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Una persona con pérdida de visión progresiva que ya no puede moverse sola por el metro. Otra con una enfermedad renal crónica que condiciona su semana. Una tercera con secuelas de un accidente que le impiden estar de pie más de unos minutos. Las tres pueden recibir un porcentaje que no se parece a su vida, y esa diferencia afecta a su familia, a sus intereses y a las oportunidades y al bienestar que tienen a su alcance.
Como abogado de discapacidad en Barcelona, nuestro equipo de profesionales ofrece un servicio de asistencia legal que parte de la resolución y de su informe de valoración, y los compara con tus informes médicos y con lo que haces de verdad en un día normal. Si hay deficiencias sin valorar o limitaciones mal descritas, preparamos la reclamación con prueba nueva. Si no, te lo decimos antes de empezar. Nos encargamos de la gestión de los trámites, con la protección de tus derechos como objetivo y una comunicación clara, para que tomes la decisión con confianza y con la orientación de un abogado o abogada del área.
La ley protege la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad (RDLeg 1/2013). Esta página trata el grado de discapacidad, que reconoce la Generalitat dentro del ámbito de los servicios sociales. Si necesitas una pensión de la Seguridad Social porque no puedes trabajar, hablamos de incapacidad permanente, que decide el INSS y tiene su propia página; cuando los dos expedientes coinciden en el tiempo, los coordina el mismo equipo. Si lo que necesita un familiar son apoyos para ejercer su capacidad jurídica y decidir sobre su persona o su patrimonio (lo que antes se llamaba incapacitación y hoy, tras la reforma de 2021, se plantea como medidas de apoyo, en Cataluña a través de la asistencia y las demás figuras del Codi civil de Catalunya), es otro asunto, de derecho civil, con su propio procedimiento, que no tratamos aquí; si hace falta, lo coordinamos con el área de familia.

Ante la Generalitat, que valora la solicitud en el CAD que corresponde a tu domicilio. Si vives en la ciudad o en otra parte de la provincia de Barcelona, te atiende el de tu zona. Conviene pedir al personal del CAD el número de expediente desde el principio.
Un equipo con médico, psicólogo y trabajador social emite el informe: las deficiencias, la evaluación de las limitaciones en tu vida diaria y su relación con cada deficiencia y el entorno en que vives. La resolución recoge el porcentaje y, si procede, las dificultades de movilidad.
Reconocimiento legal, amparado por el artículo 49 de la Constitución, de persona con discapacidad: cuota de reserva en empresas de 50 o más trabajadores, cupo en el empleo público, adaptación del puesto con prevención de riesgos laborales y beneficios fiscales.
Con el 65 % puedes pedir la pensión no contributiva de invalidez, que en Cataluña tramita la Generalitat, con acceso a la pensión una vez reconocido el grado, si cumples los requisitos de edad, residencia y rentas.
Si en tu familia hay una persona que necesita ayuda cada día, la Ley 39/2006 regula la dependencia, que se valora aparte para decidir si necesitas apoyo de otra persona y qué servicios te tocan. Es un procedimiento distinto del de discapacidad y tiene su propio baremo. Si además hay un divorcio, un impago de alimentos o herencias y testamentos de por medio, con un régimen de custodia que cumplir, eso se trata en derecho de familia, que coordinamos con nuestro equipo de abogados de familia en Barcelona, el tipo de asunto que más se cruza con la discapacidad.
La resolución indica si el grado tiene carácter definitivo o si tiene fecha de revisión, y cualquier modificación exige informes nuevos. Por un lado, mientras no cambie tu situación el grado se mantiene; por otro, si tu salud empeora, puede pedirse la revisión por agravación con informes que acrediten el cambio.
¿El CAD te ha reconocido un porcentaje que no se corresponde con tus limitaciones?
Un grado cuestionado se discute con plazos de días, no de meses.
30 días
tienes desde que te notifican la resolución del CAD para presentar la reclamación previa
fuente: art. 71 LRJS
45 días
tiene la Generalitat para contestarla; si no lo hace, el silencio equivale a denegación
fuente: art. 71 LRJS
30 días
para presentar la demanda ante el juzgado de lo social, contados desde esa desestimación expresa o presunta
fuente: art. 71 LRJS
65 %
de grado es el mínimo que exige la pensión no contributiva de invalidez
fuente: art. 363 LGSS
Cada fase prepara la siguiente, con un servicio de asesoramiento del despacho de abogados que te dice en todo momento qué se ha presentado y qué falta.
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Pedimos copia del expediente y, con el asesoramiento de un abogado de la materia, revisamos qué deficiencias se valoraron, qué porcentaje se asignó a cada una y qué se dijo sobre movilidad o necesidad de ayuda de otra persona.
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Hablamos contigo, y con tu familiar si hace falta, sobre tu día a día, y pedimos a tus médicos informes que describan limitaciones concretas. Si hace falta, un perito médico emite un informe independiente. Si hay además un conflicto de derecho laboral con tu empresa por tus limitaciones, lo tratamos aparte con el área laboral.
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El destinatario de la reclamación es la Generalitat: hacemos la presentación del escrito dentro de plazo con la documentación nueva y una petición concreta, qué porcentaje o qué reconocimiento pedimos y por qué, con una serie de pruebas que la apoyan.
