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Casi todos los asuntos empiezan igual. Los socios que montaron juntos una empresa dejan de entenderse, uno controla el órgano de administración y el otro se queda fuera: juntas tensas, cuentas que nadie entiende, ampliaciones de capital a las que el minoritario no puede acudir. En algún momento alguien presenta una querella ante la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid, en Plaza de Castilla, y el conflicto mercantil se convierte en un procedimiento penal. La complejidad está en atender a la vez la investigación, la marcha de la sociedad y la relación de confianza rota entre los socios.
Un abogado de delitos societarios tiene que saber leer las dos partes del problema: el derecho mercantil, que marca qué podía hacer cada uno dentro de la sociedad, y el derecho penal económico, que solo castiga los abusos más graves. Muchas querellas se archivan porque lo que se denuncia es una mala gestión o un acuerdo discutible que se debía impugnar ante el juez civil. Otras sí esconden un delito: unas cuentas maquilladas para vaciar la sociedad o una junta con mayorías fabricadas.
Esa distinción tiene una importancia práctica: decide si el mejor camino es una impugnación de acuerdos en el derecho societario, un informe pericial sobre las cuentas o una defensa penal desde la primera citación. Equivocarse de vía hace perder meses y, a veces, el momento de denunciar. Si necesitas un abogado, las primeras horas tras recibir una citación sirven para ordenar la documentación y fijar este enfoque.
Trabajamos a los dos lados. Defendemos al administrador y al socio de control cuando la vía penal se usa como arma de presión, y asumimos la representación del socio minoritario o del acreedor, como acusación particular, cuando el perjuicio es real. Esta materia forma parte del trabajo diario de nuestro equipo de derecho penal en Madrid, que coordina cada caso con el área mercantil de la firma.
No somos un bufete que reparta el asunto entre áreas sin hablarse: análisis contable y estrategia procesal salen del mismo despacho, con el rigor técnico que pide la prueba documental y con confidencialidad.

Los delitos societarios forman el Capítulo XIII del Título XIII del Libro II del Código Penal. Castigan a los administradores, de hecho o de derecho, y a quienes controlan la junta. Por sociedad se entiende cualquier sociedad mercantil, cooperativa, mutua, caja de ahorros, fundación o entidad análoga que participe de forma permanente en el mercado (art. 297 CP).
– Falsear las cuentas anuales u otros documentos que reflejan la situación jurídica o económica de la entidad, por ejemplo con una manipulación del balance – La falsedad debe ser idónea para causar un perjuicio económico a la sociedad, a un socio o a un tercero – La pena de prisión es de 1 a 3 años, con multa de seis a doce meses – Si el perjuicio llega a producirse, la pena va a su mitad superior
– Quien se prevale de su mayoría en la junta o en el órgano de administración impone un acuerdo abusivo – Con ánimo de lucro propio o ajeno, en perjuicio de los demás socios y sin beneficio para la sociedad – Prisión de seis meses a tres años o multa del tanto al triplo del beneficio obtenido
– Imposición o aprovechamiento, para sí o para un tercero, de un acuerdo lesivo adoptado con una mayoría ficticia – La mayoría se fabrica con firmas en blanco, votos atribuidos a quien no puede votar o voto negado a quien sí puede – Misma pena que el artículo 291 – Ejemplo: una ampliación de capital aprobada así para diluir al minoritario
– La negación de los derechos del socio: el administrador impide, por ausencia de causa legal que lo justifique, el ejercicio de los derechos de información, participación en la gestión o control de la actividad social – También la suscripción preferente de acciones en una ampliación de capital – Multa de seis a doce meses – El Supremo reserva la vía penal para las negativas más graves, no para cualquier retraso en entregar documentación
– Solo en sociedades sometidas a supervisión administrativa, como las entidades de crédito o las que operan en los mercados de valores – Negar o impedir la actuación de los inspectores o supervisores – Prisión de 6 meses a 3 años o multa de 12 a 24 meses, y posibles medidas sobre la empresa (art. 129 CP)
– Estos delitos solo se persiguen si denuncia la persona agraviada o su representante legal – No hace falta denuncia cuando el hecho afecta a los intereses generales o a una pluralidad de personas – Por eso la querella del socio se prepara con la prueba documental por delante
¿Un socio te ha denunciado o te han bloqueado en tu propia sociedad?
Casi ninguna querella societaria se queda en los artículos 290 a 294. Suelen sumarse estos tres delitos económicos.
