanto la otra parte la impugna. Guarda el original en el dispositivo en el que lo recibiste.
Responder con otra publicación, exponer datos de la otra persona o crear una cuenta para defenderte puede convertirte también en investigado, con consecuencias penales propias. La respuesta se da en el juzgado.
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Opiniones de clientes
En cualquier comisaría de los Mossos d’Esquadra, la policía autonómica, o en el servicio de guardia del Tribunal de Instancia, en la Ciutat de la Justícia. Si se trata de injurias o calumnias entre particulares, no basta con denunciar: hace falta querella, con abogado y tras intentar la conciliación.
Es acosar a alguien a través de mensajes, redes o cualquier medio de comunicación. Es delito cuando se hace de forma insistente y reiterada, sin estar autorizado, y altera el normal desarrollo de la vida de la víctima (art. 172 ter CP). Un mensaje aislado puede ser una amenaza o una injuria, pero no acoso.
Sí. Quien recibe imágenes o vídeos íntimos de otra persona y los difunde o reenvía sin su consentimiento puede ser castigado con multa de 1 a 3 meses (art. 197.7 CP). La pena de quien los difundió en primer lugar es mayor.
La calumnia consiste en acusar a alguien de haber cometido un delito sabiendo que es falso o sin importar si lo es. La injuria es cualquier otra expresión grave que ataca la dignidad o la fama de una persona. Ambas se castigan más cuando se difunden con publicidad, como ocurre en redes.
Sí, si usa tu imagen sin permiso con la finalidad de acosarte, hostigarte o humillarte. Es una novedad penal vigente desde octubre de 2022 y la ley lo castiga con prisión de 3 meses a 1 año o multa de 6 a 12 meses, en su mitad superior si la víctima es menor (art. 172 ter.5 CP). Conviene guardar el enlace al perfil antes de pedir su cierre.
Una IP identifica al titular de una conexión, no necesariamente al usuario que estaba conectado. Por el principio de presunción de inocencia, si varias personas comparten la red, la acusación necesita más prueba tecnológica para atribuirte los hechos.
Es un abogado de derecho penal que sabe cómo se obtiene, se conserva y se discute la prueba digital. Sabe qué pedir a una plataforma, cuándo hace falta un perito y cómo se aplican en el entorno digital los delitos de siempre. Si la perjudicada es una empresa, trabaja con sus técnicos de ciberseguridad para conservar los registros del servidor antes de denunciar.
Los más habituales son los fraudes informáticos, como el phishing o el uso de tarjetas ajenas, seguidos de las amenazas y coacciones por internet, el acceso a cuentas de correo electrónico o redes ajenas, la difusión de imágenes íntimas, el ciberacoso y las injurias en redes.
Es lo que se conoce como mulero: quien presta su cuenta de una entidad bancaria para recibir y reenviar dinero de un fraude. La defensa gira en torno a lo que sabías del origen del dinero. No declares sin asistencia letrada ni sin conocer antes la causa.
Spoofing es falsear la identidad de un remitente, un número de teléfono o una web para engañar. No tiene un artículo propio: se castiga lo que se logra con él, como una transferencia no consentida (estafa informática, art. 249.1) o el acceso a una cuenta ajena (art. 197 bis).
No declares ni entregues el móvil o las contraseñas sin abogado. Con la citación y el atestado revisamos qué prueba hay, si se obtuvo con autorización judicial y qué te conviene declarar. Esa decisión se toma antes de comparecer.
Sí. En el propio proceso penal se reclama la responsabilidad civil por los daños, incluido el daño moral. La solución civil es una alternativa en los ataques al honor y a la intimidad, sin perjuicio de la vía penal.