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Pocas veces se parece a un secuestro de película. Con frecuencia es algo más cotidiano: un encargado que no deja salir a un empleado hasta que firme, un vigilante de seguridad que retiene a un sospechoso de hurto más tiempo del razonable, una discusión por un incidente de tráfico en la que se bloquea a alguien dentro de un coche o una pareja que cierra la puerta con llave. El delito está en impedir a otro que se mueva libremente, aunque sea durante poco tiempo, y el riesgo es que la situación se vaya de las manos y acabe en la comisión de otro delito. Esa es la clave del análisis: la libertad de movimiento, no el reloj.
Como abogado de detención ilegal en Madrid, nuestro bufete lleva estos asuntos desde los dos lados, con el equipo penal del despacho. Si te acusan, definimos la estrategia estudiando con cada cliente qué ocurrió, cuánto duró y con qué intención, porque una retención breve ligada a otro delito, como una agresión, puede quedar absorbida por este o calificarse de coacciones. Si eres víctima, reunimos la información que sirve de prueba, presentamos la denuncia, también en el juzgado de guardia, y valoramos la indemnización. Atendemos asuntos de la capital y de cualquier punto del territorio de la Comunidad de Madrid con el mismo equipo de abogados penalistas.
Aquí tratamos el delito de detención ilegal, no el momento en que te arresta la policía, ni las coacciones o el homicidio que a veces lo acompañan: si eso te ha pasado a ti o a un familiar hoy mismo, tienes la página de penalista urgente en Madrid. Cuando la privación de libertad sigue en curso y se sospecha que no cumple la ley, el habeas corpus es la vía rápida, y lo explicamos más abajo. Un abogado penalista en Madrid de nuestro despacho de abogados te atiende tanto si necesitas defenderte como si, siendo víctima, buscas justicia, con asesoramiento jurídico desde el primer momento.

Encerrar o retener a alguien, sin permiso legal, en un domicilio, un local, un coche o un lugar de trabajo. Es la modalidad básica del artículo 163 del Código Penal. Si además se le quita el móvil y alguien accede a sus mensajes, puede sumarse un delito de descubrimiento y revelación de secretos (art. 197 CP), que protege su intimidad; y si para retenerla se entra en una vivienda ajena, un allanamiento de morada (art. 202 CP).
Cuando se retiene a alguien para exigir algo a cambio de su libertad: dinero, bienes, una firma o el pago de una deuda, aunque esa deuda venga de una estafa, de una apropiación indebida o de un negocio de tráfico de drogas, que además es un delito contra la salud pública (art. 164 CP). El tratamiento penal es más grave y el proceso, más complejo. Si además se obliga a firmar y el documento se altera después, puede haber también falsedad documental.
Si el autor simula ser autoridad o la víctima es un menor o una persona con discapacidad necesitada de especial protección, la pena es mayor (art. 165 CP). Si durante la retención se pone en riesgo la vida de la víctima pueden sumarse lesiones, y si se produce la muerte, homicidio o asesinato.
En un local o en la calle, cualquier persona puede detener al delincuente sorprendido en el hecho (art. 490 LECrim), pero debe entregarlo de inmediato a la autoridad. Quien lo retiene más tiempo, lo encierra o actúa sin motivo suficiente se expone a una denuncia: defender su propiedad no autoriza a privar de libertad, y una simple infracción administrativa tampoco.
Una detención practicada fuera de los casos que permite la ley o prolongada más allá de los plazos (arts. 167 y 530 CP), por ejemplo, la de un conductor al que se mantiene en dependencias policiales tras un control de alcoholemia o de seguridad vial más tiempo del que la ley permite. Si el funcionario o la Administración actuaron sin causa, además de la vía penal existe el habeas corpus mientras dure la privación de libertad, un recurso que protege un derecho fundamental.
Cuando ocurre en el ámbito de la pareja o la familia, puede acompañar a coacciones, malos tratos o una agresión, y activar medidas cautelares como la orden de alejamiento, cuyo incumplimiento es un delito de quebrantamiento (art. 468 CP). Tenemos una página propia de violencia de género en Madrid.
¿Te acusan de detención ilegal o te han retenido contra tu voluntad?
Cifras que marcan la gravedad del caso y el margen para actuar.
72 horas
es el máximo que la policía puede mantener a una persona detenida antes de ponerla a disposición del juez
fuente: art. 17.2 Constitución Española
3 días
tiene el autor para liberar a la persona sin haber logrado su propósito y que la pena baje un grado
fuente: art. 163.2 Código Penal
15 días
de detención es el umbral que, superado, hace que se aplique la pena superior en grado
fuente: art. 163.3 Código Penal
10 años
tarda en prescribir la modalidad básica del delito, castigada con hasta seis años de prisión
fuente: art. 131 Código Penal
Dos puntos de partida, la defensa y la víctima, y un mismo orden de trabajo.
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Qué ocurrió, quién estaba, cuánto duró y cómo terminó la situación. Con el estudio del caso ordenamos mensajes, vídeos, redes sociales, testigos y partes médicos, y vemos si es detención ilegal, coacciones u otro delito, que concurra con ella, como un robo con violencia, una extorsión, un acoso o un abuso o una agresión sexual.
