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Cuando un familiar ingresa en un centro penitenciario de Cataluña, la primera sorpresa es administrativa: quien organiza la vida del interno no es el Ministerio del Interior, sino la Generalitat. El Estatut le atribuye la competencia ejecutiva en materia penitenciaria, es decir, la gestión de los centros, el régimen y el trabajo remunerado de los presos (art. 168 de la Ley Orgánica 6/2006). Las normas del sistema penitenciario, en cambio, son las mismas que en el resto de España: la Ley Orgánica General Penitenciaria, su Reglamento y el Código Penal.
Eso importa cuando se redacta un escrito. Quien tramita una solicitud de permiso o de progresión es la administración penitenciaria catalana, y los recursos van al juez de vigilancia penitenciaria, es decir, a la Sección de Vigilancia Penitenciaria del Tribunal de Instancia que corresponda al centro, y después a la Audiencia Provincial o al tribunal sentenciador. Conocer ese circuito evita escritos dirigidos a quien no toca, y es parte del servicio que damos a nuestros clientes.
En R. Sánchez Abogados atendemos estos casos desde la sede de Rambla de Catalunya. La familia nos llama, nos cuenta dónde está su ser querido y qué resolución tiene en la mano, y recibe un primer asesoramiento. Con el interno fijamos después la estrategia, siempre en su interés: si hay que atacar la prisión provisional, pedir un grado superior, preparar una salida o recurrir una sanción. Si todavía no se ha llegado a prisión, mira cómo trabajamos la asistencia al detenido en el juzgado de guardia de Barcelona. La instrucción y el juicio los llevan nuestros abogados penalistas en Barcelona, y cuando la pena se extingue, queda la cancelación de los antecedentes penales.

La estrategia depende de en qué punto del recorrido esté la persona. Cuatro escenarios cubren casi todas las consultas:
¿Tu familiar está en prisión provisional o cumple condena en un centro penitenciario de Cataluña?
Nadie entra en prisión provisional sin que antes haya una audiencia ante el órgano judicial con el fiscal, las acusaciones y la defensa en el proceso penal. Se celebra dentro de las 72 horas siguientes a la puesta a disposición del juez (art. 505 LECrim), y el abogado tiene derecho a ver lo esencial de las actuaciones para poder impugnar la privación de libertad. El juez puede decretar prisión solo si el delito tiene pena máxima de dos años o más, o si hay antecedentes no cancelables por delito doloso, y siempre con un fin: riesgo de fuga, riesgo para las pruebas o para la víctima, o reiteración delictiva (art. 503 LECrim).
El auto se recurre en apelación con tramitación preferente y debe resolverse en 30 días como máximo (art. 507 LECrim). Quien recurre puede pedir vista ante la Audiencia (art. 766.5 LECrim). La prisión no es una decisión cerrada: los autos de prisión y libertad provisional son reformables durante toda la causa (art. 539 LECrim), de modo que un cambio de circunstancias, un arraigo nuevo o una causa que avanza permiten volver a pedir la libertad.
Hay un límite temporal. Si se decretó por riesgo de fuga o de reiteración, no pasa de uno o dos años según la pena, con una prórroga posible; si fue por riesgo para las pruebas, no pasa de seis meses (art. 504 LECrim). En cada caso comprobamos el cómputo, porque cuenta el tiempo de detención previo y se excluyen las dilaciones que no son imputables a la justicia (art. 504.5 LECrim).
Te explicamos los plazos y los recursos en la guía sobre la prisión provisional.
3 y 5 días
para reforma y apelación contra el auto de prisión, contados desde la notificación
Arts. 211 y 766.3 LECrim
Un cuarto
de la condena cumplida para solicitar permisos ordinarios en segundo o tercer grado
Art. 154 Reglamento Penitenciario
Tres cuartas partes
de la pena para la libertad condicional ordinaria
Art. 90.1 CP
5 días hábiles
para recurrir por escrito una sanción disciplinaria ante el juez de vigilancia
Art. 248 Reglamento Penitenciario
El camino es largo y rara vez lineal, pero casi siempre se recorre en este orden:
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El interno tiene derecho a comunicar con su abogado en locutorios apropiados, y esas comunicaciones no pueden suspenderse ni intervenirse salvo por orden judicial y en supuestos de terrorismo (art. 51.2 LOGP). Ahí acordamos la defensa.
