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En Barcelona este tipo de causas se parece poco a la imagen del gran defraudador. Lo habitual es una pyme de hostelería, comercio o construcción que encadenó trimestres difíciles, un administrador que priorizó nóminas y proveedores antes que las cuotas, o un trabajador que cobró una prestación sin entender qué debía comunicar. Sin relación aparente con ningún delito, tarde o temprano aparece una reclamación de la Tesorería, una visita de la Inspección y, si se rebasan los umbrales, un escrito del Ministerio Fiscal o del Letrado de la Seguridad Social.
Cuando eso ocurre, tu primera pregunta no es jurídica sino práctica, y su motivo es el patrimonio y el negocio que quieres proteger: cuánto debo, qué me juego y qué puedo hacer esta semana. Esa es la pregunta con la que empezamos en nuestro bufete, en una primera conversación sin filtros, basada en la confianza y en el secreto profesional. Un abogado de delitos contra la Seguridad Social en Barcelona debe responderla con la liquidación delante, no con generalidades, con la posibilidad de valorar una alternativa de pago, y con una estrategia de defensa clara sobre en qué orden hay que mover las piezas en el procedimiento penal y en el administrativo.
Nuestro asesoramiento cubre, en todo el ámbito de Cataluña, desde la contestación a la Inspección hasta el juicio ante la Sección de lo Penal o la Audiencia. Si la empresa además tiene problemas con la Hacienda pública y con el derecho tributario, lo llevamos junto al delito fiscal, y siempre dentro del equipo de abogados penalistas en Barcelona del despacho, que lleva asuntos en toda España.

A la hora de distinguir, el principio es sencillo: que debas dinero a la Seguridad Social no es delito. Lo es engañar, ocultar o eludir de forma consciente por encima de cierto importe. Esta es la frontera según el Código Penal y las figuras que más se ven.
– Dejar de ingresar cuotas, cobrar devoluciones que no te corresponden o aplicar deducciones indebidas – Hay delito desde una cuantía superior a 50.000 euros – Se suma lo defraudado en cuatro años naturales, no en cada mes – Enviar los boletines de cotización no te protege si se prueba el engaño con otros datos
– Cuantía por encima de 120.000 euros – Trama organizada o grupo criminal – Intermediarios, fiduciarios o territorios de nula tributación que esconden quién debe y cuánto
– Conseguir o prolongar una prestación simulando o callando hechos que había deber de comunicar – Prisión de seis meses a tres años, o multa cuando el caso no tiene especial gravedad – De dos a seis años si lo percibido supera 50.000 euros
– La sociedad puede ser condenada por separado de su administrador – Multa en proporción a la cantidad defraudada y pérdida de ayudas durante varios años – La condena puede cerrar la puerta a contratar con las Administraciones
– Otro delito, no de cuotas: ocupar a varias personas sin comunicar su alta ni su autorización de trabajo – Solo si el número de afectados llega a los porcentajes de la ley – Incluye imponer condiciones ilegales con engaño o abuso de situación de necesidad
– Con menos de 50.000 euros no existe el delito del artículo 307 – Queda una sanción administrativa que fija la Inspección de Trabajo y Seguridad Social – Se discute por vía administrativa y después por la vía judicial social o contencioso-administrativa
¿Te han citado en Barcelona por cuotas sin pagar o por una prestación que cobraste?
La obtención de prestaciones es el terreno donde el afectado suele ser una persona, no una empresa, y donde cada trámite y cada firma pueden pesar en el régimen de responsabilidad. El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) o el servicio público de empleo contrasta datos, detecta una discrepancia y reclama la devolución. Si ve engaño, pasa el expediente a la Fiscalía, y el resultado depende de la prueba de ese engaño.
El caso típico es quien tiene reconocida una incapacidad permanente, una gran incapacidad o una invalidez y trabaja o dirige un negocio sin haberlo comunicado. Se revisa la enfermedad común o el accidente laboral que dio origen a la pensión, el diagnóstico, la actividad real y la modificación de tu situación desde entonces. Una actividad compatible con la resolución no es delito, ni lo es una pensión por incapacidad laboral permanente que se mantiene dentro de lo que permite la norma.
