Cuéntanos tu caso
Seis sedes en España
Más de 40 abogados
Todas las áreas
Presencial o a distancia
Lo esencial
Quien suele escribirnos no es el preso, sino su madre, su pareja o su hermano, en busca de apoyo y de un abogado de confianza. Un juez ha acordado prisión provisional, o ha ganado firmeza una condena, y la familia se encuentra con un vocabulario nuevo: grado, junta de tratamiento, juez de vigilancia, permiso, refundición. Nadie les dice qué plazos corren ni qué se puede pedir mientras tanto en el ámbito penitenciario. Como abogados y abogadas penitenciarios en Madrid, nuestro trabajo es ordenar ese panorama y actuar en cada fase con escritos concretos. Es un servicio de derecho penal que sigue durante toda la ejecución de la pena.
Si la persona aún no tiene sentencia, el proceso penal sigue abierto y la prioridad es la situación personal: recurrimos el auto, preparamos la prueba de arraigo y pedimos que se revise la medida cuando cambian las circunstancias. Si ya cumple condena, pasamos al terreno penitenciario: la clasificación, los permisos, el tercer grado y la libertad condicional. Y si ocurre algo dentro de la cárcel, como una sanción disciplinaria o un traslado, también ahí hay vías de reclamación. Nuestros clientes llegan con muchas dudas y poca información; la primera conversación sirve para resolverlas.
Si todavía estás a tiempo de intervenir antes del ingreso, mira cómo trabajamos la asistencia al detenido y el juzgado de guardia en Madrid. Para la causa en su conjunto, contamos con un equipo de abogados penalistas en Madrid que lleva la instrucción y el juicio. Y cuando la pena ya está cumplida, queda limpiar el historial con la cancelación de antecedentes penales.

Cada persona está en un punto distinto del sistema, y lo que se puede pedir cambia por completo según el punto. Estas son las situaciones más habituales:
– Aún no hay sentencia firme y, tras la detención, el juez ha decidido que espere en prisión – Se actúa sobre el auto y la acusación: reforma, apelación y petición de libertad con medidas alternativas – El tiempo que pase así se abona después en la pena (art. 58 CP)
– Tras la sentencia firme, la administración penitenciaria propone un grado: primero, segundo o tercero – Revisamos la propuesta y recurrimos la resolución si no se ajusta a la evolución del interno – El objetivo habitual es llegar al tercer grado, de régimen abierto
– Ordinarios, de hasta siete días, para preparar la vida en libertad – Extraordinarios, por enfermedad grave o fallecimiento de un familiar cercano – Preparamos la solicitud, con la gestión de los documentos, y recurrimos la denegación
– Suspensión del resto de la pena bajo condiciones – Requisitos y plazos distintos según la pena, la edad y la salud – La resuelve el juez de vigilancia penitenciaria, que valora el pronóstico de reinserción
– Expedientes por pelea, desobediencia o agresión a un funcionario, a veces tras la denuncia de este – Pliego de descargos, pruebas y recurso ante el juez de vigilancia – Si los hechos pueden ser delito, coordinamos con la defensa penal
– Varias condenas pueden quedar limitadas a un máximo de cumplimiento (art. 76 CP) – Los traslados de centro los decide Instituciones Penitenciarias; se pueden plantear y reclamar – Estudiamos qué condenas entran, cómo se computa el tiempo y qué beneficios penitenciarios se pueden pedir
¿Tu familiar está en prisión provisional o cumple condena en un centro cercano a Madrid?
La prisión provisional solo cabe si hay indicios de un delito con pena máxima de dos años o más, motivos bastantes para creer responsable al investigado y alguna de las finalidades que fija la ley: evitar la fuga, proteger pruebas o a la víctima, o impedir que se repita el delito (art. 503 LECrim). Esos requisitos son el campo de batalla de la defensa, y es donde el conocimiento de la causa más pesa.
La decisión se toma en una audiencia que se celebra dentro de las 72 horas siguientes a la puesta del detenido a disposición del juez, cuando el fiscal o la acusación particular piden prisión o fianza (art. 505 LECrim). Allí el abogado tiene acceso a lo esencial de las actuaciones, alega y propone pruebas de arraigo. Si el juez acuerda la prisión, el auto se puede recurrir en apelación con tramitación preferente, y el recurso contra el auto de prisión debe resolverse en un plazo máximo de 30 días (art. 507 LECrim).
El tiempo en prisión provisional también tiene techo. Si se decretó por riesgo de fuga, de reiteración o para proteger a la víctima, no puede pasar de un año cuando el delito tiene señalada pena de tres años o menos, ni de dos años si la pena es superior; cabe una sola prórroga motivada. Si se acordó por riesgo para las pruebas, el máximo es de seis meses (art. 504 LECrim). Y los autos de prisión y libertad son reformables durante toda la causa (art. 539 LECrim): si cambia algo, se vuelve a pedir.
