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La mayoría de clientes llega con una carta de la Agencia Tributaria en la mano y una fecha límite. Puede ser un requerimiento de información, una propuesta de liquidación que suma intereses, una comunicación de inicio de inspección o una sanción. Detrás de cada carta hay una persona o una entidad con un reto inmediato, y en todos esos casos hay algo en común: el plazo ya ha empezado a contar el día en que recibiste la notificación, también si llegó a tu buzón electrónico de la sede de la AEAT.
En R. Sánchez Abogados, como abogado tributario en Madrid, nuestro trabajo empieza por leer el expediente completo, no solo la carta. Comprobamos qué órgano lo dicta, qué impuesto y qué ejercicios abarca, si el derecho a liquidar está prescrito y si el procedimiento se ha tramitado como exige la ley. Con eso decidimos contigo la estrategia: aportar, negociar un acta con acuerdo, firmar en disconformidad o recurrir. Es un trabajo de despacho de abogados, no de gestoría: el objetivo es la protección de tus derechos como contribuyente y un resultado defendible ante el tribunal si hace falta. Recuerda que la Constitución exige que cada uno contribuya según su capacidad económica (art. 31): pagar lo que corresponde, no más.
Atendemos a particulares, autónomos, profesionales, socios y empresas de cualquier tamaño, con los tributos estatales que gestiona la AEAT y con los cedidos a la Comunidad de Madrid. Cuando la regularización toca a una sociedad o a una operación entre socios, el equipo de derecho tributario trabaja con el área de derecho mercantil del despacho; si hay herencias o bienes en común, con la rama del derecho civil. Cada área del derecho aporta lo suyo. Ese equipo de abogados multidisciplinar permite prestar un servicio integral sin que tengas que contar tu caso tres veces. Para la visión general del servicio, consulta a nuestros abogados fiscalistas en Madrid.

Hacienda te pide facturas, extractos, contratos o explicaciones sobre una partida. Parece un trámite, pero lo que entregues ahora fija el terreno de todo lo que viene después. Preparamos la respuesta con los documentos justos, ordenados y explicados, para que no abra nuevas preguntas.
Es el procedimiento más frecuente en IRPF e IVA: Hacienda revisa una declaración concreta con los datos que ya tiene. Debe notificarte la resolución en seis meses; si no lo hace, el procedimiento caduca. Revisamos esa fecha y presentamos alegaciones a la propuesta antes de que se convierta en liquidación provisional.
La inspección puede investigar varios impuestos y ejercicios, con visitas, examen de la contabilidad y requerimientos a terceros. Te representamos en cada comparecencia ante el actuario, controlamos los plazos de la diligencia y evitamos que se aporte más de lo que se ha pedido.
Al terminar la inspección se firma un acta. La de conformidad reduce la sanción, la de disconformidad abre un plazo de alegaciones y la de acuerdo sirve cuando hay valoraciones o conceptos discutibles. Calculamos con números qué opción te deja en mejor posición antes de que firmes nada.
Que haya una deuda no significa que tenga que haber sanción: Hacienda debe probar la culpa y motivarla. Discutimos la calificación de la infracción, la base de la sanción y los criterios de graduación, y valoramos si compensa la conformidad o recurrir la multa por separado.
Si la deuda no se paga en voluntaria llegan la providencia de apremio, los recargos y, después, el embargo de cuentas o de nómina. La ley solo admite unos motivos concretos de oposición al apremio: comprobamos si concurre alguno y pedimos aplazamiento o suspensión cuando procede. Si la deuda ya no se puede pagar, valoramos la segunda oportunidad para deudas con Hacienda y Seguridad Social.
¿Te ha llegado una notificación de Hacienda con un plazo corriendo?
La comunicación de inicio dice qué impuestos y periodos se van a revisar, con qué alcance y dónde serán las actuaciones. Ese documento marca los límites del procedimiento, y es lo primero que leemos. Si la inspección se sale de ese alcance sin ampliarlo formalmente, se puede discutir.
