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Llega la resolución, el antiguo certificado de minusvalía, con un porcentaje y poco más. Un 30 % te deja fuera de casi todo lo que empieza en el 33 %; un 60 % te deja a las puertas del 65 %. La defensa de esos pocos puntos puede decidir si accedes a una reserva de empleo, a beneficios fiscales o a una pensión o a una prestación, y a veces al sustento y al bienestar de toda una familia.
Como abogado de discapacidad en Madrid, nuestro trabajo con cada cliente empieza por el informe de valoración: qué deficiencias se recogieron, qué limitaciones se les asignaron y qué quedó fuera. Lo comparamos con tus informes médicos y con lo que haces y dejas de hacer cada día, porque la evaluación mide el efecto de la enfermedad en tu vida diaria y en tu salud más que el nombre del diagnóstico. Con esa revisión te damos información clara sobre las posibilidades reales y los riesgos, en un momento que suele ser complejo, para que tomes la decisión con confianza; después te damos acompañamiento durante todo el proceso, con conocimiento del procedimiento, con orientación y una solución pensada para tu caso. El objetivo de la reclamación es que el porcentaje refleje la relación entre tus limitaciones y tus actividades, tal como la mide en la actualidad el Real Decreto 888/2022. La estrategia depende de cada tipo de caso, y ese enfoque guía nuestra actuación.
Esta página trata el grado de discapacidad, que reconoce la Comunidad de Madrid. No es lo mismo que la incapacidad permanente, que decide el INSS sobre tu capacidad para trabajar y tiene su propia página, ni que la cita ante el tribunal médico, que también depende del INSS. Si no sabes cuál es tu caso, lo aclaramos en la primera conversación, y el despacho coordina la tramitación de los dos expedientes si coinciden en el tiempo. Si además hay un divorcio, una herencia o un testamento que afectan a la persona con discapacidad (custodia, alimentos, patrimonio protegido), la coordinación se hace con derecho de familia. La ley parte de la protección de las personas con discapacidad, de la igualdad de oportunidades y de las diferencias reales entre cada persona, y es en ese ámbito donde se mueve la reclamación.

No se te considera persona con discapacidad a efectos legales. Aun así, la modificación del resultado es posible: si tus limitaciones no están bien recogidas en el expediente, la resolución se puede discutir.
Abre la puerta a la cuota de reserva en empresas de 50 o más trabajadores (art. 42 RDLeg 1/2013), a las reducciones por discapacidad en el IRPF, a prestaciones económicas familiares, a las bonificaciones a la contratación y a las ayudas de formación y empleo, además de otras medidas de inclusión.
Es el umbral de la pensión no contributiva de invalidez (artículo 363 de la Ley General de la Seguridad Social), si cumples además los requisitos de edad, residencia y rentas, y aumenta la reducción por discapacidad en el IRPF. Conviene conocer bien los requisitos de cada alternativa antes de decidir.
Además del porcentaje, la resolución puede recoger dificultades para el transporte colectivo o para otro medio de transporte y la necesidad de ayuda de otra persona. De esos apartados dependen, por ejemplo, la tarjeta de estacionamiento y otras ayudas.
La discapacidad mide tus limitaciones en la vida diaria, trabajes o no. La incapacidad permanente mide si puedes trabajar y la reconoce el INSS. Las diferencias importan: puedes tener una sin la otra, aunque una incapacidad total, absoluta o gran incapacidad ya te sitúa legalmente en el 33 %.
La dependencia (Ley 39/2006) es otro procedimiento, con otro baremo, que decide si necesitas apoyo de otra persona y qué servicios te corresponden. Se pide por separado, también para el cuidado diario con una persona cuidadora, aunque a veces conviene coordinar los dos expedientes.
¿Te han dado un porcentaje que no refleja tus limitaciones y te quedan 30 días para reclamar?
Desde que recibes la resolución, el calendario es corto y se cuenta en días.
30 días
para presentar la reclamación previa desde que te notifican la resolución sobre el grado
fuente: art. 71 LRJS
45 días
tiene la Administración para contestarla; si no lo hace, se entiende denegada por silencio
fuente: art. 71 LRJS
30 días
para presentar la demanda ante el juzgado de lo social desde la denegación expresa o por silencio
fuente: art. 71 LRJS
33 %
de grado es el umbral que la ley fija para considerar a una persona con discapacidad
fuente: art. 4.2 RDLeg 1/2013
Del análisis de la resolución a la sentencia, con la tramitación y la asistencia de un abogado o abogada del área.
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Desde el inicio pedimos el expediente, con su número de referencia, y leemos el informe: qué deficiencias se valoraron, qué porcentaje se dio a cada una y qué se dijo sobre movilidad o necesidad de ayuda de otra persona.
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En colaboración con tus médicos y con entidades y fundaciones que te atienden, reunimos informes médicos actualizados que describan, además del diagnóstico, qué actividades no puedes hacer o haces con ayuda. Su valor probatorio depende de la calidad del informe. Si es útil, encargamos un informe pericial.