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Si la reclamación se desestima o no contestan, presentamos la demanda en el juzgado de lo social de Barcelona, que forma parte de la jurisdicción social, proponemos la prueba médica y defendemos tus intereses ante el juez en el juicio, durante toda la tramitación, para que la defensa de tu caso llegue a la justicia con la tutela judicial efectiva que reconoce el artículo 24 de la Constitución.
Si estás cerca de un umbral, el 33 % o el 65 %, cada punto cambia el nivel de derechos que obtienes. Valoramos con qué prueba se puede alcanzar y si compensa litigar, una vez conocidas la calidad de los informes y la exigencia de la motivación.
Revisamos si te citaron a la valoración y si se pidieron las medidas de apoyo que necesitabas, si se tuvieron en cuenta todos los informes que aportaste y si la motivación explica el resultado. Una resolución con motivación vaga es más fácil de discutir, y la exigencia de motivar es un principio básico de cualquier resolución administrativa.
Un informe médico útil traduce el diagnóstico a actividades: caminar, subir escaleras, usar el transporte público, vestirte, comunicarte. Es la información que el equipo necesita, y la herramienta con la que se discute el grado, con el fin de que el informe refleje tu día a día.
La documentación del CAD puede llegar en catalán, y tus informes médicos, en catalán o en castellano. Nos ocupamos de que todo conste en el expediente sin retrasos. Ante la Generalitat y ante los juzgados puedes usar el catalán o el castellano, y el idioma no cambia los plazos, que conviene llevar con conocimiento y tranquilidad.
Cuanto antes nos lo cuentes, más margen tendremos
Para valorar tu reclamación reúne, si puedes, lo siguiente:
Sin saber qué puntuación recibió cada deficiencia no se puede discutir el resultado. El primer paso es pedir el expediente, con el número de referencia que figura en la resolución, y revisarlo con un bufete de abogados que conozca estos procedimientos.
Un nombre de enfermedad no basta, y un buen informe le pone cifras y ejemplos. Los informes deben describir lo que haces con dificultad o no puedes hacer.
Si el grado reconocido es del 60 %, la solicitud de pensión se denegará por no alcanzar el 65 %. Antes hay que discutir el grado.
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Opiniones de clientes
La solicitud se presenta ante la Generalitat, que la tramita en el Centre d’Atenció a Persones amb Discapacitat (CAD) que corresponde a tu domicilio, con tus informes médicos. El CAD valora tu situación y emite la resolución con el grado. Si no estás de acuerdo con el resultado, se reclama contra esa resolución y, si dudas, te lo explica un abogado. Barcelona cuenta con varios CAD.
La Generalitat, a través de su departamento de derechos sociales. Para pedirla necesitas, entre otros requisitos, un grado de discapacidad del 65 % o más, por eso conviene resolver antes cualquier discrepancia con el porcentaje.
Reserva de plazas en el empleo público, cuota de reserva en empresas de 50 o más trabajadores (art. 42 RDLeg 1/2013), bonificaciones para quien te contrata y reducciones en el IRPF, además de ventajas fiscales en herencias, con reducciones en el impuesto de sucesiones y donaciones. Con un 65 % o más se abren derechos adicionales; la Ley 41/2003 permite además constituir un patrimonio protegido para el futuro de la persona con discapacidad.
Sí. El grado de discapacidad no es una incapacidad para trabajar: puedes mantener tu contrato y, si lo necesitas, pedir adaptaciones del puesto. Si eres autónomo, el grado puede dar acceso a reducciones y bonificaciones en la cotización (art. 32 de la Ley 20/2007); si trabajas por cuenta ajena, protege frente a un despido discriminatorio, y un asesoramiento laboral a tiempo evita errores en la relación laboral. Si lo que necesitas es una pensión porque tus limitaciones te impiden ejercer, la vía es la incapacidad permanente del INSS.
La discapacidad mide limitaciones y da un porcentaje. La dependencia valora la necesidad de ayuda de otra persona para actividades básicas y concede servicios o prestaciones. Se piden por separado y cada una tiene su baremo, y el conflicto con una no afecta automáticamente a la otra.
Avisa lo antes posible y justifica la causa con un informe, porque una valoración sin tu presencia puede acabar en una resolución desfavorable. Si ya recibiste la resolución, cuenta el plazo desde su notificación.
En el juzgado de lo social de Barcelona, tras la reclamación previa ante la Generalitat. Es un procedimiento distinto al de la incapacidad permanente, aunque se tramite en el mismo orden.
No siempre. Cuando los informes de tus médicos, de forma clara, ya describen bien las limitaciones, puede bastar. Si hay discrepancias o faltan datos, un informe pericial puede ser la diferencia.
Sí. Lo piden sus representantes legales, y el grado del 33 % o más da derecho a la asignación económica por hijo a cargo con discapacidad. Si el porcentaje es bajo, se reclama igual que en un adulto, y la responsabilidad de pedirlo recae en sus representantes legales. Si hay separación de los padres, la custodia de un hijo y los alimentos se fijan en el proceso de familia, y el testamento puede prever su futuro con un patrimonio protegido (Ley 41/2003).