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Cuando hay una muerte de por medio, la causa se pone en marcha enseguida: detención, registro, autopsia, primeras declaraciones. Todo lo que se haga en esas horas, por la policía y por la defensa, tendrá peso en un juicio que puede tardar años. Por eso conviene contar con un abogado en Barcelona desde el primer momento, es decir, desde la primera declaración, con asesoramiento jurídico claro sobre cada decisión y la seguridad de saber qué se firma y qué se dice. Para eso hace falta confianza, y se gana explicando cada paso.
Como abogado penalista de homicidio en Barcelona, nuestro bufete lleva la defensa de cada cliente con dos ideas: la prueba técnica decide más de lo que parece, y el jurado necesita entender el caso. Ese enfoque doble marca el trabajo: peritos forenses, estudio del atestado de los Mossos d’Esquadra o de la Policía Nacional y una versión de los hechos que se pueda explicar con claridad a nueve ciudadanos. Es un caso complejo desde el primer día, y la clave está en no improvisar.
Es un delito contra la vida y no contra la integridad física, y el proceso penal exige rigor en cada fase. Cuando la muerte se produce en el marco de otros delitos graves, como un robo con violencia, un hurto que acaba mal o un ajuste de cuentas por tráfico de drogas, o cuando detrás hay un conflicto económico, por un negocio, por la propiedad de un bien o por el patrimonio familiar, con causas abiertas por estafa, fraude, apropiación indebida o blanqueo de capitales, la defensa se coordina con ellos. También atendemos a familias que han perdido a un ser querido y quieren personarse en la causa para que se investigue y se repare el daño. La muerte por imprudencia, por ejemplo en un accidente con delito contra la seguridad vial por conducción temeraria o conducción bajo los efectos del alcohol, tiene su propia página, y aquí tratamos las muertes causadas con intención en el ámbito penal.

En Cataluña investigan habitualmente los Mossos d’Esquadra, que elaboran el atestado y piden al juez, como autoridad judicial, las primeras diligencias. Los hechos de Terrassa, Sabadell o L’Hospitalet se instruyen en los juzgados de su partido judicial. Revisamos cómo se hicieron los registros, las identificaciones y las declaraciones, porque una irregularidad puede anular una prueba.
El informe del forense, que en Cataluña depende del Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses, fija la causa y la forma de la muerte. Lo contrastamos con una pericial propia cuando hay dudas sobre el mecanismo o el momento de los hechos.
El juez decide en una comparecencia si te deja en libertad, con fianza o con medidas como retirar el pasaporte o presentarte en el juzgado, o si ordena prisión en un centro penitenciario. Valora los antecedentes, el arraigo, el estado de salud, el riesgo de fuga y la gravedad de la pena. Preparamos esa vista porque marca las condiciones en que te defenderás durante años.
La formación del jurado empieza con un sorteo, y las partes pueden hacer preguntas a los candidatos y recusar a los que tengan una causa. Es una fase breve pero decisiva, y la preparamos con el caso en mente.
El jurado no dicta sentencia: responde a una lista de proposiciones sobre los hechos. La redacción de esas preguntas se negocia entre las partes y puede decidir el resultado, por eso se cuida cada una.
Además de la condena, la sentencia fija una indemnización por la muerte, con cargo a los bienes del condenado. Representamos a los familiares de la víctima en la causa y cuidamos que se tenga en cuenta su situación.
¿Estás implicado en una causa por la muerte de otra persona?
Cuánto puede durar la pena y los tiempos que marca la ley.
10 a 15 años de prisión
es la pena del homicidio doloso
fuente: art. 138.1 Código Penal
15 a 25 años de prisión
es la pena del asesinato
fuente: art. 139.1 Código Penal
72 horas
es el límite de la detención policial antes de poner a la persona a disposición del juez
fuente: art. 17.2 de la Constitución
10 días
para apelar una sentencia del tribunal del jurado ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña
fuente: arts. 846 bis a y 846 bis b Ley de Enjuiciamiento Criminal
Etapas habituales del proceso, de la comisaría a la sentencia.
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Estamos presentes en la declaración ante la policía, pedimos conocer los hechos que se te atribuyen y te aconsejamos con calma sobre qué decir, porque no declarar contra ti mismo es un derecho fundamental (art. 24.2 de la Constitución) y su ejercicio no puede usarse por sí solo en tu contra. Antes de la firma de la declaración revisamos su contenido. Después acudimos a la comparecencia ante el juez con conocimiento de lo que consta en el atestado.
