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Lo esencial
Las causas por blanqueo casi nunca empiezan con una detención. Lo habitual es que primero lleguen las señales: el banco pide explicaciones sobre una transferencia, congela una cuenta, un notario se niega a autorizar una compraventa o Hacienda pregunta por un aumento de patrimonio. A veces el origen es la denuncia de una supuesta víctima del delito previo, que se persona como acusación particular junto al Ministerio Fiscal. Semanas o meses después aparece la citación como investigado, a veces junto con un embargo que deja a la empresa sin liquidez.
En ese punto conviene saber que el delito de blanqueo de capitales exige probar dos cosas: que el dinero o los bienes provienen de actividades delictivas y que tú conocías esa procedencia (o que no lo quisiste ver por una imprudencia grave). Rige el principio de presunción de inocencia: es la acusación la que debe probar los dos requisitos, y casi nunca hay prueba directa de ninguno. El blanqueo no es un delito de sospecha.
La acusación se construye con indicios. La prueba indiciaria es válida, pero exige indicios plurales, interrelacionados y concluyentes, y ahí está el punto débil de muchas causas: la existencia de un delito previo concreto y el conocimiento del acusado. La clave de la estrategia de defensa es desmontarlos uno a uno con documentación: contratos, facturas, declaraciones fiscales, herencias, préstamos, la trazabilidad real de cada euro.
Cada caso lo dirige un abogado penalista en Madrid o una abogada del despacho, con apoyo de las áreas mercantil y fiscal cuando el caso lo pide; a este nivel de complejidad, la principal herramienta es un informe técnico propio sobre el dinero. Un bufete que lleva delitos de blanqueo de dinero tiene que mirar a la vez el procedimiento penal, la contabilidad y la banca. Si la investigación arranca de una cuota tributaria no pagada, la estrategia se coordina con la defensa por delito fiscal en Madrid, porque las dos acusaciones se alimentan de los mismos papeles.

No hay una solución única, pero el orden de trabajo de las primeras semanas casi siempre es este:
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Antes de que declares, pedimos examinar las actuaciones. El investigado tiene derecho a hacerlo con antelación suficiente (art. 118.1.b LECrim) y a conocer con detalle los hechos que se le atribuyen.
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Tienes derecho a guardar silencio y a no declarar contra ti mismo (art. 118.1.g y h LECrim). Fijamos tu versión solo cuando sabemos qué hay en el atestado y en los informes.
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Reunimos extractos, escrituras y declaraciones para cada operación relacionada con delitos que se te atribuya.
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Si hay bloqueos o embargos, solicitamos que se limiten a lo necesario y que la empresa pueda seguir operando.
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Con el enfoque adecuado a la complejidad de la causa, decidimos si conviene una pericial propia, atacar el delito previo o centrar la defensa en el conocimiento.
¿Te investigan por blanqueo de capitales en Madrid? Cuéntanos tu caso antes de declarar
Dentro del derecho penal económico, el precepto es de los más amplios y abarca conductas muy distintas. La comisión del delito previo puede ser de cualquier tipo de delito que genere beneficios: una estafa, un fraude fiscal, un robo, el narcotráfico o el tráfico de influencias. Lo que las une es la finalidad: dar apariencia de legalidad a un patrimonio de origen delictivo o ayudar a los responsables del delito previo a eludir las consecuencias legales de sus actos.
Las penas dependen de si hubo dolo o imprudencia, del origen de los bienes y de quién los manejó. La mitad superior, el llamado tipo agravado, se aplica también cuando el dinero procede de delitos de corrupción como el cohecho o la malversación, de la corrupción en los negocios, de la trata de personas o de delitos urbanísticos (art. 301.1).