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Si hay una persona privada de libertad ahora, la solicitud de habeas corpus se presenta ante el juzgado de instrucción del lugar donde se encuentra; no exige formalidades y puede pedirla ella o su familia (LO 6/1984). El objetivo es que el juez la ponga de inmediato a disposición judicial.
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Si eres víctima, presentamos la denuncia o la querella y nos personamos como acusación particular. Si te acusan, te asistimos en la declaración como investigado y pedimos las pruebas que te favorezcan.
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Según la pena en juego, el enjuiciamiento corresponde al juzgado de lo penal o a la Audiencia Provincial, un tribunal distinto en cada caso. Valoramos, según las circunstancias, si hay base para el archivo, si conviene negociar una conformidad, según la petición de pena y los antecedentes penales, o si se discute la prueba en juicio.
Es el primer análisis. El delito exige voluntad de privar de libertad, y la jurisprudencia del Tribunal Supremo no fija un tiempo mínimo; si lo que hubo fue un forcejeo breve, un impedimento accesorio a otro delito o una situación mal entendida, la calificación cambia y puede cambiar la condena.
Cuando la retención la practica un agente o un vigilante, comprobamos si había motivo suficiente, si se respetaron los plazos, las garantías y la información de sus derechos a la persona detenida, y si la decisión de retenerla estaba justificada. Lo hacemos con tranquilidad y con los documentos delante.
Grabaciones, geolocalización de móviles, mensajes de socorro y testigos, o cualquier otro medio de prueba. Para la víctima son la base de la acusación y de la investigación; para el acusado, la forma de contrastar su versión y fijar una línea de defensa sin dudas.
El delito obliga a reparar el daño causado (art. 109 CP), con una responsabilidad civil que incluye el daño moral y los gastos médicos, psicológicos o de otro daño para la salud. Lo reclamamos en el mismo proceso penal o reservamos la acción para un juicio civil posterior, con una tramitación distinta. Elegir bien la vía importa: en el proceso penal la prueba la impulsa también el fiscal y el juzgado puede acordar pericias que la víctima no tendría que pedir por su cuenta.
Cuanto antes nos lo cuentes, más margen tendremos
Si te acusan o eres víctima, estos documentos nos ayudan a ordenar el caso:
Quien está retenido debe pedir ayuda cuanto antes: el habeas corpus solo sirve mientras dura la privación de libertad. Y quien denuncia tarde pierde pruebas que se borran, como las grabaciones de cámaras.
Un particular que detiene debe entregar enseguida a la persona a la autoridad. Mantenerla encerrada sin avisar a la policía puede convertir una actuación legítima en un delito.
Si te acusan, antes de contar tu versión conviene tener conocimiento de lo que dice la denuncia, para evitar contradicciones que luego se usan en tu contra y perjudican tu interés.
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Opiniones de clientes
En el Código Penal, el secuestro es la detención ilegal en la que se exige una condición para la liberación (art. 164 CP). Si no hay condición, hablamos de detención ilegal del artículo 163.
No hay un mínimo fijado. Lo decisivo es privar de libertad de movimientos con voluntad de hacerlo; una privación muy breve y accesoria a otro delito puede quedar absorbida o calificarse de otra forma. Lo valora el juez caso a caso.
Un procedimiento urgente, previsto en el artículo 17.4 de la Constitución y regulado por la Ley Orgánica 6/1984, para que el juez ponga de inmediato a disposición judicial a quien está detenido ilegalmente. Se pide ante el juzgado de instrucción del lugar donde esté la persona.
La persona privada de libertad, su cónyuge o pareja, sus descendientes, ascendientes y hermanos, sus representantes legales, el Ministerio Fiscal y el Defensor del Pueblo (art. 3 LO 6/1984).
La ley permite a cualquier persona detener al delincuente sorprendido en el momento (art. 490 LECrim), pero debe entregarlo enseguida a la policía. Retenerlo más tiempo del necesario puede ser un delito de detención ilegal.
En su modalidad básica, prisión de cuatro a seis años; se reduce si se libera pronto sin lograr el propósito y se agrava si dura más de quince días, si hay simulación de autoridad o si la víctima es menor (arts. 163 y 165 CP).
Sí. La retención puede acompañar a otros delitos, como amenazas o malos tratos, y activar medidas de protección. Tienes más información en nuestra página de violencia de género en Madrid.
Sí. El delito obliga a reparar el daño causado (art. 109 CP) e incluye el daño moral y los gastos de tratamiento. Se reclama normalmente en el propio proceso penal.
Sí: quien es investigado tiene derecho a defensa letrada desde el principio (art. 118 LECrim), y conviene ejercerlo antes de declarar. No hables del caso con quien te denuncia ni con terceros y reúne mensajes y testigos que expliquen lo ocurrido. Si la acusación es falsa, el denunciante puede responder por denuncia falsa o por calumnia (arts. 456 y 205 CP), un delito contra el honor.