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Revisamos el atestado, las pruebas biológicas, los informes forenses y las comunicaciones del caso, y cada actuación de la policía. Detectamos incoherencias, buscamos el punto débil de lo que sostiene la Fiscalía y decidimos qué peritos hacen falta. Lo que no se ajuste a derecho se impugna con un recurso de reforma y apelación.
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Definimos contigo si la línea es negar los hechos, discutir la intención, alegar legítima defensa, cuestionar la identificación o, si procede, valorar una conformidad con el fiscal y la acusación particular. Cada una exige pruebas distintas desde el inicio.
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Preparamos la intervención ante los jurados: exposición de hechos, interrogatorios de testigos y peritos, informe final. Si el resultado es adverso, una vez dictada la sentencia presentamos el recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y, más tarde, la casación ante el Tribunal Supremo.
Un reconocimiento dudoso, un testimonio único o una imagen borrosa pueden sostener una acusación. Tiene mucha importancia cómo se hizo la identificación y si respetó las garantías.
Una alteración psíquica, un problema de salud o una intoxicación pueden eximir o atenuar la responsabilidad. Hacen falta informes de peritos forenses con la especialización adecuada y un historial clínico que lo respalde; no es una defensa que se improvise.
El contexto de la relación influye en la calificación: una discusión previa, una agresión anterior contra su integridad física, un conflicto de años entre familiares o entre los socios de una empresa o de una sociedad familiar. Se tiene en cuenta para la intención y las circunstancias del hecho.
Entre los hechos y el juicio pasan años. Cuidamos que la prueba no se pierda y que el paso del tiempo y la lentitud de la Administración de Justicia en un proceso judicial largo no perjudiquen a quien está en prisión provisional.
Cuanto antes nos lo cuentes, más margen tendremos
Para valorar el caso, reúne la siguiente información o pídesela a un familiar:
Lo que se dice en público puede usarse en tu contra en el juicio penal, y lo que publiques sobre la víctima o su familia puede atentar contra su honor y su intimidad o acabar en una querella por injurias. Cualquier comunicación se decide con el abogado.
Un compañero de celda, un vecino o un conocido pueden ofrecer ayuda con buena intención, pero sus consejos suelen perjudicar. Las decisiones se toman con el abogado.
Si se defiende una única versión y la prueba la desmiente, se pierde credibilidad ante el jurado, con consecuencias graves. Conviene preparar líneas alternativas coherentes con lo que la prueba permite sostener como verdad.
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Opiniones de clientes
Es homicidio matar a otro con intención (artículo 138 del Código Penal). Si además hay alevosía, recompensa, ensañamiento o la finalidad de facilitar otro delito o evitar su descubrimiento, se califica como asesinato (artículo 139) y la pena es mayor. En principio, el tipo penal exige dolo.
Ciudadanos mayores de edad, residentes en la provincia, elegidos por sorteo entre el censo: nueve jurados y dos suplentes. Los candidatos pueden ser recusados por las partes si hay una causa legal.
Se juzgan juntos en el mismo juicio, pero cada uno responde por su participación, y los intereses pueden chocar, por lo que cada acusado necesita su propia defensa. Si alguien se ha marchado del país, el juez puede emitir una orden europea de detención y entrega (OEDE, Ley 23/2014) o pedir su extradición.
La policía debe comunicar la detención y el lugar de custodia al familiar o a la persona que el detenido designe, salvo que se acuerde la incomunicación. El abogado puede hablar con él y te cuenta lo que sea posible.
Si el juez no ordena prisión, puede imponer medidas alternativas como retirar el pasaporte o presentarse periódicamente en el juzgado. El incumplimiento puede acabar en prisión.
Depende de la complejidad de la instrucción y del volumen de pruebas; hablamos de meses o de años. A continuación vienen la audiencia preliminar y la apertura del juicio oral.
El plazo general para delitos con pena máxima de quince años o más es de veinte, y se cuenta desde la fecha de los hechos (artículos 131.1 y 132.1 del Código Penal). En los casos más graves hay reglas propias.
Cuando el autor empieza a ejecutar el hecho con intención de matar pero no lo consigue. La pena se reduce en uno o dos grados respecto al delito consumado (artículo 62 del Código Penal) y lo decisivo es probar la intención. Si se juzga sola, sin una muerte consumada en la misma causa, no la ve un jurado sino tres magistrados de la Audiencia Provincial (art. 5.1 de la Ley Orgánica 5/1995).
Sí. El cónyuge o la pareja, los hijos y los padres pueden personarse como víctimas y reclamar la responsabilidad civil. Si la fallecida era una mujer y el hecho se produjo en un contexto de violencia de género, se estudian también las medidas y derechos propios de ese ámbito. También puedes acudir a la Oficina d’Atenció a la Víctima del Delicte de la Generalitat para recibir ayuda y protección.