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Mucha gente en Barcelona se opera o se trata fuera de la red pública: con un seguro de salud, propio o de la empresa, o pagando directamente a una clínica. Si el resultado no es el esperado y aparece un daño, la reclamación no va a la Administración. Es un pleito civil contra quien te atendió y contra su aseguradora, y se rige en buena parte por normas catalanas.
Esa diferencia importa desde el primer día. El plazo que se lee en muchas webs, un año, es el del Código Civil estatal. En Cataluña, la acción por responsabilidad extracontractual tiene tres años, y la que nace de un contrato incumplido, el plazo general de diez. Pero una cosa es que haya margen y otra que convenga esperar: la historia clínica, los testigos y las pruebas son más fáciles de reunir cuanto antes. Por eso empezamos siempre con un estudio de viabilidad sobre la documentación médica que conserves.
Como abogado de negligencia médica, nuestro trabajo en estos casos es reconstruir qué pasó con la documentación clínica, comprobar si te informaron como exige la ley, contar con el apoyo de un perito médico independiente y decidir contra quién demandar y qué indemnización pedir. Llevamos estos asuntos desde el área de abogados civiles en Barcelona, en el despacho de Rambla de Catalunya, con el mismo asesoramiento por escrito que damos a todos nuestros clientes.
Una negligencia médica puede reclamarse por la vía civil, por la contencioso-administrativa o, solo si los hechos son delito, por la penal. Elegir bien es la primera decisión de tu caso.
¿Te trataron en una clínica privada de Barcelona y no te explicaron los riesgos?
Estos plazos se aplican a las reclamaciones sujetas al derecho civil catalán y a la vía pública.
3 años
para reclamar la responsabilidad extracontractual del médico o la clínica
fuente: art. 121-21.d CCCat
10 años
plazo general para las pretensiones sin plazo especial, como el incumplimiento contractual
fuente: art. 121-20 CCCat
1 año
si la asistencia fue pública, desde la curación o la determinación de las secuelas
fuente: art. 67.1 Ley 39/2015
15 años
conservación mínima de las hojas de consentimiento informado y de los informes de alta y quirúrgicos
fuente: art. 12.4 Ley catalana 21/2000
El procedimiento civil tiene una fase previa de negociación que la ley hace obligatoria. Así lo organizamos.
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Pedimos por escrito al centro la copia de tu documentación clínica, a la que tienes derecho (art. 13 Ley catalana 21/2000), un acceso que también ampara la normativa de protección de datos. Si no la entrega, podemos pedirla al juez como diligencia preliminar, igual que la exhibición de la póliza de responsabilidad civil (art. 256.1, apartados 5.º y 5.º bis, LEC).
2
Un médico con especialización en la materia, que actúa con independencia, analiza la actuación, el consentimiento y la relación entre la actuación y el daño.
3
Requerimos a la clínica y a su aseguradora y negociamos con ellas los daños indemnizables. En Cataluña, esta reclamación interrumpe la prescripción (art. 121-11.c CCCat).
4
Antes de demandar hay que intentar un medio adecuado de solución de controversias; la solicitud también interrumpe la prescripción (arts. 5 y 7 LO 1/2025).
5
Si no hay acuerdo, demandamos en los juzgados civiles de Barcelona. La prueba central es la pericial médica sobre las cuestiones técnicas, sometida a contradicción en la vista.
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La sentencia puede recurrirse en apelación ante la Audiencia Provincial de Barcelona.
En el ámbito de la sanidad privada, muchas reclamaciones no discuten si la técnica fue correcta, sino si el paciente sabía a qué se exponía cuando dio su autorización. Cataluña reguló este derecho en la Ley 21/2000, antes de que la Ley 41/2002 lo hiciera para toda España, y hoy conviven las dos normas.
Qué debe contener. Información verídica y comprensible sobre la finalidad de la intervención, sus riesgos y sus consecuencias (art. 2 Ley catalana 21/2000). Si tú lo permites, también se informa a tus familiares y a las personas vinculadas a ti (art. 3). Antes del consentimiento escrito, el facultativo debe explicar las consecuencias seguras, los riesgos típicos, los ligados a tus circunstancias personales y las contraindicaciones (art. 10.1 Ley 41/2002).
