Cuéntanos tu caso
Seis sedes en España
Más de 40 abogados
Todas las áreas
Presencial o a distancia
Lo esencial
Quien nos llama por mobbing casi nunca trae un solo episodio. Trae meses de pequeñas cosas: la jefa que deja de convocarte a las reuniones, los correos que te responden con copia a medio departamento para dejarte en evidencia, un puesto que se queda sin tareas mientras tus proyectos pasan a otro compañero, comentarios delante del equipo, cambios de mesa sin explicación. Cada hecho aislado parece menor. Juntos dibujan un acoso moral en el ámbito laboral, y eso es lo que hay que demostrar ante un juez del orden social en Madrid.
En los casos de acoso laboral casi nunca faltan hechos: lo que falta es prueba. Por eso lo primero que hacemos contigo no es redactar una demanda, sino ordenar la prueba. Reconstruimos la cronología, identificamos quién hace qué y desde cuándo, y vemos qué documentos existen ya y cuáles conviene generar a partir de ahora. Un buen expediente de prueba es lo que separa una sensación de injusticia de un caso que un Juzgado de lo Social de Madrid pueda estimar.
Con el material ordenado elegimos la vía: denunciar el acoso laboral dentro de la empresa, acudir a la Inspección, presentar una demanda de tutela o pedir la extinción del contrato. Si la situación termina en un despido, también llevamos la defensa frente al despido en Madrid. Y si el conflicto abre otros frentes con la empresa, lo coordinamos con el resto de abogados laboralistas en Madrid del despacho.
Como despacho de derecho laboral, nuestro servicio empieza por escuchar tu situación: qué ha pasado, desde cuándo, quién interviene y en qué circunstancias. Con eso definimos una estrategia a tu medida y buscamos la solución que mejor proteja tus intereses y tu tranquilidad. No prometemos un resultado, porque lo decide el juez; sí un enfoque claro y apoyo en cada fase. Con cada cliente buscamos una relación cercana y un asesoramiento jurídico adaptado a su caso.
Desde el primer momento, tu defensa se apoya en dos cosas: un expediente que resista una resolución judicial adversa y una representación que no te deje solo ante la empresa. Reunir la prueba exige dedicación, y la abogada o el abogado que lleve tu caso te explica en lenguaje claro la causa de cada paso, los requisitos de cada procedimiento y qué asuntos conviene resolver esta semana. La gestión de plazos y escritos corre de nuestra cuenta, y un plan personalizado fija qué se hace primero.

No todo mal ambiente es acoso. Un juez va a buscar una conducta reiterada, dirigida contra ti y que atente contra tu dignidad. Quien sufre acoso en un entorno laboral cada vez más hostil suele dudar de si es hostigamiento o un problema laboral corriente. Estas son las diferencias que solemos explicar en la primera cita:
El acoso sexual en el trabajo sigue la vía penal y lo llevamos en delitos sexuales en Madrid.
¿Te están haciendo la vida imposible en el trabajo en Madrid?
La ley trata el acoso como una vulneración de derechos fundamentales, y el proceso busca proteger derechos de los trabajadores con rapidez. Por eso la tramitación es más rápida que un juicio laboral ordinario y la acción legal conviene plantearla pronto. Un procedimiento judicial de este tipo no es un trámite que se improvise: antes de pedir tutela revisamos si el hostigamiento afecta a tu integridad moral y a tu dignidad como trabajador acosado.
Preferente
el proceso de tutela es urgente y pasa por delante del resto de asuntos del juzgado, también en los recursos
Art. 179.1 LRJS
48 horas
plazo para celebrar la audiencia sobre medidas cautelares, como el traslado de puesto o la exoneración de acudir al trabajo
Art. 180.4 y 180.5 LRJS
5 días
la ley fija que la conciliación y el juicio se celebren dentro de los cinco días siguientes a la admisión de la demanda
Art. 181.1 LRJS
3 días
plazo legal para dictar sentencia desde el juicio
Art. 181.3 LRJS
El acoso laboral rara vez deja una confesión por escrito. Se prueba con indicios que, sumados, obligan a la empresa a dar explicaciones. Este es el trabajo que hace contigo tu abogado:
La calidad de la prueba pesa más que su cantidad. Pedimos rigor en las fechas, el número exacto de episodios, el testimonio de quienes los vieron y toda la información de la empresa que ya obre legítimamente en tu poder. Un expediente sólido facilita la solicitud de medidas urgentes y mejora la viabilidad del caso. El respaldo documental es necesario porque la justicia valora hechos, no sensaciones: con cada tema, sea un correo, una reunión o un cambio de funciones, construimos una línea que un profesional del derecho pueda defender en un proceso judicial.