Cobrar el paro mientras se trabaja sin alta, mantener una prestación por discapacidad que ya no corresponde o declarar mal los ingresos en una solicitud de jubilación son los otros supuestos. El tipo de prestación, la edad, la cotización y la fecha en que cambió tu situación pesan en el estudio.
La impugnación del alta médica o del grado de incapacidad, o la discusión sobre la capacidad laboral y la gran invalidez, es un asunto de Seguridad Social que se resuelve primero en vía administrativa, y un trámite administrativo no equivale a delito. Pasa a lo penal únicamente si se acredita engaño, y para eso hace falta más que haber seguido cobrando.
Son datos del Código Penal, sin estimación posible de la pena antes de ver tu caso. La pena concreta depende de la cuantía probada, de las circunstancias y de lo que hagas antes del juicio.
50.000 euros
frontera del delito de cuotas, sobre el total de cuatro años naturales
Art. 307.1 y 307.2 CP
De uno a cinco años
prisión y multa de una a seis veces lo defraudado; además, de tres a seis años sin ayudas ni incentivos
Art. 307.1 CP
De dos a seis años
prisión y multa del doble al séxtuplo en los casos agravados
Art. 307 bis CP
Dos meses
tras la citación como investigado, para pagar la deuda y reconocer los hechos y rebajar la pena uno o dos grados
Art. 307.5 CP
Cinco o diez años
prescripción según la pena máxima del delito
Art. 131 CP
El camino varía, pero en la mayoría de los expedientes se repite la misma secuencia.
La causa penal no detiene el cobro. La Seguridad Social puede continuar con la reclamación salvo que el juez suspenda, previa prestación de garantía, y lo que se liquide al final se ajusta a lo que resuelva el proceso penal (art. 307.4 CP). Si, mientras tanto, se transfieren bienes para evitar el embargo, puede abrirse una causa por alzamiento de bienes.
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La Inspección de Trabajo y Seguridad Social pide contratos, nóminas y cotizaciones de cada ejercicio, y fija la deuda en un acta de liquidación. Cada diligencia y cada declaración viajan después al juzgado.
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Cuando se te notifica el inicio de las actuaciones, ya no puedes eximirte pagando. Antes de ese día, sí.
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El Fiscal o el Letrado de la Seguridad Social acuden a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Barcelona, en la Ciutat de la Justícia.
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El juez te cita como investigado, reúne la documentación y suele pedir una pericial. Revisamos la pericial, cuestionamos su calidad y, si procede, presentamos otra.
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La decide el tribunal competente según la pena que se pida. Contra la sentencia cabe recurso.
Cuanto antes nos lo cuentes, más margen tendremos
Es una revisión a fondo. Partimos de cero con los modelos de cotización, el informe de vida laboral y las nóminas. Descartamos lo que no computa, repartimos la deuda por años naturales y comprobamos si de verdad pasa de 50.000 euros. A menudo lo que está en juego se decide en una columna de la liquidación, y por eso es importante el rigor.
Pagar toda la deuda antes del hito de la inspección o de la querella excluye la responsabilidad penal y alcanza a las falsedades ligadas a esa deuda. Si ese momento pasó, valoramos pagar dentro de los dos meses desde la citación para obtener una pena menor. Es una decisión de oportunidad que tomamos contigo, con las cuentas a la vista y con una preparación previa del pago.
La responsabilidad civil puede incluir deuda que la Administración no liquidó a tiempo, más intereses. Buscamos soluciones de pago acordes con la capacidad económica, algo que luego cuenta para suspender la pena de prisión (art. 308 bis CP).
Te damos asistencia desde la primera citación y, si hay detención o paso por comisaría, antes de que prestes declaración. Trabajamos la autoría, el dolo y la prueba, con intervención en cada fase, y discutimos qué papel tuvo cada socio, administrador o gestor. Cuando un acuerdo con la acusación convenga más que ir a juicio, lo valoramos contigo, con objetivos claros y sin silencio sobre los riesgos.
Si la investigada es la sociedad como persona jurídica, estudiamos sus controles sobre altas, bajas y cotizaciones y quién respondía de ellos. Después fijamos un sistema sencillo de prevención y una medida de control para el futuro.
