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Pocas empresas acaban en un juzgado penal por una sola decisión. Lo normal es una historia larga: la empresa familiar que pasa a los hijos y deja de funcionar, el socio inversor que nunca recibe las cuentas, el proveedor que lleva meses sin cobrar y descubre que su cliente ha abierto otra sociedad con los mismos trabajadores y la misma clientela. Cuando alguien decide presentar una querella, la causa se tramita en la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Barcelona, en la Ciutat de la Justícia, entre Barcelona y L’Hospitalet de Llobregat. La complejidad del asunto está en que el mismo conflicto suele tener, además, un frente mercantil abierto y una relación de confianza rota entre socios.
Como abogado de delitos societarios, lo primero que hacemos es separar lo que es penal de lo que no lo es. Un administrador puede equivocarse, cerrar un mal negocio o aprobar un reparto que otro socio considera injusto sin cometer ningún delito, y la salud financiera de la sociedad no convierte una mala racha en una conducta punible. El derecho penal entra cuando hay falsedad, abuso de la mayoría, ocultación de patrimonio o un vaciamiento de la empresa en perjuicio de terceros.
En Barcelona es habitual que un mismo conflicto tenga dos caras: un asunto de derecho mercantil, que se discute ante la Sección de lo Mercantil, y una causa penal que investiga si hubo falsedad, abuso o vaciamiento. A diferencia de un bufete que se limita a lo mercantil, aquí el equipo penal y el mercantil comparten el expediente desde el primer día para que lo dicho en una vía no perjudique a la otra.
Defendemos a administradores de hecho y de derecho, a consejeros y a socios de control. Y asumimos la representación, como acusación particular, del socio minoritario y del acreedor que han sufrido el perjuicio. El asunto lo coordina nuestro equipo de derecho penal en Barcelona con los compañeros del área mercantil, porque casi siempre hay un pleito civil o un concurso en paralelo. En el ámbito del derecho penal económico también damos asesoramiento preventivo a consejos de administración antes de operaciones delicadas. Este servicio incluye revisar quién firma y con qué información.

Elegir bien la vía ahorra años de procedimiento. Hay tres tipos de delito o conflicto, y estas son las diferencias que usamos para orientar cada caso:
Entre un tipo y otro hay una zona intermedia: una infracción administrativa o mercantil, con su sanción, todavía no es un delito societario. El criterio para pasar de lo uno a lo otro es la gravedad del abuso y el perjuicio económico real que produce.
¿Tu sociedad deudora se ha quedado sin bienes o te acusan como administrador?
Los delitos societarios forman el Capítulo XIII del Título XIII del Libro II del Código Penal. El primero es la falsedad contable (art. 290). Lo comete el administrador que falsea las cuentas anuales u otros documentos que deben reflejar la situación jurídica o económica de la entidad, como un balance con manipulaciones o ingresos que no existen, de forma idónea para causar un perjuicio económico a la propia sociedad, a los socios o a terceros. Se castiga con prisión de 1 a 3 años y multa de 6 a 12 meses, en su mitad superior si el perjuicio se produce. El Supremo ha dejado claro que el perjudicado no puede ser la Hacienda Pública: si el falseamiento busca pagar menos impuestos, hablamos de un delito contra la Hacienda Pública, como el delito fiscal o el contable del art. 310. Y si lo que no se ingresó son cuotas a la Seguridad Social por encima de 50.000 euros, hablamos de los delitos contra la Seguridad Social (art. 307).
Los dos siguientes buscan la protección del socio frente a la mayoría. El artículo 291 CP castiga la imposición de acuerdos abusivos por quien, desde su posición mayoritaria en la junta de accionistas o en el órgano de administración, busca un lucro propio o ajeno, en perjuicio de los demás socios y sin beneficio para la sociedad. El 292 castiga la imposición y el aprovechamiento de acuerdos lesivos adoptados por mayoría ficticia, conseguida con trampas como el abuso de una firma en blanco, la atribución indebida del derecho de voto a quien carece de él o su negación ilícita a quien lo tiene. Ambos se castigan con prisión de seis meses a tres años o multa del tanto al triplo del beneficio obtenido.
