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Casi nadie se entera de un problema penal con Hacienda por una citación judicial. Antes suele haber habido una comprobación o una inspección de la Agencia Tributaria (AEAT) que se alarga, unas diligencias con preguntas cada vez más concretas y, un día, una comunicación que dice que la Administración ha apreciado indicios de delito contra la Hacienda Pública y ha remitido el expediente al Ministerio Fiscal.
En ese momento el asunto deja de ser una discusión técnica sobre una liquidación y pasa a ser un procedimiento penal por fraude fiscal, y lo que necesitas es un abogado penalista que se mueva en el derecho penal económico y conozca también el tributario.
Como bufete penalista, nuestro equipo prefiere entrar desde el primer momento, idealmente durante la propia inspección, cuando todavía se puede corregir el rumbo y medir el riesgo penal real. Hasta que la Agencia Tributaria te notifica el inicio de las actuaciones de comprobación, aún cabe regularizar y evitar el delito (art. 305.4 CP); después de esa notificación, ya no. Por eso no conviene contestar a un requerimiento ni firmar una diligencia sin que lo haya revisado un abogado penalista: la confianza entre abogado y cliente empieza por contarlo todo a tiempo.
Revisamos cómo se ha calculado la cuota, si se han sumado conceptos que no cuentan para el umbral, como los intereses de demora o los recargos, qué ejercicios están en juego y si la conducta es de verdad dolosa o se explica por un criterio fiscal discutible. Con ese análisis decidimos contigo la solución de defensa más sólida en cada fase: discutir la cuota, acreditar la falta de dolo, reconocer y pagar para reducir la pena o combinar varias líneas. Es una estrategia de defensa que ofrecemos con asistencia letrada en cada declaración. El objetivo es el mismo si eres un autónomo con un problema de IRPF que si eres el consejero de una sociedad de cualquier sector.
Llevamos la defensa de personas físicas y de sociedades, también cuando la empresa responde como persona jurídica, y la protección de su patrimonio. Si el caso se mezcla con otros delitos económicos en Madrid, como el blanqueo de capitales, la administración desleal o los delitos societarios, lo tratamos como un todo junto al resto de abogados penalistas en Madrid de la firma.

Fraude fiscal, fraude tributario, fraude a Hacienda o delito contra la Hacienda Pública son distintas formas de nombrar lo mismo: el artículo 305 del Código Penal. La misma conducta, dejar de ingresar impuestos, puede ser una infracción administrativa o un delito. Lo que cambia es la cuantía, la intención y quién decide: la Administración tributaria con sus sanciones, en el ámbito administrativo, o los tribunales penales.
¿Hacienda ha pasado tu inspección al juzgado en Madrid?
Las cifras son las del Código Penal. La pena final depende de la cuota acreditada, de las circunstancias y de lo que hagas antes del juicio.
1 a 5 años
de prisión y multa del tanto al séxtuplo de la cuota, más la pérdida de subvenciones y beneficios fiscales de 3 a 6 años
Art. 305.1 CP
120.000 euros
de cuota por tributo y periodo es el umbral del delito; en la Seguridad Social, 50.000 en cuatro años
Arts. 305 y 307 CP
2 a 6 años
de prisión si la cuota supera los 600.000 euros, hay organización o grupo criminal o se usan sociedades interpuestas o paraísos fiscales y territorios de nula tributación que dificultan la identificación del responsable o de su patrimonio
Art. 305 bis CP
2 meses
desde la citación como investigado para pagar la deuda y reconocer los hechos, y obtener la pena inferior en uno o dos grados
Art. 305.6 CP
5 o 10 años
de prescripción del delito: 5 en el tipo básico y 10 en el agravado
Art. 131 CP
5 a 7 meses
de prisión por el delito contable: no llevar la contabilidad obligatoria o llevar contabilidades distintas
Art. 310 CP
En Madrid estos procedimientos suelen nacer en la Delegación Especial de la Agencia Tributaria o en sus unidades de inspección. El recorrido habitual es este:
Mientras tanto, el procedimiento penal no frena el cobro. La Agencia Tributaria puede seguir con la acción de cobro salvo que el juez suspenda la ejecución, normalmente con garantía (art. 305.5 CP). Sacar fondos de las cuentas o vender bienes para esquivar ese cobro puede sumar un alzamiento de bienes, con pena de hasta 6 años (art. 257.3).
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La Agencia Tributaria comprueba uno o varios ejercicios y documenta en diligencias lo que va encontrando y pide información a terceros, como bancos, proveedores o clientes.