La administración desleal (art. 252 CP) castiga a quien tiene facultades para gestionar un patrimonio ajeno y se excede en ellas, en beneficio propio o ajeno, causando un perjuicio a la sociedad: el administrador que firma contratos de servicios ruinosos con una empresa vinculada o que se asigna retribuciones que nadie aprobó. Si lo que se discute es que alguien se quedó con dinero que tenía que devolver, el caso encaja mejor en la apropiación indebida. Y si hubo un engaño previo para que el socio o un inversor entregara el dinero, hablamos de estafa.
El antiguo artículo 295, que castigaba la administración desleal societaria, está suprimido desde la Ley Orgánica 1/2015: esas conductas van hoy por el artículo 252, con las penas de la estafa. Un 295 citado en una querella o en una web sin actualizar está desfasado.
El alzamiento de bienes (art. 257 CP) aparece cuando la sociedad o el propio administrador tienen deudas y hacen desaparecer el patrimonio: ventas por un valor simbólico a familiares, traspaso de la actividad a una sociedad nueva, embargos que se quedan sin nada que embargar. Es un fraude a los acreedores, y da igual que el acreedor sea un banco, un proveedor, un trabajador o Hacienda. Si además la sociedad dejó de ingresar más de 120.000 euros de un tributo, puede sumarse un delito contra la Hacienda Pública, el delito fiscal (art. 305 CP). Y si lo que se dejó de pagar fueron cuotas a la Seguridad Social por encima de 50.000 euros, el encaje es el de los delitos contra la Seguridad Social (art. 307 CP).
La insolvencia punible (art. 259 CP) mira a la empresa en crisis: estando en insolvencia actual o inminente, el deudor oculta bienes, paga deudas desproporcionadas, lleva doble contabilidad o no formula las cuentas. Solo se persigue si el deudor ha dejado de pagar de forma regular sus obligaciones o si se ha declarado el concurso de acreedores. La calificación del concurso de acreedores en el juzgado mercantil no vincula al juez penal (art. 259.6 CP), y el delito puede perseguirse sin esperar a que el concurso termine (art. 259.5).
Estas son las cifras que más pesan. La pena final depende del perjuicio, del número de afectados y de la intervención y la conducta de cada investigado. Con la prisión, el juez puede añadir la inhabilitación especial para el cargo o la profesión si tenían relación directa con el delito (art. 56 CP), lo que para un administrador pesa tanto como la sanción económica.
1 a 3 años
de prisión y multa de 6 a 12 meses por falsear las cuentas de la sociedad
Art. 290 CP
1 a 4 años
de prisión y multa de 12 a 24 meses por alzamiento de bienes; hasta 6 años si la deuda es con Hacienda o la Seguridad Social
Art. 257 CP
6 meses a 3 años
de prisión, o multa del tanto al triplo del beneficio, por imponer acuerdos abusivos o aprovechar una mayoría ficticia
Arts. 291 y 292 CP
6 a 12 meses
de multa por negar al socio sin causa legal sus derechos de información, gestión, control o suscripción preferente
Art. 293 CP
2 a 6 años
de prisión en la insolvencia punible agravada, por ejemplo con un perjuicio de más de 600.000 euros a un acreedor
Art. 259 bis CP
5 años
de prescripción para los delitos societarios de los artículos 290 a 294, cuya pena máxima no pasa de 3 años
Art. 131 CP
Estos asuntos suelen seguir el procedimiento abreviado y tienen una instrucción larga, con mucha prueba documental y pericial. El recorrido habitual es este:
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La presenta el perjudicado con abogado y procurador, porque sin su denuncia estos delitos no se persiguen salvo que afecten a los intereses generales o a una pluralidad de personas (art. 296 CP).
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La plaza del Tribunal de Instancia de Madrid que resulte competente decide si admite la querella y abre diligencias o si la inadmite por tratarse de un asunto mercantil.
3
El juez cita a los administradores y, en su caso, a los socios de control, que declaran asistidos de abogado.
4
Se piden las cuentas depositadas en el Registro Mercantil, los libros y los extractos. Cada parte suele aportar su propio perito.
5
Con la instrucción cerrada, la acusación formula escrito de acusación o el juez acuerda el sobreseimiento.
6
Lo celebra la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Madrid o, si la pena que señala la ley supera los 5 años de prisión, como en la insolvencia punible agravada, la Audiencia Provincial de Madrid (art. 14 LECrim), que también resuelve las apelaciones.
Cuanto antes nos lo cuentes, más margen tendremos
La defensa penal del administrador empieza por las actas, los acuerdos y las cuentas, para demostrar que sus decisiones estaban dentro de sus facultades y tenían justificación empresarial. Si la querella es un conflicto mercantil disfrazado, pedimos su inadmisión o el archivo. Si la sociedad también está investigada como persona jurídica, coordinamos las dos defensas. Cuando además se imputa una falsedad en documento mercantil sobre las cuentas, comprobamos primero si era idóneo para causar un perjuicio.