Durante las actuaciones el plazo legal sigue corriendo, y tu obligación de colaboración no te obliga a aportar más de lo pedido. Cuando se supera, el procedimiento no caduca, pero las actuaciones hechas dentro del plazo dejan de interrumpir la prescripción (art. 150.6 LGT). En inspecciones largas, ese cálculo puede dejar fuera algún ejercicio, y lo revisamos siempre con el calendario del expediente.
El obligado tributario tiene derecho a ser informado al inicio de la naturaleza y alcance de las actuaciones y a no aportar documentos que ya estén en poder de la Administración. En la práctica, eso significa que no hay que entregar a ciegas: cada requerimiento se contesta con su alcance y con la fuente de cada dato identificada.
Contra una liquidación o una sanción tienes dos caminos en vía administrativa. El recurso de reposición es voluntario y lo resuelve el mismo órgano que dictó el acto; si lo eliges, ya no puedes acudir a la vez al tribunal económico-administrativo. La reclamación económico-administrativa la resuelve un órgano distinto: en Madrid, el Tribunal Económico-Administrativo Regional (TEAR) para los actos de la AEAT y para los tributos cedidos a la Comunidad.
El tribunal económico-administrativo tiene un año para resolver; si no lo hace, puedes entender desestimada la reclamación y seguir adelante. Agotada la vía administrativa, el siguiente paso es el recurso judicial ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Madrid o, según el órgano, la Audiencia Nacional. Lo preparamos con el abogado de contencioso-administrativo en Madrid del despacho.
En el contencioso, la suspensión del cobro se pide al tribunal como medida cautelar, y conviene llevarla preparada desde el escrito de interposición. Elegir bien la vía importa: la reposición puede servir cuando el error es evidente y conviene una respuesta rápida; la reclamación suele ser mejor cuando hay que discutir la interpretación de la norma o la prueba.
No todos los conflictos con Hacienda nacen de un error, y en la actualidad muchas comprobaciones se abren por cruces automáticos de datos. Muchas veces el origen es una interpretación razonable que la Administración no comparte, y ahí el asesoramiento jurídico marca la diferencia entre pagar lo que te reclaman y pagar lo que de verdad corresponde. Como bufete multiárea, sumamos al asesor fiscal que ya lleva tus impuestos, sin sustituirlo: él conoce la contabilidad y nosotros llevamos la defensa.
De la planificación fiscal de una operación a su defensa posterior: impuesto sobre sociedades, IVA, retenciones de los trabajadores y operaciones vinculadas entre la sociedad y sus socios. También la derivación de responsabilidad a administradores cuando Hacienda no cobra de la sociedad. En la empresa familiar revisamos además los pagos a familiares, el uso privado de bienes del negocio y las reestructuraciones, que son focos habituales de las inspecciones.
Gastos deducibles discutidos, IVA de la actividad, facturación a través de sociedad profesional y rendimientos de actividades económicas en el impuesto sobre la renta. Revisamos el criterio de Hacienda con tus libros y facturas, partida por partida, con un análisis personalizado de tu sector y del cumplimiento de tus obligaciones formales.
Para personas físicas: liquidaciones del impuesto sobre la renta por ganancias patrimoniales, alquileres o la compraventa de la vivienda, y del impuesto sobre sucesiones en herencias y donaciones de la Comunidad de Madrid, incluidas las que parten del valor de referencia del Catastro.
Cuanto antes nos lo cuentes, más margen tendremos
Hacienda revisa si la indemnización por despido que declaraste exenta lo era de verdad. Solo está exenta la cuantía obligatoria del Estatuto de los Trabajadores, no la que se pacta por encima (art. 7.e de la Ley del IRPF). Revisamos la carta de despido, el acta de conciliación y el cálculo de la indemnización según la jornada y la antigüedad, y si hace falta lo coordinamos con el área de derecho laboral.
