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La mayoría de los asuntos de corrupción que vemos en Barcelona no empiezan con una detención. Empiezan con un requerimiento de información, con una auditoría sobre una subvención de la Generalitat, con la queja de una empresa que perdió un concurso municipal o con un correo reenviado fuera de contexto. Cuando llega la citación del juzgado, a menudo han pasado meses de investigación sin que la persona afectada lo supiera.
En la práctica, el trabajo con cada cliente empieza por reconstruir esa historia con documentos: qué órgano tramitó el expediente, quién intervino en cada trámite, qué se pagó, a quién y por qué concepto. Con eso se ve si el soborno que se atribuye, el delito de cohecho para el Código Penal, tiene base en los hechos, si en realidad hablamos de una irregularidad administrativa o si la calificación correcta es otra más leve.
Como abogados penalistas de corrupción en Barcelona, defendemos tanto a quien ejerce la función pública, sea personal de la Generalitat, de un ayuntamiento del área metropolitana, de un consorcio o de una empresa pública, como a los particulares, empresarios y directivos que se relacionan con ellos. Para abrir una investigación bastan indicios de la conducta y de su vínculo con la decisión pública; el importe pesa después, en la pena que marca el Código Penal.
Como abogados de derecho penal económico y de defensa penal, empezamos por la fase en la que estás: diligencias, ya como imputado o a las puertas del juicio. La estrategia cambia según el ámbito, el cargo y el marco legal aplicable.
La defensa se integra en el trabajo de nuestro despacho de abogados penalistas en Barcelona. Si la causa incluye facturas o cuentas de una sociedad mercantil, o una trama de empresas, la coordinamos con la de delitos societarios; si la empresa contratista cae en insolvencia y se investiga su origen, con la de alzamiento de bienes; si se sospecha que el dinero se ocultó o se reinvirtió, con la de blanqueo de capitales, y si hay cuotas sin declarar a Hacienda, con la de delito fiscal.

La misma operación se califica de forma distinta según quién seas en ella. Este es el enfoque práctico que usamos para ordenar la defensa: cada tema, por separado, y cada cargo con su artículo.
¿Estás investigado por un delito de corrupción en Barcelona?
Desde la reforma de 2022, el sistema del Código Penal separa varias conductas de malversación con penas muy distintas. Como abogados de malversación en Barcelona, lo primero que hacemos es ver en cuál encaja cada disposición de fondos.
El artículo 432 castiga a la autoridad o funcionario que se apropia, o consiente que un tercero se apropie, del patrimonio público a su cargo. La pena es de 2 a 6 años de prisión e inhabilitación especial de 6 a 10 años, y sube a 4 a 8 años si concurre alguna circunstancia como un daño grave al servicio público o un valor superior a 50.000 euros.
Destinar a usos privados el patrimonio público sin ánimo de quedárselo se castiga con 6 meses a 3 años de prisión y suspensión de empleo o cargo de 1 a 4 años. Si no hay devolución de lo distraído en los 10 días siguientes a la incoación del proceso, se aplican las penas de la apropiación (art. 432 bis).
Dar a los fondos un destino público distinto del previsto, sin lucro para nadie, lleva de 1 a 4 años de prisión e inhabilitación especial de 2 a 6 años si causa un daño o entorpecimiento graves al servicio. Si no lo causa, la pena es de inhabilitación y multa (art. 433).
Fuera de los casos de falsedad documental, falsear la contabilidad o los documentos que reflejan la situación económica de la entidad, de forma idónea para causarle un perjuicio, se castiga con inhabilitación especial de 1 a 10 años y multa. Si el perjuicio llega a producirse, se añade prisión de 1 a 4 años (art. 433 bis).
No solo los funcionarios. El delito se extiende a quien tiene encargados por cualquier concepto fondos, rentas o efectos de las administraciones, a los particulares designados depositarios de caudales públicos, a los depositarios de bienes embargados y a los administradores concursales (art. 435).
Antes de la LO 14/2022, en vigor desde el 12 de enero de 2023, el artículo 432 remitía a la administración desleal. Ahora exige apropiación, y la gestión irregular sin ella se encaja como uso privado o aplicación pública diferente. Si los bienes no son públicos, el caso puede ser de apropiación indebida.
