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Puede ocurrir en un control de pasaportes en Madrid-Barajas, en cualquier momento de un viaje, en una comprobación de documentos o porque la policía llega a tu domicilio y te lleva a comisaría: una difusión de Interpol, una orden europea de detención y entrega o una solicitud de extradición de un país de fuera de la Unión te colocan de pronto ante un juez de Madrid. Lo que ocurra en las primeras horas condiciona todo el procedimiento, y por eso importa el asesoramiento legal desde el inicio, de alguien de tu confianza.
Como abogado de extradición en Madrid, lo primero es entender qué te piden y quién lo pide, y qué estrategia conviene a cada cliente. No es lo mismo una euroorden, que sigue un proceso ágil a nivel europeo, entre jueces de la Unión, que una extradición a un país tercero, en la que interviene también el Gobierno. Y no se juzga si eres culpable: se decide si procede entregarte para que seas juzgado o cumplas condena allí. Es un procedimiento penal complejo, con plazos que corren desde la detención y documentos que llegan en otro idioma. Nuestro bufete y su equipo de abogados lo llevan con la orden, su traducción y el tratado aplicable delante, y con un criterio claro: el tipo de petición y las circunstancias de cada persona son la clave de la defensa, seas ciudadano español o de otro país.
El asunto lo conoce la Audiencia Nacional, con sede en Madrid, a través de los juzgados centrales de instrucción y de su Sala de lo Penal, órganos con especialización en cooperación judicial internacional. Por eso es en la ciudad de Madrid donde se defiende a cualquier persona detenida en el territorio español por una petición de otro país, sin importar en qué otra ciudad vivas, ni de qué parte del mundo venga la solicitud. Es un ámbito de derecho penal internacional, con legislación y tratados propios, cuyo punto de partida es el artículo 13.3 de la Constitución; su aplicación depende además del tratado que haya con cada país. No tratamos aquí la extradición activa, la que pide España a otro Estado.

Sigue la Ley 4/1985 y los tratados. Hay una fase administrativa, en la que la Administración, a través del Ministerio de Justicia, se ocupa de la formación del expediente, otra judicial ante la Audiencia Nacional y un último trámite en el que decide el Gobierno. La defensa puede oponerse en la fase judicial y vigilar la fase final.
Es un procedimiento de colaboración directa entre autoridades judiciales de los Estados miembros de la Unión, como Francia, Alemania o Italia, sin fase gubernativa. El juez central comprueba los requisitos y si hay causas de denegación, y decide con plazos cortos y con rapidez, porque la comunicación entre jueces es directa.
Se examina el delito, su pena y si lo que se te atribuye es delito también en España (doble incriminación). Puede tratarse de un homicidio o un asesinato, unas lesiones o una agresión, un delito cometido por una organización criminal, uno de drogas, una estafa, un fraude o un delito de derecho penal económico cometido desde una empresa. Se analiza también el tipo de acusación que pesa sobre ti y en qué fase está la investigación en el país reclamante. Para ciertos delitos graves la euroorden no exige esa coincidencia.
Cuando ya hay sentencia en el otro país. Se revisa que la condena sea firme, que se dictara con garantías y, si te juzgaron en ausencia, que te hubieran citado correctamente al juicio.
Delitos políticos, riesgo de tortura o de un juicio sin garantías en el país que reclama, cosa juzgada, prescripción u otros motivos que prevé la ley. Se articula con prueba y una evaluación concreta del riesgo, no con alegaciones genéricas.
Tener familia, trabajo, bienes o años de residencia aquí puede pesar en la decisión sobre las medidas cautelares y en el resto del procedimiento. Preparamos esa documentación desde el primer día, por la necesidad de acreditar el arraigo ya en la primera comparecencia.
¿Te reclama otro país o hay una orden europea contra ti?
Los plazos que manejan los jueces y a los que hay que llegar con la defensa preparada.
72 horas
es el máximo de la detención antes de ponerte a disposición del juez central de instrucción
fuente: art. 17.2 de la Constitución
18 días
tras la detención provisional para que el Estado reclamante formalice la solicitud, con un máximo de 40, si es parte del Convenio Europeo de Extradición
fuente: art. 16.4 Convenio Europeo de Extradición
10 días
desde la audiencia en la que consientes la entrega para que el juez dicte la resolución en una euroorden
fuente: art. 54.2 Ley 23/2014
60 días
desde la detención para la resolución firme en una euroorden cuando no hay consentimiento, prorrogables 30 días más por causa justificada
fuente: art. 54.3 y 54.4 Ley 23/2014
De la detención a la decisión final, cuatro pasos, con la urgencia que pide cada uno.