Alquileres declarados con gastos que Hacienda no admite, reducciones que no reconoce o meses sin inquilino discutidos. Ordenamos facturas, contratos, la escritura de propiedad y la cronología de cada inmueble para defender los gastos y el régimen aplicado.
Pensiones de otro país, cuentas fuera de España, el modelo 720 o un cambio de residencia que Hacienda no da por bueno, también si eres residente con patrimonio internacional. Analizamos el convenio de doble imposición aplicable y los certificados de residencia antes de contestar.
La Comunidad de Madrid revisa las donaciones entre padres e hijos y los requisitos formales de sus beneficios fiscales, como el documento público. Si un requisito falla, la cuota puede dispararse: comprobamos si el defecto es real o subsanable.
Sueldo del administrador, uso privado del coche de empresa o gastos personales pagados por la sociedad. Son temas clave en las inspecciones de pymes, y en cada uno buscamos el soporte documental y el criterio de los tribunales.
Deducciones por hijo, por discapacidad o por familia numerosa que Hacienda retira por un requisito o una fecha. Revisamos la solicitud, los certificados y la convivencia para pedir que se mantenga el beneficio.
1 mes
para el recurso de reposición, desde el día siguiente a la notificación
art. 223.1 LGT
1 mes
para la reclamación económico-administrativa ante el TEAR
art. 235.1 LGT
15 días
para alegar frente a un acta de disconformidad
art. 157.3 LGT
18 meses
duración máxima general de la inspección (27 en empresas obligadas a auditar o en grupo)
art. 150.1 LGT
4 años
para que Hacienda liquide un impuesto, contados desde el fin del plazo de declaración
art. 66 LGT
2 meses
para el recurso contencioso-administrativo cuando la vía administrativa termina con resolución expresa
art. 46.1 Ley 29/1998
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Pedimos acceso al expediente completo si hace falta y comprobamos órgano, impuesto, periodos, notificaciones, prescripción y el nivel de riesgo de cada partida.
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Calculamos cuota, intereses y posible sanción en cada escenario (conformidad, acuerdo o recurso) para que decidas con datos y con la tranquilidad de saber qué te juegas.
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Redactamos contestaciones, alegaciones y recursos, cuidamos la presentación de cada escrito y asumimos tu representación ante el actuario o el órgano de gestión.
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Si recurres, valoramos la solicitud de suspensión de la ejecución con garantía para la cuota; en las sanciones recurridas en plazo opera sin garantía.
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Si el tribunal económico-administrativo no nos da la razón, preparamos el contencioso con la misma línea de defensa jurídica y el mismo acompañamiento.
Nuestro enfoque es pensar cada respuesta para el procedimiento entero, no solo para el requerimiento del día. Lo que se aporta en un requerimiento se puede usar después en una inspección o en una sanción, así que medimos qué se entrega y cómo se explica. La calidad de la prueba documental es el aspecto que más pesa después en el recurso.
Si hay margen real en una valoración o en un criterio, exploramos el acta con acuerdo, que reduce la sanción un 65 %, y te explicamos sus implicaciones antes de la decisión. Si no lo hay, preparamos unas alegaciones sólidas contra la propuesta y dejamos la prueba lista para el recurso.
Elegimos la vía adecuada según la complejidad del asunto, reposición o reclamación ante el TEAR de Madrid, y presentamos el escrito con todos los motivos: errores de cálculo, falta de motivación, prescripción, caducidad o una interpretación distinta de la norma.
Si ya hay apremio, comprobamos si cabe oposición por alguno de los motivos del artículo 167.3 de la ley, pedimos el aplazamiento o la suspensión y coordinamos con el banco o la empresa pagadora para limitar el daño mientras el recurso sigue su curso. Cuando la deuda es inasumible, valoramos también la vía de la Ley de Segunda Oportunidad en Madrid.