La prevaricación se investiga casi siempre junto al cohecho, pero existe sin dinero de por medio. Basta una firma. Como abogados de prevaricación en Barcelona, separamos el error o la discrepancia técnica, que no son delito, de la resolución arbitraria dictada a sabiendas.
La autoridad o funcionario que, a sabiendas de su injusticia, dicta una resolución arbitraria en un asunto administrativo se enfrenta a inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el sufragio pasivo de 9 a 15 años. No hay pena de prisión, pero la inhabilitación acaba con una carrera.
Proponer, nombrar o dar posesión en un cargo público a quien no reúne los requisitos legales, sabiéndolo, se castiga con multa de 3 a 8 meses y suspensión de empleo o cargo de 1 a 3 años. La misma multa corresponde a quien acepta el cargo sabiendo que carece de ellos.
Informar a sabiendas de su injusticia una licencia o un planeamiento contrarios a la ordenación del territorio, o silenciar la infracción en una inspección, suma a la pena del 404 prisión de 1 año y 6 meses a 4 años (art. 320). El código prevé figuras paralelas para el derribo de edificios protegidos del patrimonio histórico (art. 322) y para las licencias de actividades contaminantes que dañan el medio ambiente (art. 329).
El tipo exige una resolución arbitraria y que quien la firma conozca su injusticia. Una ilegalidad administrativa o una interpretación defendible de la norma no bastan. Reconstruimos qué informes tenía delante el firmante y qué margen le dejaba la norma.
No toda corrupción pasa por un funcionario. El Código Penal castiga también la corrupción entre particulares, la de las entidades deportivas y la que busca contratos fuera del país, en el mundo empresarial internacional. Estas son las modalidades que más se cruzan con una causa de cohecho:
El directivo, administrador, empleado o colaborador de una empresa que recibe o pide un beneficio no justificado para favorecer indebidamente a otro en una compra, venta o contratación se enfrenta a prisión de 6 meses a 4 años, inhabilitación para industria o comercio de 1 a 6 años y multa. Las mismas penas alcanzan a quien lo ofrece o concede.
Afecta a directivos y empleados de una entidad deportiva, deportistas, árbitros o jueces que buscan predeterminar o alterar de forma fraudulenta el resultado de una competición de especial relevancia económica o deportiva. Es de especial gravedad si influye en juegos de azar o apuestas, o se comete en una competición oficial profesional estatal o internacional (art. 286 quater).
Corromper o intentar corromper a una autoridad o funcionario de otro país, o de la Unión Europea, para conseguir o conservar un contrato u otra ventaja competitiva en actividades económicas internacionales se castiga con prisión de 3 a 6 años y multa, además de la prohibición de contratar con el sector público de 7 a 12 años.
El funcionario que, interviniendo en la contratación pública o en liquidaciones de haberes públicos, se concierta con los interesados o usa otro artificio para defraudar a un ente público se enfrenta a prisión de 2 a 6 años e inhabilitación de 6 a 10 años. El particular concertado recibe la misma prisión.
Cuanto antes nos lo cuentes, más margen tendremos
Estas son algunas cifras que suelen decidir la estrategia en una causa por corrupción.
Menos de 4.000 euros
de perjuicio en la malversación: la pena baja a prisión de 1 a 2 años y multa
Art. 432.3 CP
10 días
para devolver lo usado sin ánimo de apropiarse; si no se reintegra, se aplican las penas de la malversación por apropiación
Art. 432 bis CP
6 meses a 1 año
de prisión para quien pide dinero ofreciéndose a influir en una autoridad
Art. 430 CP
5 a 10 años
de inhabilitación para contratar con el sector público y obtener ayudas si el soborno afecta a un concurso o subvención
Art. 424.3 CP
Así suele desarrollarse una causa de corrupción que se instruye en Barcelona.
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La causa puede nacer de una denuncia o una querella, de la actuación de la Oficina Antifrau de Catalunya, de un informe de control de las cuentas públicas o de una investigación de los Mossos d’Esquadra.