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La presentación del escrito dentro del plazo, con los informes nuevos, una serie de pruebas y una petición concreta (qué porcentaje pedimos y por qué), abre una negociación con la Administración. Es la ocasión de que la Administración revise su decisión antes de llegar al juez, y a veces basta con ella.
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Si se desestima o hay silencio, demandamos ante el juzgado de lo social de Madrid. En el juicio, un perito o el médico forense que el juez designe puede valorar tus limitaciones, y la sentencia fija el grado que corresponde.
A veces el equipo recoge la dolencia principal, por ejemplo la secuela de un accidente, pero deja fuera otras secundarias que, sumadas, aumentan el porcentaje. Según las circunstancias de cada persona, comprobamos que cada una conste en un informe actual y nos ocupamos de la gestión de las pruebas que hagan falta.
Un informe que solo dice «artrosis» o «hipoacusia» pesa poco. Debe decir qué no puedes hacer: caminar más de unos minutos, subir escaleras, seguir una conversación en un lugar con ruido o estar de pie tras un accidente. Esa es la clave del nivel de limitación que se reconoce, también tras un daño cerebral o una lesión medular. El informe es la herramienta principal de la reclamación.
Si el grado se reconoce con una duración limitada y fecha de revisión y tu situación ya es estable, puede discutirse. Y si empeoras, se puede pedir la revisión por agravación, con informes que acrediten el cambio; de esta manera el grado sigue tu situación real.
Un punto más o menos cambia lo que te corresponde en empleo, impuestos, prestaciones y pensiones, y también los gastos de ayudas técnicas que puedas deducir. Si además has sufrido un despido por tus limitaciones, lo coordinamos con un abogado laboralista del despacho, que valorará el contrato y la indemnización. Antes de reclamar valoramos qué porcentaje merece la pena defender, en lugar de pedir una cifra al azar.
Cuanto antes nos lo cuentes, más margen tendremos
Para estudiar tu reclamación reúne lo siguiente:
El porcentaje final suma varias partidas. Sin el informe de valoración no sabes qué se ha valorado ni qué se ha dejado fuera.
Repetir lo que ya consta en el expediente rara vez cambia la valoración. La reclamación previa es la ocasión de aportar prueba que no se tuvo en cuenta.
Si la resolución es desfavorable, el plazo corre desde su notificación. Esperar una revisión que nadie ha pedido es una forma fácil de perder la reclamación.
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Opiniones de clientes
Ante la Comunidad de Madrid, que valora la solicitud a través de sus centros base. Allí se evalúan tus informes y las limitaciones que provocan, y se emite la resolución con el porcentaje.
Solicitarlo ante la Comunidad de Madrid con informes médicos que describan tus limitaciones, no solo el diagnóstico. El Real Decreto 888/2022 valora las deficiencias, las limitaciones que provocan en tus actividades diarias y el contexto personal y el entorno en que vives.
Con un 33 % o más (art. 4.2 RDLeg 1/2013). Con un 65 % o más se abren otros derechos, como la pensión no contributiva de invalidez si cumples los demás requisitos.
Los laborales: las empresas de 50 o más trabajadores deben reservar el 2 % de su plantilla a personas con discapacidad (art. 42 RDLeg 1/2013), las ofertas de empleo público incluyen un cupo de reserva y hay bonificaciones para quien te contrata. También abre beneficios fiscales y prestaciones económicas por hijo a cargo.
Sí, según tu profesión y tu puesto. Tener reconocido un grado no te impide trabajar ni equivale a una incapacidad: conservas tu contrato y puedes pedir ajustes. El reconocimiento de un 33 % tampoco da por sí solo derecho a una pensión.
Sí. Si tu situación ha empeorado, puede pedirse la revisión por agravación con informes nuevos. Si surge un conflicto con la valoración, o si la resolución fijaba una fecha de revisión, esa fecha te indica cuándo volverá a valorarse.
El juzgado de lo social, después de la reclamación previa. Es el mismo orden judicial que resuelve las incapacidades permanentes, pero es un procedimiento distinto, con sus propios pasos: la reclamación previa, la demanda y la prueba médica. Si lo que necesita tu familiar son apoyos para tomar decisiones, es otro asunto, de derecho civil, que no tratamos aquí.
Sí. Lo solicitan sus representantes legales, con la representación que les da la ley, y reciben la información del expediente. Si el grado es del 33 % o más, se abre el acceso a la asignación económica por hijo a cargo con discapacidad. Si el grado de tu hijo es bajo, también se puede reclamar. Además, influye en el colegio, en la custodia y los alimentos tras un divorcio y en el patrimonio protegido o el testamento que prevean los padres.
No. La tarjeta exige que la resolución recoja movilidad reducida, y se tramita por separado. Por eso importa que el informe de valoración describa bien las dificultades para desplazarte.