6 meses a 6 años
de prisión y multa del tanto al triplo del valor de los bienes en el tipo básico
Art. 301.1 CP
6 meses a 2 años
de prisión y multa del tanto al triplo si hubo imprudencia grave
Art. 301.3 CP
Mitad superior
de la pena si los bienes vienen del tráfico de drogas, si el autor pertenece a una organización o si es un sujeto obligado que actúa en su profesión
Arts. 301.1 y 302.1 CP
10 años
de prescripción para el blanqueo doloso; 5 años para el imprudente
Art. 131 CP
Mucha gente confunde la normativa de prevención del blanqueo con el delito. La Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, es la base de la lucha administrativa contra el blanqueo e impone deberes a los sujetos obligados; el Código Penal castiga el lavado de dinero en sí.
Cuanto antes nos lo cuentes, más margen tendremos
En Madrid, el juzgado que investiga depende del volumen del asunto y de su repercusión. Así suele ser el proceso en estos procedimientos:
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Una comunicación de un banco o de otro sujeto obligado al SEPBLAC, un informe de la Agencia Tributaria, una denuncia o una investigación policial por otro delito.
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Dirige la fase de instrucción. Corresponde a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia del partido donde se cometió el delito (art. 14.2 LECrim): en Madrid capital, en Plaza de Castilla; si las operaciones se hicieron en Majadahonda, Pozuelo de Alarcón o Alcorcón, la causa puede instruirse allí. Si es una defraudación con grave repercusión en la economía o en el tráfico mercantil, la competencia puede ir a la Audiencia Nacional (art. 65.1.º c de la Ley Orgánica del Poder Judicial).
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Embargos, bloqueo de cuentas y otros activos, fianzas y, en causas con empresas, citación de la sociedad como investigada, que debe nombrar a una persona para su representación, además de abogado y procurador (art. 119 LECrim).
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Con la intervención de la policía judicial o de los peritos de Hacienda se reconstruyen el flujo del dinero y cada movimiento a través del sistema financiero. Aquí la defensa aporta su propia pericial antes de la apertura del juicio oral.
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Como el tipo doloso puede llegar a 6 años de prisión, lo juzga la Audiencia Provincial de Madrid (art. 14.4 LECrim); el imprudente, la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia. Si instruyó la Audiencia Nacional, juzga esta. Contra la sentencia de la Audiencia Provincial cabe recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y, después, en casación ante el Supremo.
Cada defensa penal se adapta a la fase del procedimiento penal en la que llega el asunto, que en un asunto complejo puede durar años, pero casi siempre combina estas líneas.
Pedimos extractos, escrituras, contratos y declaraciones de varios años. El objetivo es enseñar al juez de dónde salió cada cantidad relevante, demostrar su origen legal y romper el indicio de incremento patrimonial sin explicación, por ejemplo que una inversión inmobiliaria se pagó por su valor de mercado con un préstamo bancario y sus intereses.
No hace falta una condena previa por el delito de origen, pero sí que la acusación concrete la comisión de un delito determinado. Si solo hay sospechas genéricas de «actividad ilícita», lo discutimos desde la instrucción y pedimos el archivo.
El dolo no se presume. Revisamos qué sabía realmente el cliente, qué conciencia tenía del origen de los fondos, qué información manejaba y si su papel fue neutro, como el de un empleado que ejecuta órdenes sin capacidad de decisión. La responsabilidad penal es personal y, ante la duda razonable, sin prueba del dolo ni de la imprudencia grave, lo que procede es la absolución.
Si la sociedad está investigada, comprobamos su programa de cumplimiento y de prevención de blanqueo (art. 31 bis CP). Para la exención hace falta que el modelo se adoptara y ejecutara antes del delito, que lo supervisara un órgano con poderes autónomos y que los autores lo eludieran fraudulentamente. Si solo se acredita en parte, sirve para atenuar la pena. La doctrina del Supremo es la referencia para valorar si el modelo era real.
Separamos los bienes de origen lícito de los discutidos y, para proteger tus derechos, nos oponemos al decomiso ampliado cuando no hay indicios objetivos (art. 127 bis CP), como una desproporción entre el valor de los bienes y los ingresos lícitos o el uso de sociedades interpuestas.