El artículo 293 sanciona con multa de seis a doce meses a los administradores que, sin causa legal, niegan al socio el ejercicio de los derechos de información, de participación en la gestión, de control de la actividad social o de suscripción preferente de acciones, o se lo impiden. Y el 294 castiga impedir la actuación de inspección de los supervisores en sociedades sujetas a supervisión administrativa, como bancos o empresas del mercado de valores.
El capítulo se cierra con los artículos 296, sobre la denuncia, y 297, que define qué es sociedad a estos efectos: también cooperativas, mutuas, cajas de ahorros o fundaciones que actúan de forma permanente en el mercado. Fuera de este capítulo quedan el delito de administración desleal (art. 252) y la apropiación indebida, que se investigan a menudo en la misma causa. El antiguo artículo 295 está suprimido desde 2015: la administración desleal se persigue hoy por el 252 y la apropiación indebida por el 253. Y si con esas cuentas se engañó a un inversor o a un banco para obtener dinero, la acusación puede sumar una estafa.
Un delito societario se decide casi siempre con la prueba documental. Esto es lo que se busca en cada caso:
En la administración desleal y la apropiación indebida la prueba es otra: el uso que se dio a los fondos de la sociedad, que se reconstruye con extractos bancarios, facturas y contratos. En la instrucción pedimos los medios de prueba que fijan ese recorrido del dinero.
El Código Penal fija estas cifras. Con ellas se decide qué juzgado lleva el juicio y cuánto tiempo hay para denunciar. Junto a la pena de prisión, el juez puede imponer la inhabilitación especial para el cargo o la profesión si tenían relación directa con el delito (art. 56 CP).
1 a 3 años
de prisión y multa de 6 a 12 meses por falsear las cuentas anuales; en su mitad superior si el perjuicio llega a causarse
Art. 290 CP
6 meses a 3 años
de prisión, o multa del tanto al triplo del beneficio, por imponer acuerdos abusivos o aprovechar acuerdos lesivos
Arts. 291 y 292 CP
6 a 12 meses
de multa por negar al socio, sin causa legal, sus derechos de información, gestión, control o suscripción preferente
Art. 293 CP
1 a 4 años
de prisión y multa de 8 a 24 meses por insolvencia punible; si hubo imprudencia, de 6 meses a 2 años o multa
Art. 259 CP
Mitad superior
de la pena de alzamiento de bienes cuando lo sustraído al embargo supera los 50.000 euros
Arts. 257.4 y 250 CP
10 años
de prescripción cuando la pena máxima pasa de 5 años, como en la insolvencia agravada del artículo 259 bis
Art. 131 CP
Cuanto antes nos lo cuentes, más margen tendremos
Casi todas estas causas empiezan con una querella y siguen el procedimiento abreviado, un proceso penal con mucha prueba documental. Así suele ser el camino:
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Requerimientos de información a la sociedad, cuentas depositadas y, si hay concurso, el informe de la administración concursal.
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Se presenta ante la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Barcelona. También cabe denunciar ante los Mossos d’Esquadra, aunque en asuntos de empresa la querella permite personarse desde el principio.
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En esta fase, el juez puede pedir documentación bancaria y contable, citar a los administradores como investigados y acordar medidas como fianzas o embargos para asegurar la responsabilidad civil. Cada resolución sobre esas medidas puede recurrirse.
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Un economista o auditor hace un análisis de la contabilidad y los movimientos. Sus conclusiones suelen decidir si hubo falsedad o vaciamiento patrimonial, y la intervención de cada investigado se valora por separado.
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Si hay indicios, las acusaciones presentan su escrito; si no, se pide el sobreseimiento.
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En la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Barcelona si la ley señala hasta 5 años de prisión, como en todos los delitos de los arts. 290 a 294, o en la Audiencia Provincial de Barcelona si señala más, como en la insolvencia agravada (art. 14 LECrim).
La estrategia se decide con la contabilidad y las actas delante, no con la versión de la otra parte.
Reconstruimos el contexto de cada decisión: qué se sabía entonces, quién la aprobó, qué cargo ocupaba cada uno y qué razón empresarial tenía. Una mala decisión no es un delito: se examina la actuación concreta de cada administrador.
