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En Barcelona buena parte de las causas por fraude fiscal que vemos no afectan a una sola persona, sino a una sociedad mercantil: una pyme familiar que lleva años aplicando un criterio en el impuesto sobre sociedades, un grupo complejo que factura entre empresas vinculadas, una constructora con subcontratas cuyas operaciones Hacienda discute. Cuando la Agencia Tributaria concluye que hay delito contra la Hacienda Pública, en la querella aparecen el administrador, a veces el consejero delegado o el director financiero y, cada vez más a menudo, la propia empresa como persona jurídica.
Cada uno de ellos necesita una defensa penal pensada para su posición, porque sus intereses no siempre coinciden y estos procesos exigen manejar a la vez el derecho penal y el derecho tributario. Nuestro equipo de abogados penalistas empieza por ordenar quién decidió qué, con qué información y con qué asesoramiento, y por revisar si la sociedad tenía un modelo de cumplimiento normativo que funcionara. Esa estrategia parte de un análisis de las actuaciones de la inspección tributaria, del procedimiento penal y de la planificación fiscal de los últimos ejercicios, con la ayuda de un perito cuando la complejidad lo pide. Como bufete de derecho penal económico, atendemos también a profesionales, autónomos y particulares, por ejemplo por rentas no declaradas en el IRPF o por una herencia mal liquidada ante la Generalitat.
Mientras no te hayan notificado el inicio de una comprobación sobre ese tributo, todavía puede caber regularizar (art. 305.4 CP); una vez notificada, ya no. Por eso conviene que un abogado revise cualquier requerimiento o diligencia antes de contestarlo.
El objetivo es proteger tus derechos con asistencia letrada en cada actuación, desde el primer requerimiento hasta la sala de vistas, y que el resultado se decida con pruebas y no con la cifra que propone Hacienda.
Si la causa se cruza con otras figuras, como blanqueo de capitales, la administración desleal o los delitos societarios, la tratamos en conjunto con el resto de abogados penalistas en Barcelona del despacho, que lleva asuntos en toda España.

Bajo el nombre de delitos fiscales, con la finalidad común de proteger la Hacienda pública y la Seguridad Social, se agrupan en la práctica varias figuras del mismo título del Código Penal, en el ámbito del derecho penal económico. La ley separa el delito de la simple infracción administrativa por la cantidad defraudada y por el dolo; lo demás son reclamaciones y sanciones que se discuten en la vía contencioso administrativa. Estas son las que más aparecen en los procesos que llevamos:
¿Tu empresa está investigada por fraude fiscal o a la Seguridad Social en Barcelona?
Las cuantías marcan la frontera con la infracción administrativa; las penas, las consecuencias si hay condena. El enfoque de la defensa cambia según la figura y la cantidad defraudada.
2 a 6 años
de prisión y multa del doble al séxtuplo si la cuota supera 600.000 euros o se usan testaferros, sociedades pantalla o paraísos fiscales
Art. 305 bis CP
Tanto al doble
de la cuota como multa a la sociedad responsable del delito fiscal básico; del doble al cuádruple en el agravado
Art. 310 bis CP
Más de 100.000 euros
en subvenciones obtenidas falseando requisitos o desviadas de su fin: prisión de 1 a 5 años
Art. 308 CP
10 años
de prescripción en los tipos agravados; 5 años en los básicos
Art. 131 CP
Un procedimiento por delito fiscal en Barcelona suele seguir estos pasos:
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La realiza, mediante una inspección tributaria, la Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Cataluña si se trata de IVA, IRPF o sociedades. Si el tributo es cedido, como sucesiones y donaciones o transmisiones patrimoniales, la Agència Tributària de Catalunya. En cotizaciones, la Inspección de Trabajo y la Tesorería General de la Seguridad Social.
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La Administración aprecia indicios de fraude fiscal, deja en suspenso las sanciones y envía el expediente al Ministerio Fiscal o presenta denuncia. A veces la causa nace de otra investigación, por ejemplo por delitos de corrupción en contratos públicos. Por regla general liquida también la deuda vinculada al delito, que después se ajusta a lo que decida el juez.
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La Fiscalía, la Abogacía del Estado o los servicios jurídicos de la administración afectada se querellan ante la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Barcelona, en la Ciutat de la Justícia, entre Barcelona y L’Hospitalet de Llobregat.
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Es la fase más larga del proceso penal, con declaraciones de los investigados, requerimientos a bancos, informes periciales, acceso a la contabilidad y, a menudo, embargos o fianzas para asegurar la deuda tributaria.
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Si hay escrito de acusación, juzga la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Barcelona o, en los tipos agravados, la Audiencia Provincial de Barcelona. La sentencia se puede recurrir.
Cuando una empresa o un administrador de Barcelona nos trae una notificación de Hacienda o un auto del juzgado, ordenamos la respuesta en este orden:
Si ya hay citación, el plazo para pagar y reconocer los hechos con rebaja de pena corre desde ese día, así que lo primero es mirar la fecha.
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La fecha de cada notificación decide si aún se puede regularizar y quién de la empresa debe comparecer.
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Antes de contestar, decidimos si sociedad, administrador y asesor necesitan abogados distintos.
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Comprobamos que el cálculo se hace por tributo y ejercicio, sin intereses ni recargos, y qué parte está vinculada al posible delito (art. 305.5 CP).
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Antes de que el juez te cite como investigado, repasamos con los documentos delante qué vas a decir y qué no puedes afirmar.