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Si la cuota de un tributo y periodo supera el umbral, Hacienda separa lo vinculado al posible delito, deja de tramitar la sanción administrativa y remite el expediente al Ministerio Fiscal o presenta denuncia (arts. 250 y 251 de la Ley General Tributaria).
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La Fiscalía o la Abogacía del Estado presentan querella ante la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid, en la sede judicial de Plaza de Castilla.
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El juez te cita como investigado (la antigua imputación) en la causa por delitos contra la Hacienda Pública, pide la documentación contable, puede acordar medidas cautelares como una fianza o el embargo de cuentas y en la formación del expediente suele encargar un informe pericial a la propia Agencia Tributaria. Podemos aportar un perito propio y pedimos acceso al expediente.
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Lo decide la pena que señala la ley, no la que pide la acusación. El tipo básico, con un máximo de 5 años, lo juzga la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Madrid; el agravado, la Audiencia Provincial de Madrid (art. 14 LECrim). La sentencia admite recurso.
Los primeros días marcan la defensa. Esto es lo que hacemos contigo cuando nos llega una inspección que ha derivado en indicios de delito en Madrid:
La Agencia Tributaria sigue cobrando mientras tanto, así que en esas horas decidimos también qué hacer con la deuda: pagarla, aplazarla o pedir al juez que suspenda la ejecución con garantía.
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Miramos qué te han notificado y cuándo, porque de esa fecha depende que todavía quepa regularizar (art. 305.4 CP).
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Rehacemos la cifra por tributo y periodo, sin intereses ni recargos, para saber si de verdad se supera el umbral de 120.000 euros.
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Discutir la cuota, negar el dolo, pagar y reconocer los hechos dentro de plazo o combinar varias.
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Ensayamos contigo qué se te va a preguntar, con los documentos delante, antes de que el juez te cite.
Cuanto antes nos lo cuentes, más margen tendremos
Comprobamos cada elemento del cálculo, tributo por tributo, concepto por concepto y periodo por periodo. El IVA trimestral se suma por año natural; si se han mezclado ejercicios o una partida está imputada al año equivocado, la cifra puede bajar del umbral y el delito desaparece. De la misma forma, una partida mal valorada cambia el resultado. Hay una excepción que conviene conocer: si la defraudación se comete dentro de una organización o grupo criminal, o por entidades que aparentan una actividad económica real sin desarrollarla, el delito es perseguible desde que se alcanzan los 120.000 euros, sin esperar al cierre del periodo (art. 305.2.a CP).
En la jurisdicción penal hay delito cuando el contribuyente oculta o simula a sabiendas y causa un perjuicio a la Hacienda. Una interpretación razonable de una normativa dudosa, un error del asesor o un criterio de la propia Administración que cambió pueden excluir la intención de defraudar. Rige el principio de presunción de inocencia: es la acusación la que debe probar el conocimiento de esa conducta delictiva.
Si todavía no te han notificado el inicio de una comprobación sobre esos tributos, ni hay denuncia o querella ni actuaciones del fiscal o del juez de las que tengas conocimiento formal, el pago completo de la deuda (la regularización) excluye la responsabilidad penal y también las falsedades instrumentales ligadas a ella. Lo mismo vale si pagas una deuda que ya había prescrito para la Administración en vía administrativa (art. 305.4 CP).
Si la investigada es una sociedad, revisamos si tenía un programa de cumplimiento normativo (compliance penal), un sistema de prevención con controles eficaces, y qué directivos actuaban en su nombre o tenían su representación. De eso depende que responda la persona jurídica y la multa que se le pueda imponer (art. 310 bis CP).
Analizamos el informe pericial de la propia Agencia Tributaria: de dónde sale cada dato (la fuente), qué valor tiene como prueba y si se sostiene frente a la contabilidad y las cuentas anuales. La relación entre ese informe y los libros la contrastamos con un perito propio.
Si la operación la diseñó un asesor fiscal o una gestoría, analizamos su intervención, la información que recibió y las decisiones de cada uno, para proteger tus derechos. Un asesoramiento erróneo puede excluir el dolo del cliente, y si sus intereses chocan con los tuyos hay un conflicto que obliga a defensas separadas.
Con esto podemos darte una primera valoración del caso y de sus consecuencias:
Lo que se dice en una diligencia de inspección acaba en el expediente que llega al juez, y cada resolución se apoya en ello. Conviene revisar cada respuesta pensando en el posible proceso penal, no solo en la liquidación.