Encargamos a un profesional un informe económico propio para discutir el supuesto falseamiento, el perjuicio o la insolvencia que señala la acusación.
En los delitos societarios la falta de denuncia del agraviado puede impedir la persecución. Lo comprobamos desde el primer escrito y fijamos la estrategia de defensa a partir de ahí.
Si la sociedad responde como persona jurídica por alzamiento o insolvencia (arts. 258 ter y 261 bis CP), revisamos su modelo de compliance, que puede eximirla (art. 31 bis).
Para estudiar el caso nos ayuda contar con:
La insolvencia punible se puede perseguir sin esperar a que acabe el concurso, y lo que diga el juez del concurso sobre su calificación no vincula al juez penal (art. 259.6 CP). Sus consecuencias se discuten por separado.
No pagar una deuda no es delito. Lo que castiga la ley es desprenderse de los bienes o esconderlos para que el acreedor no cobre: eso es el alzamiento de bienes.
Figurar como administrador de la sociedad en el Registro Mercantil mientras otro manda de hecho no te libra de la responsabilidad de administrador ni de la relevancia penal de lo que firmas. Si la querella se dirige contra los dos, tu defensa dependerá del conocimiento que tenías, del contenido de lo firmado y del estado real de las cuentas.
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Opiniones de clientes
Son conductas abusivas cometidas dentro de una sociedad por quienes la dirigen o la controlan: falsear las cuentas, imponer acuerdos abusivos o lesivos, negar derechos a los socios y obstruir la supervisión. Están en los artículos 290 a 294 del Código Penal.
En la falsedad contable, la negativa de derechos al socio y la obstrucción a la inspección, el administrador de hecho o de derecho. En los acuerdos abusivos, quien se prevale de la mayoría; en los lesivos, quien impone el acuerdo o se aprovecha de él.
Depende del delito. Falsear las cuentas tiene de 1 a 3 años de prisión y multa; imponer acuerdos abusivos, de 6 meses a 3 años o multa; negar derechos al socio, multa de 6 a 12 meses.
Sí, como regla general solo se persiguen con denuncia de la persona agraviada o de su representante. No hace falta cuando el delito afecta a los intereses generales o a una pluralidad de personas (art. 296 CP).
Solo por los delitos en que el Código Penal lo prevé, como la estafa, el alzamiento de bienes o la insolvencia punible; los de los arts. 290 a 294 no están en esa lista. La responsabilidad penal de la empresa nace de delitos cometidos en su beneficio por sus directivos, o por empleados que nadie supervisaba (art. 31 bis), y un modelo de cumplimiento eficaz puede eximirla.
Con la cronología: cuándo nació la deuda, cuándo se vendieron o traspasaron los bienes, a quién y por cuánto. Escrituras, notas del Registro de la Propiedad, cuentas bancarias y el resultado negativo del embargo suelen ser la prueba central.
En la apropiación indebida alguien se queda con dinero o bienes que debía devolver o entregar. En la administración desleal quien gestiona un patrimonio ajeno se excede en sus facultades y lo perjudica, aunque no se quede con nada.
Estudia las cuentas, las actas y los movimientos de la empresa para decidir si hay delito, da asistencia y defensa al administrador investigado o presenta la querella del socio o del acreedor, y coordina el procedimiento penal con el pleito mercantil o el concurso de acreedores.
Es la que se fabrica para aprobar un acuerdo lesivo para la sociedad o para un socio: firmas en blanco usadas sin autorización, votos atribuidos a quien no puede votar o negados a quien sí puede (art. 292 CP).
Es civil cuando se discute la validez de un acuerdo o la gestión de los administradores. Es penal cuando hay falsedad, una mayoría fabricada, vaciamiento o una negativa grave a los derechos del socio. A veces corren las dos vías, y hay que decidir cuál va primero.
No. La malversación afecta al patrimonio público y no es un delito societario. La administración desleal (art. 252) se comete sobre un patrimonio ajeno, como el de una sociedad mercantil.
Los de los artículos 290 a 294 prescriben a los 5 años, porque ninguno supera los 3 años de prisión. En la insolvencia agravada, con pena de hasta 6 años, el plazo es de 10.