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Abogado de delitos societarios en Barcelona

Llevamos la defensa de administradores investigados y la acusación de socios y acreedores perjudicados en causas por delitos societarios, alzamiento de bienes e insolvencia en Barcelona.
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Abogado de delitos societarios en Barcelona: del conflicto en la junta a la Ciutat de la Justícia

Pocas empresas acaban en un juzgado penal por una sola decisión. Lo normal es una historia larga: la empresa familiar que pasa a los hijos y deja de funcionar, el socio inversor que nunca recibe las cuentas, el proveedor que lleva meses sin cobrar y descubre que su cliente ha abierto otra sociedad con los mismos trabajadores y la misma clientela. Cuando alguien decide presentar una querella, la causa se tramita en la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Barcelona, en la Ciutat de la Justícia, entre Barcelona y L’Hospitalet de Llobregat. La complejidad del asunto está en que el mismo conflicto suele tener, además, un frente mercantil abierto y una relación de confianza rota entre socios.

Como abogado de delitos societarios, lo primero que hacemos es separar lo que es penal de lo que no lo es. Un administrador puede equivocarse, cerrar un mal negocio o aprobar un reparto que otro socio considera injusto sin cometer ningún delito, y la salud financiera de la sociedad no convierte una mala racha en una conducta punible. El derecho penal entra cuando hay falsedad, abuso de la mayoría, ocultación de patrimonio o un vaciamiento de la empresa en perjuicio de terceros.

En Barcelona es habitual que un mismo conflicto tenga dos caras: un asunto de derecho mercantil, que se discute ante la Sección de lo Mercantil, y una causa penal que investiga si hubo falsedad, abuso o vaciamiento. A diferencia de un bufete que se limita a lo mercantil, aquí el equipo penal y el mercantil comparten el expediente desde el primer día para que lo dicho en una vía no perjudique a la otra.

Defendemos a administradores de hecho y de derecho, a consejeros y a socios de control. Y asumimos la representación, como acusación particular, del socio minoritario y del acreedor que han sufrido el perjuicio. El asunto lo coordina nuestro equipo de derecho penal en Barcelona con los compañeros del área mercantil, porque casi siempre hay un pleito civil o un concurso en paralelo. En el ámbito del derecho penal económico también damos asesoramiento preventivo a consejos de administración antes de operaciones delicadas. Este servicio incluye revisar quién firma y con qué información.

Mazo de juez sobre una mesa, defensa penal

¿Conflicto mercantil, delito societario o insolvencia punible?

Elegir bien la vía ahorra años de procedimiento. Hay tres tipos de delito o conflicto, y estas son las diferencias que usamos para orientar cada caso:

Conflicto mercantil

Delito societario

Alzamiento de bienes e insolvencia punible

Entre un tipo y otro hay una zona intermedia: una infracción administrativa o mercantil, con su sanción, todavía no es un delito societario. El criterio para pasar de lo uno a lo otro es la gravedad del abuso y el perjuicio económico real que produce.

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Qué castigan los artículos 290 a 294 del Código Penal

Los delitos societarios forman el Capítulo XIII del Título XIII del Libro II del Código Penal. El primero es la falsedad contable (art. 290). Lo comete el administrador que falsea las cuentas anuales u otros documentos que deben reflejar la situación jurídica o económica de la entidad, como un balance con manipulaciones o ingresos que no existen, de forma idónea para causar un perjuicio económico a la propia sociedad, a los socios o a terceros. Se castiga con prisión de 1 a 3 años y multa de 6 a 12 meses, en su mitad superior si el perjuicio se produce. El Supremo ha dejado claro que el perjudicado no puede ser la Hacienda Pública: si el falseamiento busca pagar menos impuestos, hablamos de un delito contra la Hacienda Pública, como el delito fiscal o el contable del art. 310. Y si lo que no se ingresó son cuotas a la Seguridad Social por encima de 50.000 euros, hablamos de los delitos contra la Seguridad Social (art. 307).

Los dos siguientes buscan la protección del socio frente a la mayoría. El artículo 291 CP castiga la imposición de acuerdos abusivos por quien, desde su posición mayoritaria en la junta de accionistas o en el órgano de administración, busca un lucro propio o ajeno, en perjuicio de los demás socios y sin beneficio para la sociedad. El 292 castiga la imposición y el aprovechamiento de acuerdos lesivos adoptados por mayoría ficticia, conseguida con trampas como el abuso de una firma en blanco, la atribución indebida del derecho de voto a quien carece de él o su negación ilícita a quien lo tiene. Ambos se castigan con prisión de seis meses a tres años o multa del tanto al triplo del beneficio obtenido.

El artículo 293 sanciona con multa de seis a doce meses a los administradores que, sin causa legal, niegan al socio el ejercicio de los derechos de información, de participación en la gestión, de control de la actividad social o de suscripción preferente de acciones, o se lo impiden. Y el 294 castiga impedir la actuación de inspección de los supervisores en sociedades sujetas a supervisión administrativa, como bancos o empresas del mercado de valores.