Cuanto antes nos lo cuentes, más margen tendremos
Si no te han notificado ninguna comprobación sobre ese tributo ni hay querella, el reconocimiento y pago completo de la deuda tributaria, la regularización, deja fuera la responsabilidad penal. Hay que calcularlo bien, con una revisión de cada operación y con datos fiables de la contabilidad, y hacerlo antes de cualquier requerimiento. Si el asunto sigue en vía administrativa, lo lleva nuestro abogado tributario en Barcelona.
No basta con ser administrador para ser autor de un delito contra la Hacienda Pública. Analizamos quién tomó las decisiones fiscales, qué delegó y en quién, qué firmó y con qué información, para que nadie responda por algo que no decidió ni conocía. Es el momento de pedir una coordinación real con la asesoría fiscal o la gestoría, para que todas las versiones sean coherentes.
La empresa puede quedar exenta o ver atenuada su responsabilidad si acredita un modelo de organización y gestión eficaz antes de los hechos. Reunimos esa prueba, con el impacto que tiene en la multa de la sociedad, y la defendemos ante el juez.
Pagar la deuda y reconocer los hechos en plazo abre la puerta a una pena inferior en uno o dos grados, tanto en el delito fiscal como en el fraude a la Seguridad Social. Lo valoramos contigo con los números delante, sin presiones, y con atención a la solvencia de la empresa.
La causa penal no detiene la recaudación, y esa medida puede ser decisiva para la capacidad de la empresa de seguir operando. Si ejecutar la deuda hundiría la actividad de la empresa, pedimos al juez que suspenda la ejecución con garantía o, de forma excepcional, sin ella, y que se respete el uso de los fondos necesarios para seguir operando. Lo que nunca conviene es vaciar el patrimonio mientras tanto: con deudas de Hacienda, el alzamiento de bienes se castiga con hasta 6 años de prisión.
Para valorar tu caso nos ayuda tener:
Sociedad, administrador y asesor pueden tener versiones incompatibles frente a la acusación. Un solo abogado para la representación de todos puede acabar perjudicando a alguno de ellos, y el conflicto se descubre tarde.
La rebaja de pena del artículo 305.6 exige las dos cosas y en un plazo de dos meses. Hacer solo una de ellas deja el beneficio a medias.
Si los hechos son delito, Hacienda paraliza la sanción y el caso sigue por la vía penal. Tener un acta firmada o una liquidación pagada no equivale a haber terminado, y el problema puede crecer en la fase judicial.
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Opiniones de clientes
No basta con deber: tiene que haber fraude y una cuota defraudada de más de 120.000 euros por tributo y ejercicio. Aun con condena, el juez puede suspender una pena de hasta 2 años si es la primera vez que delinques y se ha satisfecho la responsabilidad civil, entre otros requisitos (art. 80 CP).
Dejar de ingresar cuotas, obtener devoluciones o aplicar deducciones indebidas por más de 50.000 euros en cuatro años naturales. También es delito conseguir una prestación simulando o ocultando datos, aunque ahí no hay un umbral mínimo.
En el delito básico, del tanto al séxtuplo de las cuotas defraudadas, además de la prisión de 1 a 5 años. Por debajo del umbral penal, la sanción la impone la Administración según la normativa laboral y de Seguridad Social.
Si ya hay denuncia o querella por delito fiscal, un abogado penalista con conocimiento tributario y de Seguridad Social, según el caso. Si solo hay una inspección, conviene que el penalista intervenga junto al asesor fiscal para que cada respuesta tenga en cuenta el riesgo penal.
Sí, si participó en el fraude a sabiendas, aunque las obligaciones tributarias fueran del cliente y no suyas. Un asesor fiscalista que diseña la operación puede acabar en la misma causa. Por eso es importante aclarar desde el principio qué información tenía cada uno y quién tomó las decisiones.
El Código Penal protege también a la Hacienda autonómica. Un fraude en sucesiones, donaciones o transmisiones patrimoniales que supere los 120.000 euros de cuota (art. 305 del Código Penal) puede ser delito, y la Generalitat puede personarse en la causa. También interviene la autoridad tributaria catalana en la liquidación de la deuda.
Puede evitarla o reducirla si demuestra que antes de los hechos tenía un modelo de prevención eficaz y que el delito se cometió eludiéndolo. No sirve un documento hecho a última hora ni un perfil genérico copiado de otra empresa.
A los 5 años en el tipo básico y a los 10 en el agravado. En la Seguridad Social se aplican los mismos plazos según la pena de cada figura.
Ninguna en lo penal: fraude fiscal, fraude tributario y delito contra la Hacienda Pública son el mismo delito del artículo 305. La diferencia está en la cuantía. Por debajo de 120.000 euros de cuota, la conducta se sanciona en vía administrativa y no hay defraudación penal.
Sí. Ni la condena ni la causa penal extinguen la deuda. En la ejecución, la responsabilidad civil comprende la deuda que Hacienda o la Seguridad Social no hayan podido liquidar por prescripción u otra causa, con intereses de demora, y la cobra la Administración por apremio (arts. 305.7 y 307.6 CP).
Si lo defraudado supera los 50.000 euros en cuatro años naturales, entramos en los delitos contra la Seguridad Social del artículo 307 y la causa puede pasar a la vía penal. Como en Hacienda, regularizar antes de que se notifique la inspección evita el delito (art. 307.3 CP), y pagar y reconocer los hechos tras la citación permite rebajar la pena (art. 307.5).