Una investigación por blanqueo afecta a la reputación y a la confianza de bancos, clientes y socios. Pedimos que se levanten los bloqueos innecesarios para que la gestión empresarial y comercial diaria siga mientras dura la causa.
Con estos papeles podemos hacer una primera lectura del caso:
Lo que respondes a la entidad puede acabar en el expediente. Antes de justificar operaciones por escrito, conviene que un abogado revise qué se aporta y cómo.
Una vez abierta la investigación, vender, donar o transferir patrimonio se lee como un indicio más de ocultación, aunque la intención sea otra, y juega en perjuicio de la defensa.
En causas con pericial económica, declarar sin haber visto el informe de la policía o de Hacienda suele dejar contradicciones que luego pesan en el proceso penal. En primer lugar hay que estudiar el resultado de la pericial.
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Opiniones de clientes
En el tipo doloso, pena de prisión de seis meses a seis años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes. Atendiendo a la gravedad del hecho y a las circunstancias personales del delincuente, el juez puede añadir inhabilitación para el ejercicio de la profesión de 1 a 3 años y la clausura del establecimiento o local, temporal (hasta 5 años) o definitiva. Si hubo imprudencia grave, la prisión es de 6 meses a 2 años.
Sí. El Código Penal y la Ley 10/2010 hablan de blanqueo de capitales; blanqueo de dinero o lavado de dinero son las expresiones que se usan en la calle. Cubren el mismo delito del artículo 301, que no se limita al efectivo: alcanza a cualquier bien con origen en una actividad delictiva.
Un abogado penalista que sepa leer la contabilidad y la documentación bancaria, porque la defensa se juega en la pericial económica y en la declaración. En un despacho de abogados como el nuestro, el caso se lleva con apoyo de las áreas mercantil y fiscal, y desde la primera citación.
No. El Tribunal Supremo admite que el origen delictivo se pruebe por indicios, sin sentencia anterior. Eso sí, la acusación tiene que identificar una actividad delictiva concreta, no una sospecha genérica. Sin ella, la acción penal por blanqueo pierde su base.
Los más habituales son un incremento de patrimonio sin explicación, el manejo de mucho dinero en efectivo, operaciones sin lógica económica, el uso de una estructura de sociedades pantalla y la relación con personas o grupos investigados por delitos que generan beneficios.
La receptación (art. 298) castiga a quien, con ánimo de lucro y sin haber participado en el delito, se aprovecha de los efectos de un delito contra el patrimonio o el orden socioeconómico. El blanqueo es más amplio: abarca bienes de cualquier actividad delictiva, también la propia, y cualquier acto para ocultar su origen.
Es blanquear el dinero del propio delito. La reforma de 2010 lo recogió de forma expresa en el artículo 301 del Código Penal español, pero el Supremo exige que haya intención de ocultar el origen. Pagar gastos corrientes con ese dinero no es, por sí solo, autoblanqueo, ni lo es destinar a ellos solo una parte.
Sí. La persona jurídica responde con multa de 6 meses a 2 años, o de 2 a 5 años si el delito de la persona física tiene pena de más de 5 años. Un modelo de prevención eficaz implantado antes de los hechos puede eximirla.
La mayoría se instruyen en la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid, en Plaza de Castilla, y se juzgan en la Audiencia Provincial de Madrid. Los casos de gran volumen o con repercusión en la economía nacional pueden ir a la Audiencia Nacional.
En el decomiso ampliado, el juez puede decomisar bienes del condenado por blanqueo si hay indicios objetivos de origen delictivo y no se acredita su origen lícito (art. 127 bis). Por eso es tan importante documentar a tiempo cada adquisición y sus medios de pago.
La pena de prisión y multa se impone en su mitad superior y se aplican las reglas de decomiso del artículo 374. La defensa pasa por discutir si ese origen concreto está probado y si el acusado lo conocía, porque no basta con una sospecha genérica. Si además hay una causa abierta por tráfico de drogas en Madrid, las dos defensas se coordinan.
El blanqueo doloso prescribe a los 10 años y el imprudente a los 5, según las reglas generales del artículo 131 del Código Penal.