1
Te pedimos que anotes cada episodio con fecha, hora, lugar, quién intervino y quién lo presenció.
2
Correos, mensajes de chat corporativo, cambios de funciones, evaluaciones, órdenes de trabajo y cualquier comunicación que muestre el trato diferente. Revisamos qué puedes conservar sin vulnerar la confidencialidad.
3
Compañeros que hayan visto los hechos, también antiguos empleados, que suelen hablar con más libertad. Cada testimonio y cada documento debe tener su fuente identificada.
4
Grabar una conversación en la que tú participas es una práctica que los tribunales suelen admitir como prueba. Te explicamos cuándo tiene sentido y cómo aportarla.
5
Una queja por escrito a recursos humanos o la activación del protocolo previsto por la normativa o por el convenio colectivo deja constancia de que la empresa lo sabía y de si abrió una investigación o miró hacia otro lado.
6
Con todo ello construimos el relato. Si el juez aprecia indicios de acoso, corresponde a la empresa probar que sus decisiones tenían una justificación objetiva y proporcionada (art. 96.1 LRJS).
La sentencia que estima la tutela ordena el cese de la conducta, declara nula la actuación de la empresa y repone tu situación al momento anterior (art. 182 LRJS), y repara las consecuencias de la conducta.
El juez debe fijar la compensación económica por el daño moral unido a la vulneración y por los perjuicios adicionales. Cuando el importe exacto es difícil de probar, lo determina de forma prudencial (art. 183 LRJS). En la demanda detallamos la gravedad, la duración y las consecuencias del daño, el impacto en tu relación laboral y los perjuicios derivados, con las bases del cálculo (art. 179.3 LRJS).
Podemos pedir que se te exonere de acudir al trabajo, un cambio de puesto o de centro, o una reordenación de tu jornada o de la prestación de servicios. Algunas de estas medidas pueden afectar al propio acosador, que será oído (art. 180.4 LRJS).
La víctima puede dirigir la demanda contra la empresa y contra la persona que acosa, con representación propia y una estrategia legal pensada para cada demandado. Decidimos contigo si conviene incluirla (art. 177.4 LRJS).
Cuanto antes nos lo cuentes, más margen tendremos
Con esta documentación, de la mano de un letrado del equipo, hacemos una primera valoración seria y un asesoramiento legal ajustado a tu situación de acoso laboral:
Cuanto más tiempo pasa sin documentar, más difícil es reconstruir las fechas. Y si la empresa termina despidiéndote, el plazo para impugnar el despido es de solo 20 días hábiles (art. 59.3 ET).
Si dejas el puesto por tu cuenta, lo normal es que se trate como una baja voluntaria, sin indemnización. Y si la empresa te empuja a solicitar la jubilación, una incapacidad o una pensión para que dejes el puesto, consúltalo antes de firmar: esa decisión puede cambiar tus opciones. La salida indemnizada del artículo 50 del Estatuto la declara un juez, y mientras tanto, por regla general, hay que seguir trabajando salvo que se acuerden medidas cautelares.
Frases como «me tienen manía» no convencen a nadie. Hacen falta hechos concretos, con fechas y con algo que los respalde.
Antes de dimitir, firmar un finiquito o contestar a una carta de la empresa, pide consejo. En una primera cita valoramos la viabilidad de tu caso y las posibilidades reales, y te decimos si conviene esperar, reclamar o negociar. Una firma puesta con prisa puede cerrar la puerta a reclamar.
La tutela judicial no es la única salida. Según tu caso, puede encajar mejor otra vía o combinarlas:
Si trabajas en una administración pública, lo primero que estudiamos es si tu relación es laboral o funcionarial, porque de ahí depende el cauce y el órgano ante el que se reclama. No damos por hecho el orden jurisdiccional antes de ver tu nombramiento o tu contrato. Si tu contrato es laboral, el cauce habitual es el de cualquier trabajador.
