Cuéntanos tu caso
Seis sedes en España
Más de 40 abogados
Todas las áreas
Presencial o a distancia
Lo esencial
Las consultas que recibimos en Barcelona sobre este delito de derecho penal económico casi nunca empiezan con las palabras «apropiación indebida». Empiezan así: el administrador de fincas cobró las cuotas de la comunidad de propietarios y el fondo de reserva ha desaparecido.
El agente que gestionaba el alquiler de una vivienda lleva meses sin transferir las rentas al propietario. Un hermano tenía firma en la cuenta del padre y, tras el fallecimiento, el saldo no aparece en el reparto de la herencia. La empresa de renting reclama un vehículo que el cliente dejó de pagar y no entrega.
En todos estos casos hay un patrón: alguien tuvo en su poder algo que no era suyo, por un título legítimo, y en algún momento decidió quedárselo. Ese momento es lo que el Tribunal Supremo llama el «punto sin retorno», y es la clave del caso y lo primero que estudiamos. Antes de él, hay una deuda o un retraso. Después, puede haber delito de apropiación indebida.
En nuestro despacho de abogados penalistas en Barcelona llevamos la acusación de quien ha perdido el dinero y la defensa de quien está siendo investigado. Si el caso tiene un engaño desde el principio, ya no es apropiación sino delito de estafa, y lo trabajamos con el equipo de abogados de estafa en Barcelona.
En la primera reunión nos centramos en tres cosas: reunir la información disponible, fijar en qué fase está el asunto y decidir la estrategia. Nuestra actuación se adapta a la necesidad de cada caso y a su gravedad.
Cuentan todas las circunstancias: la cantidad apropiada, el tiempo transcurrido, el tipo de relación y si hubo un acuerdo previo sobre el uso del dinero. El ánimo de lucro rara vez se confiesa; se deduce de los hechos, y de ahí la importancia de la prueba.

El Código Penal distingue dos supuestos, y la diferencia se nota en la pena. Conviene separarlos también de la administración desleal y del simple conflicto civil:
En la práctica, el artículo 253 CP es el que se aplica casi siempre: dinero o un bien mueble confiado en virtud de un mandato o de un contrato de gestión. El bien apropiado y la conducta de quien lo recibió definen el delito patrimonial.
Si lo apropiado llega a superar 400 euros, deja de ser delito leve y se aplican las penas de prisión. El estudio de estos elementos separa un problema civil de un delito, y fija además la modalidad aplicable y el tipo de delito que se acusa.
¿Alguien se ha quedado con un dinero que era tuyo en Barcelona, o te acusan a ti de hacerlo?
La cuantía de lo apropiado y la relación entre las partes deciden la pena. Estos son los umbrales que fija la ley, con un salto más por encima de los 250.000 euros: prisión de 4 a 8 años y multa de 12 a 24 meses (art. 250.2 CP). Además de la pena, el condenado debe reparar el daño: devolver el mismo bien si es posible o indemnizar (arts. 109, 111 y 116 CP). El perjudicado puede reclamar esa responsabilidad civil en la causa penal o, si lo prefiere, en la jurisdicción civil (art. 109.2 CP). El plazo para denunciar es el de prescripción, que se cuenta desde la comisión del delito: 5 o 10 años, y uno solo si es leve. Si el administrador o el gestor se quedó el dinero poco a poco, con cobros repetidos de cuotas o de rentas, los hechos pueden calificarse como un delito continuado. En las infracciones contra el patrimonio se atiende al perjuicio total causado (art. 74 CP), no a cada ingreso que no llegó a su destino.
400 euros
o menos: delito leve, con multa de 1 a 3 meses en el art. 253 y de 1 a 2 meses en el art. 254, según el valor de lo apropiado
Arts. 253.2 y 254.2 CP
6 meses a 3 años
de pena de prisión en el tipo básico del artículo 253, por remisión a la estafa
Arts. 253.1 y 248 CP
1 a 6 años
de prisión y multa si lo apropiado supera 50.000 euros, hay abuso de relaciones personales o de credibilidad profesional, hasta seis años si concurren esas circunstancias
Art. 250 CP
5 o 10 años
para que prescriba: 5 en el tipo básico y 10 cuando la pena máxima supera los 5 años de prisión
Art. 131 CP
Casi todas estas causas se investigan como diligencias previas y se juzgan en procedimiento penal abreviado. En Barcelona, el recorrido habitual es este:
1
La denuncia se puede presentar en una comisaría de los Mossos d’Esquadra, que la remiten al juzgado, o directamente en el servicio de guardia de la Ciutat de la Justícia. En asuntos con mucha documentación preferimos la querella, que te hace parte desde el primer día.
2
El órgano judicial, una plaza del Tribunal de Instancia de Barcelona, que recibe la causa decide si hay indicios para investigar o si el asunto es civil y lo archiva.
3
El juez envía la cita al investigado, que declara con asistencia de abogado, y pide extractos bancarios, la contabilidad de la comunidad o de la sociedad mercantil y, si hace falta, un informe pericial contable.
4
Puede exigir fianza o acordar el embargo de bienes para asegurar la indemnización de la víctima si hay condena.
5
El tipo básico, con pena máxima de 3 años, lo juzga la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Barcelona. Los casos agravados del artículo 250, que llegan a 6 años, van a la Audiencia Provincial de Barcelona, que además resuelve el recurso de apelación contra las sentencias de la Sección de lo Penal.