Su empresa acumula cuotas y teme una querella; necesitar abogado antes de contestar es la reacción acertada. Le preguntamos por las cifras de cada ejercicio y por si la Inspección ha notificado ya algo, porque de eso depende todo lo demás. Si además existe una demanda por despido o un convenio colectivo que complica el cálculo, lo coordinamos con un abogado laboralista del despacho: el derecho laboral condiciona las bases de cotización.
Su importe mensual es menor, pero el total de cuatro años puede acercarse al límite. Hacemos esa revisión antes de hablar de nada más y dejamos a un asesor fiscal al tanto si procede. Para saber qué hacer cuando solo hay deuda, sin indicio de delito, tienes la vía de las deudas con Hacienda y la Seguridad Social.
Recibió una comunicación del INSS y no sabe si ha cometido delito. Analizamos qué se le pidió comunicar, cuántas veces y qué firmó, y si cabe presentar una solicitud de reintegro ordenado. Si devuelve la prestación a tiempo, con el interés legal incrementado, queda exento de responsabilidad.
Cuando presentó los documentos, a veces es señalado como tercero que colaboró, aunque la diligencia mostrara que seguía instrucciones del cliente. Su defensa se separa de la del cliente y requiere un estudio propio.
Con esta información podemos dar una primera valoración de riesgo:
Un pago parcial no es regularización ni una opción de pago que cierre el riesgo. La ley pide reconocer y abonar toda la deuda, y hacerlo antes de un hito concreto. Un pago a medias sirve como atenuante, pero no te saca de la causa.
Cada respuesta pasa al expediente que lee el juez y condiciona la vía penal. Una falsedad documental en un contrato o una nómina puede añadirse a la causa si no se corrige a tiempo.
Deber dinero no es delito, y tampoco lo es toda sanción. Hace falta el umbral y el engaño. A veces el impago nace de una falta de liquidez, no de una ocultación, y esa es la razón por la que muchos expedientes terminan en lo administrativo.
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Opiniones de clientes
Más de 50.000 euros de cuotas, devoluciones o deducciones indebidas, sumando cuatro años naturales. Por encima de 120.000 euros se aplica el tipo agravado. Por debajo del umbral no hay delito del artículo 307: lo que queda es la vía administrativa, y en la penal rige la presunción de inocencia del artículo 24.2 de la Constitución.
Prisión de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo de lo defraudado, más la pérdida de ayudas y beneficios entre tres y seis años. En los supuestos agravados la prisión va de dos a seis años.
A los cinco años en el tipo básico y a los diez cuando la pena máxima pasa de cinco años. El plazo penal no coincide con el que tiene la Administración para liquidar.
Sí, si pagas toda la deuda antes de que te notifiquen el inicio de la inspección o, si no la hubo, antes de la querella o denuncia. Después de ese punto, pagar y reconocer los hechos en los dos meses siguientes a la citación rebaja la pena.
No, salvo que el juez acuerde la suspensión previa prestación de garantía. Si no puedes prestarla, cabe de forma excepcional una dispensa cuando la ejecución causaría daños irreparables.
Responden ambos, cada uno por su parte, con una defensa penal que no siempre coincide. La sociedad puede recibir multa y perder ayudas si el delito se cometió en su beneficio y no tenía controles eficaces.
Puede serlo si ocultas el trabajo a sabiendas y perjudicas a la Administración. Si el caso no es grave, la pena es de multa, y devolver lo cobrado con el interés legal antes de la notificación o de la querella te exime.
El delito fiscal protege a la Hacienda pública y su umbral es de 120.000 euros por tributo y periodo; el de la Seguridad Social protege cuotas y prestaciones y su umbral es de 50.000 en cuatro años. Un expediente puede tocar los dos.
Solo si se cumplen los porcentajes del artículo 311 sobre la plantilla. Si hay un expediente de la Inspección, revisamos la denuncia ante la Inspección de Trabajo y el riesgo penal a la vez.
Sí, cumpliendo los requisitos generales y habiendo pagado la deuda con la Seguridad Social o comprometiéndote a hacerlo según tu capacidad. Se revoca si incumples teniendo medios.
No firmes ni contestes sin revisión previa de la carta, y guarda el sobre y la fecha de notificación. Una reclamación de reintegro no es todavía una querella, pero conviene estudiarla antes de que se convierta en una.