El capítulo se cierra con los artículos 296, sobre la denuncia, y 297, que define qué es sociedad a estos efectos: también cooperativas, mutuas, cajas de ahorros o fundaciones que actúan de forma permanente en el mercado. Fuera de este capítulo quedan el delito de administración desleal (art. 252) y la apropiación indebida, que se investigan a menudo en la misma causa. El antiguo artículo 295 está suprimido desde 2015: la administración desleal se persigue hoy por el 252 y la apropiación indebida por el 253. Y si con esas cuentas se engañó a un inversor o a un banco para obtener dinero, la acusación puede sumar una estafa.

Cómo se prueban los delitos societarios en la práctica

Un delito societario se decide casi siempre con la prueba documental. Esto es lo que se busca en cada caso:

Falseamiento de cuentas: libros frente a cuentas depositadas

Mayoría ficticia: actas, poderes y libro registro

Derechos del socio: la solicitud y la negativa

En la administración desleal y la apropiación indebida la prueba es otra: el uso que se dio a los fondos de la sociedad, que se reconstruye con extractos bancarios, facturas y contratos. En la instrucción pedimos los medios de prueba que fijan ese recorrido del dinero.

Plazos y penas clave

El Código Penal fija estas cifras. Con ellas se decide qué juzgado lleva el juicio y cuánto tiempo hay para denunciar. Junto a la pena de prisión, el juez puede imponer la inhabilitación especial para el cargo o la profesión si tenían relación directa con el delito (art. 56 CP).

1 a 3 años

de prisión y multa de 6 a 12 meses por falsear las cuentas anuales; en su mitad superior si el perjuicio llega a causarse

Art. 290 CP

6 meses a 3 años

de prisión, o multa del tanto al triplo del beneficio, por imponer acuerdos abusivos o aprovechar acuerdos lesivos

Arts. 291 y 292 CP

6 a 12 meses

de multa por negar al socio, sin causa legal, sus derechos de información, gestión, control o suscripción preferente

Art. 293 CP

1 a 4 años

de prisión y multa de 8 a 24 meses por insolvencia punible; si hubo imprudencia, de 6 meses a 2 años o multa

Art. 259 CP

Mitad superior

de la pena de alzamiento de bienes cuando lo sustraído al embargo supera los 50.000 euros

Arts. 257.4 y 250 CP

10 años

de prescripción cuando la pena máxima pasa de 5 años, como en la insolvencia agravada del artículo 259 bis

Art. 131 CP

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Cómo se tramita en Barcelona

Casi todas estas causas empiezan con una querella y siguen el procedimiento abreviado, un proceso penal con mucha prueba documental. Así suele ser el camino:

1

Preparar la prueba antes de querellarse

Requerimientos de información a la sociedad, cuentas depositadas y, si hay concurso, el informe de la administración concursal.

2

Querella en la Ciutat de la Justícia

Se presenta ante la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Barcelona. También cabe denunciar ante los Mossos d’Esquadra, aunque en asuntos de empresa la querella permite personarse desde el principio.

3

Diligencias de investigación

En esta fase, el juez puede pedir documentación bancaria y contable, citar a los administradores como investigados y acordar medidas como fianzas o embargos para asegurar la responsabilidad civil. Cada resolución sobre esas medidas puede recurrirse.

4

Periciales

Un economista o auditor hace un análisis de la contabilidad y los movimientos. Sus conclusiones suelen decidir si hubo falsedad o vaciamiento patrimonial, y la intervención de cada investigado se valora por separado.

5

Acusación o archivo

Si hay indicios, las acusaciones presentan su escrito; si no, se pide el sobreseimiento.

6

Juicio

En la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Barcelona si la ley señala hasta 5 años de prisión, como en todos los delitos de los arts. 290 a 294, o en la Audiencia Provincial de Barcelona si señala más, como en la insolvencia agravada (art. 14 LECrim).

Cómo trabaja nuestro despacho de abogados la defensa del administrador

La estrategia se decide con la contabilidad y las actas delante, no con la versión de la otra parte.

Justificar cada operación

Reconstruimos el contexto de cada decisión: qué se sabía entonces, quién la aprobó, qué cargo ocupaba cada uno y qué razón empresarial tenía. Una mala decisión no es un delito: se examina la actuación concreta de cada administrador.

Pericial de parte

Encargamos a un profesional un informe económico propio para discutir el supuesto falseamiento, el perjuicio o la insolvencia que señala la acusación.

Revisar si hubo denuncia válida

En los delitos societarios la falta de denuncia del agraviado puede impedir la persecución. Lo comprobamos desde el primer escrito y fijamos la estrategia de defensa a partir de ahí.

La empresa como investigada

Si la sociedad responde como persona jurídica por alzamiento o insolvencia (arts. 258 ter y 261 bis CP), revisamos su modelo de compliance, que puede eximirla (art. 31 bis).