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La causa se asigna según las normas de reparto a una plaza de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Barcelona, con sede en la Ciutat de la Justícia, que investiga los hechos. Pueden acordar registros, requerimientos a la administración y secreto de actuaciones.
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La declaración se hace siempre con asistencia letrada; antes pedimos acceso a la causa y valoramos contigo si conviene responder o reservarse.
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Si la persona investigada es diputado del Parlament o miembro del Govern, la competencia pasa a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
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La fiscalía y las acusaciones (la administración perjudicada, que es la víctima de estos delitos, puede personarse como acusación particular, y es habitual que una asociación o un partido ejerza la acción popular) piden la apertura de juicio o el sobreseimiento, y el juez decide. Es el momento de discutir la calificación, y en la actualidad la defensa suele centrarse en ese tema.
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Según la pena, la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia o la Audiencia Provincial de Barcelona. Algunos delitos de funcionarios pueden ir al Tribunal del Jurado. La sentencia de la Sección de lo Penal se recurre en apelación ante la Audiencia Provincial (art. 790 LECrim), y la de la Audiencia, ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (art. 846 ter LECrim). Después aún cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
En estos procedimientos la causa es compleja, con perjuicios que a veces se cuentan en millones de euros y miles de folios. La analizamos completa antes de fijar una línea de defensa, sin quedarnos con el auto de imputación ni con el relato de la acusación. Tu capacidad de decisión en cada trámite, y qué informes la respaldaban, es lo primero que se mira. Y en el procedimiento penal pasar del relato a los documentos marca la diferencia.
Un abuso de funciones no siempre es delito y un regalo de cortesía no es un soborno y un desvío presupuestario no es una apropiación. Pelear la calificación reduce la pena posible y, a veces, deja los hechos fuera del tipo penal. Es lo que ningún titular de prensa sobre un supuesto saqueo de las arcas públicas distingue. En la malversación, la intención con la que se dispuso de los fondos y la cuantía del perjuicio separan la apropiación del uso privado o de la aplicación pública diferente.
Comprobamos la fuente de cada prueba, la motivación de las intervenciones telefónicas, la entrada y registro y el uso de pruebas procedentes de otros procedimientos. Cuando hay que explicar pagos o cuentas, pedimos el apoyo de un perito contable.
Cuidamos la redacción de cada escrito de defensa y pedimos que las medidas cautelares sean proporcionadas y coordinamos la defensa con el frente disciplinario o de contratación que corra en paralelo. También cuidamos la exposición en prensa y tu reputación: cualquier declaración pública puede acabar incorporada a la causa, y la repercusión mediática no puede marcar la estrategia de defensa.
Cuanto más completa sea la documentación, antes podemos hacer un análisis fiable de la vía de defensa que mejor encaja en tu caso.
La prevaricación y el tráfico de influencias no exigen ningún pago. Una presión o una firma pueden bastar para que se abra una causa, con consecuencias directas sobre el cargo o la actividad de la empresa. La condena por prevaricación lleva inhabilitación de 9 a 15 años aunque nadie haya cobrado nada.
Coordinar versiones con otros implicados o con personas de confianza, sean empleados, directivos o cargos públicos, puede interpretarse como obstrucción y perjudicar a todos. Cada uno necesita su propia defensa legal, y lo que se diga ahora queda en manos de la fiscalía y del juez.
Si tienes conocimiento de una auditoría o de un requerimiento de Antifrau, preparar la documentación con tiempo cambia mucho la primera declaración. El plan de defensa se diseña con el procedimiento aún abierto, no a toro pasado, y esa vía es difícil de recuperar después.
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Opiniones de clientes
Los principales son el cohecho, el tráfico de influencias, la malversación y la prevaricación. Están en el título XIX del Código Penal, dedicado a los delitos contra la administración pública. Los comete una autoridad o funcionario público en el ejercicio de su cargo y, en varios casos, también el particular que interviene.
Según el Tribunal Supremo, el normal funcionamiento de la administración pública y la correcta prestación de sus servicios, que depende de la integridad de quien decide. La función pública solo puede remunerarse con fondos públicos, por eso cualquier pago de un particular a cambio de un acto del cargo rompe esa regla.