Una vez notificado el inicio de la comprobación, el pago ya no excluye el delito. Sigue siendo útil para atenuar la pena, pero hay que hacerlo dentro de plazo y con cabeza.
La cuota que calcula la Administración es una propuesta, no la realidad del caso. En el juicio se discute con pruebas y con peritos, y es frecuente que se reduzca o que se descarte parte de la defraudación.
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Opiniones de clientes
Cuando la cuota defraudada supera los 120.000 euros por tributo y por periodo impositivo o de declaración. Si el periodo es inferior a doce meses, como el IVA trimestral, se toma el año natural. Por debajo de esa cifra es una infracción tributaria que sanciona Hacienda.
Prisión de 1 a 5 años, multa del tanto al séxtuplo de la cuota y la pérdida durante 3 a 6 años de la posibilidad de recibir subvenciones y beneficios fiscales. En los casos agravados, como una cuota de más de 600.000 euros, la prisión es de 2 a 6 años.
A los 5 años en el tipo básico y a los 10 en el agravado del artículo 305 bis. Es un plazo distinto de los 4 años que tiene Hacienda para liquidar, así que un ejercicio prescrito en vía administrativa aún puede tener efectos penales.
Si pagas antes de que te notifiquen una comprobación, no hay delito. Si ya estás investigado, pagar y reconocer los hechos en los dos meses siguientes a la citación permite rebajar la pena uno o dos grados. Reparar el daño antes del juicio, con el esfuerzo de pago que puedas, también atenúa la pena (art. 21.5 CP) y, con una condena de hasta 2 años, cabe pedir la suspensión (art. 80 CP).
Normalmente la propia Agencia Tributaria, que remite el expediente al Ministerio Fiscal o presenta denuncia. La querella la interpone la Fiscalía o la Abogacía del Estado. También puede empezar por otra investigación penal en la que aparecen indicios, por ejemplo una causa por delitos de corrupción.
Puede responder la persona física que decidió el fraude, normalmente el administrador, y también la propia sociedad como persona jurídica, con multas proporcionales a la cuota y la prohibición de recibir ayudas públicas. Los socios que no intervinieron en la gestión no responden penalmente por el solo hecho de serlo. Si el delito se cometió en otra provincia, el juzgado competente será el de allí.
La elusión del pago de cuotas o el disfrute de deducciones indebidas por más de 50.000 euros en cuatro años naturales. Tiene la misma pena básica que el delito fiscal y se puede regularizar en términos parecidos. Es la frontera con los delitos contra la Seguridad Social del artículo 307, y la denuncia suele venir de la Inspección de Trabajo o de la Tesorería General.
Defraudar a la Hacienda, a nivel estatal, autonómico o local, por acción u omisión, incumpliendo la obligación de pagar tributos o ingresar retenciones, obteniendo devoluciones indebidas o disfrutando de beneficios fiscales sin derecho. Lo habitual es ocultar ingresos de la actividad en el IRPF o en sociedades, o deducir IVA con facturas falsas. Si el fraude es de subvenciones con financiación pública por más de 100.000 euros, se aplica el artículo 308.
Sí, si estás obligado por la ley tributaria y la incumples por completo en estimación directa, o llevas contabilidades distintas que ocultan la situación real. El delito contable se castiga con prisión de 5 a 7 meses (art. 310 CP).
Sí, son dos maneras de llamar al delito contra la Hacienda Pública del artículo 305 del Código Penal. Hablar de fraude tributario o de fraude a Hacienda también remite a él. Lo que no es delito, aunque se llame fraude en una conversación, es la cuota que no llega a 120.000 euros: esa es una infracción tributaria.
Sí. Además de la pena, la responsabilidad civil comprende la deuda tributaria que Hacienda no haya podido liquidar por prescripción u otra causa legal, con sus intereses de demora, y la Agencia Tributaria la cobra por la vía de apremio (art. 305.7 CP). Por eso pagar a tiempo y reconocer los hechos suele ser una decisión de estrategia, no solo de dinero.
Confesar antes de saber que el procedimiento se dirige contra ti (art. 21.4), reparar el daño antes del juicio (21.5) y una dilación extraordinaria e indebida de la causa que no sea culpa tuya (21.6). Se suman a la rebaja de uno o dos grados del artículo 305.6 si pagas y reconoces los hechos en los dos meses siguientes a la citación como investigado.