Qué documentos necesitamos

Para estudiar el caso nos ayuda contar con:

Errores frecuentes de administradores y acreedores

Pensar que el concurso lo tapa todo

La insolvencia punible se puede perseguir sin esperar a que acabe el concurso, y lo que diga el juez del concurso sobre su calificación no vincula al juez penal (art. 259.6 CP). Sus consecuencias se discuten por separado.

Confundir impago con alzamiento

No pagar una deuda no es delito. Lo que castiga la ley es desprenderse de los bienes o esconderlos para que el acreedor no cobre: eso es el alzamiento de bienes.

Firmar como administrador sin saber lo que se firma

Figurar como administrador de la sociedad en el Registro Mercantil mientras otro manda de hecho no te libra de la responsabilidad de administrador ni de la relevancia penal de lo que firmas. Si la querella se dirige contra los dos, tu defensa dependerá del conocimiento que tenías, del contenido de lo firmado y del estado real de las cuentas.

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Opiniones de clientes

Lo que dicen nuestros clientes

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Daniela Galvez Martinez
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Preguntas frecuentes sobre delitos societarios en Barcelona

¿Qué son los delitos societarios?

Son conductas abusivas cometidas dentro de una sociedad por quienes la dirigen o la controlan: falsear las cuentas, imponer acuerdos abusivos o lesivos, negar derechos a los socios y obstruir la supervisión. Están en los artículos 290 a 294 del Código Penal.

¿Quién es el sujeto activo en los delitos societarios?

En la falsedad contable, la negativa de derechos al socio y la obstrucción a la inspección, el administrador de hecho o de derecho. En los acuerdos abusivos, quien se prevale de la mayoría; en los lesivos, quien impone el acuerdo o se aprovecha de él.

¿Qué pena tienen los delitos societarios?

Depende del delito. Falsear las cuentas tiene de 1 a 3 años de prisión y multa; imponer acuerdos abusivos, de 6 meses a 3 años o multa; negar derechos al socio, multa de 6 a 12 meses.

¿Hace falta que el socio denuncie?

Sí, como regla general solo se persiguen con denuncia de la persona agraviada o de su representante. No hace falta cuando el delito afecta a los intereses generales o a una pluralidad de personas (art. 296 CP).

¿Puede ser condenada la propia sociedad?

Solo por los delitos en que el Código Penal lo prevé, como la estafa, el alzamiento de bienes o la insolvencia punible; los de los arts. 290 a 294 no están en esa lista. La responsabilidad penal de la empresa nace de delitos cometidos en su beneficio por sus directivos, o por empleados que nadie supervisaba (art. 31 bis), y un modelo de cumplimiento eficaz puede eximirla.

¿Cómo se demuestra un alzamiento de bienes?

Con la cronología: cuándo nació la deuda, cuándo se vendieron o traspasaron los bienes, a quién y por cuánto. Escrituras, notas del Registro de la Propiedad, cuentas bancarias y el resultado negativo del embargo suelen ser la prueba central.

¿Qué diferencia hay entre apropiación indebida y administración desleal?

En la apropiación indebida alguien se queda con dinero o bienes que debía devolver o entregar. En la administración desleal quien gestiona un patrimonio ajeno se excede en sus facultades y lo perjudica, aunque no se quede con nada.

¿Qué hace un abogado de delitos societarios?

Estudia las cuentas, las actas y los movimientos de la empresa para decidir si hay delito, da asistencia y defensa al administrador investigado o presenta la querella del socio o del acreedor, y coordina el procedimiento penal con el pleito mercantil o el concurso de acreedores.

¿Qué es una mayoría ficticia?

Es la que se fabrica para aprobar un acuerdo lesivo para la sociedad o para un socio: firmas en blanco usadas sin autorización, votos atribuidos a quien no puede votar o negados a quien sí puede (art. 292 CP).

¿Cuándo un conflicto entre socios es civil y cuándo penal?

Es civil cuando se discute la validez de un acuerdo o la gestión de los administradores. Es penal cuando hay falsedad, una mayoría fabricada, vaciamiento o una negativa grave a los derechos del socio. A veces corren las dos vías, y hay que decidir cuál va primero.

¿Es lo mismo la malversación que la administración desleal?

No. La malversación afecta al patrimonio público y no es un delito societario. La administración desleal (art. 252) se comete sobre un patrimonio ajeno, como el de una sociedad mercantil.

¿Cuándo prescribe un delito societario?

Los de los artículos 290 a 294 prescriben a los 5 años, porque ninguno supera los 3 años de prisión. En la insolvencia agravada, con pena de hasta 6 años, el plazo es de 10.

¿Hablamos de tu caso?

Tanto si te acusan como si eres el socio o el acreedor perjudicado, cuéntanos cómo está tu empresa y qué ha pasado: con ello definimos el servicio que necesitas. Si necesitas un abogado para proteger tus derechos como socio o tu cargo de administrador, estudiamos desde el primer día la comisión de los hechos que denuncias o que se te atribuyen. Llámanos al 91 999 74 91, escríbenos por WhatsApp o déjanos tus datos y te llamamos.
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