En el lenguaje común son lo mismo. El Código Penal usa la palabra cohecho para el delito y habla de dádiva, favor o retribución para referirse a lo que se ofrece o se entrega.
Sí. Es el cohecho activo: quien ofrece o entrega una dádiva a una autoridad o funcionario público recibe las mismas penas de prisión y multa que este. Si accediste de forma ocasional a una petición y lo denuncias antes de que se abra el procedimiento, dentro de los dos meses siguientes, quedas exento de pena.
Puede serlo. La simple aceptación basta: el artículo 422 castiga al funcionario que admite un regalo ofrecido en consideración a su cargo, aunque no se le pida nada a cambio, con prisión de 6 meses a 1 año y suspensión de empleo.
Es un organismo creado por la Ley 14/2008 y adscrito al Parlament que previene e investiga usos ilegales de fondos públicos y conflictos de intereses en el sector público catalán, incluidos los ayuntamientos. No impone penas: si encuentra indicios de delito, el asunto pasa a la Fiscalía o al juzgado.
Es el delito de la autoridad o funcionario que se apropia del patrimonio público que tiene a su cargo, lo destina a usos privados o le da una aplicación pública distinta de la prevista (arts. 432 a 433 del Código Penal). Por patrimonio público la ley entiende los bienes y derechos de contenido económico de las administraciones públicas (art. 433 ter), sean de la Generalitat, de un ayuntamiento o de un consorcio.
La apropiación de patrimonio público se castiga con prisión de 2 a 6 años e inhabilitación para cargo público y para el derecho de sufragio pasivo de 6 a 10 años. Si el perjuicio supera los 50.000 euros, de 4 a 8 años. Si no llega a 4.000 euros, de 1 a 2 años.
Sí. Si antes del inicio del juicio oral se repara de modo efectivo e íntegro el perjuicio causado al patrimonio público, o se colabora de forma activa y eficaz con las autoridades para identificar a otros responsables o esclarecer los hechos, la pena baja uno o dos grados (art. 434). La reparación tiene que ser real y completa; una devolución parcial puede valorarse, pero no asegura esa rebaja.
Sí. No hace falta la realización del beneficio: el delito se comete al influir para conseguir la resolución. Si además se obtiene el beneficio perseguido, la pena se impone en su mitad superior.
El plazo lo marca la pena más grave prevista. Si el funcionario cobró por un acto contrario a sus deberes, la ley prevé de 3 a 6 años de prisión e inhabilitación de 9 a 12 años; como esa inhabilitación supera los diez años, el delito prescribe a los 15 (art. 131). Las modalidades más leves prescriben antes, y el máximo del Código Penal son veinte años, dos décadas, para las penas de prisión de quince años o más.
La prevaricación administrativa se castiga con inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el sufragio pasivo de 9 a 15 años (art. 404 del Código Penal). La urbanística suma prisión de 1 año y 6 meses a 4 años y multa (art. 320). Se comete con solo firmar a sabiendas una resolución injusta, sin necesidad de que nadie cobre.
En cuanto recibes una citación como investigado, un requerimiento de la Oficina Antifrau o de la Sindicatura de Comptes, o sabes que hay una auditoría abierta sobre un expediente en el que interviniste. Conviene intervenir desde el primer momento: la presentación de documentos y la primera declaración condicionan el resto del proceso, y es difícil corregirlas después.
Las comisiones por adjudicar un contrato casi nunca viajan solas. Es habitual que la acusación añada la falsedad documental por la falsificación o la manipulación de facturas y actas, una defraudación a la Hacienda pública si los pagos no se declararon o una insolvencia punible si se ocultó la propiedad de bienes. Cada cargo tiene su propio motivo de defensa, y la indemnización que se reclame por la vía de la responsabilidad civil también se discute. Separarlos es una cuestión clave del caso.
Con rigor y con atención personalizada. Somos un bufete de abogados con área penal en Barcelona: una abogada o un abogado del área lleva tu causa de principio a fin y responde tus dudas y tus preguntas sin intermediarios. Damos asistencia legal desde la citación judicial, con una visión completa del derecho procesal penal y de su complejidad, y te damos una respuesta clara sobre la posibilidad de cada vía. Puedes pedir cita presencial o por videollamada.