Estas son las preguntas de defensa penal y de acusación que resolvemos en la primera reunión, antes de presentar nada o a la hora de preparar la declaración. El objetivo es fijar la estrategia de defensa o de acusación con conocimiento de la documentación, no anunciar un resultado:
La acción penal tiene sentido cuando los hechos muestran una apropiación definitiva y hay prueba de ella. Si lo que existe es una cuenta pendiente o un contrato incumplido, la vía adecuada es la demanda civil ante la Sección Civil del Tribunal de Instancia. Elegir mal hace perder meses en un proceso penal que acaba archivado.
Entre cónyuges no separados, ascendientes, descendientes y hermanos rige la excusa absolutoria del artículo 268. La ley exige que vivan juntos solo a los afines en primer grado, no a los hermanos. En herencias entre hermanos, esto cambia por completo el enfoque.
Sin un título así no hay apropiación indebida, aunque haya abuso de confianza. Sirven el mandato del administrador de fincas, el contrato de gestión del agente, los poderes bancarios o el contrato de renting. El Supremo ha admitido el arrendamiento de cosas como título válido para este delito. Si quien se quedó el dinero administraba una sociedad y el conflicto es entre socios, conviene revisar también los delitos societarios.
Devolver lo apropiado antes del juicio oral es una atenuante (art. 21.5 CP). A quien denuncia le interesa cobrar, y la restitución del bien o la indemnización se piden dentro de la propia causa penal, desde la acusación particular. A quien está investigado, reducir la pena. Y si el investigado empieza a poner bienes a nombre de otros para no pagar, puede sumarse un alzamiento de bienes.
Cuanto antes nos lo cuentes, más margen tendremos
Hay casos en que el dinero no desaparece, pero el patrimonio ajeno sale perjudicado.
El artículo 252 castiga a quien tiene facultades para administrar un patrimonio ajeno, ya vengan de la ley, de una autoridad o de un negocio jurídico, y se excede en ellas causando un perjuicio.
Las penas son las de la estafa (arts. 248 y 250), y por debajo de 400 euros la multa es de 1 a 3 meses.
Es la figura que se discute cuando un administrador de fincas contrata a cargo de la comunidad sin autorización de la junta, o cuando el gestor de un patrimonio familiar, o una asesoría que maneja fondos de un cliente, hace operaciones que el titular no encargó.
Como abogada o abogado de administración desleal en Barcelona, primero comprobamos qué facultades tenía de verdad quien administraba, porque de ellas depende que el caso sea este delito, apropiación indebida o un incumplimiento de contrato.
Estos son los papeles más habituales:
Un requerimiento claro, por burofax o por escrito, con la entrega pendiente bien descrita, ayuda a acreditar que la otra parte se negó a devolver y a fijar el momento en que la apropiación se hizo definitiva.
Si el conflicto es civil, el juzgado archivará la causa y habrás perdido meses.
Si te han denunciado, cualquier pago o reconocimiento debe hacerse bien documentado y en el momento adecuado para que cuente como reparación del daño.
1
2
3
Opiniones de clientes
Que comete apropiación indebida quien, en perjuicio de otro, se apropia de dinero, efectos, valores o cualquier otra cosa mueble que recibió en depósito, comisión, custodia o por otro título que le obligaba a entregarla o devolverla. La ley añade a quienes «negaren haberlos recibido». Remite a las penas de la estafa: prisión de seis meses a tres años en el tipo básico.
Castiga con multa de tres a seis meses a quien se apropia de una cosa mueble ajena fuera de los casos del artículo 253. Es el supuesto típico del dinero recibido por error. Si el valor no pasa de 400 euros, la multa es de 1 a 2 meses.
En el caso general, con prisión de 6 meses a 3 años. Si se superan los 50.000 euros o hay abuso de relaciones personales o de la credibilidad profesional, de 1 a 6 años y multa de 6 a 12 meses. Por debajo de 400 euros, solo multa.
Se explica qué se entregó, a quién, por qué título y cuándo se pidió la devolución, y se aporta la prueba documental. Puede hacerse en comisaría o en el juzgado. Con abogado o abogada, lo habitual es una querella, que permite pedir diligencias y medidas desde el principio.
En cualquier comisaría de los Mossos d’Esquadra o en el servicio de guardia de la Ciutat de la Justícia. La querella se presenta ante la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia y se reparte a una de sus plazas.
En la apropiación indebida el autor se queda con lo que recibió y debía devolver. En la administración desleal gestiona un patrimonio ajeno y lo perjudica excediéndose en sus facultades (art. 252 CP). Las penas son las mismas, pero la prueba y la calificación cambian.
Entre hermanos se aplica la excusa absolutoria del artículo 268: no hay pena, pero sí obligación civil de devolver. La excepción es que haya violencia, intimidación o abuso de la vulnerabilidad de la víctima, por ejemplo de un padre mayor.
Si sabes que no es tuyo y te lo quedas, puedes cometer el delito del artículo 254, castigado con multa.
Sí. Con esa cuantía la pena es una multa de 1 a 3 meses, que la ley considera leve. Lo juzga la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia y el delito leve prescribe al año, así que no conviene esperar para denunciar.
El artículo 253 habla de cosas muebles. La ocupación de una terraza, un trastero o una azotea de la comunidad suele ser un conflicto de propiedad horizontal que se resuelve en vía civil. Sí encaja si lo que se queda es dinero de la comunidad o bienes muebles que se le confiaron.
Si la pena de prisión no pasa de dos años, el juez puede suspender su ejecución cuando es la primera condena y se han satisfecho las responsabilidades civiles, o hay compromiso de hacerlo según la capacidad económica (art. 80 CP). La reparación del daño pesa mucho en esa decisión.
Sí, si dispone para sí de las cuotas o del fondo de reserva que gestiona por encargo de la comunidad. Si en vez de quedarse el dinero lo gestiona de forma perjudicial excediéndose en sus facultades, puede tratarse de administración desleal (art. 252 CP).