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La Junta de Tratamiento propone un grado en un plazo de dos meses desde que llega la sentencia al centro y la administración resuelve de forma motivada (art. 103 Reglamento Penitenciario). Las funciones del Centro Directivo las ejerce en Cataluña la administración penitenciaria de la Generalitat.
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Cada seis meses, como máximo, se vuelve a evaluar al interno (art. 105 Reglamento Penitenciario). Cada revisión es una ventana para pedir un grado superior.
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Un informe favorable del Equipo Técnico, la cuarta parte de la condena cumplida y una conducta sin sanciones graves abren la puerta a las salidas.
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Régimen abierto, con salidas regulares. Si la condena supera los cinco años, el tribunal puede ordenar que se retrase hasta la mitad de la pena (art. 36.2 CP), y es preciso haber atendido la responsabilidad civil (art. 72.5 LOGP).
Los requisitos y cómo se pide están en nuestra guía sobre la libertad condicional y el tercer grado.
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La concede el juez de vigilancia cuando se cumplen los requisitos del artículo 90 CP, y fija reglas de conducta durante un plazo de dos a cinco años (art. 90.5 CP).
Cuanto antes nos lo cuentes, más margen tendremos
Las peleas, los insultos a un funcionario, las faltas de respeto o las infracciones del régimen se corrigen con un expediente disciplinario. El régimen disciplinario se aplica a todos los internos con independencia de su situación procesal (art. 231 Reglamento Penitenciario), también a los preventivos. Son tres las fases en las que una defensa puede cambiar el resultado:
El instructor entrega al interno un pliego con los hechos, su calificación y las sanciones posibles. Desde ese momento hay tres días hábiles para presentar el pliego de descargos y el interno puede asesorarse por un letrado (art. 242 Reglamento Penitenciario).
En esta fase se pueden proponer testigos, informes médicos o grabaciones. El instructor solo puede rechazar las pruebas que no alteren la resolución o que sean imposibles, y debe motivarlo por escrito (art. 244 Reglamento Penitenciario).
La sanción se puede recurrir de palabra en el momento de la notificación o por escrito en cinco días hábiles (art. 248 Reglamento Penitenciario). El juez conoce de estos recursos (art. 76.2 e LOGP). Si el hecho puede ser además un delito, como un atentado contra un funcionario (art. 550 CP), la causa penal sigue otro camino y las dos defensas se coordinan.
Los familiares son quienes primero se enteran, y quienes más preguntan en la ciudad y fuera de ella. Hay cosas que podemos hacer desde fuera con tu ayuda: averiguar qué juzgado decidió la prisión, qué causas tiene abiertas, en qué centro está y qué plazos corren. Lo que no puede hacer la familia es decidir por él: para ejercer la defensa, el interno debe designarnos como sus abogados, y lo gestionamos en la primera visita.
Una recomendación práctica: tus conversaciones con él no son confidenciales. El director del centro puede suspender o intervenir las comunicaciones ordinarias de forma motivada, avisando al juez (art. 51.5 LOGP). Cualquier duda sobre la causa, resérvala para la cita con el abogado.
Quien acumula varias sentencias puede ver reducido el tiempo máximo de cumplimiento: el límite general es el triple de la pena más grave, sin pasar de 20 años, con topes de 25, 30 y 40 años en supuestos concretos (art. 76 CP). Lo fija el tribunal que dictó la última sentencia, por iniciativa propia o a petición del condenado o del fiscal (art. 988 LECrim). Si la suma de penas supera el doble de ese máximo, el tribunal puede acordar que permisos, tercer grado y libertad condicional se calculen sobre la suma total (art. 78 CP), aunque el juez de vigilancia puede aplicar el régimen general si hay pronóstico favorable de reinserción (art. 78.2 CP).