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Asistimos a la comparecencia ante el juez central de instrucción y el fiscal, con intérprete de inglés o del idioma que hables y, si eres extranjero, con aviso a los servicios consulares de tu país. Aquí se decide si quedas en libertad con medidas o en prisión, y se te pregunta si consientes la entrega. Es una cuestión de carácter urgente, pero con un enfoque sereno: esa respuesta no tiene que darse con prisa: puedes hablar antes con tu abogado.
2
Consentir acelera la entrega pero renuncia a oponerte, y es irrevocable (art. 51 Ley 23/2014). Hacemos contigo un estudio de los documentos, con una visión completa y conocimiento de la causa: qué delito te atribuyen, qué pena te espera allí y si hay causas para oponerse, con el fin de que decidas de forma informada. La solución que mejor cuida tu interés no siempre es oponerse.
3
Si no consientes, preparamos la oposición: examinamos el título que fundamenta la reclamación, la identidad, la doble incriminación y las causas de denegación, y proponemos la prueba por todos los medios que la ley permite. Es la línea de defensa principal en esta instancia.
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Defendemos en la vista ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y recurrimos lo que proceda. En la extradición a un país tercero, vigilamos también la fase final en la que decide el Gobierno, y damos seguimiento a la ejecución y al lugar de cumplimiento de la condena.
Una orden de detención o una sentencia con datos incompletos, mal traducidos o sin detalle claro de los hechos puede ser insuficiente. Se pide a la autoridad que lo complete, y el resultado depende de ese análisis.
Errores de identidad, homónimos o documentos que no coinciden. No es raro, y el problema se resuelve con prueba, no con alegaciones.
Condiciones de detención y de seguridad en prisión, riesgo real de trato inhumano, independencia judicial. Un informe de organismos internacionales, de una asociación de derechos humanos o de una ONG puede ser relevante para la defensa y para pedir garantías de protección.
Hay países con penas que en España no se admiten, como la pena de muerte. En esos casos se pueden exigir garantías de que no se impondrá o no se ejecutará.
Cuanto antes nos lo cuentes, más margen tendremos
Para estudiar tu caso reúne la siguiente información:
Consentir es una decisión grave e irrevocable. Antes de responder conviene tomarse el tiempo de conocer el delito, la pena y las condiciones del otro país.
La extradición no juzga si eres culpable. Declarar sobre los hechos puede usarse luego en el país que te reclama y no ayuda a oponerte a la entrega.
Una huida convierte una situación defendible en una de prisión, y las órdenes de busca siguen circulando por la red de bases de datos europeas e internacionales. Mejor presentarse con abogado.
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Opiniones de clientes
La extradición es el procedimiento clásico entre Estados, con intervención del Gobierno. La orden europea de detención y entrega se aplica entre países de la Unión, la deciden solo los jueces y tiene plazos mucho más cortos.
Depende de la norma aplicable. En la euroorden, España puede entregar a sus nacionales con ciertas condiciones, como la devolución para cumplir la pena aquí; en la extradición fuera de la UE, la Ley 4/1985 no permite como regla entregar a españoles, salvo lo que establezca el tratado aplicable.
Sí, puede acordarse la libertad con medidas como retirar el pasaporte o presentarse periódicamente, sobre todo si tienes arraigo en España. Si hay riesgo de fuga, el juez puede acordar prisión.
En una euroorden, la Audiencia Nacional. En una extradición a un país fuera de la Unión, la Audiencia Nacional decide si es procedente y el Gobierno, en la fase administrativa, toma la decisión final, que no puede ir más allá de lo que declara el tribunal.
Si tienes causas pendientes en España, en ocasiones la entrega puede aplazarse o hacerse temporalmente. Cada situación se estudia aparte.
Rige el principio de especialidad: solo se te puede juzgar por el delito por el que se concedió la entrega, con excepciones previstas por la ley. Es una garantía que se invoca al decidir.
La euroorden se resuelve en semanas o pocos meses, con los plazos de la Ley 23/2014: diez días si consientes y sesenta desde la detención si no. La extradición a un país tercero suele ser más larga por su complejidad, porque tiene fase judicial y gubernativa, y cabe recurso.
Tienes derecho a un letrado desde la detención, que asume tu representación y defensa. Antes de consentir conviene entender qué supone, qué delito se te atribuye y qué garantías tienes en el país que te reclama.
No. Se tramita en la Audiencia Nacional y no se juzga el fondo del asunto. Se comprueba si el país que reclama cumple los requisitos y las garantías, no si eres culpable.