Te explicamos los plazos y los recursos en la guía sobre la prisión provisional.
Casi todo depende de un plazo que se cuenta desde la notificación:
72 horas
para celebrar la audiencia que decide la prisión provisional o la fianza desde que el detenido queda a disposición del juez
Art. 505.2 LECrim
3 y 5 días
para interponer, respectivamente, el recurso de reforma y el de apelación contra el auto desde la notificación
Arts. 211 y 766.3 LECrim
30 días
para resolver el recurso contra el auto de prisión provisional
Art. 507.1 LECrim
De 6 meses a 2 años
de duración máxima de la prisión provisional según el motivo y la pena señalada, con una prórroga posible
Art. 504 LECrim
Tres cuartas partes
de la pena para la libertad condicional ordinaria, con tercer grado y buena conducta
Art. 90.1 CP
5 días hábiles
para recurrir ante el juez de vigilancia la sanción disciplinaria, por escrito, desde su notificación
Art. 248 Reglamento Penitenciario
El orden suele ser el mismo, aunque el tiempo entre fases depende de la pena y de la evolución de cada persona:
1
Es el primer trámite. El interno puede hablar con su abogado en departamentos apropiados, y esas comunicaciones no pueden suspenderse ni intervenirse salvo orden judicial y en terrorismo (art. 51.2 LOGP). Así se acuerda la estrategia desde el principio.
2
La Junta de Tratamiento propone un grado y el Centro Directivo resuelve por escrito. Si el interno no está conforme, puede recurrir ante el juez de vigilancia (art. 103 del Reglamento Penitenciario).
3
Como máximo cada seis meses se estudia de nuevo a cada interno (art. 105 del Reglamento Penitenciario). Cada revisión es una oportunidad para pedir la progresión con documentos nuevos.
4
Con la cuarta parte de la condena cumplida, sin mala conducta y con informe del Equipo Técnico, se pueden pedir permisos ordinarios (art. 154 del Reglamento Penitenciario).
5
Supone régimen abierto. Hay condenas largas en las que el tribunal puede retrasarlo hasta la mitad de la pena, y para llegar al tercer grado se exige además haber satisfecho la responsabilidad civil, algo que pesa sobre todo en delitos contra el patrimonio y contra la Hacienda Pública (art. 36.2 CP y art. 72.5 LOGP).
Los requisitos y cómo se pide están en nuestra guía sobre la libertad condicional y el tercer grado.
6
El juez de vigilancia suspende el resto de la pena cuando se cumplen los requisitos del artículo 90 del Código Penal. Si deniega, puede fijar un plazo para volver a pedirla.
7
Contra las decisiones del juez de vigilancia cabe reforma y, según la materia, apelación o queja ante el tribunal sentenciador o ante la Audiencia Provincial. Cada resolución tiene su vía y su plazo, y conviene conocerlos antes de recurrir (disposición adicional quinta LOPJ).
Cuanto antes nos lo cuentes, más margen tendremos
Leemos el auto, comprobamos si motiva el riesgo concreto de fuga, de ocultación de pruebas o de reiteración y recurrimos en reforma y apelación. Pedimos vista (art. 766.5 LECrim) y proponemos alternativas: comparecencias, retirada del pasaporte o fianza.
Reunimos, con los medios que tenga la familia, lo que la junta valora: ofertas de trabajo, vínculos familiares, programas de tratamiento, conducta y responsabilidad civil abonada. Con eso redactamos las solicitudes y, si hay denegación, el recurso ante el juez de vigilancia, que resuelve los recursos sobre clasificación y progresión (art. 76.2 f LOGP).
Tres días hábiles es el plazo para el pliego de descargos desde que se recibe el pliego de cargos (art. 242 del Reglamento Penitenciario). Redactamos las alegaciones, pedimos las pruebas y, si se impone la sanción, la recurrimos ante el juez de vigilancia.
Calculamos las fechas de cumplimiento, las de permisos y las de libertad condicional. Si hay varias sentencias, pedimos que se fije el máximo de cumplimiento al tribunal que dictó la última (art. 988 LECrim).
Lo normal es que seas tú quien nos llame, y está bien: aun así, quien nos designa es el propio interno, porque la defensa se ejerce en su nombre. Con tu llamada adelantamos mucho: qué ha resuelto el juez, en qué centro está y qué causas tiene abiertas. Esa información nos permite dar una respuesta orientativa y preparar la cita con él en el centro, a solas.
Mientras tanto, la familia debe cuidar lo que dice por teléfono sobre los hechos. Las comunicaciones ordinarias pueden ser intervenidas por el director con aviso al juez (art. 51.5 LOGP), y lo que se diga puede acabar en la causa. Lo que haya que hablar sobre el caso, con el abogado.