Entregar todo lo que tienes por si acaso amplía la revisión. El requerimiento tiene un objeto, y la respuesta debe ajustarse a él con documentos explicados.
La reducción de la sanción es tentadora, pero firmar en conformidad cierra la discusión sobre la regularización. Si la cuota está mal calculada, ese dinero se pierde.
Los plazos de recurso son cortos y se cuentan desde la notificación, también la electrónica que nadie abrió o la publicación en el boletín cuando no te localizan. Pasado el mes, la liquidación es firme y solo quedan vías extraordinarias muy limitadas.
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Opiniones de clientes
Defiende al contribuyente frente a la Administración tributaria en el ámbito de la fiscalidad y del derecho fiscal. Contesta requerimientos, representa en inspecciones, presenta alegaciones y recursos, y lleva el asunto al tribunal si hace falta. A diferencia de una asesoría fiscal, que prepara declaraciones, el abogado discute lo que Hacienda dice que debes y ofrece soluciones para el proceso entero.
Con carácter general, cuatro años desde que terminó el plazo para presentar la declaración. Cada actuación notificada interrumpe ese plazo. Para comprobar bases negativas o deducciones pendientes que quieras aplicar, el plazo es de diez años.
No es obligatorio, pero puedes comparecer representado y es lo recomendable: la confianza y la seguridad con la que se contesta se notan en el expediente. Te representamos en las actuaciones con un poder, y así cada respuesta se da con criterio y queda bien documentada en la diligencia.
Puede considerarse una resistencia u obstrucción a la actuación de la Administración, que es infracción, y además Hacienda liquidará con los datos que tenga. Si tienes una duda sobre qué entregar, te ayudamos a decidirlo antes de que venza. Si el plazo te viene justo, se puede pedir una ampliación antes de que venza.
Un 30 %, en principio sobre toda la sanción. Si además pagas en periodo voluntario y no recurres la liquidación ni la sanción, la sanción restante se reduce otro 40 %. En las actas con acuerdo la reducción es del 65 %.
La sanción baja un 65 %, pero la sanción que deriva de un acta con acuerdo no se puede recurrir en vía administrativa, y si la llevas al contencioso pierdes la reducción. Es una buena solución cuando el problema es una valoración discutible, no cuando crees que no debes nada.
En las sanciones recurridas en plazo, el cobro queda suspendido sin garantía hasta que la resolución sea firme en vía administrativa. En la cuota, para frenar el cobro hay que pedir la suspensión, normalmente con aval o depósito.
En reposición ante el mismo órgano o directamente ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Madrid. Si la cuantía supera los umbrales legales, cabe alzada ante el Tribunal Económico-Administrativo Central.
Si Hacienda no notifica la resolución en seis meses desde el inicio, el procedimiento caduca y las actuaciones no interrumpen la prescripción. Puede volver a abrirse si el ejercicio no ha prescrito, por eso revisamos las fechas exactas.
Sí, una vez notificada la providencia de apremio y pasado su plazo de pago. Antes del embargo hay recargos del 5, del 10 o del 20 % según cuándo pagues. Un aplazamiento solicitado en plazo o una suspensión concedida lo paralizan.
Por teléfono, por WhatsApp o con el formulario; nuestra disponibilidad y cercanía son parte del servicio jurídico. En la primera cita nos envías la notificación y las declaraciones afectadas, y te damos una orientación sobre plazos y opciones. Si ya tienes la cita con la inspección, la preparamos contigo antes, con un consejo claro sobre qué decir y qué no. Las opiniones de nuestros clientes están en las reseñas de Google.
Cuando la cuota defraudada a la Hacienda Pública supera los 120.000 euros por impuesto y año y hay dolo. Entonces la defensa pasa al derecho penal, con penas de prisión y multa, y la coordinamos con nuestros abogados de delito fiscal en Madrid.