La ley atribuye al orden social las cuestiones sobre el cumplimiento de la prevención de riesgos laborales de todos los empleados públicos, sean funcionarios, personal estatutario o laboral (art. 2.e LRJS), y el deber de protección del artículo 14 LPRL alcanza también a las administraciones respecto de su personal. En el acoso en la administración pública revisamos, por eso, el protocolo del organismo, las medidas de prevención y la respuesta de los responsables, y elegimos con la prueba el cauce que mejor encaja.
El Código Penal castiga a quien, en el ámbito de cualquier relación laboral o funcionarial y prevaliéndose de su superioridad, realiza de forma reiterada actos hostiles o humillantes que suponen grave acoso contra la víctima, con prisión de 6 meses a 2 años (art. 173.1 CP). No todo mobbing llega a ese umbral: se exige reiteración, superioridad y gravedad.
Cuando encaja, la denuncia penal puede ir en paralelo a la vía social, con una cautela: si pides los daños en el proceso penal, no puedes repetir esa petición ante el orden social mientras no desistas o el penal termine en sobreseimiento o absolución firme (art. 183.4 LRJS). Esa vía la llevamos con nuestro despacho penalista en Madrid.
1
2
3
Opiniones de clientes
Con indicios que muestren una conducta reiterada: correos, testigos, cambios de funciones sin motivo y tu propio registro de hechos. Si el juez aprecia esos indicios, la empresa tiene que justificar que sus decisiones eran objetivas y proporcionadas.
No en la demanda de tutela de derechos fundamentales, que está exceptuada de la conciliación previa (art. 64.1 LRJS). En cambio, si pides la extinción del contrato por la vía del artículo 50, normalmente sí hay que presentar antes la papeleta.
Un superior, un compañero o varios a la vez. Lo relevante es que la empresa responde de lo que ocurre en su ámbito de dirección, y la ley permite demandar también a quien acosa directamente.
La demanda de tutela se presenta dentro del plazo de prescripción o caducidad que corresponda según la naturaleza de la conducta (art. 179.2 LRJS). Si el acoso se materializa en un despido, rigen los 20 días hábiles. Por eso conviene consultarlo pronto.
Sí. En la demanda de tutela por acoso laboral se pueden pedir medidas cautelares como el traslado de puesto o de centro, la reordenación de la jornada o la exoneración de acudir al trabajo. El juez decide tras una audiencia rápida.
Sí. El Ministerio Fiscal es siempre parte en los procesos de tutela de derechos fundamentales y vela por la reparación íntegra de la víctima (art. 177.3 LRJS).
La denuncia interna es un paso útil, pero no sustituye a la vía judicial. Nuestro asesoramiento empieza por ahí, y, si la empresa colabora, podemos ofrecer una solución negociada: revisamos cómo ha respondido la empresa, si el protocolo se ha aplicado bien y si conviene pasar a la Inspección o al juzgado.
Sí. La indemnización por la lesión de derechos fundamentales es compatible con la que corresponda por la extinción del contrato (art. 183.3 LRJS).
Según quién acose, se habla de acoso descendente, el de un superior; horizontal, el de compañeros; y ascendente, el de subordinados hacia un jefe. Los tres pueden ser mobbing si la conducta es reiterada y va dirigida a una persona concreta, con el fin de humillarla o apartarla.
No hay una tabla fija. El juez fija la cuantía según el daño moral unido a la vulneración y los perjuicios acreditados, y si probar el importe exacto es difícil, lo determina de forma prudencial (art. 183 LRJS). Por eso la demanda debe detallar la gravedad, la duración y las consecuencias del daño.
Puede serlo. El artículo 173.1 del Código Penal castiga con prisión de 6 meses a 2 años los actos hostiles o humillantes reiterados, realizados con superioridad, que suponen grave acoso en una relación laboral o funcionarial. No todo mobbing llega a ese umbral: hay que acreditar reiteración y gravedad.
Primero hay que ver si tu relación es laboral o funcionarial. Mientras tanto, documenta los hechos y pide por escrito que se aplique el protocolo del organismo. La ley atribuye al orden social las cuestiones de prevención de riesgos laborales de todos los empleados públicos (art. 2.e LRJS); para el resto, estudiamos la vía caso por caso.