Cuanto más completo llegue el expediente, antes podemos redactar los escritos:
Tres días para la reforma y cinco para la apelación se cuentan desde la notificación, aunque nadie tenga el auto en la mano. Pedir una copia el mismo día es lo primero.
La junta valora trabajo, familia, conducta y responsabilidad civil. Una solicitud sin documentos suele terminar en denegación, y la siguiente revisión tarda meses.
Una falta disciplinaria se anota en el expediente y puede cerrar la puerta a permisos o a la progresión. Recurrirla ante el juez de vigilancia dentro de los cinco días hábiles evita que la sanción pese en las revisiones siguientes.
1
2
3
Opiniones de clientes
Es el abogado de derecho penitenciario: defiende a quien está en prisión, tanto preventivo como penado, ante el juzgado o tribunal, ante el juez de vigilancia y ante la administración penitenciaria. Recurre autos de prisión, pide permisos, tercer grado y libertad condicional, y defiende en expedientes disciplinarios.
Sí. Contra el auto que decreta, prorroga o deniega la prisión provisional cabe apelación con tramitación preferente (art. 507 LECrim), y antes o a la vez se puede interponer reforma. Además, la medida es reformable durante toda la causa si cambian las circunstancias (art. 539 LECrim).
Depende del motivo y de la pena. Por riesgo de fuga, de reiteración o para proteger a la víctima, el límite es de un año si el delito tiene pena de hasta tres años y de dos años si es superior, con una prórroga. Si el motivo es proteger pruebas, el máximo es de seis meses (art. 504 LECrim).
Es una salida temporal del centro. Los ordinarios, de hasta siete días, se conceden a condenados en segundo o tercer grado con un cuarto de la condena cumplida y sin mala conducta, hasta 36 o 48 días al año (art. 154 del Reglamento Penitenciario). Los extraordinarios responden a causas como la enfermedad grave de un familiar.
En el régimen general hace falta estar en tercer grado, haber cumplido tres cuartas partes de la pena y tener buena conducta. Hay vías anteriores: dos terceras partes con actividades laborales, culturales u ocupacionales, o la mitad en primera condena de hasta tres años. Mayores de setenta años y enfermos muy graves tienen reglas propias (arts. 90 y 91 CP).
Es el régimen abierto: el penado cumple con un margen de salida mucho mayor, que le permite trabajar o estudiar fuera del centro. Se puede pedir cada vez que se revisa la clasificación. En condenas de más de cinco años, el tribunal puede ordenar que no se conceda hasta cumplir la mitad (art. 36.2 CP).
Sí. La sanción se notifica por escrito con la indicación del recurso: puede hacerse de palabra en el acto de la notificación o por escrito en cinco días hábiles ante el juez de vigilancia (art. 248 del Reglamento Penitenciario). Las de aislamiento superior a catorce días necesitan aprobación judicial (art. 76.2 d LOGP).
Cuando alguien tiene varias condenas por hechos que podrían haberse juzgado juntos, el máximo de cumplimiento se limita al triple de la pena más grave, sin pasar de 20 años, con excepciones de 25, 30 o 40 años (art. 76 CP). Lo fija el tribunal que dictó la última sentencia (art. 988 LECrim).
Puede dar lugar a un expediente disciplinario y, además, a una causa penal por atentado (art. 550 CP). Son procedimientos distintos que se influyen entre sí, así que coordinamos las dos defensas desde el principio.
El Centro Directivo de Instituciones Penitenciarias decide en exclusiva la clasificación y el destino de los reclusos (art. 31 del Reglamento Penitenciario). Se puede solicitar un cambio por motivos familiares o de tratamiento, y si se vulneran derechos cabe acudir al juez de vigilancia (art. 76 LOGP).
Es el órgano que hace cumplir la pena y protege los derechos del interno. En Madrid lo ejerce la Sección de Vigilancia Penitenciaria del Tribunal de Instancia. Resuelve sobre clasificación, libertad condicional, sanciones de aislamiento y quejas sobre el régimen y el tratamiento (art. 76 LOGP).
Si quien resolvió fue la Sección de Vigilancia Penitenciaria del Tribunal Central de Instancia, la apelación y la queja corresponden a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (disposición adicional quinta, apartado 6, LOPJ).
En dos casos. Contra el auto que fija el máximo de cumplimiento, casación por infracción de ley. Y, contra los autos de las Audiencias Provinciales que resuelven apelaciones, el recurso de casación para la unificación de doctrina, que pueden interponer el Ministerio Fiscal y el letrado del penado (disposición adicional quinta, apartados 7 y 8, LOPJ).