Damos asesoramiento antes de una junta delicada, de una ampliación de capital o de una venta de activos. Revisamos el orden del día, la documentación que debe recibir cada socio y la normativa societaria aplicable, para que ningún derecho de información quede sin atender. Una auditoría previa de los balances y de las operaciones con partes vinculadas reduce el riesgo de que la decisión de un consejo de administración se lea después como delito.
Documentamos cómo se te negó la información, se diluyó tu participación o se aprobaron acuerdos contra los derechos de los socios minoritarios. Valoramos si la vía penal aporta algo frente a la impugnación de acuerdos y, si procede, presentamos la querella. Pensamos en la protección del socio desde el primer día. Comprobamos si la mayoría ficticia o la negativa de información se acreditan con actas, burofaxes y el libro registro de socios, y que la denuncia llegue dentro del plazo de prescripción.
Rastreamos dónde ha ido el patrimonio que debía responder de tu crédito: ventas, traspasos a sociedades del mismo grupo, pagos a acreedores vinculados y fondos desviados. Con eso ejercemos la acusación por alzamiento de bienes o insolvencia punible.
Con esta documentación, desde el primer contacto, podemos darte asistencia y una primera valoración del caso:
Una querella sin base acaba archivada y puede tener consecuencias para el responsable de presentarla. Antes de denunciar conviene saber si el caso es de impugnación de acuerdos o de delito.
El administrador que explica de memoria operaciones de hace años se contradice con facilidad. La declaración se prepara con las cuentas y los contratos a la vista.
Traspasar activos a familiares o a otra sociedad cuando hay deudas vencidas es justo lo que describe el alzamiento de bienes, aunque se haga con escritura notarial. Antes de mover patrimonio de ese modo, consulta.
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Opiniones de clientes
Son los de los artículos 290 a 294 del Código Penal: falsear las cuentas anuales, imponer acuerdos abusivos, aprovecharse de acuerdos lesivos adoptados con una mayoría ficticia, negar al socio sus derechos y obstruir la labor de los supervisores. En la práctica se investigan junto a la administración desleal, el alzamiento de bienes y la insolvencia punible.
Sobre todo los administradores de derecho, los de hecho que dirigen la sociedad sin cargo formal y los socios que controlan la junta. El Supremo considera administrador de hecho a quien ejerce de forma real el poder de dirección, aunque no figure en el Registro Mercantil.
Puede serlo si el administrador impide sin causa legal el ejercicio de los derechos del socio (art. 293 CP), pero el Tribunal Supremo exige una negativa grave. Un retraso o una respuesta incompleta se resuelve normalmente en la vía mercantil.
Cuando el deudor, para perjudicar a sus acreedores, se desprende de sus bienes o los oculta, o realiza actos que dificultan o impiden un embargo o una ejecución ya iniciada o previsible. Hace falta una deuda previa y la intención de frustrar el cobro; el Supremo lo trata como delito de peligro, así que no exige que el daño llegue a consumarse.
En el tipo básico, con pena máxima de 4 años, prescribe a los 5 años. Si la deuda eludida es con Hacienda o la Seguridad Social, la pena llega a 6 años y el plazo sube a 10.
Lo comete quien administra un patrimonio ajeno y se excede en sus facultades causando un perjuicio (art. 252 CP). Se castiga con las penas de la estafa y, si el perjuicio no supera los 400 euros, con multa de 1 a 3 meses.
Une el conocimiento del derecho mercantil y del penal económico. Analiza actas, cuentas y contratos, mide el riesgo penal de cada directivo y define la estrategia de defensa: pedir el archivo, negociar o ir a juicio. Ningún abogado puede prometer el resultado, pero sí explicarte desde el principio qué puede pasar en cada fase del proceso.
Es la que se fabrica para aprobar un acuerdo que perjudica a la sociedad o a un socio: firmas en blanco usadas sin autorización, votos de quien no puede votar o voto negado a quien sí puede (art. 292 CP). Se castiga con prisión de seis meses a tres años o multa del tanto al triplo del beneficio.
Es civil cuando se discute la validez de un acuerdo o la gestión: se impugna ante el juez mercantil. Es penal cuando hay falsedad, mayoría fabricada, vaciamiento o una negativa grave a los derechos del socio. A veces las dos vías corren a la vez, y la solución pasa por decidir cuál va primero.
En los delitos de los artículos 290 a 294 responden las personas físicas. En el alzamiento de bienes y en las insolvencias punibles la empresa, como persona jurídica, sí puede ser condenada a multa (arts. 258 ter y 261 bis CP). Un modelo de compliance que existiera y funcionara antes de los hechos puede eximirla (art. 31 bis).