Cuándo debe ser por escrito. En intervenciones quirúrgicas, procedimientos diagnósticos invasivos y, en general, cuando hay riesgos notorios y previsibles para la salud (art. 6.2 Ley catalana 21/2000). El documento debe ser específico para cada supuesto (art. 6.3).
Qué pasa si falta o es genérico. Un formulario estándar sin los riesgos de tu caso, firmado con prisas antes de entrar a quirófano, puede no cumplir la ley; de ahí la importancia de revisarlo. Los tribunales valoran si el riesgo que se materializó estaba explicado y si, conociéndolo, podrías haber decidido otra cosa.
La medicina voluntaria o satisfactiva. Cuando la intervención no responde a una necesidad médica, sino a una decisión libre del paciente, la exigencia de información sobre riesgos y resultados es, en la práctica judicial, más estricta.
Cuanto antes nos lo cuentes, más margen tendremos
Comprobamos si hubo mala praxis: un error de diagnóstico, un retraso en pedir las pruebas, una técnica mal ejecutada o la falta de seguimiento. La vara de medir es la lex artis, no el resultado.
Identificamos las lesiones, las secuelas, los días de baja y los gastos. Con eso se calcula la indemnización o compensación económica que se reclama, tomando el baremo de tráfico como referencia orientativa.
Frente al paciente, la clínica responde de los profesionales que trabajan para ella, y el médico que ejerce por su cuenta, de su propio ejercicio de la profesión. Localizamos también las pólizas de responsabilidad civil de cada uno.
A fin de valorar tu caso, reúne de la manera más completa posible lo que tengas de esta lista:
En Barcelona, frente a la sanidad privada, el año no es el límite: rigen los plazos del Código civil catalán. La fecha de inicio del plazo es el elemento que más se discute, así que conviene comprobarla con un abogado antes de descartar la reclamación.
Una oferta rápida puede no cubrir secuelas que aún no se han estabilizado. Hasta que el perito cierre la valoración, es pronto para firmar un finiquito.
El consentimiento cubre los riesgos informados, no una mala ejecución. Si la técnica se apartó de la lex artis, hay responsabilidad aunque firmaras el documento.
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Cuando el profesional o el centro se apartan de la lex artis, es decir, de lo que la ciencia médica exigía en ese momento y en esas circunstancias, y eso causa un daño al paciente. Es lo que se conoce como mala praxis médica. La medicina es una obligación de medios: un mal resultado no basta por sí solo.
Es la conformidad libre del paciente con una actuación sobre su salud, después de recibir información sobre ella. Sirve para que decidas con conocimiento y, en caso de conflicto, para acreditar qué se te explicó.
La ley distingue el consentimiento verbal, que es la regla general; el escrito, obligatorio en cirugía y procedimientos invasivos o de riesgo, y el consentimiento por representación, cuando el paciente no puede decidir por sí mismo.
Con la historia clínica completa y un informe pericial sólido que explique en qué se apartó la actuación de la lex artis y cómo causó el daño. Cada especialidad médica requiere un perito con conocimiento específico de esa área.
No hay una cantidad fija. Se valoran las lesiones, las secuelas, los días de curación y los perjuicios económicos. Los tribunales suelen tomar como referencia orientativa el baremo de tráfico de la Ley 35/2015, sin estar obligados a aplicarlo.
La abogacía no tiene especialidades oficiales, así que más que el rótulo de especialistas en negligencias médicas importa el contenido: un abogado de responsabilidad civil, centrado en la defensa del paciente, que conozca el proceso civil, el derecho catalán de prescripción y la normativa sanitaria, y que trabaje con peritos médicos independientes.
Sí. Puedes dirigirte directamente contra la aseguradora de responsabilidad civil del médico o del centro, que solo puede oponerte la culpa exclusiva del perjudicado y sus excepciones personales contra ti (art. 76 Ley 50/1980).
La responsabilidad patrimonial se reclama a la Administración sanitaria. El trámite de la Generalitat para la asistencia a cargo del CatSalut en centros del sistema sanitario público catalán se presenta ante el CatSalut; si el centro pertenece al Institut Català de la Salut, comprobamos qué órgano la instruye.