Los traslados dependen de la administración penitenciaria. Una reclamación sin informes rara vez prospera. Pedir un acercamiento familiar o un cambio de módulo por tratamiento es un trámite que se puede plantear con informes; si hay una vulneración de derechos fundamentales, cabe una queja ante el juez de vigilancia (art. 76.2 g LOGP). Un traslado a un centro de otra comunidad autónoma afecta a más de una administración, y lo estudiamos caso por caso.
Es la ocasión de defender la libertad con datos: domicilio, trabajo, familia. Si la defensa llega sin ellos, el juez decide con la información de la acusación.
El cuarto de condena es un mínimo, no un derecho a salir. El Equipo Técnico emite un informe que puede ser desfavorable, y de ese informe depende la resolución. Preparar la solicitud con tiempo cambia la respuesta.
Un parte disciplinario no recurrido queda en el expediente y se tiene en cuenta para los permisos y las progresiones. Recurrir en plazo es la forma de que no pese en la siguiente revisión.
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Opiniones de clientes
La Generalitat. Tiene la competencia ejecutiva en materia penitenciaria y gestiona la actividad penitenciaria en Cataluña, aunque la legislación es la del Estado (art. 168 del Estatut). Por eso los escritos de clasificación o de traslado se dirigen a la administración penitenciaria catalana, y los recursos judiciales siguen el cauce común.
Es el abogado de derecho penitenciario: el que defiende a una persona presa, preventiva o condenada, en todo lo que ocurre desde el ingreso hasta la libertad. Recurre autos de prisión, presenta solicitudes de permisos y grados, defiende en expedientes disciplinarios y acude al juez de vigilancia.
El recurso lo interpone la defensa del investigado, no la familia, pero esta es clave: reúne los documentos de arraigo que sostienen la petición. Los plazos son cortos: tres días para la reforma y cinco para la apelación desde la notificación (arts. 211 y 766 LECrim).
Si se acordó por riesgo de fuga, de reiteración o para proteger a la víctima, un año como máximo cuando el delito tiene pena de hasta tres años y dos años si es mayor; se puede prorrogar una sola vez. Si fue por riesgo para las pruebas, seis meses (art. 504 LECrim).
Estar clasificado en segundo o tercer grado, haber cumplido un cuarto de la condena y no tener mala conducta, con informe favorable del Equipo Técnico. Se conceden hasta siete días por salida y hasta 36 o 48 días al año, según el grado (art. 154 Reglamento Penitenciario).
Es la suspensión del resto de la pena con reglas de conducta. En general se necesita tercer grado, tres cuartas partes cumplidas y buena conducta. Existen vías con dos terceras partes, con la mitad en primera condena de hasta tres años, y reglas especiales para mayores de setenta años y enfermos graves (arts. 90 y 91 CP).
Se puede recurrir. Contra los autos del juez de vigilancia cabe reforma y, según la materia, apelación o queja ante el tribunal sentenciador o la Audiencia Provincial (disposición adicional quinta LOPJ). Además, el juez puede fijar un plazo de seis meses, ampliable a un año, para volver a pedirla (art. 90.7 CP).
Sí, en dos supuestos: la casación contra el auto que fija el máximo de cumplimiento, y la casación para la unificación de doctrina contra autos de las Audiencias Provinciales que resuelvan apelaciones. Para esta última están legitimados el fiscal y el letrado del penado (disposición adicional quinta LOPJ).
Cinco días hábiles desde la notificación si se hace por escrito. También puede hacerse de palabra en el momento en que se notifica el acuerdo (art. 248 Reglamento Penitenciario).
Si los hechos, como una agresión a un funcionario, pueden ser delito, se abre además un procedimiento penal. El expediente disciplinario y el proceso se tramitan por separado, aunque lo que se alega en uno puede influir en el otro. Nuestro equipo penal coordina ambas defensas.